Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente proyecto de memoria, tiene por objeto analizar desde un punto de vista crítico, el procedimiento monitorio chileno y la denominada “sentencia anticipada”, implementados con ocasión de las leyes N° 20.087 -que sustituye el procedimiento laboral contemplado en el Libro V del Código del Trabajo-, y 20.023 – que modifica la Ley Nº 17.322, El Código del Trabajo y el D.L. Nº 3.500, DE 1980- siendo esta última una reforma de la primera.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento / La Constitución prescribe que todo órgano que ejerce jurisdicción debe fundar su sentencia en un proceso previo y legalmente tramitado, por otro lado, la regulación de los arbitradores otorga entera libertad a las partes para que junto con el árbitro fijen las normas de procedimiento, pudiendo no ajustarse al debido proceso. Esta investigación consistió en establecer qué normas de debido proceso constitucional deben ser aplicadas por el arbitrador. A través del método dogmático jurídico se sistematizaron textos normativos y doctrinarios, analizando las normas de procedimiento de los arbitradores en distintos países. Se examinó la jurisprudencia nacional a través de los recursos de queja interpuestos en contra de los arbitradores a fin de determinar la suficiencia de sus normas

Tesis (grado de magíster en derecho) / La democracia, como régimen político imperante y universalmente aceptado funda su estabilidad en factores los cuales, debidamente administrados, van a dar fuerza y permanencia a sus cimientos más esenciales, permitiendo la existencia de buenos y legítimos gobiernos, con un aparato administrativo que funciona correctamente y que consecuentemente hace perdurable la institucionalidad nacional. Por ello, es legítimo sostener, que la democracia es el único régimen dotado de la capacidad de dar seguridad y garantía a los derechos fundamentales de la personas, y en este contexto debemos entender que las obligaciones estatales dentro del marco democrático no se circunscriben a las relaciones entre los ciudadanos, sino también en cuanto el Estado, detentador un poder punitivo único y que ejerce en razón de que el pueblo se lo ha entregado y acepta que así sea, poder el cual puede presentarse de varias formas según el contexto de su aplicación. Así, en el derecho penal, tenemos al Estado sancionando al infractor de normas que se fundamentan en una idea de paz social, cuyo quebrantamiento está sujeto a las penas legalmente reguladas y mediante un procedimiento también establecido, pero al que la Constitución ha venido en asegurar que debe respetar ciertos parámetros que hacen que el sujeto que será sancionado, lo sea al menos de una forma racional y justa, tanto en cuanto a la sanción propiamente tal, como en la forma como se va a llegar a determinar las circunstancias que configuran su actuar delictual, hasta la sanción que se le habrá de aplicar por aquello. Y este poder punitivo también puede vislumbrarse en otros ámbitos del derecho público, así por ejemplo, la Administración tiene la facultad para aplicar sanciones a hechos que sin ser delito, constituyen una consecuencia de la regulación de ciertos aspectos, por ejemplo, de actividades de servicios públicos, en lo que aparece fiscalizando o regulando en virtud de algún título de intervención administrativa; aspectos, los cuales, en que puede relacionarse con los administrados en el ejercicio de su poder punitivo, y que, por cierto, debe hacerlo de un modo que no vulnere las otras garantías que se le han entregado a las personas.

Tesis (para optar al grado de magíster en derecho privado) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / El presente trabajo tiene por objeto analizar la potestad cautelar del Juez de Familia, investigando si esta facultad jurisdiccional limita o restringe el debido proceso aplicable a las partes, como también una eventual colisión con el principio rector del interés superior del niño. De lo que es posible concluir que tales atribuciones del sentenciador tienen por objeto complementar un proceso racional, justo y legalmente tramitado para la consecución del interés superior que se manifiesta en la máxima realización espiritual, física y material de los niños y adolescentes.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / Hemos dividido este trabajo en cuatro capítulos: En el primero de ellos, abordaremos la evolución que ha tenido el tratamiento legislativo del los niños, niñas y adolescentes infractores de la Ley penal. De esta forma podremos entender qué fue lo que el legislador intento superar, las críticas que se hacían al antiguo sistema de Justicia de Menores y compararlo con este nuevo procedimiento. En el segundo capítulo analizaremos en detalle el procedimiento contravencional: su génesis legislativa, su ámbito de aplicación, su tramitación y las sanciones que puede aplicar el Juez de Familia. En el tercer capítulo, al ser el procedimiento contravencional de competencia de los Tribunales de Familia y al remitirse este procedimiento a las normas de aplicación general del procedimiento ordinario ante estos tribunales, analizaremos todos aquellos temas que sean aplicables al procedimiento contravencional, esto es: los principios que rigen las Justicia de Familia, las normas generales y las reglas que regulan la prueba En el último capítulo, analizaremos el Procedimiento Contravencional a la luz del debido. Para tal efecto, en primer lugar, brindaremos breves nociones respecto a qué se ha entendido por debido proceso; su consagración en las normas de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en especial las que dicen relación con los niños, niñas y adolescentes. Finalmente, determinaremos cuáles de esas normas que rigen el debido proceso, están siendo aplicadas al Procedimiento Contravencional.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo tiene como objetivo analizar la institución de la libertad condicional en Chile y determinar si esta cumple o no con las exigencias nacionales e internacionales de un debido proceso. Para esto, el trabajo comienza con un análisis de la normativa que regula la libertad condicional respecto a cuáles son sus fundamentos, los requisitos para obtenerla, las obligaciones a que queda sujeto el liberto, quiénes son los intervinientes, y cómo se desarrolla el procedimiento de postulaciones. Adicionalmente, se analizan algunas problemáticas y discusiones que se han surgido en torno a la libertad condicional en Chile. Continúa con un análisis de la regulación tanto nacional como internacional del debido proceso, mediante la selección y estudio de los derechos que lo integran. Esto, principalmente a través del estudio de doctrina nacional y de jurisprudencia de nuestros tribunales nacionales, como también del estudio de la Convención Americana de Derechos Humanos y de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Posteriormente, se realiza un análisis y cruce entre el funcionamiento de la libertad condicional con los derechos en concreto que habremos estudiado, para determinar cómo están contemplados y aplicados a la libertad condicional, si es que lo están. O en su defecto, veremos cuáles son los déficits con los que nos encontramos en la materia y cómo se vulneran dichos derechos. Finaliza este trabajo con las conclusiones, en donde respondemos nuestra pregunta inicial acerca de si se cumple o no con las exigencias de un debido proceso, para posteriormente dar algunas ideas o lineamientos hacia dónde se debiera avanzar en la materia.

Actividad formativa equivalente a tesis (magíster en derecho con mención en derecho penal) / El trabajo efectúa un análisis centrado en los sistemas jurídicos en materia de derechos de la niñez y adolescencia, desde un sistema tutelar de menores hacia la autonomía progresiva, efectuando las necesarias vinculaciones con un sistema de derecho procesal penal especializado en justicia juvenil, así como el derecho a ser oído de los adolescentes, la procedencia de la autoincriminación reglada, teniendo como elemento de ponderación la etapa de maduración y los elementos cognitivos propios del tramo etario, desde una aproximación de la psicología adolescente. En atención a ello, se realizará un análisis de las modificaciones normativas actualmente tramitadas y que inciden directamente en la materia, efectuando propuestas de acción vinculadas a los elementos expuestos, observando la Jurisprudencia nacional y extranjera que reviste atingencia a los temas objeto de análisis.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El principal objetivo de esta memoria es examinar la inclusión o admisibilidad de la denominada “prueba ilícita” dentro del proceso civil siguiendo una concepción racionalista de la prueba. Para esto, se sostendrá que el fin de la prueba no es otro que la búsqueda de la verdad y como tal fin impone una acertada determinación de los hechos, es imprescindible considerar todos los elementos probatorios que se dispongan de forma de aumentar la probabilidad de obtener decisiones correctamente aplicadas. En el primer capítulo, la investigación sostendrá que el fin de la prueba es la averiguación de la verdad. Para esto se desarrollará el método más satisfactorio para alcanzar dicho objetivo, el principio de inclusión procesal probatoria. Se enunciarán las bases y críticas de este principio. A su vez, para un análisis comprensivo de la materia, se señalarán de forma breve los momentos de la actividad probatoria. En el segundo capítulo, se abordarán algunas de las muy distintas reglas de exclusión vigentes en nuestro proceso civil, sosteniendo una crítica respecto a la excesiva regulación normativa en cuanto a la inclusión de los distintos medios probatorios, como de la forma en que se valoran por parte del órgano adjudicador. Por último, el tercer capítulo tiene por finalidad mostrar la conveniencia epistémica que significa aceptar la inclusión y valoración de toda prueba dentro del proceso civil. Para ello, se analizarán las distintas justificaciones que han emanado tanto doctrinaria como jurisprudencialmente para determinar su inclusión o exclusión, dentro de un proceso civil. Se compararán también los distintos objetivos del proceso, examinando si su inclusión responde sólo a un análisis epistemológico o hay también valores políticos o morales que justificación su exclusión como elemento probatorio.

Memoria para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales / La presente investigación pretende desentrañar el alcance del deber de motivación de las sentencias penal, con el objeto de explicar la importancia y las implicancias de esta exigencia. El trabajo se inicia con una reflexión en torno a la relevancia del deber de motivación de las sentencias, primero como garantía constitucional, y luego como consecuencia lógica de la naturaleza cognoscitiva del proceso penal. Conjuntamente, repasamos cómo el recurso de nulidad es la principal garantía de esta garantía, toda vez que se presenta como principal arma de impugnación de los fallos que adolecen de este vicio. Posteriormente, el trabajo delimita histórica, teórica y jurídicamente qué significa exactamente fundamentar una sentencia, con el objeto, primero, de definir el alcance de esta exigencia dentro de nuestro sistema jurídico, y segundo, para remarcar aún más la diferencia, que en el primer capítulo se explica, entre valorar la prueba y motivar una sentencia. Por último, esta tesis de grado exhibe los resultados, cuantitativos y cualitativos, del análisis de la jurisprudencia reciente de la Corte de Apelaciones de Valparaíso respecto de la configuración del vicio de falta de fundamentación de la sentencia, previa exposición de las bases metodológicas de la investigación

Tesis (magíster en derecho con mención en derecho tributario) / El presente trabajo tiene como objeto principal el análisis crítico y bajo los principios que rigen la garantía constitucional del Debido Proceso, del nuevo procedimiento instaurado en virtud de la última reforma tributaria, para la declaración de la existencia de abuso o simulación en materia tributaria.