Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / 05/12/2019

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En nuestro país el desarrollo del Derecho de la Libre Competencia ha sido tardío, y aún quedan muchas de sus áreas que deben ser reguladas o complementadas. Hoy, la regulación de esta área del derecho se encuentran regidas por el Decreto Ley Nº211, el cual ha experimentado diversas modificaciones que han tendido a la mayor protección del mercado y de su eficiencia. En este cuerpo normativo existen varios procedimientos, dentro de los cuales se encuentran los procesos sancionatorios por delitos de colusión. En éstos últimos, no existe un estándar probatorio definido, pero, además, los tribunales que conocen de ellos – tanto el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia como la Corte Suprema – o bien no se avocan a su desarrollo, o bien no han aplicado criterios uniformes a su respecto. Con la sentencia del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia en el caso “CMPC y SCA” el problema se agudiza aún más, puesto que incluso dentro del mismo tribunal que dicta el fallo, comienzan a haber posiciones opuestas en relación con la aplicación de los estándares probatorios. Estos estándares de convicción resultan relevantes en diversos aspectos de nuestros procesos, y tal como pretendemos exponer en la presente memoria, resulta imperativo e ineludible la necesidad de determinar un criterio uniforme para precisar con ellos las garantías con que se cuenta en este tipo de procesos. El análisis de la problemática se abordará tanto desde un punto de vista doctrinal, como desde la óptica de la jurisprudencia, y finalmente, se intentará proponer una solución acerca de la forma en que se debe superar esta problemática. Mediante el presente trabajo, se pretende explorar un tema que no ha sido tratado mayormente ni por nuestra legislación, la doctrina, como la jurisprudencia, por lo que se intenta llegar a una proposición fundada y coherente para entregar una solución real a esta situación problemática para nuestro ordenamiento, Cabe tener presente al respecto que este ha sido trabajo elaborado por una alumna de pregrado, que intenta recién egresar y obtener su título de abogado, con las ansias de un pronto ejercicio, pero con las deficiencias que podría tener por la falta de mayor experiencia 7 forense, pero en todo caso libre de anclaje respecto a la protección de diversos intereses que concurren en los procesos sancionadores de la libre competencia.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo tiene como objetivo analizar la implementación de la Ley Nº21.057, que regula las entrevistas grabadas en video y otras medidas de resguardo a menores de edad víctimas de delitos sexuales. Su rol en la prevención de la victimización secundaria en Chile y en el Derecho Comparado, y los conflictos de dicha implementación en relación al derecho de defensa del imputado. Para lograrlo, en un primer capítulo se contextualiza al lector respecto a las problemáticas previas que dan cuenta de la necesidad de crear un método de prevención de la victimización secundaria, mediante el análisis de lo que significa que los niños, niñas y adolescentes, sean “víctimas especialmente vulnerables de delito”. A continuación, se expone un catálogo de derechos de los cuales son titulares en función de la protección especial que les ha sido otorgada por diferentes estándares internacionales, ya sea por su calidad de víctima, como de niño, niña o adolescente. Ultimando con la descripción de algunas de las consideraciones relevantes respecto al testimonio del menor de edad, con énfasis en la teoría del hechizo y el proceso de develación. Con estas herramientas, en un segundo capítulo se describe la entrevista video-grabada como método de prevención de la victimización secundaria, exponiendo las diversas formas en las cuales se ha llevado a cabo su incorporación probatoria al Juicio Oral, en Chile y en el Derecho Comparado. Finalizando con el estudio del conflicto que surge a partir de su implementación debido a la colisión de derechos entre el niño, niña y adolescente víctima de delitos sexuales y el derecho de defensa del imputado.

A inicios del siglo XXI América del Sur adopta una agenda de institucionalización de alcance regional, plasmada en la Unasur. En dicha agenda cobró fuerza la importancia de generar un mecanismo regional de defensa en un contexto amenazado por conflictos intra y extra continentales. Así surge en el 2008 el Consejo de Defensa Suramericano (CDS), que en sus ocho años de existencia adquirió una dinámica singular, representando uno de los avances más importantes tras la caída de las dictaduras militares. Sin embargo, dicha subestructura opera bajo reglas institucionales no vinculadas y en medio de desconfianzas entre vecinos por cuestiones territoriales e ideológicas, aspectos susceptibles de afectar el funcionamiento del CDS en el tiempo. Todo ello reafirma la condición de Suramérica con un régimen de seguridad. En virtud de la Teoría del Complejo de Seguridad Regional (CSR), el CDS busca incidir tanto en los patrones de amistad y enemistad como en los niveles de securitización y desecuritización de la agenda de seguridad regional. El primero guarda estrecha relación con el objetivo del CDS de construir una identidad y pensamiento propio de defensa, tomando en cuenta la realidad heterogénea de la región, una tarea por cierto compleja. En el segundo aspecto, se busca no solo cohibir conflictos entre vecinos con potencial para desestabilizar a la región, sino también crear estrategias conjuntas para proteger los activos críticos comunes (como los recursos naturales) frente a eventuales injerencias extra regionales, la cual demanda el concurso de todos. Finalmente, se sostiene que los aportes del CDS no son suficientes para la conformación de una “comunidad de seguridad”, ello implica la conjugación de esfuerzos con otros sectores y una mayor participación de la sociedad suramericana en estas temáticas para legitimarlo / Tesis

El 5 d’octubre de 1910 una revolució va derrocar la Monarquia, proclamant la República a Portugal. A Espanya el què passava al país veí era seguit amb interès, sobretot a partir de l’inici de la Gran Guerra, i de la participació de Portugal en la contesa en el bàndol dels aliats. La crisi econòmica i moral que comportà la guerra aflorà el militarisme en els dos països ibèrics. El 5 de desembre de 1917 Sidónio Pais donà un cop d’Estat a Portugal començant una dictadura que acabaria el 1918 amb el seu assassinat. Les Juntes Militars portugueses van aparèixer amb la pretensió d’ocupar el poder. A Espanya, les Juntes de Defensa creades el 1916 van tenir el seu moment àlgid durant la greu revolució de l’estiu de 1917. Les juntes d’un i altre país no tenen punts de connexió, llevat que representen la insatisfacció dels militars amb la situació política. / On October 5, 1910 a revolution overthrew the monarchy in Portugal and proclaimed the First Republic. The regime change was followed with great interest in Spain by what was happening in Portugal, in especially from the beginning of the Great War, and the Portugal’s participation on the allied side. The moral and economic crises brought by war bring militarism in both Iberian countries. On 5 December 1917 Sidonio Pais gave a Coup d’Etat starting a dictatorship that ended in 1918 with his murder. The Juntas Militares came with the aim of seizing power. In Spain, the Juntas de Defensa created in 1916 had its peak during the severe summer of 1917 revolution. The Juntas of both countries do not have connection points, unless the military was disappointed with the political situation.

Este artículo se propone la comprensión de los cambios en lac omunidad de Catac como resultado de la acción colectiva ante los desafíos del contexto que se configuran como oportunidades y restricciones, y frente a las exigencias internas que se expresan como demandas de los grupos de interés o facciones que conforman la comunidad. En una comunidad heterogénea como Catac, la acción colectiva no es algo que se da por supuesto sino una acción deliberada; sin embargo, tiende a ser frágil y generalmente se rompe ante las presiones externas y las relaciones de poder definidas en términos de facciones al interior de la comunidad. / This article proposes a comprehension of social changes in the peasant community of Catac as results of collective action in a context where challenges present themselves as political opportunities and social contentions as well as internal demands of interest groups or factions. In an heterogeneous community as Catac, collective action is not something that is taken for granted but it is deliberately created and constituted. However, it tends to be fragile and usually breaks because of outside pressures and the power relations defined as relations among factions that exist in community.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Este trabajo tiene por objeto analizar la figura de la colusión en la doctrina y la jurisprudencia, a la luz de las reglas de análisis desarrolladas por el derecho comparado para su tratamiento. La primera parte de este trabajo contempla el estudio de los aspectos generales de la colusión en la doctrina nacional y comparada. Luego, se analizarán los estándares de interpretación de la colusión desarrolladas por el derecho norteamericano, a saber, la regla de la razón y la regla per se. Junto con esto, se expondrán las posturas de la doctrina chilena frente a la posibilidad de adoptar la regla per se en el derecho chileno de la libre competencia. La segunda parte de este trabajo consiste en el análisis de las sentencias emitidas por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y la Corte Suprema en casos de colusión, en el periodo comprendido entre los años 2004 a 2016, con la finalidad de identificar las características de la jurisprudencia chilena en esta materia

The object of the principle of material truth is to assure the certainty of facts in order to be able to issue a ruling as close to reality as possible. The principle has an intimate relationship with the limitation periods which, as regulated in our Tax Code, are only established as minimum terms in which the tax debt or has to comply with the administration’s requirements, without specifying any maximum. The author explains how it is that the terms regarding the presentation of documents have to be fixed considering the civilian’s interestand not against it. He affirms that, as long as the collection procedure of a certain period has not concluded, the debtor has the faculty to offer information and arguments to the administration in order to sustain his statement, allowing him to discuss the objections formulated against him. / El principio de verdad material tiene por finalidad arribar a la certeza de los hechos para poder emitir un pronunciamiento lo más cercano posible a la realidad. Está vinculado con los plazos de preclusión que, en nuestro CódigoTributario, sólo están establecidos como plazos mínimos para que el deudor tributario cumpla con lo solicitado por la administración, sin señalar un plazo máximo. El autor explica cómo los plazos para presentarlos documentos deben ser fijados según el interés del administrado y no en perjuicio de éste; mientras no concluya el procedimiento administrativo de fiscalización por el período y ejercicio fiscal correspondiente, el deudor tributario se encuentra plenamente facultado para ofrecer la información y los argumentos que sustenten sus descargos, pudiendo levantar de ese modo que los reparos que se le han formulado.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente investigación tiene como objetivo analizar las diferencias doctrinarias existentes entre el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia -en adelante TDLC- y la Corte Suprema, comparando dichas diferencias con lo propuesto por las doctrinas extranjeras de mayor tradición jurídica en la materia -como el derecho antitrust norteamericano y el derecho comunitario de la Unión Europea-, y revisando la evolución jurisprudencial posterior de ambos entes jurisdiccionales. Todo ello abarcando el periodo desde la entrada en funcionamiento del TDLC el año 2004, hasta finales del año 2015. La metodología de este trabajo será primero estadística, revisando los porcentajes de la actividad jurisdiccional del TDLC y de la Corte Suprema. Luego haremos un análisis de las diferencias jurisprudenciales entre ambos tribunales, y por último utilizaremos un método dialéctico (derecho comparado) con la doctrina extranjera y la jurisprudencia actualizada de ambos organismos. Veremos que en general la Corte Suprema tiende a confirmar la mayoría de los fallos del TDLC, sin embargo, cuando modifica o revoca suele ser más benevolente, en el sentido de disminuir multas o declarar la legalidad de los actos de los que conoce. También advertiremos que las diferencias que existieron en materia de colusión ya han sido superadas por los entes jurisdiccionales, mientras que en materia de abusos de posición dominante existen discusiones que muestran al TDLC en sintonía con el derecho comparado en relación a la Corte Suprema. Por último, hallaremos que la Corte tiene la mayor parte de su actividad revocatoria en lo que refiere al aspecto procesal del sistema, tanto a nivel orgánico como funcional, ordenando el sistema en general. / 01/09/2017

Torture is proscribed in the majority of countries, and prohibited by numerous international instruments. However, torture is nowadays a practice that takes place in many countries, even though there exists a majority agreement in favor of absolute prohibition of this conduct.In the present article, the author analyzes the possibility of using legal defenses to exempt criminal responsibility for the crime of torture. In order to do this, the author examines historical, doctrinal and jurisprudential aspects, concluding than in certain situations it is possible to appeal to traditional legal defenses, particularly selfdefense. / La tortura se encuentra proscrita en la mayoría de países, y está vetada por diversos instrumentos internacionales. No obstante, la tortura es en la actualidad una práctica que se lleva a cabo en muchos países, a pesar de un discurso mayoritario de prohibición absoluta de la misma.En el presente artículo, la autora realiza un análisis sobre la posibilidad de aplicar eximentes en el juicio de imputación del delito de tortura. Para ello, examina aspectos históricos, doctrinales y jurisprudenciales, concluyendo que en determinadas situaciones límite se verifican los presupuestos y requisitos de las causas de justificación tradicionales, en particular de la legítima defensa.