El Código Procesal Penal de 2004, en adelante CPP, está inspirado en el sistema procesal penal acusatorio, bajo las bases del principio constitucional de “imparcialidad judicial”, cuya característica fundamental radica en -la no contaminación del juez con la actuación de la prueba, la cual recae exclusivamente en las partes procesales. A través de este principio se limita los poderes del juez con relación a la actuación de la prueba dentro del proceso penal. Este principio de relevancia constitucional no lo encontramos establecido en la Constitución Política, lo encontramos incorporado en el derecho al debido proceso y la tutela judicial efectiva, inciso 3 del artículo 139 de la Constitución, así como también en los tratados internacionales de los cuales el Perú es parte. Pese a las características del sistema establecido, este código también prevé la “prueba de oficio”, regulada como actuación excepcional en el artículo 385 del CPP. Surge entonces aquí la inquietud académica: ¿La prueba de oficio quiebra el principio constitucional de imparcialidad judicial que consagra el CPP y como consecuencia de ello el debido proceso? El objetivo de esta investigación es pretender dar respuesta a la interrogante planteada, establecer si la actuación probatoria que realiza el juez dentro del proceso penal reformado, quiebra de alguna manera el principio constitucional de “imparcialidad judicial” regulado en el CPP vigente y como consecuencia de ello el debido proceso, así como explicar si resulta necesario establecer criterios de identificación específicos razonables para individualizar los casos excepcionales en los que resulte indispensable su aplicación. / The Criminal Procedure Code of 2004, hereinafter referred to as the CPP, is inspired by the accusatorial criminal procedural system, wherein the constitutional principle of "judicial impartiality" prevails. Its fundamental characteristic lies in the non-contamination of the judge with the presentation of evidence, which falls exclusively upon the procedural parties. Through this principle, the powers of the judge regarding the presentation of evidence in the criminal process are restricted. Although this constitutionally relevant principle is not explicitly established in the Political Constitution of Peru, it is incorporated into the right to due process and effective judicial protection, as stipulated in paragraph 3 of Article 139 of the Constitution. Additionally, it is regulated in international treaties to which Peru is a party. However, despite the characteristics of the established system, this code also provides for "ex officio evidence," regulated as an exceptional procedure in Article 385 of the Criminal Procedure Code. This raises an academic concern: Does the use of such ex officio evidence break the constitutional principle of judicial impartiality enshrined in the Criminal Procedure Code, and consequently, due process? In this context, the objective of this research is to attempt to answer the posed question, to determine whether the probative action taken by the judge within the reformed criminal process in any way violates the constitutional principle of "judicial impartiality" regulated in the current CPP and consequently due process. Furthermore, it aims to explain whether it is necessary to establish a reasonable identification criterion to pinpoint exceptional cases where its application is indispensable. / Trabajo académico

Las audiencias arbitrales virtuales arribaron y/o tuvieron mayor exposición con la pandemia mundial del Covid-19, por lo que sus particularidades han ido evolucionando con el transcurso del tiempo. En la actualidad incluso aún persisten ciertas controversias sobre el cumplimiento de las garantías procesales durante el desarrollo de estas. En el presente trabajo académico se realizará un análisis respecto al impacto de las audiencias arbitrales virtuales en base a la práctica común de este acto, teniendo en cuenta que el contexto social ha cambiado considerablemente hasta el momento, generando así distintas adaptaciones en su uso, por lo será relevante observar si el desarrollo de estas audiencias dentro del marco de la virtualidad cumple específicamente con asegurar el derecho debido proceso con el que cuentan las partes dentro de un arbitraje. En ese sentido, se examinarán distintos supuestos en los que el cumplimiento del referido derecho pueda resultar afectado, entre los que resaltan la falta de conocimiento tecnológico y los problemas de conexión, tanto como por el lado de las partes como por el de los árbitros, ya que estos son los actores principales del proceso arbitral. Asimismo, se abordará la pregunta sobre la posibilidad de la anulación de laudos arbitrales en estos casos, teniendo en consideración los límites existentes de este medio impugnativo. Por tanto, para alcanzar el desarrollo de este análisis se ha revisado la normativa vigente correspondiente, jurisprudencia sobre arbitraje y distintos textos académicos que guardan relación con las problemáticas propuestas, lo cual otorga un mayor respaldo a las conclusiones de este trabajo. / The virtual arbitral proceedings emerged and/or had greater exposure with the global Covid-19 pandemic, causing their particularities to evolve over time. Currently, certain controversies persist regarding compliance to procedural guarantees during the course of these proceedings. In this academic report, an analysis will be conducted regarding the impact of virtual arbitral proceedings based on the common practice of this act, considering that the social context has significantly changed over time resulting in different adaptations in its usage. It will be relevant to observe if the development of these proceedings within the virtuality framework ensures the due process rights that parties have within an arbitration. In this regard, different scenarios will be examined in which the compliance of the referred right may be affected, including the lack of technological knowledge and connectivity problems which stand out as for the parties and the arbitrators, as they are the key actors of the arbitral process. Likewise, the question of the possibly annulment of arbitral awards will be addressed, taking into consideration the existing limitations of these challenge mechanism. Therefore, to achieve the development of this analysis, the relevant current regulations, arbitration jurisprudence and different academic texts related to the proposed issues have been reviewed. This provides greater support to the conclusions of this report. / Trabajo académico

Hablar de proceso –en su acepción judicial – es considerarlo como aquel instrumento que tiene el Estado para administrar justicia respecto a los conflictos intersubjetivos de intereses de sus integrantes. En atención a esta noble función, nuestra Constitución ha incorporado determinadas instituciones procesales y algunos principios fundamentales del proceso. Todo proceso, independientemente del tipo al que se refiera, debe llevarse adelante con todas las garantías, ante un juez actúe con imparcialidad e independencia, el que debe decidir en un plazo razonable y, sobre todo, que tal decisión sea objetiva y justa. Por ello nos encontramos frente a la aspiración en alcanzar un proceso justo, o como también es conocido un debido proceso. La presente tesis tendrá como perímetro de su investigación al proceso de ejecución, en razón de que sobre este proceso existen pocos trabajos que brillen por su rigurosidad analítica, pese a que aquél presenta una compleja problemática. El proceso de ejecución en el contexto del sistema procesal tiene una gran importancia, por cuanto constituye —o debería constituir— el instrumento para que los acreedores, frente a la renuencia de sus deudores, puedan recuperar en forma efectiva sus créditos. Y de su efectividad, no pocas veces, depende la efectividad misma de todo el sistema procesal. Es más, los procesos de ejecución, en el conjunto de la carga procesal de nuestros Juzgados —tanto de Paz Letrados como Especializados— , representan un elevado porcentaje. Por ello, frente a la gran “difusión” de procesos de ejecución existente ante nuestros órganos jurisdiccionales, sorprende la ausencia de su estudio analítico y en particular de un aspecto que ha pasado un tanto desapercibido: ¿es realmente justo nuestro proceso de ejecución?

La tesis se propone estudiar el impacto del debido proceso judicial en el arbitraje mediante la lectura y evaluación de la jurisprudencia sobre anulación del laudo. El debido proceso no resulta el mismo para un proceso judicial que para un arbitraje, de ahí que sea importante determinar si existen elementos del debido proceso judicial que hubiesen sido insertados en el arbitraje. La aplicación desmedida del debido proceso judicial al arbitraje podría derivar en la inoperatividad de esta institución. El trabajo encuentra que el debido proceso judicial no ha tenido una repercusión significativa y extendida en el ámbito arbitral. La única excepción material radica en el tema del derecho a la debida motivación del laudo, al que se le aplica el estándar de la motivación de las sentencias judiciales. Fuera de ello, la tesis concluye que otras afectaciones al debido proceso no tienen preponderancia como vicios invocados a nivel judicial pues usualmente estas son subsanadas dentro del procedimiento arbitral (lo que no es viable cuando el vicio consiste en un problema en la motivación). En suma, es razonable sostener que los jueces han aplicado una noción correcta del debido proceso en el arbitraje, sin desnaturalizar la esencia y estructura de esta institución. / Tesis

El autor tiene como objetivo proporcionar criterios que deberían seguir tanto el legislador como el juez para regular y aplicar, respectivamente, la prisión civil de forma garantista y racional. Para dicho propósito, el autor, valiéndose de un análisis dogmático del derecho positivo tanto nacional como extranjero, y de la doctrina procesal que ha escrito sobre el tema, elabora una serie de criterios que tienen la finalidad de restringir el poder discrecional del juez al momento de decretar esta medida coercitiva (dentro de la propuesta destaca la exigencia de que la prisión civil se sujete al principio de tipicidad). / The author aims to provide criteria that should be followed by both the legislator and the judge to regulate and apply, respectively, imprisonment in a guaranteeing and rational manner. For this purpose, the author, making use of a dogmatic analysis of both national and foreign positive law, and of the procedural doctrine that he has written on the subject, elaborates a series of criteria that have the purpose of restricting the discretionary power of the Judge when that coercive measure is imposed (within the proposal, the requirement that civil prison be subject to the principle of typicity).

El presente trabajo es un estudio de comprensión de la independencia e imparcialidad en el ejercicio de la actividad jurisdiccional y tiene el propósito de contribuir a su mayor concreción y desarrollo en la actividad jurisdiccional. Particularmente la imparcialidad en la teoría de la filosofía política contemporánea, propia de una circunstancia global, secularizada y democrática se encuentra en el fundamento de todo poder y de manera especial en los actos de poder emanados en el ejercicio de la función jurisdiccional del Poder Judicial.

Al cambiar la estructura del Estado también cambian sus funciones, atribuciones y obligaciones; por ello, en el presente trabajo consideramos realizar una breve descripción de los cambios de la economía mundial, especialmente latinoamericana, para luego perfilar al nuevo Estado peruano diseñado a partir de la Constitución de 1993 y sus instituciones, la política económica que diseña y dentro de ella su política de servicios básicos o públicos, especialmente la de regulación de los referidos servicios, qué organismos se han creado para llevar adelante dicha regulación, cuál es el rol de los organismos reguladores. Llegado este punto se da inicio al centro del trabajo: el análisis de los fundamentos de las demandas contencioso administrativas contra la administración pública que regula los servicios públicos, y a partir de ellos la exploración de las causas jurídicas por las cuales no se satisface plenamente a la ciudadanía y qué podemos hacer para que dicha situación cambie, mejorando el funcionamiento de la administración, a la luz de la experiencia nacional y extranjera. Con ese objetivo, nuestro trabajo se estructurará de la siguiente manera. Primero, realizaremos un estudio teórico sobre el Estado: daremos una noción básica de lo que significa, expondremos cuáles son los elementos que lo conforman, señalaremos sus principales fines y, aproximándonos un poco más a nuestro tema, hablaremos sobre la función administrativa, en qué consiste ella, cuál es su importancia, cuáles los cambios que viene experimentando su cumplimiento durante los últimos años, sustancialmente, a partir de la intervención de agentes privados.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La investigación desarrollada, es presentada en el contexto de los medios de prueba tecnológicos aceptados por la ley para ser acompañados en juicio, con relevancia en la prueba de las causales taxativas determinadas para el juicio de divorcio sanción, cuyos elementos diferenciadores como la existencia de una demanda entre cónyuges y la dificultad en la existencia de prueba preconstituida, involucran circunstancias relevantes en el ámbito de las nuevas tecnologías, los derechos fundamentales y la prueba ilícita. En concreto se analizan las condiciones de legitimidad del uso de correos electrónicos como medio de prueba para acreditar la culpa del cónyuge infractor de los deberes conyugales, con una visión de derecho nacional y comparado. Para ilustrar al lector, al final de esta investigación se agrega una selección de fallos analizados en el curso de la investigación.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento

Memoria para Optar al Grado Académico de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales