El vacío legal respecto a la regulación de los grupos de empresas ha desencadenado un escenario desprovisto de predictibilidad en las resoluciones judiciales frente a determinadas problemáticas que acontecen en el ámbito del derecho individual del trabajo. Debido a ello, resulta de imperiosa necesidad apoyarse en otras herramientas que nos provee nuestro ordenamiento jurídico a efectos de compensar la mencionada falta de regulación, de modo tal que se arribe a una decisión judicial o postura acorde a los cánones de un Estado Social de Derecho. Sin desmedro de ello, cabe acotar que lo anterior constituye una medida inmediata frente al contexto actual, siendo que la propuesta idónea de solución consiste en una regulación especial sobre la materia. Por otro lado, con este trabajo académico se han identificado tres desafíos recurrentes en torno a los grupos de empresas que están vinculados con el derecho individual del trabajo, siendo estos los siguientes: (i) la identificación del empleador en el grupo de empresas y la posibilidad de imputación de responsabilidad; (ii) la protección del trabajador frente al cambio de titular en la empresa en el supuesto de transmisión de empresas; y, (iii) la afectación a la estabilidad laboral y la disminución de beneficios sociales debido a la circulación de trabajadores entre las empresas del grupo.

El presente artículo parte de un análisis de las fórmulas de reparación civil que han sido empleadas para resarcir la afectación a los derechos laborales individuales, para luego analizar las distintas propuestas de resarcimiento a los derechos colectivos haciendo uso también de la responsabilidad civil. Se hace énfasis en el deber de indemnizar la afectación al derecho a la libertad sindical en el caso de los locadores de servicios con vínculo desnaturalizado. Para concluir lo anterior, se realiza un análisis crítico de lo propuesto por el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema a partir de sus fallos y lo postulado en el VIII Pleno Jurisdiccional Supremo Laboral, de reciente publicación. Acto seguido, se explica el porqué se considera que las propuestas de reparación de los operadores de justicia antes mencionados necesitan ser matizadas para generar una solución más razonable y proporcional que tutele el derecho a la libertad sindical del trabajador sin afectar los derechos del sindicato. Finalmente, realizamos propuestas de reparación al derecho a la libertad sindical desde los conceptos de daño moral, perdida de oportunidad y lucro cesante y proponemos cuales serían los conceptos aplicables de acuerdo a cada supuesto, haciendo la salvedad de que resulta vital analizar cada caso concreto para que la reparación al derecho a la libertad sindical no sea ni insuficiente, ni desproporcionada.

La actividad minera es uno de los sectores en los que existen mayores relaciones de subcontratación, además de ser una actividad que representa ingresos importantes para el país. Asimismo, es una actividad considerada de alto riesgo. En dicho sentido, el presente trabajo busca evaluar la evolución de la seguridad y salud en el trabajo en este ámbito y los factores que han podido influir en esta. Para ello, se toman como referencia las estadísticas de seguridad en el sector minero de los últimos años, de lo que se infiere que la seguridad y salud en el trabajo del sector ha tenido una evolución favorable en el ámbito de la subcontratación. Dicha evolución ha obedecido a factores tales como la consagración del principio y deber de prevención en la ley, así como la interpretación que, sobre este, han tenido las autoridades administrativas y judiciales, a la centralización de deberes en virtud de este por parte de las empresas principales, así como a factores económicos derivados de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, que terminan impactando en la productividad. Del mismo modo, el sistema de inspección de trabajo en materia de seguridad y salud ha tenido un rol importante.

El presente trabajo de investigación tiene como propósito informar de la situación estadística actual de los trabajadores con discapacidad en el sector privado y cuál es el procedimiento vigente para implementar los ajustes razonables en este sector. En atención a esta información se analiza si, luego de los cambios legislativos que propician mejoras y facilidades para los trabajadores con discapacidad, se ha evidenciado en la realidad un aumento en la contratación de estos trabajadores y de sus salarios, siendo la respuesta negativa en ambos escenarios. Siendo esto así, la investigación realiza una revisión detallada de los derechos y especial protección de las personas con discapacidad y del procedimiento de ajustes razonables con el fin de evidenciar que es necesario la existencia de un tercero que determine la carga indebida de los ajustes razonables, concluyendo que es crucial que sea la autoridad administrativa la encargada de fiscalizar dicho procedimiento, toda vez que la revisión de los documentos y estados financieros que acreditarían la supuesta carga indebida no debe ser de evaluada únicamente por una de las partes involucradas.

El presente informe jurídico analiza el proceso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos llevado a cabo por un grupo de trabajadores cesados del Congreso el año 1992, cese ocurrido de forma posterior al denominado “autogolpe” realizado por el gobierno de Alberto Fujimori. Estos ceses se realizaron en el marco de un “proceso de racionalización”, y operaron a partir de la realización de un concurso de méritos entre el personal excedente, en una época en la que la demanda de amparo se encontraba prohibida, y en un contexto de inseguridad jurídica por la ruptura del orden constitucional. El proceso fue llevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que declaró la responsabilidad internacional del Estado únicamente por la negativa a resolver el fondo de la demanda de amparo de los trabajadores, mas no se pronunció sobre el cese colectivo en sí. De este modo, el presente informe pretende reflexionar acerca de la validez del cese colectivo llevado a cabo, así como la posibilidad de que la Corte IDH se pronuncie sobre estos. El informe también pretende analizar la violación del derecho de acceso a la justicia y el recurso, así como revisar las medidas de reparación ordenadas por la Corte. Se evidenciará que el Estado violó los derechos de los peticionarios del presente caso.

El caso materia del presente informe jurídico versa sobre una solicitud de cese colectivo de setenta y siete trabajadores presentada por Papelera nacional S.A; la cual, fue aprobada por Dirección General de Trabajo en vía de revisión. El análisis de este caso se concentra en verificar si, efectivamente, se identifica la presencia de los motivos tecnológicos y estructurales que fueron invocados como causa objetiva. De igual manera, parte del análisis incluye la justificación que ofrece la DGT en cuanto al silencio positivo administrativo que en primera instancia no se aplicó en favor de la empresa como sujeto administrado. Para el presente análisis será fundamental utilizar el T.U.O de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral y la Ley de Procedimiento Administrativo General / The case of the present legal report develops a Labour Force Adjustment Plan (ERE), which petitioned the dismissal of seventy-seven employees; filed by Papelera Nacional S.A., which was approved by the Labor General Directorate on the level of reviewal. The analysis of this case focuses on verifying whether the technological and structural reasons that were invoked as an objective cause are indeed present. Likewise, part of the analysis includes the justification offered by the General Directorate of Labor (DGT) regarding the positive administrative silence that in the first instance was not applied in favour of the company as an administered subject. For this analysis it will be essential to use the T.U.O. of the Labor Productivity and Competitiveness Law and the General Administrative Procedure Law

El presente trabajo tiene como objetivo estudiar a la condición resolutoria, institución jurídica propia del Derecho Civil, como mecanismo válido de extinción de una relación laboral. Nuestro primer análisis se centrara en determinar sus características principales y naturaleza desde la óptica de Derecho Civil. Luego, abordaremos las consecuencias de su aplicación en el Derecho Laboral y la necesidad de regular su utilización a razón de la aplicación abusiva que se podría realizar de esta figura. Por último, se propondrá diversos requisitos que harían válida la aplicación de la condición resolutoria. Dentro de estos requisitos tenemos los siguientes: i) brindar información idónea al trabajador, ii) causa consignada de manera expresa y clara, iii) causa guarde relación directa con el contrato de trabajo, iv) condición resolutoria casual, v) riesgo en la continuidad del negocio o necesidad empresarial razonable, vi) no constituya abuso de derecho, ni sea contraria a las leyes, orden público y buenas costumbres y vii) la aplicación de la condición debe ser denunciada por alguna de las partes para que se extinga la relación laboral. Es así que estos requisitos buscan proteger el consentimiento y conocimiento del trabajador, así como garantizar la razonabilidad de la aplicación de la condición resolutoria para terminar el vínculo laboral

Las organizaciones públicas, para poder cumplir con sus funciones, cuenta con distintitas potestades, entre ellas la discrecionalidad, que lo facultad a emitir actos sin la necesidad de previamente exista un procedimiento como son los actos de administración que están relacionados con las acciones del personal, pueden acarrear la vulneración de los derechos de su personal, como pueden ser: Derecho a la unión familiar, Derecho a los estudios, Derecho de residencia habitual, entre otros. En ese sentido, el presente trabajo tiene como finalidad demostrar la importancia de motivar los actos de administración, relacionado a las acciones de personal. Para lo cual se realiza un análisis teórico y dogmático sobre la importancia de las acciones de personal, los actos emitidos por las organizaciones administrativas, su debida motivación y los derechos vulnerados al no configurarse dicha circunstancia. Asimismo, se efectuó un análisis exegético de la normativa que regula los actos de la administración. Llegando a las conclusiones: a) Que los actos de administración, relacionados a la asignación de personal deben estar debidamente motivados; b) Deberían ser impugnables los actos de administración, relacionados a la asignación de personal; c) Una regulación idónea debería buscar un equilibro entre la protección de los derechos individuales y los intereses públicos.

Este informe jurídico aborda el tema de la responsabilidad del empleador en casos de accidentes de trabajo, centrándose en el caso específico de Backus y el accidente sufrido por el trabajador Robert Santos Huamaní Ruiz. Se analizan los problemas principales y secundarios relacionados con la delimitación de la responsabilidad del empleador y se exploran aspectos clave como el cumplimiento de normas de seguridad y salud en el trabajo, la atribución de responsabilidad y la aplicación del artículo 53 de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Se destaca la importancia de no atribuir automáticamente la responsabilidad al empleador sin evaluar adecuadamente las pruebas y sin considerar el cumplimiento de sus obligaciones de prevención de riesgos laborales. Se enfatiza la necesidad de adoptar una responsabilidad subjetiva en lugar de una responsabilidad objetiva, a fin de garantizar un enfoque proporcional y razonable en la determinación de la responsabilidad del empleador. Este informe se basa en las normas legales vigentes y los tratados internacionales ratificados por Perú, y busca proporcionar conclusiones fundamentadas y recomendaciones acordes a las circunstancias legales y jurisprudenciales pertinentes. Su objetivo es contribuir a un adecuado cumplimiento de las obligaciones de prevención y resguardo de la seguridad y salud en el trabajo, en beneficio de los trabajadores y de la protección de sus derechos laborales. / This legal report addresses the issue of employer liability in cases of work accidents, focusing on the specific case of Backus and the accident suffered by the worker Robert Santos Huamaní Ruiz. The main and secondary problems related to the delimitation of the employer's responsibility are analyzed and key aspects such as compliance with occupational health and safety regulations, the attribution of responsibility and the application of article 53 of the Law on Safety and Security are explored. Health at Work. The importance of not automatically attributing responsibility to the employer without adequately evaluating the evidence and without considering compliance with their occupational risk prevention obligations is highlighted. The need to adopt subjective liability instead of strict liability is emphasized, in order to ensure a proportionate and reasonable approach in determining the employer's liability. This report is based on current legal regulations and international treaties ratified by Peru, and seeks to provide well-founded conclusions and recommendations in accordance with the pertinent legal and jurisprudential circumstances. Its objective is to contribute to adequate compliance with the obligations of prevention and protection of safety and health at work, for the benefit of workers and the protection of their labor rights.

El presente trabajo se ciñe en un análisis crítico de las formas de contratación laboral que en la actualidad se suscitan en las relaciones de trabajo, como consecuencia del proceso de flexibilización laboral, a efecto de evaluar su incidencia o impacto en el ejercicio de la libertad sindical, esto a raíz de la situación precaria en la que muchos trabajadores se encuentran en el actual mundo globalizado en que vivimos, el mismo que ha dado paso no sólo al incremento de contratos modales, sino también a contratos a tiempo parcial, así como la contratación de trabajadores en el desarrollo de una descentralización productiva, en donde las empresas principales buscan mejorar su productividad y competitividad en el mercado laboral, lo cual conlleva a que el derecho de libertad sindical se encuentre inactivo, en tanto las formas de contratación laboral no permite su ejercicio efectivo. En esa línea, la investigación permitirá concluir por un lado que el proceso de flexibilización que hubo en el Perú, teniendo una incidencia directa sobre la contratación de trabajadores, a lo largo de los años, ha producido un impacto negativo en el ejercicio de la libertad sindical; sin embargo, por otro lado, se propone a este derecho laboral colectivo como el instrumento idóneo para efectivizar el ejercicio de los derechos fundamentales laborales y la obtención del trabajo decente en tiempos de flexibilización laboral, a fin de erradicar la precarización de los trabajadores por el uso indiscriminado de las formas actuales de contratación en el Perú por parte de los empleadores, y de esta manera garantizar su protección, así como la obtención del trabajo decente, lo que apunta a que todo trabajador goce en una relación laboral.