En el 2012, el Tribunal de Contrataciones del Estado del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado inició un procedimiento administrativo sancionador, Expediente N° 497/2012.TC, a la empresa TESACOM PERU S.A.C. por el supuesto de haber contratado con el Estado, en un procedimiento de selección convocado por la Marina de Guerra del Perú, a pesar de encontrarse impedida para ello, infracción configurada a raíz de la participación de un oficial de la misma, en situación de disponibilidad, como gerente general de la referida empresa. En consecuencia, luego de haberse emitido, por parte del órgano encargado de resolver estos procedimientos, las Resoluciones N° 1737-2013-TC-S1, que determinó sanción de 13 meses de inhabilitación temporal, y N° 1990-2013-TC-S1, que resolvió dejar sin efectos todos los extremos de la resolución que sancionó a TESACOM PERU S.A.C., corresponde analizar si esta empresa se encontraba impedida para contratar con el Estado, conforme a lo previsto en el artículo 10°, inciso i) de la Ley de Contrataciones del Estado, D.L N° 1017, así como si incurrió en los supuestos de infracción tipificados en el artículo 51.1°, incisos d) e i) de la misma normativa; ello, a partir de: i) la evaluación de la situación de disponibilidad en la que se encontraba el referido oficial, al ser una categoría presente solo en Instituciones Armadas; ii) el análisis de si un oficial de las Fuerzas Armadas puede ser considerado como funcionario o servidor público; iii) la configuración de un supuesto de ruptura de la confianza legítima; iv) la interpretación extensiva de los impedimentos para contratar con el Estado; v) la aplicación de una opinión vinculante al caso de análisis; vi) la existencia de vicios de validez que generen la nulidad de la Resolución N° 1737-2013-TC-S1, a efecto de concluir si TESACOM PERU S.A.C. y su gerente se encontraban impedidos de contratar con el Estado.

El proyecto de innovación se desarrolló en el marco de las Contrataciones Públicas del Perú. A partir de la información recolectada, se evidencio que una gran cantidad de profesionales que laboran en los OEC de las Entidades Públicas no se encuentran certificados, a pesar de ser está una obligación que deben cumplir todas las Entidades a nivel nacional. Por ello, este proyecto está enfocado en encontrar una solución al problema público identificado que es la “Ineficaz implementación del procedimiento de certificación de profesionales y técnicos que laboran en el OEC de las Entidades Públicas a nivel nacional desarrollado por el OSCE entre los años 2018 y 2019”. La principal evidencia del problema fueron los informes emitidos por los OCI de 62 entidades en el año 2019, que identificaron que el 72.04 % de los profesionales no se encuentran certificados, y por los informes de 12 entidades, que identificaron que el 65.40 % no se encuentran certificado. En consecuencia, se pone en riesgo la gestión logística. Por consiguiente, se propone cambios innovadores para enfrentar este problema identificado, siendo la propuesta “Mejorar la Plataforma Pública del SICAN” que implementa un registro de información, que permitirá generar una base de datos confiable y accesible para un control y monitoreo más eficiente del OSCE, los OCI, de la Contraloría General y de cada una de las OECs. Asimismo, esta propuesta fue validada por los principales usuarios, desde el punto de vista de la deseabilidad organizacional, la perspectiva de la factibilidad y la viabilidad económica. / This innovation project was developed within the framework of the Procurement Peru’s public sector. From the information collected, it became evident that a large number of professionals and technicians working in the bodies in charge of Public Entity Procurement (OEC) is not certified, at although this is an obligation that must be fulfilled by all national entities. Therefore, this project is focused on finding a solution to the public problem identified as the "Ineffective implementation of the certification procedure of professionals and technicians who work in the OEC of Public Entities at the developed by the OSCE between 2018 and 2019". The main evidence of the problem were the reports issued by the institutional control bodies (OCI) of 62 public entities in 2019, which identified that 72.04% of professionals are not certified, and by reports from 12 entities, which identified that 65.40% did not are certified. Consequently, logistics management is put at risk. The project therefore proposes innovative changes to address this problem identified, being the proposal "Improve the SICAN Public Platform" than by implementing an information register, which will make it possible to generate a reliable and accessible data for more efficient control and monitoring of the OSCE OCI, the Comptroller General's Office and each of the OECs. In addition, this proposal was validated by the main users, from the point of view of desirability and from the perspective of feasibility and economic viability. / Trabajo de investigación

En la normativa del derecho laboral en el estado peruano, se encuentran contrapuestos diversos derechos, principios y garantías que, como resultado acarrean la vulneración de los derechos de muchos trabajadores, en especial del sector público, donde se tienen diversas modalidades de contratación. Siendo esta diversidad, la que genera desigualdad y desequilibrio. Dentro del régimen de la actividad pública se encuentra la llamada Contratación Administrativa de Servicios (en adelante CAS), la cual afecta derechos laborales y más aún, generaría desigualdad y discriminación frente a los demás regímenes laborales. En ese sentido nuestra posición supone explicar: qué es un contrato laboral a la luz de los principios del Derecho del trabajo, así mismo, evidenciar que existe una vía procedimental por medio de la cual puedan accionar las personas que se sientan afectadas en sus derechos, evidentemente en busca de la restitución de los mismos. Hasta el momento, en la jurisdicción nacional se han visto diversidad de fallos y sentencias de toda índole, los cuales debieran ser unificados para llegar a tener una sola línea de acción, siendo así, lo que se busca en el presente trabajo es marcar un posible camino, a través de la Acción de Convencionalidad, el cual conduzca a un pronunciamiento jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante Corte IDH), quien, de una vez por todas, delimite la aplicación de los principios del Derecho del trabajo y así no solo el Perú, sino todos los países adscritos a su jurisdicción, estén vinculados para que elaboren contratos laborales acorde a los lineamientos que emita el máximo intérprete de los Derechos Humanos en América.

La contratación pública es una de las actividades más complejas de la gestión estatal, no solo porque representa más del 50% del gasto público en el país, sino también por su dinámica procedimental y el riesgo latente de incurrir en irregularidades y mala gestión, es por ello que el ejercicio del control gubernamental tiene un papel relevante al cautelar el uso adecuado de dichos recursos públicos, pues la función de fiscalización, más allá de tener una connotación reactiva, debe ser proactiva y aportar significativamente a mejorar la compra pública. Por tanto, la presente investigación tiene como objetivo determinar si el control gubernamental externo incide en la gestión de la contratación de bienes y servicios del Jurado Nacional de Elecciones del 2016 al 2020. La investigación es de tipo descriptiva y explicativa, asimismo, el marco metodológico que guía la presente investigación es de tipo mixto, con predominio del carácter cualitativo. Los resultados nos permiten concluir que el control externo incide positivamente en la gestión de la contratación de bienes y servicios del JNE en dicho periodo, no obstante, se ha ejecutado respetando, parcialmente, los principios de oportunidad, materialidad y carácter selectivo del control. Asimismo, se evidencia que el control simultáneo y posterior influye positivamente en las distintas etapas de la contratación, aunque lo hace con mayor énfasis en la ejecución contractual. Finalmente, las recomendaciones de los informes de control, incluido el propio proceso de control, sí repercuten en la toma de decisiones de los gestores de las contrataciones de bienes y servicios en el JNE, aunque dicho impacto no necesariamente es positivo, puesto que, debido al enfoque tradicional del control y a la percepción negativa que aún subsiste, este no permite acompañar la toma de decisiones de los gestores y, con frecuencia, conlleva a una toma de decisiones menos ágil. / Public procurement is one of the most complex activities of state management, not only because it represents more than 50% of public spending in the country, but also because of its procedural dynamics and the latent risk of incurring in irregularities and mismanagement, therefore the exercise of government control plays a relevant role in safeguarding the proper use of the public resources, since the oversight function, beyond having a reactive connotation, must be proactive and contribute significantly to improving public procurement. Therefore, the objective of this research is to determine if external government control affects the management of the contracting of goods and services of the National Elections Jury from 2016 to 2020. The research is descriptive and explanatory, the methodological framework that guides the present investigation is of a mixed type, with a predominance of the qualitative character. The results allow us to conclude that external control has a positive impact on the management of the contracting of goods and services of the JNE in said period, however, it has been carried out partially respecting the principles of opportunity, materiality and selective nature of the control. Likewise, it is evident that the simultaneous and subsequent control positively influences the different stages of contracting, although it does so with greater emphasis on contractual execution. Finally, the recommendations of the control reports, including the control process itself, do have an impact on the decision-making of the managers of the contracting of goods and services in the JNE, although the impact is not always positive, because of the traditional approach of the control and the negative perception that still exists about it, it does not string along with decision-making of managers and often leads to less agile decision-making.

El presente informe jurídico analiza los alcances de la potestad sancionadora del Organismo de Supervisión de Infraestructura de Transporte de Uso Público frente a Concesionario Vial del Perú SA. En particular, se analizará principalmente el presunto incumplimiento del manr la cláusula 7.2 del Contrato de concesión por parte del Concesionario, específicamente si el Concesionario incumplió con realizar las labores de mantenimiento rutinario en los sub tramos 2, 3 y 5; y si es posible suspender el Procedimiento Administrativo Sancionador (en adelante PAS) iniciado por Ositran debido a la existencia de un proceso arbitral. La normativa empleada para el desarrollo y el análisis de los problemas son la Constitución Política del Perú, Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley Marco de Organismo Reguladores, Ley de Supervisión Privada en Infraestructura de transporte de Uso Público y Promoción de los Servicio de Transporte Aéreo y el Reglamento de Sanciones e Infracciones de Ositran del año 2003 La principal conclusión de este informe jurídico sostiene que el Concesionario no incumplió con realizar las labores de mantenimiento rutinario incumpliendo las condiciones técnicas y que el PAS debió de ser suspendido hasta que el Tribunal Arbitral emita una decisión. / This legal report analyses the scope of the sanctioning power of the Public Transport Infrastructure Oversight Body against Concesionario Vial del Perú SA. In particular, it will mainly analyse the alleged breach of clause 7.2 of the Concession Contract by the Concessionaire, specifically if the Concessionaire failed to carry out routine maintenance works in subsections 2, 3 and 5; and if it is possible to suspend the administrative sanctioning procedure initiated by Ositran due to the existence of an arbitration process. The normative instruments used for the development and analysis of the problems are the Political Constitution of Peru, the Law of General Administrative Procedure, the Framework Law of Regulatory Organisms, the Law of Private Supervision in Transport Infrastructure for Public Use and Promotion of Air Transport Services and the 2003 Regulation of Sanctions and Infractions of Ositran. The main conclusion of this legal report is that the Concessionaire did not fail to carry out the routine maintenance works in breach of the technical conditions and that the administrative sanctioning procedure should have been suspended until the Arbitration Tribunal issues a decision.

El presente trabajo de investigación aborda el problema de la ineficiencia en el procedimiento de compras de equipamiento médico por las entidades del Ministerio de Salud. Para ello, se estudió el procedimiento de compras públicas de equipamiento médico (considerando en este trabajo como equipamiento tanto a equipos como dispositivos médicos), analizándose 50 procedimientos de compra disponibles en el portal SEASE, así como resoluciones del tribunal de contrataciones ; determinándose que los principales factores que ocasionan la ineficiencia en el procedimiento son: i) la actuación independiente y descoordinada de cada una de las unidades de compra, ii) ineptitud de los servidores públicos a cargo de los procedimientos de contratación pública iii) corrupción en el proceso de contratación pública, iv) falta de mecanismos para la determinación de los precios en compras públicas, v) ineficiente planificación estatal vi) falta de monitoreo de los precios de referencia, y vii) falta de una eficiente fiscalización de los procedimientos de contratación pública. Ante lo cual, se plantea el proyecto de innovación “portal web de transparencia de tecnología sanitaria” para enfrentar la ineficiencia en el procedimiento de compras de equipamiento médico por las entidades del Ministerio de Salud”, como una herramienta que pueda brindar la información de las fichas técnicas homologadas Minsa, fichas técnicas referenciales de la DIEM, precios referenciales, proveedores y equipamiento que están siendo contratados en todos los hospitales especializados del Minsa, Pronis, y hospitales de los Gobiernos Regionales, facilitando una base de datos de referencia a todos los funcionarios inmersos en el procedimiento de compra de equipamiento médico. / The present research work addresses the problem of inefficiency in the purchasing procedure of medical equipment by the entities of the Ministry of Health. To this end, the public purchasing procedure for medical equipment was studied (considering both equipment and medical devices as equipment in this work), analyzing 50 purchasing procedures available on the SEASE portal, as well as resolutions of the contracting court; determining that the main factors that cause inefficiency in the procedure are: i) the independent and uncoordinated action of each of the purchasing units, ii) ineptitude of the public servants in charge of public contracting procedures iii) corruption in the public procurement process, iv) lack of mechanisms for determining prices in public purchases, v) inefficient state planning vi) lack of monitoring of reference prices, and vii) lack of efficient supervision of public procurement procedures . Given this, the innovation project "health technology transparency web portal" is proposed to address the inefficiency in the medical equipment purchasing procedure by the entities of the Ministry of Health, as a tool that can provide information on the Minsa approved technical sheets, DIEM reference technical sheets, reference prices, suppliers and equipment that are being contracted in all the specialized hospitals of the Minsa, Pronis, and hospitals of the Regional Governments, providing a reference database to all officials immersed in the procedure of purchasing medical equipment.

Made available in DSpace on 2016-04-26T20:28:04Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Karin Hlavnicka Skitnevsky.pdf: 746097 bytes, checksum: 8dd39f91cada64da7ab37da92fe1afaa (MD5) Previous issue date: 2008-10-13 / The following work concerns about arbitrability as a limitation of the institute of arbitration, as far as a national and international context are concerned, as well as discuss about the possibility of Public Administration enter into agreements with arbitral clauses and ultimately to take part into this institute of private law. Initially, it introduces the concept of arbitration and a brief out-line of said institute, intending to comprehend its origins, its development jointly with the process of globalization and the institute before and after the Brazilian Law of Arbitration n. 9.307/96, as well as the international conventions ratified by Brazil and the historical background of arbitration into the agreements involving the Public Administration. After we present the arbitrability concept and the limitations, as the public policy and the applicable principles and the method of utilization of such technique in countries such as United States, Switzerland and France and also the limits and application of arbitrability in accordance with Brazilian Arbitration Law. Nevertheless and furthermore, by means of an expository manner, to demonstrate as being possible the inclusion of arbitrability provisions in the public agreements and the possibility the State to become participant party in either international and nationals arbitrations, as well as existing limitations in the Brazilian Constitution and in the general principles of public law, and finally an analysis of the Public Administration legislation as to wether expressly or not set-forth the acceptability and usage of arbitration / O presente trabalho tem por escopo demonstrar a arbitrabilidade como um limite ao instituto da arbitragem no âmbito nacional e internacional, assim como discutir sobre a possibilidade da Administração Pública firmar contratos contendo cláusula arbitral e se submeter a esse instituto de direito privado. Inicialmente, apresenta o conceito de arbitragem e um breve histórico para que se entenda as origens do instituto e o desenvolvimento da arbitragem no âmbito da globalização, bem como no direito brasileiro, antes e depois da Lei n. 9.307/96. Analisamos também as convenções internacionais ratificadas pelo Brasil e um histórico da arbitragem nos contratos com a Administração Pública. Discorre após, sobre o conceito de arbitrabilidade e suas limitações, como a ordem pública, os princípios aplicados e a forma de utilização da arbitrabilidade em países como os Estados Unidos, a Suíça e a França, e ainda a questão da arbitrabilidade na lei brasileira, apresentando seus limites e aplicações. Não obstante e na seqüência, busca entender a arbitrabilidade nos contratos administrativos, com o objetivo de demonstrar a possibilidade de o Estado participar em arbitragens internacionais e nacionais, assim como as limitações que decorrem da Constituição e dos princípios de direito público, e por fim, analisa as legislações referentes à Administração Pública que possibilitam expressamente ou não o uso da arbitragem

Made available in DSpace on 2016-04-26T20:29:08Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Daniele Chamma Candido.pdf: 1103798 bytes, checksum: e56a1416e2ac835ee277a8dc67534795 (MD5) Previous issue date: 2009-05-20 / This paper has a proposal of delimiting the legal regime of penalties applicable to individuals that celebrates administrative contracts with Public Administration. In order to do that, we analyze the legal relationship between parts in an administrative contract, its legal basis, purpose and peculiarities. Next, we try to locate the applicable penalties in the administrative contracts within the universe of all the penalties available to State by the legal system, highlighting the peculiarities of the legal system applicable to them. So, the administrative contract must be recognized with sort of special relationship of submission, which means, a link that generates a specific legal situation, where the contractor assumes the obligation to comply with the contract, its established rules and the possible changes that may occur in the amendment. The individual s contact with the Public Administration, through the contractual relationship, demands an internal discipline in order to ensure their proper exercise. This internal discipline is in charge of the Administration because it is impossible to the legislator to predict all the requirements for a successful implementation of all the administrative contracts and also because a general forecast of such would eliminate entirely the freedom of the Administration to amend the contract terms, as changing the public interest subjacent. One of the privilege conferred to the Administration in relation to the existing special entry in the administrative contract is the competence penalty, which means, the legal authorization to punish individuals that breaks their duties voluntarily assumed by the administrative contract. In the case of special circumstances for entry, the constitutional principles that limit the activity of the State penalty are flexible and shall apply in a more elastic manner. Thus, the law gives the power to sanction a plea, but not necessarily typifies the offenses and penalties. These can then be governed by rules, such as in the cases of agencies, for example or may be established in the contract. The typification is required, but not in the legal level, with no unconstitutionality in such a legal regime / O presente trabalho busca delimitar o regime jurídico das sanções aplicáveis aos particulares que celebram contratos administrativos com a Administração Pública. Para isso, analisamos a relação jurídica formada entre as partes no contrato administrativo, seu fundamento jurídico, sua finalidade e seus aspectos peculiares. Em seguida, procuramos situar as sanções aplicáveis nos contratos administrativos no universo das diversas espécies de penalidades colocadas à disposição do Estado pelo ordenamento jurídico, destacando as peculiaridades do regime jurídico aplicável a elas. Assim, o contrato administrativo deve ser reconhecido como espécie de relação de sujeição especial, isto é, vínculo que gera uma situação jurídica específica, em que o contratado assume a obrigação de cumprir o objeto do contrato, as regras estabelecidas neste e as alterações porventura realizadas no ajuste. O contato do particular com a Administração Pública, através da relação contratual, exige uma disciplina interna para garantir seu bom exercício. Essa disciplina interna é deixada a cargo da Administração por ser impossível para o legislador prever todas as exigências para a boa execução de todos os contratos administrativos e porque uma previsão geral dessa espécie tolheria por completo a liberdade da Administração de alteração das cláusulas contratuais, conforme fosse alterado o interesse público subjacente. Uma das prerrogativas conferidas à Administração no âmbito da relação de sujeição especial existente no contrato administrativo é a competência sancionatória, ou seja, a autorização legal para punir os particulares que descumprem seus deveres assumidos voluntariamente por meio do contrato administrativo. Por se tratar de hipótese de sujeição especial, os princípios constitucionais que limitam a atividade sancionatória do Estado são flexibilizados, aplicam-se de uma maneira mais elástica. Dessa forma, a lei dá fundamento ao poder de sanção, mas não necessariamente tipifica as infrações e as sanções. Estas podem ser reguladas posteriormente via regulamento, como no caso das agências, por exemplo, ou podem ser estabelecidas no contrato. A tipificação é exigida, mas não a nível legal, sem existir qualquer inconstitucionalidade em tal regime jurídico

Made available in DSpace on 2016-04-26T20:30:13Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Eugenia Cristina Cleto Marolla.pdf: 1161775 bytes, checksum: d2820173fa1c0aa9840bb49e3f297caa (MD5) Previous issue date: 2010-05-19 / The use of concessions for the provision of public services is a tool that has been widely employed by the Local, State and Federal Governments. Through them the State transfer the provision of a public service to a third party, which will perform it at its own risk and being paid for such services. Therefore, the concession encompasses two conflicting interests: on one side the State interests for a suitable service provision and, on the other side, the private interests in profiting through rendering the service. The balance between both interests results in a economic-financial equation, a tool that can guarantee the relationship maintenance, among the benefits and duties agreed by the parties, and which they view as ideal for the attainment of their interests and which should be kept throughout the whole necessarily-long performance of the contract. Nowadays, the maintenance of economic-financial balance stands out in face of the increasing risks and of the need for heavy fund allocation for making the concession viable, which demands luring investments in an extremely competitive market, which has been increasingly requiring greater guarantees. On the other hand, the problems brought forth by the breakdown of the economic-financial equation are the most frequent and stormy in the daily routine of public services concessions, often leading the parties to lengthy and costly litigations. Thus, the reflection on the principle of economic-financial balance and its adaptation to the present situation is necessary, and mainly after the enactment of Law 8.987/95, about the points that generate more questions and about the importance for the improvement of tools for preventing disputes, such as planning, straightforward well-prepared agreement clauses and the performance of ordinary and extraordinary reviews. This paper aims at portraying that legal security creates a virtuous circle concerning the concession agreements, thus being the maintenance of the economic-financial balance mandatory for the accomplishment of this purpose / A utilização da concessão para a prestação dos serviços públicos é instrumento que vem sendo utilizado em larga escala pelos governos Municipal, Estadual e Federal. Por meio dela, o Estado transfere a prestação de um serviço público a terceiro, que o executará por sua conta e risco, remunerando-se por meio da exploração do serviço. A concessão abriga, portanto, dois objetivos contrapostos: de um lado, o interesse do Estado na prestação de um serviço adequado; de outro, o intento do particular em obter lucro com a prestação do serviço. O equilíbrio desses dois interesses resulta na equação econômico-financeira, ferramenta apta a garantir a manutenção da relação entre as vantagens e obrigações acordadas pelas partes, tida por elas como ideais para a consecução de seus objetivos. Esse equilíbrio deve ser mantido durante toda a execução, necessariamente longa, do contrato. Na atualidade, a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro ganha relevo ante ao incremento dos riscos e da necessidade de grandes aportes de recursos para a viabilização da concessão. A consecução dos deveres do Estado demanda a atração de investimentos elevados, implicando na exigência da outorga de garantias maiores para que o capital particular seja atraído para esse fim. Os litígios decorrentes da quebra da equação econômico-financeira são dos mais recorrentes e tormentosos no dia a dia das concessões de serviços públicos, levando as partes, não raramente, a longas e custosas disputas judiciais. Por essa razão, faz-se necessária a reflexão sobre o princípio do equilíbrio econômico-financeiro e sua conformação na atualidade, principalmente após a edição da Lei 8.987/95. Afigura-se imperativo o aperfeiçoamento de instrumentos de prevenção de litígios como o planejamento, a redação de cláusulas contratuais mais claras e bem elaboradas e a realização de revisões ordinárias e extraordinárias. Pretende-se mostrar, na presente dissertação, que a segurança jurídica cria um círculo virtuoso em relação aos contratos de concessão e a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro mostra-se essencial para a efetivação desse intento

Submitted by Filipe dos Santos (fsantos@pucsp.br) on 2018-12-04T11:45:40Z No. of bitstreams: 1 Estefani Clementino da Rocha.pdf: 6954022 bytes, checksum: 3c03b9a09e2fd8ab5b173ed2d9cc6ee0 (MD5) / Made available in DSpace on 2018-12-04T11:45:40Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Estefani Clementino da Rocha.pdf: 6954022 bytes, checksum: 3c03b9a09e2fd8ab5b173ed2d9cc6ee0 (MD5) Previous issue date: 2018-10-19 / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES / The presence of contractual provision of social assistance services with Civil Society Organizations (CSO) is no exception in Brazilian public management. Since the 1930s, this type of articulation has been adopted, although at the beginning more focused on transfers of financial resources through subsidies and exemptions. The contractualized format of social service management, even though it was nominated as an agreement, had its practice started in the 1960s and was disseminated to countless services and projects of Brazilian public social policy in the three federative entities. To such a point, the dissemination of this management format was denounced, due to its intransparency and lack of social control that flowed into a national audit, from which a new regulatory law flowed: the Regulatory Framework of State- Organizations Relation of Civil Society (MROSC). Thus, this study deals with the examination of the guarantees of social rights that the social assistance services contracted with the CSO, which operate in the Unified Social Assistance System (SUAS), assure their users, in order to highlight and problematize the practice of monitoring the service contracted, performed by the public agent, named by the new MROSC legislation as Manager of the Partnership, or by previous standards as Technical Supervisor, particularizing the management of SUAS in the city of São Paulo. Thus, the study was dedicated to identifying the ways in which the Manager / Technical Supervisor of social assistance services contracted in the city of São Paulo performed their professional work, as well as their main lines of action, through the analysis of normative acts published by the Municipal Secretary of Assistance and Social Development (SMADS). It is concluded that the practice of Partnership Management / Technical Supervision is weak in the city of São Paulo, in view of normative stimuli that direct its professional work, mainly for a centralizing management, with content of work front demarcated by the excess production of as well as by the strong imbalance in the constitution of the social assistance network, the accumulation of functions and power attributed to some CSO that hold the largest number of contracts with the São Paulo management of SUAS. However, despite this weakening, its action may occur within the regulations already built within the scope of the SUAS that consider the monitoring of the public agent as an instrument or mediation with power to articulate the content of the social assistance service contracted with the rights of users. / A presença da prestação contratualizada de serviços socioassistenciais com Organizações da Sociedade Civil (OSC) não é exceção na gestão pública brasileira. Desde os anos 1930, adota-se esse tipo de articulação, ainda que, de início, fosse mais centrada em transferências de recursos financeiros por meio de subvenções e isenções. Entretanto, foi somente nos anos 1960 que o formato contratualizado da gestão de serviços sociais, também denominado de convênio, passou a ser usado para inúmeros serviços e projetos da política social pública brasileira nos três entes federativos. Desde então, disseminou-se esse formato de gestão que, em face de sua intransparência e ausência de controle social, foi objeto de denúncias desaguando, assim, em uma Auditoria de âmbito nacional, da qual fluiu uma nova lei reguladora: o Marco Regulatório da Relação Estado-Organizações da Sociedade Civil (MROSC). Diante deste panorama, este estudo se ocupa do exame das garantias de direitos sociais que os serviços socioassistenciais contratados junto às OSC – que operam no Sistema Único de Assistência Social (SUAS) – asseguram a seus usuários, evidenciando e problematizando a prática de acompanhamento do serviço contratualizado realizada pelo agente público, denominado como Gestor da Parceria pela nova legislação do MROSC, ou como Supervisor Técnico pelas normas anteriores, além de apresentar particularidades da gestão do SUAS na cidade de São Paulo. Com estes objetivos, o estudo se dedicou a identificar as formas do fazer profissional do Gestor da Parceria/Supervisor Técnico de serviços socioassistenciais contratados na cidade de São Paulo, bem como suas principais frentes de atuação, por meio da análise de atos normativos publicados pela Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS). Concluiu-se que a prática de Gestão da Parceria/Supervisão Técnica na cidade de São Paulo está fragilizada, em vista de estímulos normativos que direcionam seu fazer profissional majoritariamente para uma gestão centralizadora, com conteúdo de frente de trabalho demarcado pelo excesso de produção de documentos, pelo forte desequilíbrio na constituição da rede socioassistencial, bem como pelo acúmulo de funções e poder atribuído a algumas OSC que detém maior número de contratos com a gestão paulistana do SUAS. No entanto, apesar desta fragilização, a ação da Gestão da Parceria/Supervisão Técnica poderá ocorrer dentro de normativas já construídas no âmbito do SUAS que consideram o acompanhamento do agente público como um instrumento ou uma mediação com potência para articular o conteúdo do serviço socioassistencial contratado com os direitos dos usuários