En el presente artículo el autor analiza las implicancias del nuevo Decreto Legislativo 1341 que modifica la ley de Contrataciones del Estado en referencia a condicionar el Recurso de Anulación mediante una carta fianza solidaria en favor de la entidad. Dentro de las implicancias tenemos la discriminación que se generaría entre contratista y entidad, pues se estaría violando el Principio de Equidad, así como también siendo este recurso la única via pata cuestionar cualquier error formal, condicionarlo impediría que cualquier persona pueda recurrir al Derecho de la anulación y por ende el acceso a la justicia.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / En este trabajo nos hemos propuesto demostrar que un proceso penal, dentro del nuevo sistema procesal penal, es anulable a causa del actuar negligente del abogado defensor, pues se estaría vulnerando la garantía del derecho a defensa técnica contenida en el artículo 19, Nº 3, inciso 2, de la Constitución Política de la República. Desarrollamos el trabajo basándonos en los principios del proceso penal y la implicancia que estos tienen en relación a lo que debe entenderse por derecho a defensa técnica dentro del contexto de un Estado de Derecho. El primer capítulo se centra en los fines del proceso penal dentro de éste modelo de Estado. El segundo capítulo busca explicar los principios que estructuran el nuevo sistema procesal penal, en especial, el principio acusatorio y de aportación de parte. Veremos: El principio acusatorio como derivación del sistema acusatorio, su evolución en la doctrina comparada; el principio de contradicción; el principio de aportación de parte; y la manifestación de éstos principios en el Código Procesal Penal. Los capítulos tercero y cuarto tratan sobre el derecho a defensa en general y el derecho a defensa técnica respectivamente. Veremos: Desde que momento nace la garantía a defensa del imputado; la posibilidad de la defensa del imputado a realizar una investigación independiente a la que realiza el Ministerio Público; el derecho a la defensa y el debido proceso; el concepto de defensa técnica y su evolución el la jurisprudencia comparada. Los capítulos quinto y sexto se centran en la defensa técnica dentro de nuestro país y los remedios procesales que existen en caso que sea vulnerada

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El trabajo que presentamos a continuación se enmarca dentro de un esfuerzo prolongado por el conocimiento del Sistema Interamericano de protección de los Derechos Humanos (en adelante SIDH) y en particular de la jurisprudencia emanada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante La Corte o Corte IDH), por robustecer el cumplimiento de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH o Convención) suscrita por Chile y ratificada el año 1991 mediante la publicación del decreto promulgatorio No. 873 de 23 de agosto de 1990. La ratificación cobra importancia toda vez que de acuerdo a la disposición constitucional contenida en el artículo 5 inciso 2º, los convenios internacionales deben ser respetados y garantizados por el Estado chileno, rigiendo de manera obligatoria para nuestro país como parte de un cuerpo normativo interno. En dicho esfuerzo se encuentra también La Corte, que a través de su jurisprudencia va dando la pauta acerca del modo en que deben respetarse y garantizarse los derechos contenidos en la Convención, de modo que su trabajo a través de sentencias, opiniones consultivas y medidas cautelares entre otros, serán de vital importancia para fijar el sentido y alcance de las normas internacionales, con el objeto de adecuar, si fuere necesario, el ordenamiento jurídico interno cuando éste se encuentra en contraposición a los instrumentos internacionales y las entidades que están llamadas a hacerlos cumplir, como sucede en este caso con la Convención y la Corte.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La idea del Debido Proceso en general, y de las garantías procesales penales en particular, pueden ser concebidas como la búsqueda de un punto de equilibrio dentro de una tensión que resulta inherente al proceso penal del siglo XX: el logro de la seguridad y represión del delito v/s el aseguramiento de los derechos fundamentales de los intervinientes. Esta concepción del debido proceso como la conciliación entre estos dos grandes objetivos, es lo que a mi juicio justifica el estudio detenido de esta institución y lo que genera una necesidad de revisión del estado actual tanto de la doctrina como de los pronunciamientos de los órganos adjudicadores, de modo de determinar si la misión que está llamada a cumplir el debido proceso se está cumpliendo y de qué forma. Pero retomemos el conflicto o la tensión que he querido poner de manifiesto. Durante la vigencia del denominado “proceso inquisitivo” el imputado sólo se consideraba como un objeto del proceso y no propiamente como sujeto del mismo, por lo que carecía de derechos que entraran en colisión con los objetivos del proceso. Una larga evolución desde la época de la Revolución Francesa nos ha llevado hacia una dirección de respeto y protección de los derechos fundamentales , y con ello ha nacido el dilema de conjugar los derechos fundamentales de los intervinientes en el proceso penal, en particular los del imputado, con los objetivos del propio proceso penal

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente estudio pretende analizar las condiciones de Autonomía del Ministerio Público, órgano encargado de ejercer la acción penal pública y dirigir en forma exclusiva la investigación de los hechos constitutivos de delitos, los que determinen la participación punible y los que acrediten la inocencia del imputado.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicias y sociales) / No autorizada por los autores para ser publicada a texto completo / La presente tesis tiene como tema central de investigación, la aplicación y el respeto de los derechos enmarcados dentro del debido proceso legal por parte de la Administración, en la substanciación de los procedimientos sancionadores aplicados por esta. La inquietud surge del hecho que en la actualidad nos encontramos con un número importante de órganos de la Administración del Estado que ejercen jurisdicción (Tribunales Tributarios, el Servicio de Salud y Medio Ambiente, la Superintendencia de Valores y Seguros, entre otros). Ante esta realidad cabe preguntarse si el "brazo jurisdiccional" de la Administración del Estado está respetando a cabalidad, en la substanciación de sus procedimientos, el derecho del ciudadano a un debido proceso legal, expresado este en sus diversas garantías y principios.

Tesis (magíster en derecho) / El siguiente trabajo tiene como objeto en una primera parte determinar las características de los procesos migratorios y de la legislación migratoria a lo largo de la história de Chile, y continúa con la identificación del procedimiento de expulsión de un extranjero en el país. Luego, se caracteriza el debido proceso en materia internacional, y el respeto que se tiene por éste en el procedimiento de expulsión, para terminar con una serie de recomendaciones para una nueva institucionalidad migratoria

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / “La plena vigencia de los derechos laborales requiere como conditio sine qua non, no sólo un reconocimiento normativo sino que también, y ante todo, de mecanismos de tutela jurisdiccional idóneos y eficaces…” Con esta frase se inició la tramitación de la ley 20.087, cuerpo normativo que pretendía concretar el anhelo, esperado por muchos, de modernizar la justicia procesal laboral en Chile. La intención era clara, y es que, junto con los avances de derecho sustantivo como la incorporación del seguro de desempleo o las mejoras en el ámbito de la capacitación, se hizo imperiosa la necesidad de un procedimiento que asegurara a todos los trabajadores el acceso a una justicia laboral eficiente y expedita. La reforma procesal laboral es un hito que se enmarcó en una serie de reformas realizadas a la justicia procesal chilena, junto a la reforma en materia procesal penal y de familia y pretendía, como en otras áreas, otorgar a la sociedad entera una justicia procesal acorde a un Estado de Derecho y a los tiempos en que vivimos. Se construyó a partir del año 2000, donde el gobierno de la época convocó al “Foro para la reforma de la justicia laboral y previsional” con la clara intención de que se propusieran las bases para una futura reforma en el área. Ésta se concretaría en diversos cuerpos legales: primeramente, la ley 20.022 publicada el 30 de mayo de 2005, mediante la cual se crearon los actuales Juzgados de Letras del Trabajo; luego, la Ley 20.023, que modificaba la ley 17.322 relativa a la cobranza judicial, publicada el 31 de mayo de 2005; y finalmente, la ley 20.087, publicada el 3 de enero de 2008, que establece un nuevo procedimiento laboral, y que fue modificada por la ley 20.260 en el año 2008. A partir de la reforma procesal laboral, enfrentamos un escenario completamente diferente respecto del procedimiento laboral y sus elementos. No solo se introdujeron modificaciones orgánicas que, en sí mismas, implican un cambio radical en la manera de impartir justicia para trabajadores y empleadores, sino que, como veremos con detención en el cuerpo de esta tesis, se incorporan procedimientos especiales, se introduce un nuevo procedimiento “ordinario”, un nuevo régimen recursivo, y también, muy relevante para las pretensiones del presente trabajo, se incorpora al Código del Trabajo la consagración expresa de un catálogo de principios rectores que orientan el desarrollo de estos nuevos procedimientos

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento / La presente memoria expone el Derecho Administrativo Sancionador en su fase procedimental. Plantea que el ejercicio por la Administración de las potestades sancionadoras que la ley expresamente le ha atribuido, debe conformarse a un “debido procedimiento administrativo sancionador”, al que atribuye un marcado carácter garantista, pues, adhiriendo a lo planteado recientemente por el Tribunal Constitucional (STC Nº 2.682), este “es similar al penal”. Así, dicho procedimiento administrativo está integrado por principios tales como el derecho al juez natural, el derecho a la defensa jurídica, el derecho a ser notificado de los cargos, el derecho a la prueba, la presunción de inocencia, el derecho al recurso, etcétera. Conforme a la “regla” que importa el “debido procedimiento administrativo sancionador”, en los términos antes referidos, analiza los procedimientos administrativos sancionadores específicos de las superintendencias en relación a tres aspectos críticos: delegabilidad de la potestad sancionadora (principio del juez natural), distinción entre órgano instructor y órgano sancionador (principio de imparcialidad) y ejecución del acto administrativo de sanción (mientras están pendientes recursos deducidos en su contra). Sobre el particular, advierte la existencia de sustantivas diferencias entre superintendencias, tanto normativas como prácticas, que estima inaceptables ya que algunas de ellas (a diferencia de otras) no observarían los principios que integran el debido procedimiento administrativo sancionador y, muy especialmente, por violentarse así el principio de la igualdad ante la ley entre quienes son perseguidos por superintendencias distintas, y más aún si se considera que estas, al menos nominalmente, tendrían la misma naturaleza jurídica. 6 Como solución sugiere el establecimiento de una ley con carácter general, o al menos en relación a las superintendencias, que establezca los principios del debido procedimiento administrativo sancionador, y por lo pronto, la aplicación, con carácter general, al menos en relación a ellas, de las disposiciones legales más conformes a dichos principios que contenga cualquiera de las leyes que individualmente las rige.

Tesis (magíster en derecho con mención en derecho privado) / El presente trabajo de investigación busca aportar con conocimientos nuevos al estudio del derecho procesal de familia, analizando la efectiva observancia del derecho fundamental al debido proceso en el ejercicio de las facultades de oficio de carácter probatorio y cautelar del juez de familia, al identificar las garantías procesales que estarían siendo vulneradas por su empleo y los remedios o atenuantes a tales limitaciones. Fue divido en cinco capítulos, los cuatro primeros dicen relación, en términos generales, con aspectos sustantivos y procesales del contencioso familiar y de las facultades oficiosas de carácter probatorio y cautelar del juez de familia, y el quinto y último capítulo está destinado a la comprobación de la hipótesis planteada.