Una característica que es de especial preocupación para los inversionistas es la situación que enfrentarían en un evento de caducidad que implica que el instrumento que sustenta el repago de las obligaciones de la Sociedad Concesionaria desaparezca y por tanto no exista una fuente de ingresos. Se analiza la naturaleza del contrato de concesión en general y en particular su tratamiento en el marco de la ley peruana. Asimismo se presentan los conceptos legales que permiten una comprensión de la caducidad en el caso de los contratos de concesión. Estos elementos permiten un marco de análisis para el enfoque específico cual es el de analizar la compensación que el Estado como concedente debería pagar a la Sociedad Concesionaria en caso de caducidad. Asimismo se desarrollan los conceptos económicos y financieros necesarios para valorizar la concesión y por tanto establecer los criterios aplicables para su determinación en el marco de las cláusulas contenidas en el respectivo contrato; y se analiza una muestra representativa de contratos de concesión que permiten identificar las prácticas aplicadas y así comparar el marco normativo presentado con la práctica aplicada. Se concluye tipificando tales prácticas y estableciendo los criterios que podrían mejorar el tratamiento de las cláusulas de caducidad, en particular en lo relativo a la determinación de los montos a pagar por el Estado a la Sociedad Concesionaria; es decir responder, en el contexto de la caducidad, a la pregunta ¿Cuánto vale una concesión? / Tesis

El presente trabajo pretende abordar la situación actual de la función interpretativa de los contratos de concesión del OSITRAN, ello teniendo en consideración lo establecido en el precedente de observancia obligatoria emitido por el ente regulador a través de la Resolución de Consejo Directivo N° 040-2019-CD que precisa entre otras cosas que el ejercicio de la mencionada función siempre será de oficio. En ese sentido, es posible advertir que el mencionado criterio produce potenciales escenarios de inseguridad jurídica, por lo que realizando un análisis de la referida facultad y su evolución a través de los últimos 15 años proponemos una serie de modificaciones que tiene por objetivo reforzar el marco jurídico de concesiones de infraestructura en el Perú

Una característica que es de especial preocupación para los inversionistas es la situación que enfrentarían en un evento de caducidad que implica que el instrumento que sustenta el repago de las obligaciones de la Sociedad Concesionaria desaparezca y por tanto no exista una fuente de ingresos. Se analiza la naturaleza del contrato de concesión en general y en particular su tratamiento en el marco de la ley peruana. Asimismo se presentan los conceptos legales que permiten una comprensión de la caducidad en el caso de los contratos de concesión. Estos elementos permiten un marco de análisis para el enfoque específico cual es el de analizar la compensación que el Estado como concedente debería pagar a la Sociedad Concesionaria en caso de caducidad. Asimismo se desarrollan los conceptos económicos y financieros necesarios para valorizar la concesión y por tanto establecer los criterios aplicables para su determinación en el marco de las cláusulas contenidas en el respectivo contrato; y se analiza una muestra representativa de contratos de concesión que permiten identificar las prácticas aplicadas y así comparar el marco normativo presentado con la práctica aplicada. Se concluye tipificando tales prácticas y estableciendo los criterios que podrían mejorar el tratamiento de las cláusulas de caducidad, en particular en lo relativo a la determinación de los montos a pagar por el Estado a la Sociedad Concesionaria; es decir responder, en el contexto de la caducidad, a la pregunta ¿Cuánto vale una concesión?

El presente informe jurídico se centra en el análisis de la Resolución del Tribunal de Solución de Controversias No. 00026-2020-TSC/OSIPTEL con respecto a la controversia suscitada entre Azteca Comunicaciones Perú S.A.C. y Enel Distribución Perú S.A.A. relacionada al acceso y uso compartido de infraestructura eléctrica. La disputa principal versa en el reclamación interpuesta por Azteca contra ENEL en relación a la interpretación de las cláusulas de compensación por la compartición de infraestructura y en la determinación de la entidad competente para resolver la controversia, ya sea mediante arbitraje o a través del organismo regulador OSIPTEL. El estudio examina las resoluciones de OSIPTEL, las obligaciones impuestas a ENEL, y las facultades del regulador para garantizar el cumplimiento de las normativas, incluyendo la imposición de sanciones y multas coercitivas. Además, se analizan las implicancias de las acciones u omisiones que afectan el mercado de los servicios de telecomunicaciones y el rol de OSIPTEL en la resolución de tales conflictos. De esta forma, a lo largo de la investigación se han identificado los tres problemas jurídicos. En primer lugar, se analizará si es materia de arbitraje la contrprestación presente en el Contrato de Compartición. En segundo lugar, se determinará si el OSIPTEL tiene competencia para exigir a ENEL la devolución del monto pagado en exceso. Finalmente, se analizará la capacidad sancionadora de regulador para hacer cumplir sus obligaciones. / The present legal report focuses on the analysis of Resolution No. 00026-2020- TSC/OSIPTEL issued by the Tribunal for the Resolution of Disputes in relation to the dispute between Azteca Comunicaciones Perú S.A.C. and Enel Distribution Perú S.A.A. concerning access to and shared use of electrical infrastructure. The main dispute revolves around Azteca's claim against ENEL regarding the interpretation of clauses governing infrastructure sharing compensation and the determination of the competent entity to resolve the dispute, either through arbitration or through the regulatory body OSIPTEL. The study examines OSIPTEL's resolutions, the obligations imposed on ENEL, and the regulator's powers to ensure compliance with regulations, including the imposition of sanctions and coercive fines. Furthermore, the report analyzes the implications of actions or omissions affecting the telecommunications services market and OSIPTEL's role in resolving such conflicts. Thus, throughout the investigation, three legal issues have been identified. First, it will be analyzed whether the compensation present in the Sharing Agreement is subject to arbitration. Second, it will be determined whether OSIPTEL has the authority to require ENEL to refund the excess amount paid. Finally, the regulator’s sanctioning capacity to enforce its obligations will be analyzed.

This document aims to expose some reflections on the dynamics of the concession contracts during the execution period, incomplete contracts that by its nature and by its long duration require an intensive work by the parties intended to interpret, define and / or clarify the agreed terms, as well as negotiation and signing of the new agreements to amend the text and, finally, the settlement of disputes. In addition to the characteristics of concession contracts described above, we also should take note of its unique and mixed nature, which is a consequence of the fact that this kind of contracts are rule by the public laws whose purpose is to safeguard the public interest through the implementation of infrastructure projects and public services - and also by the private laws- in which takes precedence the autonomy of the parties, consent and good faith. This article reviews how it is that these characteristics of the Concession Contract have been reflected in our legal system and, if necessary, make some kind of conformity and / or correction. / El presente documento tiene como objetivo exponer algunas reflexiones sobre la dinámica de los Contratos de Concesión durante la etapa de ejecución contractual, contratos que por su naturaleza incompleta y por su larga duración requieren de una labor intensa por las partes destinada a interpretar, precisar y/o aclarar los términos contractuales acordados, así como de negociación y suscripción de acuerdos de modificación del texto contractual y, por último, de solución de las controversias que se pudieran originar. En adición a las características de los contratos de concesión antes descritas, debe tenerse presente su singular carácter mixto derivado de la aplicación del régimen administrativo, cuya finalidad es salvaguardar el interés público a través de la ejecución de proyectos de infraestructura y servicios públicos, y, a su vez, de la aplicación del régimen civil, en el cual prima, la autonomía de las partes, el consentimiento y la buena fe. El presente artículo pretende revisar cómo es que dichas características del Contrato de Concesión han sido plasmadas en nuestroordenamiento jurídico y, si es necesario, realizar algún tipo de concordancia y/o corrección.

El presente trabajo analiza al procedimiento de interpretación del numeral 2 del Anexo 11 del Contrato de Concesión del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez seguido ante el OSITRAN entre los años 2005 y 2009 con la finalidad de aportar parámetros de interpretación que permitan solucionar este tipo de controversias de modo eficiente y jurídicamente correcto; y además el identificar los efectos nocivos de un actuar inconsistente e incongruente del OSITRAN en este tipo de procedimientos. Para esto se identifica a la regulación de los contratos de concesión y a la vinculada al proceso de interpretación, se aplican los métodos de interpretación pertinentes para la resolución de la controversia y se realiza un análisis crítico de las actuaciones procedimentales del regulador. Se incluye por tanto al estudio de la normativa de concesiones y Asociaciones Público Privadas, del Código Civil, de la normativa de Bienes Estatales, y de las reglas del procedimiento de interpretación tanto en la normativa sectorial como en la Ley del Procedimiento Administrativo General. El informe concluye que la interpretación de un contrato de concesión debe seguir una estructura jurídica en particular en relación a nuestra regulación actual de modo que no permita futuras discrepancias respecto al entendimiento de cierto contenido contractual, y además que el OSITRAN no actuó conforme a derecho en el presente expediente. / The report analyzes the interpretation procedure of the numeral 2, Annex 11 of the Jorge Chávez International Airport Concession Contract guided by OSITRAN between the years 2005 and 2009 with the purpose of providing interpretation parameters that allow to solve this type of controversies in an efficient and legally correct way; and also, to identify the harmful effects of an inconsistent and incongruous OSITRAN proceeding in this type of procedures. For this, we identify the regulation related to concession contracts and the interpretation procedure, the pertinent methods of interpretation that can apply for the resolution of the controversy and a critical analysis of the OSITRAN proceeding. It includes the study of the concessions and Public-Private Associations regulation, the Civil Code, the State Assets regulation, and the interpretation procedure rules both in the sectoral regulation and in the General Administrative Procedure Law. The report concludes that the interpretation of a concession contract must follow a particular legal structure in relation to our current regulation so it prevents future discrepancies regarding the understanding of certain contractual content, and also that OSITRAN did not proceed in accordance with the law.

El presente informe aborda el procedimiento administrativo sancionador seguido por OSITRAN contra Ferrocarril Trasandino S.A, por la imposición de una penalidad contractual, en el marco de la ejecución del contrato de Concesión de la Administración de los Ferrocarriles Centro, Sur y Sur- Oriente. Los hechos inician cuando el operador de servicios de transporte ferroviario adquiere seis coches nuevos destinados al servicio de lujo Hiram Bingham, los cuales circulan en la vía férrea sin la autorización del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. A partir de la Resolución de Consejo Directivo N° 041-2004-CD/OSITRAN, se analizan los límites de la colaboración público – privada y el alcance de la cláusula 7.5 del contrato de concesión, la cual impone al concesionario la obligación de supervisar que el operador de servicios de transporte ferroviario cumpla con las Leyes Aplicables. Así, se determina que el contrato de concesión no trasfiere la facultad de fiscalización al concesionario, por el contrario, impone la realización de la actividad material de verificación. Asimismo, se abarca el tratamiento jurídico de las penalidades contractuales bajo el marco de lo establecido en el contrato de concesión. A partir de ello, se evalúa el ejercicio de la potestad punitiva de OSITRAN para la imposición de penalidades contractuales mediante un procedimiento administrativo sancionador. De esta forma, se expone la desnaturalización de las cláusulas penales y del poder punitivo del Estado. / This report addresses the administrative sanctioning procedure followed by OSITRAN against Ferrocarril Trasandino S.A., for the imposition of a contractual penalty, within the framework of the execution of the Concession Contract for the Administration of the Central, South and South-East Railroads. The facts begin when the railroad transportation services operator acquires six new cars destined for the Hiram Bingham luxury service, which circulate on the railroad without the authorization of the Ministry of Transportation and Communications.. Based on Board of Directors Resolution No. 041-2004-CD/OSITRAN, the limits of the publicprivate partnership and the scope of clause 7.5 of the concession contract, which imposes on the concessionaire the obligation to supervise that the railroad transportation services operator complies with the Applicable Laws, are analyzed. Thus, it is determined that the concession contract does not transfer the power of supervision to the concessionaire, on the contrary, it imposes the performance of the material activity of verification. Likewise, the legal treatment of contractual penalties is covered under the framework established in the concession contract. Based on this, the exercise of OSITRAN's punitive power to impose contractual penalties through an administrative sanctioning procedure is evaluated. In this way, the distortion of the penal clauses and the punitive power of the State is exposed.

El presente informe se aborda sobre las potestades administrativas sometidas a arbitraje en vinculación a las controversias suscitada en los contratos de concesión, los cuales han sido identificados en resoluciones emitidas por árbitros, pese a que dichas potestades se encuentran otorgadas por ley a los organismos regulados, mediante la Ley Nº 27332 – Ley Marco de Los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos. Siendo analizado en el presente informe, las competencias administrativas que colisionan los tribunales arbitrales al resolver sobre materias que exceden de su competencia, si bien los convenios arbitrales establecidos en contratos de concesión no precisen las materias arbitrales, ello no implica que los tribunales arbitrales puedan resolver materias fuera de su competencia. Razón por la cual, se desarrolla el presente en torno a las potestades administrativas, las cuales están siendo sometidas a arbitraje en la actualidad.

En el presente artículo se analizará los efectos nocivos del modelo de concesión en el sector ferroviario peruano al intentar fomentar la competencia en un mercado aguas abajo. El objetivo general es analizar y describir estos efectos negativos. Como hipótesis se sugiere que el modelo de concesión ha tenido un impacto perjudicial, forzando una competencia ineficiente en el mercado ferroviario. Para ello, es fundamental el estudio de las características y marco normativo de la concesión en el Ferrocarril Sur Oriente (FSO), mientras que los objetivos específicos buscan evaluar estos aspectos. Finalmente, se concluye en que existen limitaciones en la competencia, inadecuación normativa y la falta de conveniencia en el proceso competitivo del FSO. En tal sentido, la primera parte, aborda el proceso de privatización en el contexto de hiperinflación y crisis económica, centrándose en el sector ferroviario y específicamente en la vía del FSO. Se exploran los modelos de concesión (separación vertical, integración horizontal, y acceso competitivo) y se destaca la importancia de comprender el concepto de mercado aguas abajo en el transporte ferroviario. La segunda parte se adentra en el marco normativo aplicable a la promoción de inversión privada, buscando comprender los objetivos detrás de la concesión y su relación con la competencia, examinando si se priorizó mejorar el servicio o asegurar retribución al Estado. Finalmente, la tercera parte evalúa la conveniencia del proceso competitivo en la concesión del FSO, considerando el contexto económico, los factores de competencia y la adecuación de los criterios del Contrato de Concesión, cuestionando si se realizaron estudios profundos sobre eficiencia económica y conveniencia social, y explorando si se aplicaron criterios adecuados o basados en experiencias extranjeras, que podrían haberse convertido en factores perjudiciales. / This article will analyze the harmful effects of the concession model in the Peruvian railway sector when trying to promote competition in a downstream market. The general objective is to analyze and describe these negative effects. As a hypothesis, it is suggested that the concession model has had a detrimental impact, forcing inefficient competition in the railway market. To this end, the study of the characteristics and regulatory framework of the concession in the Ferrocarril Sur Oriente (FSO) is essential, while the specific objectives seek to evaluate these aspects. Finally, it is concluded that there are limitations in competition, regulatory inadequacy and lack of convenience in the FSO competitive process. In this sense, the first part addresses the privatization process in the context of hyperinflation and economic crisis, focusing on the railway sector and specifically on the FSO route. Concession models (vertical separation, horizontal integration, and competitive access) are explored and the importance of understanding the concept of downstream market in rail transportation is highlighted. The second part delves into the regulatory framework applicable to the promotion of private investment, seeking to understand the objectives behind the concession and its relationship with competition, examining whether improving the service or ensuring remuneration to the State was prioritized. Finally, the third part evaluates the convenience of the competitive process in the concession of the FSO, considering the economic context, competition factors and the adequacy of the criteria of the Concession Contract, questioning whether indepth studies on economic efficiency and social convenience were carried out. and exploring whether appropriate criteria were applied or based on foreign experiences, which could have become detrimental factors. / Trabajo académico

El presente caso comprende una controversia entre la empresa distribuidora de electricidad Edecañete y el Osinergmin, en el que se discute si el hurto de conductor constituye un evento de fuerza mayor, lo cual a su vez determinaría si corresponde eximir a la empresa de la obligación de compensar a los usuarios que se vieron afectados por la interrupción en el suministro eléctrico. La posición de la empresa se basa en afirmar que se trató de un evento fuera de su control y que previamente adoptó medidas para evitar que sucediera, mientras que la entidad sostiene que tales hechos son frecuentes en la zona, por lo que no correspondería considerarlo un caso de fuerza mayor. El objetivo del presente trabajo es determinar el concepto y requisitos de la figura de la fuerza mayor, así como los criterios que existen en el sector eléctrico para su determinación. El método empleado para tal fin es el análisis de la normativa de carácter general y sectorial, así como las directivas específicas y la práctica resolutoria de la entidad, además del análisis de la jurisprudencia que ha resuelto causas que tienen su origen en hechos similares. A partir de ello, se determina que no existe un concepto propio de la fuerza mayor en el derecho administrativo; sin embargo, el sector eléctrico prevé ciertos criterios particulares para su calificación, los cuales, si bien habrían sido aplicados en el caso concreto, la decisión adolecería de una correcta valoración de los documentos y sustento para sus afirmaciones.