Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El Derecho Disciplinario existe desde que se comienzan a formar las primeras asociaciones de personas. En toda organización es necesaria la disciplina, puesto que ésta se convierte en la única manera de proteger el buen funcionamiento de la organización. Según lo anterior, podemos distinguir Derecho Disciplinario Privado y Derecho Disciplinario Público, según sea la naturaleza jurídica de la organización a la que se aplican las normas. Dentro del Derecho Disciplinario Privado podemos encontrar diversos regímenes. Lo mismo ocurre con el Derecho Disciplinario Público, donde podemos encontrar algunos regímenes especiales y uno general: el Derecho Disciplinario de los Funcionarios Públicos regidos por la Ley N° 18.834 sobre Estatuto Administrativo. La doctrina comparada –puesto que la materia no ha suscitado mucho interés en la nacional- ha llegado a considerar al Derecho Disciplinario de los Funcionarios Públicos como una rama autónoma del derecho punitivo. No obstante, aún es discutido si ésta es parte integrante del Derecho Penal o es parte del Derecho Administrativo Sancionador.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Autor no autoriza el acceso completo de su documento hasta el año 2020. / La presente investigación tiene por objeto estudiar la jurisprudencia del Tribunal Constitucional de Chile durante los años 2011 y 2017, respecto de requerimientos de inaplicabilidad de preceptos legales cuya aplicación en una gestión pendiente pudiere afectar o vulnerar la garantía del Debido Proceso, desde el punto de vista del derecho procesal penal. En el capítulo I expresaremos la necesaria diferencia entre las ramas del derecho procesal, sin perjuicio de concurrir elementos comunes que determinan la existencia de una unidad, dentro de la diversidad, del derecho procesal. A continuación, en el capítulo II, describiremos brevemente al Tribunal Constitucional y su regulación en Chile. Por su parte, en el capítulo III, efectuaremos un análisis de las características de la acción de inaplicabilidad y de los criterios de inadmisibilidad que contempla el artículo 93 de la Constitución Política de la República y el artículo 47 F de la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional (“Ley N° 17.997”). Luego, en el capítulo IV, constataremos y evaluaremos la jurisprudencia de inaplicabilidad del Tribunal Constitucional de Chile en requerimientos cuya pretensión diga relación con posibles vulneraciones de la garantía del Debido Proceso desde una mirada general, como desde el prisma más particular de los derechos que la doctrina ha entendido formar parte de esta garantía, tales como la publicidad, el emplazamiento, el derecho a defensa y el derecho al recurso. En este sentido, cabe prevenir que no se comprenden en este trabajo los casos de aplicación directa de la norma constitucional que se ha denunciado infringida en el conocimiento de los recursos de nulidad en virtud del artículo 373 letra a) del CPP1. Por último, realizaremos reflexiones finales de la importancia de la garantía del Debido Proceso y las tendencias del Tribunal Constitucional en la materia. materia / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento hasta el 2020

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El Capítulo I “La sociedad, el conflicto y sus formas de solución” brinda las nociones básicas para comprender cómo los conflictos inciden en el comportamiento de la sociedad. En este sentido, se hace indispensable determinar cuándo las controversias adquieren una relevancia tal que obligan al cuerpo social a adoptar medidas de solución que propendan al respeto de los derechos particulares y a la debida observancia del ordenamiento jurídico. Por ello, se estudian los tres métodos de solución de conflictos, a saber, la autotutela, la autocomposición y la heterocomposición. El Capítulo II “El Conflicto Ambiental” aborda el estudio de esta clase de controversias desde una perspectiva sociológica. Se trata entonces de una delimitación de su análisis a la generalidad de las controversias en que se suscitan en el seno de la sociedad, sin analizar su contenido desde el ámbito jurídico. De esta forma, se ve qué rol cumplen el Estado, la comunidad y los sectores productivos en la génesis, desarrollo y solución en lo que se denomina “conflictos socioambientales”. Finalmente, se analiza cómo el Sistema Normativo Ambiental vigente en nuestro país se hace cargo de estas controversias, determinando en qué momento éstas son jurídicamente trascendentes. El Capítulo III “El Litigio Ambiental” estudia los conflictos ambientales desde una perspectiva jurídica. El objetivo es establecer qué características lo diferencian de los conflictos ambientales, pues entre éstos y aquellos existe una relación de género a especie. En consecuencia, y valiéndome de la Ley 20.600 que crea los Tribunales Ambientales, se establece cuál es el objeto de la pretensión y quiénes son los sujetos activos y pasivos de estos litigios. Seguidamente, se proponen tres funciones que deberá ejercer la Judicatura Ambiental en el conocimiento de los litigios ambientales: la función revisora, la función contralora y la función instructora. Para cada una de ellas se presenta su forma de ejercicio, así como sus consecuencias en la tramitación de estos procedimientos. Finalmente, se analizan los mecanismos de solución de conflictos que prescribe la LTA. En lo que respecta a la conciliación en los procedimientos de reparación del medio ambiente dañado, se recurrirá a lo dispuesto ii en el Código de Procedimiento Civil, pues la naturaleza de esta institución procesal como trámite esencial de primera instancia en los juicios ordinarios de mayor cuantía le es aplicable a la conciliación tratada en la Ley 20.600, habida consideración del carácter general y supletorio del procedimiento contemplado en el Código Adjetivo. En cuanto a los demás procedimientos que estatuye la ley en comento, su estudio se aborda desde los Principios Formativos del Procedimiento, entregando al lector una visión acabada de las principales normas aplicables a la sustanciación de la litis. El Capítulo IV “La Independencia y la Imparcialidad de la Judicatura Ambiental” examina cómo la Ley 20.600 recoge los derechos y garantías que emanan del Debido Proceso. Para ello, se revisa el catálogo de facultades que propone la doctrina estableciendo cuál es el artículo que la recoge. Luego, se estudia la Independencia de los Tribunales Ambientales en su triple acepción, es decir, la independencia orgánica, funcional y personal de los órganos jurisdiccionales, con el objeto de determinar si la Ley que crea los Tribunales Ambientales tiene la aptitud suficiente para asegurar la independencia de esta judicatura especializada. Finalmente, se analiza la imparcialidad de los Tribunales Ambientales y qué actitud debiesen tomar sus Ministros en el conocimiento de los litigios ambientales. El Capítulo V “Los Ministros de la Judicatura Ambiental” pretende analizar desde una perspectiva práctica los estándares de independencia e imparcialidad contemplados en la Ley 20.600, y comprobar su aptitud para asegurar, en la labor jurisdiccional, los principios señalados. Para ello, se examinan los requisitos para acceder al cargo de Ministro, su sistema de nombramiento, las inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones que deben observar en su ejercicio, así como las causales de cesación en el cargo. En base a este estudio, se determinan los aciertos y las falencias del modelo regulatorio escogido

This article starts by analyzing the concept of Due Process and its scope over the administrative procedures. Also, the concept of the Right to Evidence, as an element of Due Process, is explained. Then, an analysis of the relationship between the supervisory procedures and the Due Process is developed, in order to check whether if its requirements are fulfilled by the Public Administration in order to obtain a Valid Evidence after a monitoring or an inspection. Finally, the analysis is focused on the actions of the Peruvian Regulatory Agencies, specifically, during the issuing of an Inspection Report after a Supervisory Procedure. / En primer lugar, se analiza el contenido del derecho fundamental al Debido Proceso y su aplicación en el trámite de los procedimientos administrativos. A continuación, se procede a desarrollar los alcances del derecho a la prueba como elemento integrante del “estándar mínimo” del Debido Proceso. Asimismo, se desarrolla un análisis respecto de la aplicación del Principio de Inmaculación en las actuaciones de supervisión o inspección realizadas por la Administración Pública. Finalmente, nos enfocamos en la aplicación del Principio de Inmaculación durante la realización de las actuaciones administrativas destinadas a la elaboración de las Actas de Supervisión, que son levantadas al momento de la finalización de toda acción de supervisión.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Actualmente en Chile, el procedimiento de expulsión de extranjeros se encuentra regulado en el Decreto Ley N° 1094 de 1975. Esta norma no se adecúa a las exigencias mínimas de la Convención Americana de Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en cuanto a garantizar un debido proceso y el derecho a recurrir. No debiese sorprendernos que un Decreto Ley promulgado en pleno auge de la dictadura militar chilena haya ignorado los derechos fundamentales de las personas. Lo realmente llamativo es que en el siglo XXI, con el desarrollo que han experimentado los Derechos Humanos, con las obligaciones que el Estado Chileno ha suscrito en la materia, aun se siga aplicando esta normativa. Al decretarse la expulsión de un extranjero, éste queda prácticamente en absoluta indefensión, ya que no podrá ejercer las prerrogativas mínimas que configuran el derecho a tener un debido proceso, el Poder Judicial ha intentado contrarrestar esta situación, pero los instrumentos procesales no son los idóneos y el legislador aún no modifica esta situación.

In the face of a conflict, citizens can follow different ways to solve it. But, how justice is configurated in the conclusion of a specific conflict? what guarantee that the procedure of the mechanism is fair? We can think here in the due process of law; nevertheless, due process of law does not reach all mechanisms of conflict resolution.This paper, therefore, focuses in the study of the role of justice in (i) the procedural scope of judicial process and ADR mechanisms; and in (ii) the conflict resolution generated by them. / Ante un conflicto, los ciudadanos pueden seguir diversas vías para dar solución al mismo. Pero, ¿cómo se configura la justicia en la conclusión de un conflicto en específico? ¿qué garantiza que el procedimiento del mecanismo sea uno justo?. Podemos pensar aquí en el debido proceso; no obstante, éste no alcanza a todos los mecanismos de resolución de conflictos.Este artículo, por consiguiente, se enfoca en estudiar cuál es el rol de la justicia en (i) el ámbito procedimental del proceso judicial y de los MARCs; así como en (ii) la resolución al conflicto generada por aquéllos.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo contiene un análisis del nuevo Título IV de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, incorporado por el artículo 32 de la Ley N° 20.500, sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública. En particular, realizaremos un análisis jurídico de dicho Título IV y las características que presentan el debido proceso administrativo clásico y el proceso de participación. En primer lugar, analizaremos la normativa de participación ciudadana respecto de los Ministerios Secretaría General de Gobierno, de Educación y del Medio Ambiente; en seguida veremos si existe relación entre esos textos legales con la Ley N° 19.880, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; y, en tercer lugar, estableceremos las fortalezas y precariedades del debido proceso de participación ciudadana actualmente vigente. Como cuarto aspecto, y en función de las conclusiones a que nos lleven dichos análisis, propondremos algunas modificaciones legales que tengan por objeto elevar progresivamente los índices de participación en el Gobierno Central de Chile. Finalmente, además del estudio jurídico a que hemos hecho referencia, llevaremos a cabo un análisis práctico que evalúe la aplicación del Título IV desde su publicación en 2011 hasta el año 2017, respecto de las tres carteras de Estado antes mencionadas. Para ello, efectuaremos un estudio individual y comparativo que dé cuenta de las fortalezas y debilidades de la participación ciudadana desde su implementación. Esta tesis pretende servir de complemento al estudio del derecho y proceso de participación ciudadana que actualmente vivimos en nuestro país

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / El presente trabajo tiene como objetivo ofrecer un análisis crítico del sistema de investigación, prueba y sanción de la colusión, desde la óptica del Derecho Constitucional y la teoría de los derechos fundamentales. En efecto, en estas páginas se analizará la constitucionalidad de la aplicación –vía extensión dogmática- de principios del debido proceso penal y de sus altos estándares de prueba y de convicción a procesos infraccionales por colusión, así como también se examinará la constitucionalidad de las nuevas atribuciones intrusivas de la FNE y del mecanismo de delación compensada, ambos incorporados recientemente a nuestro estatuto de libre competencia por la Ley 20.361, publicada en el Diario Oficial de fecha 13 de julio de 2009. La metodología que se utilizará consiste en describir objetivamente los principios, reglas técnicas, mecanismos y prerrogativas de la autoridad que forman parte del sistema de investigación, prueba y sanción del ilícito colusivo, para luego efectuar reflexiones constitucionales que permitan justificar, criticar o rechazar el empleo de aquéllos, sobre la base de la exigencia irrenunciable del Estado de derecho de respetar las garantías fundamentales. El resultado obtenido concluye que, en el caso chileno, tanto el antiguo sistema de investigación, prueba y sanción de la colusión como algunos de los mecanismos que recientemente han sido institucionalizados para acreditar la existencia de carteles presentan vicios constitucionales por innecesaria conculcación de derechos fundamentales y/o falta de certeza jurídica, que sólo pueden ser enfrentados y subsanados mediante la correcta aplicación de las normas y principios que recoge nuestra CPR.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo nace producto de la expresión de un fenómeno social en creciente expansión durante la última década: el aumento de la migración de personas hacia nuestro país. Una de las razones por las que este trabajo se referirá al fenómeno ya descrito, es por que no hemos encontrado una respuesta legal en nuestro derecho interno que se encuentre acorde a la normativa internacional de derechos humanos y, creemos también, tampoco a los principios y garantías propias de nuestra normativa constitucional. Manifestación concreta de ello puede verse en la expulsión de inmigrantes por parte de la administración, materia que será el estudio principal de este trabajo.