Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / “La plena vigencia de los derechos laborales requiere como conditio sine qua non, no sólo un reconocimiento normativo sino que también, y ante todo, de mecanismos de tutela jurisdiccional idóneos y eficaces…” Con esta frase se inició la tramitación de la ley 20.087, cuerpo normativo que pretendía concretar el anhelo, esperado por muchos, de modernizar la justicia procesal laboral en Chile. La intención era clara, y es que, junto con los avances de derecho sustantivo como la incorporación del seguro de desempleo o las mejoras en el ámbito de la capacitación, se hizo imperiosa la necesidad de un procedimiento que asegurara a todos los trabajadores el acceso a una justicia laboral eficiente y expedita. La reforma procesal laboral es un hito que se enmarcó en una serie de reformas realizadas a la justicia procesal chilena, junto a la reforma en materia procesal penal y de familia y pretendía, como en otras áreas, otorgar a la sociedad entera una justicia procesal acorde a un Estado de Derecho y a los tiempos en que vivimos. Se construyó a partir del año 2000, donde el gobierno de la época convocó al “Foro para la reforma de la justicia laboral y previsional” con la clara intención de que se propusieran las bases para una futura reforma en el área. Ésta se concretaría en diversos cuerpos legales: primeramente, la ley 20.022 publicada el 30 de mayo de 2005, mediante la cual se crearon los actuales Juzgados de Letras del Trabajo; luego, la Ley 20.023, que modificaba la ley 17.322 relativa a la cobranza judicial, publicada el 31 de mayo de 2005; y finalmente, la ley 20.087, publicada el 3 de enero de 2008, que establece un nuevo procedimiento laboral, y que fue modificada por la ley 20.260 en el año 2008. A partir de la reforma procesal laboral, enfrentamos un escenario completamente diferente respecto del procedimiento laboral y sus elementos. No solo se introdujeron modificaciones orgánicas que, en sí mismas, implican un cambio radical en la manera de impartir justicia para trabajadores y empleadores, sino que, como veremos con detención en el cuerpo de esta tesis, se incorporan procedimientos especiales, se introduce un nuevo procedimiento “ordinario”, un nuevo régimen recursivo, y también, muy relevante para las pretensiones del presente trabajo, se incorpora al Código del Trabajo la consagración expresa de un catálogo de principios rectores que orientan el desarrollo de estos nuevos procedimientos

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo de investigación aborda la facultad que poseen los jueces del trabajo para formular a los testigos las preguntas que estimen necesarias para el esclarecimiento de los hechos, de conformidad a lo preceptuado en el artículo 454 N° 6 del Código del Trabajo. Dicha facultad es analizada desde la óptica de las garantías exigidas por el debido proceso, teniéndose en cuenta asimismo la naturaleza y calidad epistémica de la declaración testimonial como medio de prueba, al cabo de lo cual se concluye que la interrogación oficiosa de los testigos en sede laboral vulnera la igualdad procesal y la imparcialidad del juzgador, pudiendo los jueces únicamente solicitar la aclaración formal de los dichos ambiguos o ininteligibles del testigo

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El objetivo de esta investigación fue determinar cuáles son los elementos esenciales que debe cumplir un sistema de arbitraje en línea para satisfacer los principios del debido proceso exigidos por nuestra legislación en relación a la utilización de las diversas herramientas tecnológicas disponibles. Utilizando el método dogmático jurídico revisamos premisas generales sobre arbitraje comercial internacional y debido proceso y nociones específicas sobre arbitraje en línea con fines a la comprensión de este fenómeno y a la determinación de su correcta utilización conforme a las garantías del procedimiento. El tema escogido es de vital importancia pues la independencia e imparcialidad del árbitro, el derecho de las partes a ser tratadas con plena igualdad en el procedimiento, la existencia de un contradictorio, el derecho a un procedimiento que permita a las partes la rendición de prueba, entre otros estudiados, son condiciones necesarias para la validez y el reconocimiento de xii los laudos arbitrales en línea en nuestro país

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Esta tesis es un análisis tanto de la legislación vigente a la fecha como de los principios procesales pertinentes, para determinar si el árbitro arbitrador goza de la facultad para dictar diligencias probatorias de oficio en el caso que nada se diga en las bases del procedimiento arbitral. En base al método dogmático tradicional, se pasa revista a las normas legales vigentes sobre la materia, a la jurisprudencia nacional, y a los principios jurídicos pertinentes. Adicionalmente, se compara tanto la experiencia nacional como el derecho comparado pertinente. Finalmente, se analiza el alcance de la discusión existente en el contexto de la reforma procesal civil que a la fecha está en tramitación, para formular propuestas sobre el tema pensando en el nuevo marco normativo que se ha anunciado respecto del arbitraje interno

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Este ensayo intenta resolver -mediante un estudio y razonamiento argumental en base a convenciones internacionales (con especial atención en la Convención Americana de Derechos Humanos), la legislación chilena vigente, la jurisprudencia tanto internacional como nacional y las opiniones de la doctrina más autorizada en el tema; interrogantes muy debatidas en las últimas décadas en América Latina, tales como la existencia o no de un derecho al recurso, la posibilidad de aplicar las garantías judiciales mínimas de las convenciones internacionales a materias extra sancionatorias, la compatibilidad de los valores de la oralidad e inmediación con los recursos ordinarios, o la eventual vulneración de las normas internacionales procesales en nuestros procedimientos reformados, para, finalmente, determinar qué figura recursiva se adapta mejor a las exigencias del debido proceso y el juicio justo.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente memoria tiene por objeto determinar cómo deben valorar la prueba los árbitros arbitradores en los juicios que están sometidos a su conocimiento. Para ello, se revisarán tanto los aspectos más relevantes del arbitraje y la figura de los árbitros arbitradores, como las nociones fundamentales respecto de la prueba civil en general y asimismo los distintos sistemas de valoración de las pruebas. Teniendo claros estos conceptos generales, se realizará un análisis de los mismos a efectos de establecer el sistema de valoración de las pruebas que deberán utilizar los arbitradores en sus juicios, tomando en cuenta también los medios de impugnación disponibles para las partes respecto de los fallos de éstos árbitros y los principios generales del debido proceso.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente investigación tiene por objeto analizar el estado de la legislación chilena en materia de solución de conflictos, específicamente en relación al contrato de seguro. El segundo objetivo de este trabajo es determinar si el método empleado por el legislador a través de la ley 20.667 de 9 de Mayo de 2013 se adecúa a los estándares del debido proceso legal. Para dicho cometido, en un inicio se abordarán las generalidades del contrato de seguro. Posteriormente, se analizarán los aspectos del arbitraje, su relación con el derecho comercial y en particular con el contrato de seguro. Luego, se desarrollarán los aspectos del debido proceso legal y la manera como se cristaliza dicha garantía fundamental en el arbitraje. Finalmente, se realizará un análisis práctico del derecho de seguros a la luz de la jurisprudencia y de la doctrina nacional

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El propósito central de este trabajo consiste en analizar el principio de objetividad que debe guiar la actividad persecutora del Ministerio Público como órgano exclusivo a cargo de la dirección de la investigación penal. Éste es concebido por nuestro sistema procesal penal como una consecuencia directa del principio de legalidad y viene a entregar una directriz fundamental que debe guiar la actividad investigativa del Ministerio Público, lo que se traduce en el deber de investigar con igual celo tanto aquellos hechos o circunstancias que funden o agraven la responsabilidad del imputado, como también aquellos que le eximan de ella, la extingan o atenúen. Lo anterior nos plantea inmediatamente la idea de que nuestro legislador ha entendido la función del Ministerio Público no como un persecutor a ultranza, sino muy por el contrario, éste tendría una función consistente en ser lo que algunos llaman “custodio de la ley”, imprimiéndole características, que en opinión de parte de la doctrina lo alejan de su real misión en el sistema procesal penal, razón por la que se han formulado fuertes críticas respecto de su existencia, postulándose incluso su abolición de nuestro sistema y su reemplazo por otros principios que impliquen deberes acordes con la misión del Ministerio Público como ente persecutor. Nuestro estudio se basará en analizar las distintas críticas que se han formulado al respecto y comprobar que tan razonables resultan ser éstas, para formular finalmente una propuesta al respecto

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo trata sobre la institución del Amicus Curiae en los procedimientos ambientales, frente a las normas del Debido Proceso Legal

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / La situación no es diferente en la realidad nacional. De un tiempo a esta parte, varios procedimientos de uso común han sido profundamente modificados por el legislador, específicamente, a través de la reforma en materia procesal penal; las reformas en los procedimientos ante los tribunales de familia y en materia laboral. En su régimen recursivo, las modificaciones han pasado por suprimir el recurso de nulidad (casación) y dejar sólo el de apelación; o viceversa. Inclusive, en los nuevos procedimientos, progresivamente se ha reducido la posibilidad de recurrir de apelación hasta casi suprimirlo, dejando sólo el recurso de nulidad como recursus propiamente tal, y se han creado nuevos recursos en determinados procedimientos (a modo ejemplar, el nuevo recurso de unificación de jurisprudencia en materia laboral). Así las cosas, el primer objetivo de esta memoria es exponer y contrastar el régimen recursivo de los principales procedimientos de nuestra legislación, circunscrito a la doble instancia y la anulación. Luego de realizado este análisis, revisaremos sí estos cambios en nuestro sistema, cumplen con las garantías procesales consagradas en la constitución que informan a los recursos. Para ello, a fin de alcanzar las respuestas a todas las inquietudes planteadas, resulta imprescindible analizar y comprender cuáles son los fines de los regímenes recursivos en la dogmática procesal: sus fines constitucionales, el principio de certeza jurídica, y el derecho a la defensa técnica. Todo ello será abordado en el primer capítulo