El presente Informe tiene por objeto analizar la sentencia del Tribunal Constitucional recaída sobre el expediente N° 03066-2019-PA/TC, en el proceso seguido por las Comunidades Chila Chambilla y Chila Pucará, a través de la cual dicho órgano colegiado afirma que el derecho a la consulta previa no es un derecho fundamental en el ordenamiento jurídico peruano, y, en consecuencia, declara la improcedencia de la demanda. Para tal efecto, a fin de determinar si la decisión adoptada por dicho Tribunal vulnera el derecho a la consulta previa alegado, se analizará, por un lado, las causales de improcedencia de la demanda de amparo reguladas en el Código Procesal Constitucional, y, por otro lado, la correspondencia de la aplicación del derecho a la consulta previa para las Comunidades demandantes, ello, teniendo en cuenta tanto la norma constitucional, como los tratados, jurisprudencia y opiniones vinculantes de organismos internacionales, que son de observancia obligatoria para el Perú. Así pues, del análisis de las herramientas jurídicas antes señaladas, se demostrará que el caso abordado por el Tribunal Constitucional no se encontraba en ningún supuesto de improcedencia procesal, así como que el mismo debió ser declarado fundado, ya que, de acuerdo con el ordenamiento jurídico peruano, en concordancia con los estándares internacionales aplicables, el derecho a la consulta previa de las Comunidades demandantes debió ser garantizado / The purpose of this Report is to analyze the judgment of the Constitutional Court handed down on file N° 03066-2019-PA/TC, in the process followed by the Chila Chambilla and Chila Pucará Communities, through which said collegiate body affirms that the right to prior consultation is not a fundamental right in the Peruvian legal system, and, consequently, declares the claim inadmissible. For this purpose, in order to determine if the decision adopted by the Constitutional Court violates the alleged right to prior consultation, it will analyze, on the one hand, the grounds for inadmissibility of the amparo claim regulated in the Constitutional Procedure Code, and, on the other hand, the correspondence of the application of the right to prior consultation for the claimant Communities, taking into account both the constitutional norm, as well as the treaties, jurisprudence and binding opinions of international organizations, which are mandatory for Peru. Thus, from the analysis of the aforementioned legal tools, it will be demonstrated that the case addressed by the Constitutional Court was not in any case of procedural inadmissibility, as well as that it should have been declared wellfounded, since, according to the law In Peruvian law, in accordance with applicable international standards, the right to prior consultation of the claimant Communities should have been guaranteed

Tal y como sigue vigente en la Reforma del Código Procesal Civil, nuestros jueces aún deben aplicar el iura novit curia, en virtud del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, pero deben saber cómo y cuándo aplicarlo. En efecto, la aplicación del iura novit curia se debe adecuar a tres límites que propongo: (i) iniciativa de parte; (ii) congruencia procesal; y, (iii) contradictorio. De ese modo, la decisión final no afectará ningún derecho de las partes. Asimismo, la práctica judicial advierte que los jueces se decantan por aplicarlo en la sentencia, en la calificación de la demanda y en la fijación de puntos controvertidos. Lo ideal es que nuestros jueces lo aplique, correctamente, en la fijación de puntos controvertidos, pues, en esta etapa del proceso, los jueces ya conocerán claramente de qué trata el caso y, por ende, las partes obtendrían una decisión final que resuelva el mérito de la controversia y, a la vez, que no trasgreda ninguno de sus derechos

La Constitución de 1993, dentro de su catálogo de derechos fundamentales, recoge tanto la igualdad ante la ley como el derecho de todo ciudadano de poder postular a cargos públicos. Sin embargo, los resultados respecto a la aplicación de estos derechos relacionados a la postulación al cargo de congresista de la República del Perú, generan una preocupación por la calidad del trabajo legislativo parlamentario. En la presente tesis, se propone una reforma constitucional del artículo 90° de nuestra Carta Fundamental, en base al principio de meritocracia, para que los candidatos al Congreso sean los más idóneos al cargo y en consecuencia mejore la calidad legislativa.

El presente trabajo de investigación propone acciones para evitar que los derechos fundamentales del menor se sigan quebrantando por el uso inadecuado de las redes sociales, pues esta innovación tecnológica en los últimos tiempos ha cambiado la manera de vivir de las personas, en especial de los menores que buscan interactuar con nuevos amigos y lo hacen a través de las redes sociales. Todo ello, ha traído consigo dependencia y riesgos, lo que implica una amenaza hacia sus derechos fundamentales del menor como la libertad, la intimidad, la dignidad personal, el honor y la propia imagen; sin embargo, existe el respaldo de normas nacionales e internaciones que lo protegen, debido a que es una persona en desarrollo. No obstante, los derechos que tienen una mayor afectación son la dignidad y la libertad, pues son derechos personalísimos que merecen ser respetados; sin embargo, se siguen infringiendo como se señalan en estadísticas, que se nombrarán posteriormente. En ese sentido se cree necesario tener presente las normativas de otros países para conocer las medidas de protección que se están llevando a cabo, así como también, ver las políticas de Estado que se están tomando en nuestro país para aplicar una propuesta reforma para el mejoramiento de las instituciones que protegen al menor. De lo dicho anteriormente, se concluye diciendo que es imprescindible una propuesta reformas mediante mecanismo eficaces que ayuden a poner un límite a la afectación de derechos para la protección de los niños, niñas y adolescentes.

El presente artículo trata acerca de los Principios de Yogyakarta sobre la protección de los derechos humanos de la comunidad de personas lesbianas, gay, bisexuales, transexuales e intersexuales (comunidad LGBTI) y su contribución al sistema interamericano de derechos humanos. Tomando en consideración la discutida naturaleza jurídica de dichos principios y la discriminación histórica contra la comunidad LGBTI, esta investigación se cuestiona principalmente si es que tiene alguna consecuencia jurídica su aplicación por los órganos del sistema interamericano de derechos humanos. En tal sentido, se recuerda la historia de estos principios y se analiza su naturaleza jurídica. De esta manera, se justifica que los Principios de Yogyakarta, a pesar de su no vinculatoriedad, se han convertido en parámetro de interpretación del principio de igualdad y no discriminación, de los derechos establecidos en la Convención Americana de Derechos Humanos y de otras obligaciones del sistema interamericano de derechos humanos que guardan relación con temas de diversidad de género. Así pues, como conclusión de esta investigación vamos a verificar que estos principios no son utilizados para crear nuevas obligaciones a los estados, sino que contribuyen en explicitar el contenido de derechos –convencionalmente ya establecidos– correspondientes a la comunidad LGBTI en el sistema interamericano de derechos humanos.

El presente informe analiza la Sentencia N° 03343-2007-AA emitida por el Tribunal Constitucional, la cual resuelve declarar fundada el recurso de agravio constitucional presentado por el demandante Jaime Hans Bustamente Johnson contra la resolución de la Primera Sala Mixta Descentralizada de la Corte Superior de Justicia de San Martín de fecha 10 de mayo de 2007, la cual declara infundada la demanda planteada contra las empresas Talismán Petrolera del Perú, REPSOL y Petrobras Energía Perú S.A. En el informe se analiza lo resuelto por el Tribunal Constitucional; y, se centra en la necesidad de regulación de procesos colectivos con sentencias estructurales para garantizar la eficacia de derechos constitucionales. Así, se señala la necesidad de reconocimiento de tutela colectiva a comunidades nativas y campesinas, se establece la diferencia con la tutela de derechos difusos; y, se señala la necesidad de regulación de procesos colectivos estructurales / This report analyses judgment N° 03343-2007-AA issued by the Constitutional Court, which resolves to declare the constitutional grievance appeal founded presented by the plaintiff Jaime Hans Bustamente Johnson against the resolution of the First Decentralized Mixed Chamber of the Superior Court of Justice of San Martín dated May 10, 2007, which declares the lawsuit filed against the companies Talismán Petrolera del Perú, REPSOL unfounded and Petrobras Energía Peru S.A. The object is the analysis of the decision of the Constitutional Court, but focusing on the need that Peru regulates structural adjudication

La sexualidad de las mujeres con discapacidad intelectual ha sido un campo de dominio social durante mucho tiempo, estereotipos asociados a la asexualidad o la hipersexualidad se han constituido como barreras y mecanismos de control sobre sus cuerpos y sus vidas, vulnerando su autonomía y el ejercicio de sus derechos sexuales. El modelo social, según el cual la discapacidad se origina por la convergencia de las deficiencias de una personas con las barreras sociales impuestas y que impiden el ejercicio de sus derechos, nos invita a repensar su sexualidad y nos impone la obligación de erradicar dichos patrones socioculturales vinculados para, más bien, entenderlas como sujetos de derechos autónomos y con plena capacidad jurídica para ejercerlos sin intromisiones injustificadas. Eliminar el tabú en torno a la sexualidad de las mujeres con discapacidad se constituye en una necesidad imperante en la actualidad

En esta investigación tiene como objeto desarrollar y analizar el contenido de los derechos de las personas con discapacidad (DPCD) en el marco del Sistema Universal de los Derechos Humanos (SUDH) tanto desde el sistema extraconvencional y convencional, y sus organismos especializados de Naciones Unidas. Esto con la finalidad de determinar sus derechos más allá de la protección de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), puesto que este tratado obliga únicamente a los Estados Parte. En consecuencia, esta investigación es de gran importancia porque pretende ubicar los DPCD desde una protección mayor al vincularlo con el principio de igualdad y no discriminación desde un marco de protección a todo ser humano contemplado de diferentes instrumentos. Sin embargo, para demostrar esto se necesita analizar todo un bagaje normativo de forma cronológica de Naciones Unidas, ya que no ha sido ordenado y estudiado a profundidad. En ese sentido, este proceso de desarrollo está dividido en dos capítulos donde el primero se basa exclusivamente en el contenido del principio de igualdad y no discriminación desde una protección general a todo ser humano bajo un marco de tiempo más amplio y, en un segundo capítulo, referente a los derechos donde expresamente se mencionan a las personas con discapacidad. No obstante, para efectos de esta investigación, este último capítulo solo desde el marco del tiempo de 1945 hasta 1991. Finalmente, con toda esta información se pretende demostrar que la protección de las personas con discapacidad no solo se agota con la CDPD, sino que estas están protegidas en un marco normativo más general y amplio desde el principio de igualdad y no discriminación que forma parte de la esencia de los derechos humanos.

El presente trabajo pretende analizar el caso de Personas Dominicanas y Haitianas Expulsadas vs. República Dominicana, el cual fue presentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y posteriormente resuelto el 28 de agosto de 2014; desde una perspectiva de igualdad y no discriminación. Para ello, se demostrará que las expulsiones arbitrarias constituyeron una grave vulneración de los derechos a la identidad, garantías procesales mínimas, niñez y unidad familiar de las víctimas. Asimismo, se postulará la necesidad de reconocer que la soberanía de los Estados en temas de movilidad humana debe ser reformulada a partir de la situación de vulnerabilidad que se propugna para las personas migrantes. Para ello, se resaltará que, dado los nuevos retos que supone la migración, es necesario adoptar un derecho autonómo a migrar que implique abordar a la migración como una actividad inherente del ser humano. Finalmente, será conveniente formular ciertas políticas de integración que permitan reconocer a las personas migrantes como favorables para las sociedades de acogida. Por todo lo anterior, en el presente informe se aplicará una metolodogía dogmática y exegética, donde será fundamental el estudio de las normas y estándares internacionales que ofrece el Derecho Internacional de los Derechos Humanos en atención a la protección de las personas migrantes. / This paper aims to analyze the case of Expelled Dominicans and Haitians vs. Dominican Republic, which was presented to the Inter-American Court of Human Rights and subsequently resolved on August 28, 2014; from the perspective of equality and non-discrimination. To this end, it will be demonstrated that the arbitrary expulsions constituted a serious violation of the victims' rights to identity, minimum procedural guarantees, childhood and family unity. It will also postulate the need to recognize that the sovereignty of States in matters of human mobility must be reformulated from the situation of vulnerability that is advocated for migrants. Also, it will be emphasized that, given the new challenges posed by migration, it is necessary to adopt an autonomous right to migrate that implies addressing migration as an inherent human activity. Finally, certain integration policies should be formulated to recognize migrants as favorable to host societies. In view of the above, dogmatic and exegetical methods will be applied in the present report, where the study of the international norms and standards offered by International Human Rights Law will be fundamental in attention to the protection of migrants.

Este Informe Jurídico analiza la Sentencia de la Corte Interamericana sobre el caso Atala Riffo y niñas contra Chile dictada el 24 de febrero de 2012. La elección del caso está justificada por la relevancia de los temas que se tratan en la misma: derecho de familia, género, derechos del niño, derechos de las personas LGTBI, protección de los derechos fundamentales. La Sra. Atala Riffo, perdió la custodia de sus tres hijas luego de que la Corte Suprema de Chile acogiera el recurso de queja basándose en que el interés superior del niño justificaba separar a una madre lesbiana de sus hijas sin analizar su capacidad para ejercer el cuidado de ellas. Se ha realizado un análisis de la jurisprudencia y legislación pertinente. Se concluye que Chile es responsable por la vulneración de los derechos a la igualdad y a la no discriminación de la Sra. Atala y las niñas, por interferir en la vida privada y familiar de la Sra Atala