Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En primer lugar, es esta una tesis cuyo objeto de interés es la estructura de legitimación de la sanción administrativa, no del procedimiento de cognición y atribución de la misma. Muchas veces, al abordar al Derecho Administrativo Sancionador, se confunden criterios sustantivos con los puramente procesales, tratando ambos aspectos de la cuestión- de suyo diferentes y gobernados por plataformas normativas diferentes- en una sola línea argumental, por lo mismo confusa. Nosotros, en cambio, desde ya advertimos que las consideraciones que informarán el desarrollo del presente texto se enmarcan en un objetivo netamente sustantivo, aun cuando nos haremos cargo de algunos aspectos procedimentales tangenciales a nuestro estudio

A pesar de reconocerse en Chile potestades sancionadoras a la Administración desde el comienzo mismo de la República y de crecer éstas elefantiásicamente en las últimas décadas, el Derecho Administrativo Sancionador, esto es, aquella rama del Derecho Público, y específicamente del Derecho Administrativo, que ha de regular quién, cómo y con qué límites las puede ejercer, es aún incipiente. Tan incipiente es el Derecho Administrativo Sancionador en nuestro medio que la doctrina aún discute cómo denominar esta materia. Y lo es tanto que, reconozcámoslo con cierta desazón, la doctrina se ha detenido extensa e inoficiosamente en la discusión sobre la ontología de la sanción -¿es o no pena?-, bajo el supuesto, absolutamente errado, de que de ella depende la aplicación o no de los principios inspiradores del Derecho Penal al Derecho Administrativo Sancionador. Y peor aun, parte importante de nuestra doctrina ha comenzado la construcción dogmática del Derecho Administrativo Sancionador a partir de la elaboración que al respecto ha efectuado la doctrina española e incluso llevándola a extremos inaceptables, en circunstancias que las bases conceptuales y normativas –especialmente constitucionales- de ésta son sustancialmente distintas a las nuestras. Error lamentablemente habitual en nuestra doctrina

Los diversos métodos y modelos de evaluación de decisiones productivas y comerciales en el sector agropecuario constituyen una de las herramientas clave en los procesos de toma de decisiones y sostenibilidad en el tiempo de los negocios. Los sistemas económicos-productivos ganaderos presentan características particulares, caracterizados por ser procesos de decisiones lineales, estáticos, independientes y deterministas. En este marco, resulta necesaria la incorporación de la flexibilidad en la toma de decisiones, mediante las determinación y medición de oportunidades de decisión del actor y las incertidumbres específicas de cada alternativa. Sumando al análisis y las propuestas la interdependencia y articulaciones entre los actores que se encuentran condicionados por las decisiones a tomar. En el presente trabajo se propone el desarrollo de un modelo de teoría de juegos de opciones reales para evaluar decisiones estratégicas en el complejo ganadero cárnico bovino. Se incorpora la interdependencia estratégica entre los jugadores y la flexibilidad a la hora de evaluar los pagos futuros por las estrategias a tomar. El estudio analiza los diferentes modelos productivos ganaderos bovinos en la provincia de La Pampa (Argentina), con foco en los eslabones primarios de la cadena de valor: producción de cría e invernada. Se evalúan las decisiones considerando las fuentes de riesgos de mercado y fuentes de riesgo tecnológicas, utilizando árboles de decisión. Mediante la puesta en valor del marco de las opciones reales, se incorpora la flexibilidad en las decisiones productivas. Con la teoría de los juegos, se desarrolla la modelización de cadena de valor en la etapa de producción ganadera según estrategias comercial a desarrollar. Por último, se desarrolla la conjugación entre estos dos marcos mediante un modelo de juegos de opciones reales, incorporando el desarrollo de acuerdos entre jugadores del complejo que permita mejorar la sostenibilidad y eficiencia en la coordinación y funcionamiento general de la cadena de valor. Este marco permite modelizar el comportamiento de las matrices de pago de algunos activos no financieros de la economía real. Lo novedoso es el desarrollo del modelo en valoración en decisiones productivas-comerciales y no en proyectos de inversión, lo que permite es ampliar hacia un marco de flujo de fondos expandidos o estratégico con relación a uno simple. Como resultados generales, con la modelización de la interdependencia entre los jugadores del complejo ganadero bovino, productor de cría y de invernada, considerando los canales directos e indirectos y la valoración de flexibilidad, se llegó a un subóptimo de Pareto eficiente o dilema del prisionero. Para subsanar este equilibrio, se planteó el desarrollo de un acuerdo contractual entre ambos jugadores, con la imposición de penalidades que dé sostenibilidad en el tiempo a la articulación entre los actores. Asimismo, se incorpora matemática borrosa para captar las variabilidades potenciales de las penalidades y ampliar la capacidad de la modelización. El trabajo busca cerrar brechas entre finanzas y estrategias, aplicando modelos que se adaptan a las particularidades de los procesos de decisiones del sector ganadero bovino de La Pampa y generan aportes a un marco integral para la Administración en general. / The various methods and models of evaluation of productive and commercial decisions in the agricultural sector constitute one of the key tools in the decision-making processes and sustainability in business time. Livestock economic-productive systems present particular characteristics, characterized by being linear, static, independent and deterministic decision processes. Within this framework, it is necessary to incorporate flexibility in decision-making, through the determination and measurement of the actor's decision opportunities and the specific uncertainties of each alternative. Adding to the analysis and proposals the interdependence and articulations between the actors that are conditioned by the decisions to be made. This paper proposes the development of a real options game theory model to evaluate strategic decisions in the beef cattle complex. The strategic interdependence between the players and the flexibility when evaluating future payments for the strategies to be taken are incorporated. The study analyzes the different bovine cattle production models in the province of La Pampa (Argentina), focusing on the primary links of the value chain: breeding and wintering production. Decisions are evaluated considering the sources of market risks and sources of technological risk, using decision trees. Through the enhancement of the framework of real options, flexibility is incorporated into productive decisions. With game theory, the value chain modeling is developed in the livestock production stage according to commercial strategies to be developed. Finally, the conjugation between these two frameworks is developed through a model of real options games, incorporating the development of agreements between players of the complex that allows improving sustainability and efficiency in the coordination and general operation of the value chain. This framework makes it possible to model the behavior of the payment matrices of some non-financial assets in the real economy. What is new is the development of the model in valuation in productive-commercial decisions and not in investment projects, which allows to expand towards an expanded or strategic flow of funds framework in relation to a simple one. As general results, with the modeling of the interdependence between the players of the bovine cattle, breeding and wintering complex, considering the direct and indirect channels and the assessment of flexibility, a Pareto efficient suboptimal or prisoner's dilemma was reached. To correct this balance, the development of a contractual agreement between both players was proposed, with the imposition of penalties that give sustainability over time to the articulation between the actors. Furthermore, fuzzy mathematics is incorporated to capture the potential variabilities of the penalties and expand the modeling capacity. The work seeks to close gaps between finances and strategies, applying models that adapt to the particularities of the decision processes of the bovine cattle sector of La Pampa and generate contributions to a comprehensive framework for the Administration in general.

Made available in DSpace on 2014-08-13T14:50:59Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 2014-02-25Bitstream added on 2014-08-13T17:59:45Z : No. of bitstreams: 1 000774054.pdf: 2829214 bytes, checksum: b5e3f9fd895f107815d83dad6e099273 (MD5) / Ao se analisar as políticas de desenvolvimento urbano no Brasil e em Portugal têm por objetivo promover ambientes urbanos ambientalmente mais sustentáveis e com qualidade de vida, bem como o desenvolvimento das funções sociais da cidade e o bem-estar dos seus habitantes. Desenvolver as cidades garantindo esses objetivos implica o ordenamento territorial através de uma política pública urbana capaz de responder às constantes mudanças do espaço urbano, entre elas a expansão urbana fragmentada e dispersa, através de loteamentos distantes da área urbana consolidada, gerando vazios urbanos e de áreas de ocupação rarefeita com intervalos entre as habitações que permanecem sem uso. No Brasil, a Lei 10.257/01 dispõe ao poder público municipal instrumentos de política urbana que podem ser aplicados para o ordenamento territorial urbano e o controle dessa problemática. No caso português a política de controle e ordenamento da expansão urbana se dá por meio de programas, planos e instrumentos jurídicos. Brasil e Portugal apresentaram nos últimos anos instrumentos distintos para o controle da dispersão urbana. O modelo português se compõe de um programa nacional da política de ordenamento territorial, planos regionais de ordenamento territorial, panos diretores municipais, além de regimes jurídicos aplicáveis sem que constem nos planos diretores. No Brasil os principais instrumentos são oferecidos pelo Estatuto aprovado em 2001 e aplicados através dos planos diretores, mas a criação de cidades mais compactas não aparece como objetivo do planejamento e gestão territorial. Contudo, o controle exercido nas zonas urbanas portuguesas e a falta de programas municipais de urbanização tem levado a fragmentação urbana para as áreas rurais através de estratégias do mercado imobiliário para aprovação de empreendimentos na zona urbana e rural / When analyzing the politics of urban development in Brazil and Portugal aim to promote more environmentally sustainable and quality of life urban environments, as well as the development of the social functions of the city and the welfare of its inhabitants. Developing cities ensuring these objectives implies spatial planning across an urban public policy capable of responding to changing urban space, including the fragmented and dispersed urban sprawl through distant settlements of the consolidated urban area, creating voids and urban areas rarefied occupation intervals between dwellings that remain unused. In Brazil, the Law 10.257/01 has the municipal government urban policy instruments that can be applied to urban land use and control this problem. In the Portuguese case control policy and planning of urban expansion occurs through programs, plans and legal instruments. Brazil and Portugal in recent years showed distinct to control urban sprawl instruments. The Portuguese model is composed of a national program of regional planning, regional land-use planning, municipal directors cloths political, and legal regimes without appearing in the master plans. In Brazil the main instruments are offered by the Statute adopted in 2001 and implemented through master plans, but the creation of more compact cities will not appear as the aim of territorial planning and management. However, the control exercised in the Portuguese urban areas and the lack of municipal programs of urbanization has led to fragmentation of urban to rural areas through strategies of the housing market for the approval of projects in urban and rural areas

Orientador: Roberto Braga / Banca: Maragarida Maria de Araújo Abreu Vilar de Querós do Vale / Banca: Ana Maria Marques Camargo Marangoni / Banca: Maria Isabel Castreghini de Freitas / Banca: Andreia Medinilha Pancher / Resumo: Ao se analisar as políticas de desenvolvimento urbano no Brasil e em Portugal têm por objetivo promover ambientes urbanos ambientalmente mais sustentáveis e com qualidade de vida, bem como o desenvolvimento das funções sociais da cidade e o bem-estar dos seus habitantes. Desenvolver as cidades garantindo esses objetivos implica o ordenamento territorial através de uma política pública urbana capaz de responder às constantes mudanças do espaço urbano, entre elas a expansão urbana fragmentada e dispersa, através de loteamentos distantes da área urbana consolidada, gerando vazios urbanos e de áreas de ocupação rarefeita com intervalos entre as habitações que permanecem sem uso. No Brasil, a Lei 10.257/01 dispõe ao poder público municipal instrumentos de política urbana que podem ser aplicados para o ordenamento territorial urbano e o controle dessa problemática. No caso português a política de controle e ordenamento da expansão urbana se dá por meio de programas, planos e instrumentos jurídicos. Brasil e Portugal apresentaram nos últimos anos instrumentos distintos para o controle da dispersão urbana. O modelo português se compõe de um programa nacional da política de ordenamento territorial, planos regionais de ordenamento territorial, panos diretores municipais, além de regimes jurídicos aplicáveis sem que constem nos planos diretores. No Brasil os principais instrumentos são oferecidos pelo Estatuto aprovado em 2001 e aplicados através dos planos diretores, mas a criação de cidades mais compactas não aparece como objetivo do planejamento e gestão territorial. Contudo, o controle exercido nas zonas urbanas portuguesas e a falta de programas municipais de urbanização tem levado a fragmentação urbana para as áreas rurais através de estratégias do mercado imobiliário para aprovação de empreendimentos na zona urbana e rural / Abstract: When analyzing the politics of urban development in Brazil and Portugal aim to promote more environmentally sustainable and quality of life urban environments, as well as the development of the social functions of the city and the welfare of its inhabitants. Developing cities ensuring these objectives implies spatial planning across an urban public policy capable of responding to changing urban space, including the fragmented and dispersed urban sprawl through distant settlements of the consolidated urban area, creating voids and urban areas rarefied occupation intervals between dwellings that remain unused. In Brazil, the Law 10.257/01 has the municipal government urban policy instruments that can be applied to urban land use and control this problem. In the Portuguese case control policy and planning of urban expansion occurs through programs, plans and legal instruments. Brazil and Portugal in recent years showed distinct to control urban sprawl instruments. The Portuguese model is composed of a national program of regional planning, regional land-use planning, municipal directors cloths political, and legal regimes without appearing in the master plans. In Brazil the main instruments are offered by the Statute adopted in 2001 and implemented through master plans, but the creation of more compact cities will not appear as the aim of territorial planning and management. However, the control exercised in the Portuguese urban areas and the lack of municipal programs of urbanization has led to fragmentation of urban to rural areas through strategies of the housing market for the approval of projects in urban and rural areas / Doutor

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En el contexto de la evaluación del desempeño ambiental de nuestro país, el cuestionamiento a la institucionalidad ambiental vigente y la reforma propuesta por el Ejecutivo a través del Proyecto de Ley que crea el Ministerio, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente, cobra concreta importancia analizar la institucionalidad vinculada a las funciones de fiscalización y sanción en materia ambiental, así como el estudio del desempeño de los organismos que hasta la fecha detentan dichas potestades. Con el objeto de comprender los marcos normativos que determinan las competencias de los diversos organismos y de hacer un examen analítico del ejercicio de éstas, es necesario identificar y entender los elementos de una política pública adecuada para lograr un óptimo nivel de cumplimiento de la normativa ambiental. La exigencia de cumplimiento de las regulaciones se justifica en la búsqueda del bien común, que se supone ha sido considerado al determinar el contenido de dichas regulacionesNote1. , y que en este caso se desprende del propósito de asegurar los derechos constitucionales establecidos en los numerales 8° y 9° del artículo 19 de la Constitución Política de la República. De esta forma, el Estado debe tomar las decisiones correspondientes para dar una garantía real en el ejercicio de dichos derechos, para lo cual debe diseñar e implementar la estructura institucional y normativa que así lo permita. La estructura nacional se caracteriza por la distribución sectorial de competencias y la dispersión normativa, la que ha determinado en gran medida los pobres resultados en relación a la protección del medio ambiente. La evaluación del desempeño ambiental de Chile realizada en el año 2005 conjuntamente por la OCDE y la CEPAL señala que “Una política de fiscalización de la normativa ambiental sobre la base de la coordinación de los órganos sectoriales de supervisión y control no es la solución institucional más eficaz para asegurar su cumplimiento”, indicando como recomendación: “desarrollar y fortalecer aún más los marcos normativos (normas, entre otros) para mejorar la salud ambiental y cumplir los compromisos internacionales de Chile; examinar formas de fortalecer la capacidad de cumplimiento y fiscalización, incluso mediante reformas institucionales, como por ejemplo el establecimiento de un órgano de inspección ambiental.” Esto significa que el modelo chileno, caracterizado por la multiplicidad de entidades con competencias relacionadas con las acciones de fiscalización y sanción, no contaría con la estructura apropiada para lograr el cumplimiento ideal de la normativa ambiental que permita una adecuada protección del medio ambiente y la salud

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Todo órgano de la Administración del Estado debe realizar un trabajo de interpretación para determinar el verdadero sentido y alcance de las normas que le confieren competencia y regulan su procedimiento. Si bien es cierto la ley le confiere, en varios casos, una potestad expresa para interpretar las normas, también lo es que, aunque no las posean, igual deben realizar una tarea interpretativa. Estas las hemos conceptualizado como las facultades implícitas de interpretación. Puede suceder que el organismo administrativo cambie el criterio de su interpretación, y por lo mismo adopte medidas opuestas a las que venía realizando con anterioridad. Esta realidad puede originar vulneraciones a diferentes principios del Derecho Administrativo como a las garantías constitucionales de las personas. Esta problemática se dará con mayor frecuencia en el caso de los cambios de criterios interpretativos en los órganos administrativos con potestad sancionadora. En efecto, se pretende dilucidar en el presente trabajo los conflictos entre los cambios de criterio, en uso de las facultades interpretativas, con los principios del Derecho Administrativo Sancionador, y garantías constitucionales como los principios de igualdad jurídica, actos propios de la Administración, igualdad ante la ley, confianza legítima, irretroactividad, culpabilidad, y otros que se estudiarán. Se buscará precisar la problemática, y dar ciertas luces de soluciones a ellas. Para el desarrollo se estudiará, en primer lugar, lo que se debe entender por Derecho Administrativo Sancionador como sus elementos y características. En segundo término, entraremos en el estudio de la Infracción y Sanción Administrativa. En tercer lugar, veremos el concepto de potestad interpretativa sancionadora, como los conflictos con los principios y garantías aludidas. Finalmente, para comprender mejor la problemática, haremos un análisis de lo estudiado en el caso de la sanción interpuesta por la Superintendencia de Valores y Seguros a los señores Piñera y Cueto, según se analizará.

A fines del siglo pasado se crearon los organismos reguladores de los servicios públicos: Ositran, Osinergmin, Osiptel y Sunass, en el contexto de un proceso orientado a la privatización y concesión de la infraestructura de dichos servicios, proceso que trajo consigo cambios en el rol del Estado, que restringió su papel de empresario para fortalecer su función como regulador. Ahora bien, para que estos reguladores cumplan de manera eficiente sus funciones es necesaria la implementación de un diseño institucional que los dote de atributos indispensables de autonomía que garantice su actuación independiente y alejada de las influencias externas de los tres grupos de interés existentes en el proceso regulatorio: usuarios, empresas concesionarias de los servicios públicos y Estado, quienes pretenderán influir en las decisiones que adopten los reguladores y perseguir sus propios objetivos. Si bien el ordenamiento jurídico peruano (Ley Nº 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores Peruanos y la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo) reconoce la autonomía de los reguladores se evidencian situaciones que ponen de manifiesto que esta ha sido mellada en sus diversos aspectos, mediante la implementación de mecanismos por parte del Poder Ejecutivo. En ese sentido, la presente investigación se centrará en analizar cómo tales mecanismos han incidido en el estatuto jurídico de su Consejo Directivo. Es así que la presente investigación evalúa la autonomía institucional de los organismos reguladores de servicios públicos peruanos a partir del análisis del estatuto jurídico de su Consejo Directivo, planteando como pregunta central la siguiente: ¿Dichos organismos gozan de una autonomía real?; o, en todo caso, ¿cuál es el grado de autonomía que tienen, tomando en cuenta el estatuto jurídico de sus presidentes y directores?; siendo la hipótesis de trabajo la siguiente: Existe una serie de factores que han menoscabado la autonomía de los organismos reguladores peruanos, entre ellos: i) concursos públicos de selección poco predecibles y demoras en la designación de los presidentes y directores, ii) intromisión de los presidentes de los organismos reguladores en la función primigenia de los directores de nombrar a los gerentes generales; e, iii) injerencia del Poder Ejecutivo en los organismos reguladores a través 4 de normas que disponen la transferencia de recursos de estos a favor de otras entidades públicas, aspecto que afecta su autonomía financiera. Finalmente, se concluye que la hipótesis planteada ha quedado corroborada, habiéndose demostrado la existencia de una vulneración de la autonomía institucional de los organismos reguladores por parte del Poder Ejecutivo en referencia al estatuto jurídico de sus presidentes y directores. En ese sentido, se recomienda la modificación de algunas disposiciones de la referida Ley Nº 27332, de la Ley Nº 29158 y de los Reglamentos Generales de dichos reguladores. / Tesis

La potestad sancionadora de la Administración Pública tiene su manifestación primordial en el procedimiento administrativo sancionador, el cual tiene como finalidad determinar la existencia de una conducta infractora, y una vez probada, imponer las sanciones respectivas. Sin embargo, se ha introducido en nuestro ordenamiento legal una figura que omite la imposición de una sanción, bajo el cumplimiento de ciertos requisitos. En ese sentido, este trabajo es pues un primer estudio y análisis de la figura de la subsanación voluntaria como eximente de responsabilidad por infracciones en el procedimiento administrativo sancionador. Para tal efecto, se ha preguntado ¿Cuál ha sido la motivación para trasladar la subsanación voluntaria de su calidad de atenuante a la de eximente de responsabilidad por infracciones?, teniendo cono Objetivo General el determinar cuál es el efecto de la inclusión de dicha opción legislativa innovadora. De lo analizado, se obtuvo como conclusiones, entre otras, que con la modificatoria introducida a través del Decreto Legislativo N.° 1272, los procedimientos administrativos sancionadores, en todos los sectores, están siendo adecuados, de tal manera que se defina la aplicación de la eximente de responsabilidad que nos ocupa, y que a su vez, conlleva a que la Administración Pública, como partícipe del impulso de las reformas, evite imponer condiciones menos favorables a los administrados que las dispuestas por la Ley. Finalmente, se conviene en considerar que la variación de atenuante a eximente obedece a reducir la carga procesal de la Administración Pública al decidir el inicio de procedimientos administrativos sancionadores, en los casos en que las infracciones no hayan sido subsanadas, con la finalidad de lograr una mejor atención a los administrados, priorizando y optimizando el uso de recursos públicos. / Trabajo académico

El presente trabajo de investigación se enfoca a analizar el estado de necesidad justificante como un eximente de responsabilidad administrativa en los procedimientos administrativos sancionadores seguidos contra municipalidades de zonas rurales o de preferente interés social, por la prestación ilegal del servicio de radiodifusión en el Perú en el contexto de desastres naturales y estados de emergencia, pues al no haber operadores privados de radiodifusión en las citadas zonas son las municipalidades las que se ven obligadas a operar de manera “ilegal” en determinados frecuencias y canales para poder comunicar a su población sobre temas de seguridad y prevención. / Trabajo académico