Una característica que es de especial preocupación para los inversionistas es la situación que enfrentarían en un evento de caducidad que implica que el instrumento que sustenta el repago de las obligaciones de la Sociedad Concesionaria desaparezca y por tanto no exista una fuente de ingresos. Se analiza la naturaleza del contrato de concesión en general y en particular su tratamiento en el marco de la ley peruana. Asimismo se presentan los conceptos legales que permiten una comprensión de la caducidad en el caso de los contratos de concesión. Estos elementos permiten un marco de análisis para el enfoque específico cual es el de analizar la compensación que el Estado como concedente debería pagar a la Sociedad Concesionaria en caso de caducidad. Asimismo se desarrollan los conceptos económicos y financieros necesarios para valorizar la concesión y por tanto establecer los criterios aplicables para su determinación en el marco de las cláusulas contenidas en el respectivo contrato; y se analiza una muestra representativa de contratos de concesión que permiten identificar las prácticas aplicadas y así comparar el marco normativo presentado con la práctica aplicada. Se concluye tipificando tales prácticas y estableciendo los criterios que podrían mejorar el tratamiento de las cláusulas de caducidad, en particular en lo relativo a la determinación de los montos a pagar por el Estado a la Sociedad Concesionaria; es decir responder, en el contexto de la caducidad, a la pregunta ¿Cuánto vale una concesión? / Tesis

El presente trabajo pretende abordar la situación actual de la función interpretativa de los contratos de concesión del OSITRAN, ello teniendo en consideración lo establecido en el precedente de observancia obligatoria emitido por el ente regulador a través de la Resolución de Consejo Directivo N° 040-2019-CD que precisa entre otras cosas que el ejercicio de la mencionada función siempre será de oficio. En ese sentido, es posible advertir que el mencionado criterio produce potenciales escenarios de inseguridad jurídica, por lo que realizando un análisis de la referida facultad y su evolución a través de los últimos 15 años proponemos una serie de modificaciones que tiene por objetivo reforzar el marco jurídico de concesiones de infraestructura en el Perú

Una característica que es de especial preocupación para los inversionistas es la situación que enfrentarían en un evento de caducidad que implica que el instrumento que sustenta el repago de las obligaciones de la Sociedad Concesionaria desaparezca y por tanto no exista una fuente de ingresos. Se analiza la naturaleza del contrato de concesión en general y en particular su tratamiento en el marco de la ley peruana. Asimismo se presentan los conceptos legales que permiten una comprensión de la caducidad en el caso de los contratos de concesión. Estos elementos permiten un marco de análisis para el enfoque específico cual es el de analizar la compensación que el Estado como concedente debería pagar a la Sociedad Concesionaria en caso de caducidad. Asimismo se desarrollan los conceptos económicos y financieros necesarios para valorizar la concesión y por tanto establecer los criterios aplicables para su determinación en el marco de las cláusulas contenidas en el respectivo contrato; y se analiza una muestra representativa de contratos de concesión que permiten identificar las prácticas aplicadas y así comparar el marco normativo presentado con la práctica aplicada. Se concluye tipificando tales prácticas y estableciendo los criterios que podrían mejorar el tratamiento de las cláusulas de caducidad, en particular en lo relativo a la determinación de los montos a pagar por el Estado a la Sociedad Concesionaria; es decir responder, en el contexto de la caducidad, a la pregunta ¿Cuánto vale una concesión?

This document aims to expose some reflections on the dynamics of the concession contracts during the execution period, incomplete contracts that by its nature and by its long duration require an intensive work by the parties intended to interpret, define and / or clarify the agreed terms, as well as negotiation and signing of the new agreements to amend the text and, finally, the settlement of disputes. In addition to the characteristics of concession contracts described above, we also should take note of its unique and mixed nature, which is a consequence of the fact that this kind of contracts are rule by the public laws whose purpose is to safeguard the public interest through the implementation of infrastructure projects and public services - and also by the private laws- in which takes precedence the autonomy of the parties, consent and good faith. This article reviews how it is that these characteristics of the Concession Contract have been reflected in our legal system and, if necessary, make some kind of conformity and / or correction. / El presente documento tiene como objetivo exponer algunas reflexiones sobre la dinámica de los Contratos de Concesión durante la etapa de ejecución contractual, contratos que por su naturaleza incompleta y por su larga duración requieren de una labor intensa por las partes destinada a interpretar, precisar y/o aclarar los términos contractuales acordados, así como de negociación y suscripción de acuerdos de modificación del texto contractual y, por último, de solución de las controversias que se pudieran originar. En adición a las características de los contratos de concesión antes descritas, debe tenerse presente su singular carácter mixto derivado de la aplicación del régimen administrativo, cuya finalidad es salvaguardar el interés público a través de la ejecución de proyectos de infraestructura y servicios públicos, y, a su vez, de la aplicación del régimen civil, en el cual prima, la autonomía de las partes, el consentimiento y la buena fe. El presente artículo pretende revisar cómo es que dichas características del Contrato de Concesión han sido plasmadas en nuestroordenamiento jurídico y, si es necesario, realizar algún tipo de concordancia y/o corrección.

El presente informe aborda los principales problemas jurídicos identificados en el Laudo Arbitral del Caso Nº 2474-2012-CCL, resuelto por el Tribunal Arbitral de la Cámara de Comercio de Lima, en el marco del proceso arbitral interpuesto por la empresa Concesionaria Vial del Perú S.A. – COVIPERÚ en contra del Estado Peruano, representado por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones – MTC, en torno a la vigencia del régimen tarifario. Siendo analizado en el presente informe, las competencias del Tribunal Arbitral en relación con lo resuelto por el órgano colegiado y si ello, correspondía a otro organismo en virtud de las competencias, conferidas por Ley. En ese sentido, el desarrollo del informe aborda los contenidos sobre las materias que debían ser resueltas en arbitraje, en análisis del Contrato de Concesión del Tramo Vial Puente Pucusana – Cerro Azul – Ica.

El presente trabajo analiza al procedimiento de interpretación del numeral 2 del Anexo 11 del Contrato de Concesión del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez seguido ante el OSITRAN entre los años 2005 y 2009 con la finalidad de aportar parámetros de interpretación que permitan solucionar este tipo de controversias de modo eficiente y jurídicamente correcto; y además el identificar los efectos nocivos de un actuar inconsistente e incongruente del OSITRAN en este tipo de procedimientos. Para esto se identifica a la regulación de los contratos de concesión y a la vinculada al proceso de interpretación, se aplican los métodos de interpretación pertinentes para la resolución de la controversia y se realiza un análisis crítico de las actuaciones procedimentales del regulador. Se incluye por tanto al estudio de la normativa de concesiones y Asociaciones Público Privadas, del Código Civil, de la normativa de Bienes Estatales, y de las reglas del procedimiento de interpretación tanto en la normativa sectorial como en la Ley del Procedimiento Administrativo General. El informe concluye que la interpretación de un contrato de concesión debe seguir una estructura jurídica en particular en relación a nuestra regulación actual de modo que no permita futuras discrepancias respecto al entendimiento de cierto contenido contractual, y además que el OSITRAN no actuó conforme a derecho en el presente expediente. / The report analyzes the interpretation procedure of the numeral 2, Annex 11 of the Jorge Chávez International Airport Concession Contract guided by OSITRAN between the years 2005 and 2009 with the purpose of providing interpretation parameters that allow to solve this type of controversies in an efficient and legally correct way; and also, to identify the harmful effects of an inconsistent and incongruous OSITRAN proceeding in this type of procedures. For this, we identify the regulation related to concession contracts and the interpretation procedure, the pertinent methods of interpretation that can apply for the resolution of the controversy and a critical analysis of the OSITRAN proceeding. It includes the study of the concessions and Public-Private Associations regulation, the Civil Code, the State Assets regulation, and the interpretation procedure rules both in the sectoral regulation and in the General Administrative Procedure Law. The report concludes that the interpretation of a concession contract must follow a particular legal structure in relation to our current regulation so it prevents future discrepancies regarding the understanding of certain contractual content, and also that OSITRAN did not proceed in accordance with the law.

El presente informe aborda el procedimiento administrativo sancionador seguido por OSITRAN contra Ferrocarril Trasandino S.A, por la imposición de una penalidad contractual, en el marco de la ejecución del contrato de Concesión de la Administración de los Ferrocarriles Centro, Sur y Sur- Oriente. Los hechos inician cuando el operador de servicios de transporte ferroviario adquiere seis coches nuevos destinados al servicio de lujo Hiram Bingham, los cuales circulan en la vía férrea sin la autorización del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. A partir de la Resolución de Consejo Directivo N° 041-2004-CD/OSITRAN, se analizan los límites de la colaboración público – privada y el alcance de la cláusula 7.5 del contrato de concesión, la cual impone al concesionario la obligación de supervisar que el operador de servicios de transporte ferroviario cumpla con las Leyes Aplicables. Así, se determina que el contrato de concesión no trasfiere la facultad de fiscalización al concesionario, por el contrario, impone la realización de la actividad material de verificación. Asimismo, se abarca el tratamiento jurídico de las penalidades contractuales bajo el marco de lo establecido en el contrato de concesión. A partir de ello, se evalúa el ejercicio de la potestad punitiva de OSITRAN para la imposición de penalidades contractuales mediante un procedimiento administrativo sancionador. De esta forma, se expone la desnaturalización de las cláusulas penales y del poder punitivo del Estado. / This report addresses the administrative sanctioning procedure followed by OSITRAN against Ferrocarril Trasandino S.A., for the imposition of a contractual penalty, within the framework of the execution of the Concession Contract for the Administration of the Central, South and South-East Railroads. The facts begin when the railroad transportation services operator acquires six new cars destined for the Hiram Bingham luxury service, which circulate on the railroad without the authorization of the Ministry of Transportation and Communications.. Based on Board of Directors Resolution No. 041-2004-CD/OSITRAN, the limits of the publicprivate partnership and the scope of clause 7.5 of the concession contract, which imposes on the concessionaire the obligation to supervise that the railroad transportation services operator complies with the Applicable Laws, are analyzed. Thus, it is determined that the concession contract does not transfer the power of supervision to the concessionaire, on the contrary, it imposes the performance of the material activity of verification. Likewise, the legal treatment of contractual penalties is covered under the framework established in the concession contract. Based on this, the exercise of OSITRAN's punitive power to impose contractual penalties through an administrative sanctioning procedure is evaluated. In this way, the distortion of the penal clauses and the punitive power of the State is exposed.

El presente caso trata de la controversia iniciada por Transportadora de gas del Perú S.A. (en adelante TGP), en contra del Ministerio de Energía y Minas (en adelante MINEM o MEM, indistintamente), por la ejecución de una carta fianza cuyo monto asciende a US$ 2´000,000.00, otorgada como Garantía de Fiel Cumplimiento Complementaria en el marco de la ejecución de los Contratos de Concesión Transporte de Gas Natural por ductos de Camisea a “City Gate”, así como el contrato de Concesión de Transporte de Líquidos de Gas Natural de Camisea a la Costa. En este expediente se tratan temas de derecho civil, garantías y arbitral, con un especial énfasis en la interpretación contractual, así como el sentido, naturaleza y justificación de la cláusula penal en específico. Es la opinión de este graduando, que el expediente fue resuelto de forma correcta por el Tribunal Arbitral en Mayoría, a pesar que, como se podrá observar en el presente informe, difiera de algunos de sus argumentos, razonamientos o justificaciones. Asimismo, se apreciará que es la opinión de este graduando, que la institución de la cláusula penal se encuentra desnaturalizada en nuestro sistema jurídico y requiere una revisión urgente, habiéndose plasmado en el presente informe la opinión de este graduando en el sentido de que lo que he denominado como “la función punitivo – disuasorio”, no solo nace de la cláusula penal sino que, considero, está arraigada a su propio núcleo y es parte inherente e inseparable de ella, por lo que debe ser expresamente reconocida y reivindicada en una futura revisión de esta institución, otorgando “reglas claras de juego” para que así esta institución pueda desplegar sus efectos plenos y de esta manera ayudar al trafico jurídico de bienes y a la reducción de la carga en la administración de justicia.

El presente caso comprende una controversia entre la empresa distribuidora de electricidad Edecañete y el Osinergmin, en el que se discute si el hurto de conductor constituye un evento de fuerza mayor, lo cual a su vez determinaría si corresponde eximir a la empresa de la obligación de compensar a los usuarios que se vieron afectados por la interrupción en el suministro eléctrico. La posición de la empresa se basa en afirmar que se trató de un evento fuera de su control y que previamente adoptó medidas para evitar que sucediera, mientras que la entidad sostiene que tales hechos son frecuentes en la zona, por lo que no correspondería considerarlo un caso de fuerza mayor. El objetivo del presente trabajo es determinar el concepto y requisitos de la figura de la fuerza mayor, así como los criterios que existen en el sector eléctrico para su determinación. El método empleado para tal fin es el análisis de la normativa de carácter general y sectorial, así como las directivas específicas y la práctica resolutoria de la entidad, además del análisis de la jurisprudencia que ha resuelto causas que tienen su origen en hechos similares. A partir de ello, se determina que no existe un concepto propio de la fuerza mayor en el derecho administrativo; sin embargo, el sector eléctrico prevé ciertos criterios particulares para su calificación, los cuales, si bien habrían sido aplicados en el caso concreto, la decisión adolecería de una correcta valoración de los documentos y sustento para sus afirmaciones.

El presente informe se aborda sobre las potestades administrativas sometidas a arbitraje en vinculación a las controversias suscitada en los contratos de concesión, los cuales han sido identificados en resoluciones emitidas por árbitros, pese a que dichas potestades se encuentran otorgadas por ley a los organismos regulados, mediante la Ley Nº 27332 – Ley Marco de Los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos. Siendo analizado en el presente informe, las competencias administrativas que colisionan los tribunales arbitrales al resolver sobre materias que exceden de su competencia, si bien los convenios arbitrales establecidos en contratos de concesión no precisen las materias arbitrales, ello no implica que los tribunales arbitrales puedan resolver materias fuera de su competencia. Razón por la cual, se desarrolla el presente en torno a las potestades administrativas, las cuales están siendo sometidas a arbitraje en la actualidad.