En esta oportunidad, el doctor Sagüés nos introduce en la búsqueda de los antecedentes del derecho procesal constitucional desde la Constitución de Bedoya de 1808. Se analiza los derechos y garantías que desarrollaron lo que hoy en día concebimos como el procedimiento constitucional. Posteriormente se realiza un análisis de la constitución de Cádiz de 1812 y como regulo el procedimiento, sus garantías y prerrogativas. Se culmina el artículo desarrollando los principales institutos del derecho procesal constitucional como los recursos de nulidad, un análisis del habeas corpus y las garantías del debido proceso. On this occasion, Dr. Sagüés introduces us into finding the history on constitutional procedural law starting with the Constitution of Bedoya (1808). He analyzes the rights and guarantees that developed of what today we think of as the constitutional procedure. Subsequently, an analysis of the Constitution of Cadiz of 1812 is done as how it regulated the procedure, its guarantees and prerogatives. The article ends developing the main provisions of constitutional procedural law such as invalid resources, an analysis of habeas corpus and guarantees of due process.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente investigación tiene por objeto analizar el estado de la legislación chilena en materia de solución de conflictos, específicamente en relación al contrato de seguro. El segundo objetivo de este trabajo es determinar si el método empleado por el legislador a través de la ley 20.667 de 9 de Mayo de 2013 se adecúa a los estándares del debido proceso legal. Para dicho cometido, en un inicio se abordarán las generalidades del contrato de seguro. Posteriormente, se analizarán los aspectos del arbitraje, su relación con el derecho comercial y en particular con el contrato de seguro. Luego, se desarrollarán los aspectos del debido proceso legal y la manera como se cristaliza dicha garantía fundamental en el arbitraje. Finalmente, se realizará un análisis práctico del derecho de seguros a la luz de la jurisprudencia y de la doctrina nacional

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El propósito central de este trabajo consiste en analizar el principio de objetividad que debe guiar la actividad persecutora del Ministerio Público como órgano exclusivo a cargo de la dirección de la investigación penal. Éste es concebido por nuestro sistema procesal penal como una consecuencia directa del principio de legalidad y viene a entregar una directriz fundamental que debe guiar la actividad investigativa del Ministerio Público, lo que se traduce en el deber de investigar con igual celo tanto aquellos hechos o circunstancias que funden o agraven la responsabilidad del imputado, como también aquellos que le eximan de ella, la extingan o atenúen. Lo anterior nos plantea inmediatamente la idea de que nuestro legislador ha entendido la función del Ministerio Público no como un persecutor a ultranza, sino muy por el contrario, éste tendría una función consistente en ser lo que algunos llaman “custodio de la ley”, imprimiéndole características, que en opinión de parte de la doctrina lo alejan de su real misión en el sistema procesal penal, razón por la que se han formulado fuertes críticas respecto de su existencia, postulándose incluso su abolición de nuestro sistema y su reemplazo por otros principios que impliquen deberes acordes con la misión del Ministerio Público como ente persecutor. Nuestro estudio se basará en analizar las distintas críticas que se han formulado al respecto y comprobar que tan razonables resultan ser éstas, para formular finalmente una propuesta al respecto

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo trata sobre la institución del Amicus Curiae en los procedimientos ambientales, frente a las normas del Debido Proceso Legal

El presente artículo aborda el tema de la fijación de los puntos controvertidos durante la etapa Postulatoria, los cuales a juicio del autor permitirán definir los lineamientos del proceso y concretamente la posterior etapa Probatoria. Para lograrlo, el autor  sostiene que es necesario un correcto saneamiento del proceso, interpretando las pretensiones y contrapretensiones de las partes con el fin de determinar si hay un conflicto de intereses que genere incertidumbre jurídica. De esta forma, el juez se aleja de particularidades que no forman parte del fondo de la litis. This article addresses the issue of fixing controversial points during the stage of pleadings, which allow defining the process guidelines and specifically the subsequent Evidentiary Stage. to achieve this, the author submits that it is necessary to a proper sanitation of the process, by interpreting the claims and counterclaims of the parties in order to determine whether there is a conflict of interest that generates legal uncertainty. In this way, the judge is far from particularities that are not part of the background of the dispute.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Durante muchos años, la víctima de un ilícito fue desatendida por el ordenamiento jurídico penal, sin embargo, en el último tiempo, su figura ha cobrado gran relevancia, particularmente en lo que dice relación a la participación dentro del proceso y a los derechos que ésta posee; fruto de ello, diversos países han elaborado leyes de carácter general, centradas en ella, que tienen por objeto la consagración de novedosos derechos, la creación de órganos o institucionalidad nueva a cargo de su aseguramiento, y el establecimiento de complejos deberes para éstos. En el presente trabajo, analizaremos la legislación procesal penal de cuatro países, a saber, Chile, España, México y Argentina, y las respectivas leyes de víctima que los últimos tres han promulgado; con el objetivo, de comparar el catálogo de derechos consagrados a favor del ofendido por el delito, las diversas formas de participación que tiene, y cómo se configura -y concreta- su derecho a la reparación. Todo ello, orientado a buscar aspectos positivos, que puedan replicarse, favoreciendo el tratamiento jurídico de la víctima en nuestro país.

El artículo estudia la cuestión relativa a la procedencia de impugnar mediante el proceso de amparo resoluciones judiciales definitivas recaídas en procesos judiciales ordinarias, a la luz de los criterios del Tribunal Constitucional que han ampliado los supuesto de procedencia a las resoluciones que vulneran cualquiera de los derechos fundamentales y no solo los referidos a la tutela procesal efectiva, sino, asimismo, a la impugnación de las resoluciones judiciales emanadas de un primer proceso de amparo. En este último caso se analiza, también, el caso peculiar del «amparo contra amparo» en materia laboral, que plantea la interesante cuestión de la procedencia de un nuevo amparo en caso que el que vendría a ser el segundo vulnere el precedente vinculante establecido en la STC 004650-2007-PA/TC.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / La situación no es diferente en la realidad nacional. De un tiempo a esta parte, varios procedimientos de uso común han sido profundamente modificados por el legislador, específicamente, a través de la reforma en materia procesal penal; las reformas en los procedimientos ante los tribunales de familia y en materia laboral. En su régimen recursivo, las modificaciones han pasado por suprimir el recurso de nulidad (casación) y dejar sólo el de apelación; o viceversa. Inclusive, en los nuevos procedimientos, progresivamente se ha reducido la posibilidad de recurrir de apelación hasta casi suprimirlo, dejando sólo el recurso de nulidad como recursus propiamente tal, y se han creado nuevos recursos en determinados procedimientos (a modo ejemplar, el nuevo recurso de unificación de jurisprudencia en materia laboral). Así las cosas, el primer objetivo de esta memoria es exponer y contrastar el régimen recursivo de los principales procedimientos de nuestra legislación, circunscrito a la doble instancia y la anulación. Luego de realizado este análisis, revisaremos sí estos cambios en nuestro sistema, cumplen con las garantías procesales consagradas en la constitución que informan a los recursos. Para ello, a fin de alcanzar las respuestas a todas las inquietudes planteadas, resulta imprescindible analizar y comprender cuáles son los fines de los regímenes recursivos en la dogmática procesal: sus fines constitucionales, el principio de certeza jurídica, y el derecho a la defensa técnica. Todo ello será abordado en el primer capítulo

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La investigación que se presenta a continuación tuvo como objetivo determinar si el derecho a defensa y al debido proceso han sido respetados durante la aplicación de medidas disciplinarias, en la fase de ejecución de sanciones, a los adultos condenados a penas privativas de libertad en Chile. Para este efecto, el marco teórico se construyó a partir del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y de la respectiva normativa nacional referente al sistema penitenciario. El marco teórico fue analizado en función de la práctica, en particular, las medidas disciplinarias aplicadas por Gendarmería de Chile. Para lo último, se solicitó información sobre los procedimientos de aplicación de sanciones disciplinarias en dos centros penitenciarios de la Región Metropolitana, esto es, el Centro de Detención Preventiva Santiago Sur y el Centro de Orientación Femenina. El estudio concluye revelando que en el procedimiento y aplicación de sanciones administrativas se han presentado una serie de falencias, tanto a nivel normativo como práctico, en relación a las obligaciones internacionales contraídas por Chile. Por lo anterior, se finaliza presentando una serie de propuestas que tienen como objeto final, contribuir a erradicar las incongruencias del actual sistema penitenciario. Esperamos que el presente estudio permita una reflexión y base para la modificación del actual sistema de medidas disciplinarias así como el mejoramiento de estándares -tanto de derechos humanos como procesales-, ya que estas medidas también tienen por objetivo la rehabilitación y reinserción de las personas adultas condenadas a penas privativas de libertad.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La Dirección del Trabajo es uno de los principales actores dentro de la construcción positiva del ordenamiento jurídico laboral, mediante el ejercicio de las facultades legales que le han sido conferidas, así como también, a través del vertiginoso avance de la jurisprudencia administrativa sentada por medio de sus respectivos dictámenes. Dentro de los lineamientos u orientaciones del Derecho Laboral, la Dirección del Trabajo cumple un rol fiscalizador, en cuanto a la protección de los derechos esenciales establecidos en forma específica en el área laboral, por el constituyente y por el legislador, en favor de empleadores y trabajadores.