El presente estudio tiene como objetivo demostrar que las instituciones jurídicas creadas por el hombre deben buscar detener el deterioro de nuestro planeta producto de las distintas actividades económicas, debido a que ellas son las que vulneran lo más profundo de nuestro ser: los derechos fundamentales. Además, pretendemos establecer puentes de comunicación entre el derecho administrativo y constitucional, ya que consideramos que estas dos ramas, fundamentales para el ordenamiento, tienen la obligación de acercarse y comunicarse mutuamente para hacer frente a los nuevos retos que este futuro incierto nos depara. Para lograr este objetivo, buscamos demostrar que el ejercicio de la potestad de inspección del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental en el sector minero establece como fundamento jurídico la conversión en realidad de los deberes y obligaciones del Estado de contribuir a la tutela del derecho fundamental al medio ambiente equilibrado y saludable que asiste a todas las personas. Esto se logrará mediante la revisión del concepto de deber y obligación, el análisis del derecho fundamental al medio ambiente, y los deberes y obligaciones de protección que posee el Estado frente a este derecho. Además, se evaluará las potestades de intervención del Estado en la esfera jurídica de los privados; se describirá el marco teórico sobre el que se construye la potestad de inspección; se determinará la figura jurídica del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental por medio del estudio de sus instrumentos normativos; se contrastará la inspección como figura doctrinaria frente al desarrollo normativo de la supervisión directa en el sector minero realizada por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental; y, finalmente, se desarrollará la conexión entre la supervisión directa en el sector minero y el deber de protección del Estado frente al derecho fundamental al medio ambiente. / Tesis

el año 2014 el número de las medidas correctivas ambientales ordenadas por el OEFA ha aumentado, de 28 medidas ordenadas en el periodo 2009- julio 2014 hasta 1227 medidas ordenadas en el periodo julio 2014- julio 2016. Al respecto, el TFA ha anulado un número muy pequeño de medidas correctivas en el sector de hidrocarburos1 mientras que en el sector minería el TFA confirmó un gran número de medidas apeladas. Sumado a ello, en abril de 2016, el OEFA publicó una metodología para la aplicación de las medidas correctivas la cual velaba porque cumplan con la finalidad de revertir el impacto ambiental negativo generado. Al respecto, los datos señalados mostrarían que la DFSAI habría ordenado medidas correctivas proporcionales a los administrados, por ello la interrogante en la presente investigación es ¿la metodología para la aplicación de las medidas correctivas de adecuación en el OEFA logró que las mismas reviertan el impacto ambiental negativo? La hipótesis consiste en que la aplicación de las medidas correctivas no fue proporcional para revertir el impacto ambiental negativo que la conducta infractora hubiera podido producir. Las conclusiones de la presente investigación consisten en que la metodología del OEFA cumple con los criterios establecidos por el Tribunal Constitucional; sin embargo, la aplicación de dicha metodología en dos resoluciones del TFA / Trabajo académico

El presente trabajo de investigación busca analizar la importancia del pago del aporte por regulación de las empresas de mediana y gran minería para la institucionalidad del OEFA, tanto por su sostenibilidad financiera como para la continuidad del mismo, ejerciendo una eficiente fiscalización y supervisión ambiental. Para lo cual se parte desde la importancia de la actividad minera en el Perú como factor del desarrollo económico y a la vez sostenible, mediante el cual el OEFA, como organismo regulador social – ambiental, garantiza el cumplimiento de las normas de protección al ambiente a través sus facultades de evaluación, supervisión, fiscalización y de aplicación de incentivos a través del cobro del aporte por regulación. Este tema resulta relevante al haber ha sido cuestionado dicho cobro por las empresas mineras, tanto en la vía procesal-constitucional como en la vía administrativa ante INDECOPI. En este análisis se trabaja desde el desarrollo de la actividad minera en el Perú, su regulación ambiental, así como las funciones del OEFA como organismo regulador, la naturaleza del aporte y la importancia del mismo; finalmente se exponen los problemas jurídicos generados a raíz de dicho cobro. Se concluye reafirmando la importancia del cobro del aporte por regulación al brindar beneficios tanto para las sostenibilidad financiera de OSITRAN, como para las empresas mineras y las comunidades, a fin de contar con una buena convivencia socio ambiental; conforme a ello, se proponen algunas alternativas para alcanzar una solución neutra o conciliatoria ante las contingencias legales iniciadas, a fin de evitar algún daño y/o perjuicio que pueda repercutir con el crecimiento económico del país, la libertad de empresas y la afectación al medio ambiente. / Trabajo académico

El artículo de investigación visibiliza los criterios aplicados por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental para el ejercicio de la competencia otorgada por el artículo 17° de la Ley N° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, desde su entrada en vigencia en el mes de abril de 2013 hasta diciembre de 2017, periodo de tiempo que nos permite analizarlos antes, durante y después que surta efecto la declaración de ilegalidad e inconstitucionalidad de la Resolución de Consejo Directivo N° 031-2014-OEFACD que aprobó reglas jurídicas para la aplicación del artículo 17° de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental en el ámbito de la fiscalización ambiental minera, emitida por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República. De la revisión comparativa de las principales resoluciones de 11 procedimientos desarrollados en el periodo de investigación seleccionado, se acredita que la Entidad inobserva lo planteado por el Poder Judicial al reemplazar la figura “grupo económico” por el de “actuación como productor único”, obviando el análisis previo y medular de la instancia judicial: el OEFA debe aplicar la competencia otorgada por el artículo 17° de la Ley N° 29325 respetando de forma irrestricta las competencias de los gobiernos regionales, entre ellas las vinculadas a fiscalizar el cumplimiento de las condiciones habilitantes de los estratos de pequeña minería y minería artesanal. / Trabajo académico

Submitted by Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (sdi@ucb.br) on 2018-11-08T16:40:36Z No. of bitstreams: 1 JorgeAugustoCaetanodeFariasDissertacao2018.pdf: 1388077 bytes, checksum: 3bfb82012554aab4a153a001a1421345 (MD5) / Approved for entry into archive by Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (sdi@ucb.br) on 2018-11-08T16:41:08Z (GMT) No. of bitstreams: 1 JorgeAugustoCaetanodeFariasDissertacao2018.pdf: 1388077 bytes, checksum: 3bfb82012554aab4a153a001a1421345 (MD5) / Made available in DSpace on 2018-11-08T16:41:08Z (GMT). No. of bitstreams: 1 JorgeAugustoCaetanodeFariasDissertacao2018.pdf: 1388077 bytes, checksum: 3bfb82012554aab4a153a001a1421345 (MD5) Previous issue date: 2018-10-09 / El sistema carcelario militar federal se utiliza para la prisión de los militares de las Fuerzas Armadas brasileñas. Estructurado de forma difusa, con instalaciones presentes alrededor de 300 unidades militares de la Marina, del Ejército y de la Fuerza Aérea, presenta muchas diferencias si comparado al sistema carcelario común. No solo por razones de orden jurídico, ante la realidad militar que sigue los principios de jerarquía y disciplina, pero también de naturaleza fáctica, sobretodo ante la no especialización de las instalaciones militares para la actividad prisional, a demandar la fiscalización hecha por el Ministerio Público Militar (MPM). Así, el presente estudio busca analizar las principales características del sistema carcelario militar federal, además de percutir el régimen jurídico aplicable a ese especial contexto de privación de libertad, en orden a identificar el objeto de la actividad fiscalizatoria a cargo del MPM, función institucional con fundamentos constitucional e infraconstitucional. Por fin, se buscará identificar las posibilidades de actuación del MPM, no solo en la senda judicial, cuanto extrajudicial, a partir de la fiscalización prisional, de modo a alcanzar subsidios idóneos al ejercicio pleno de esa tarea desafiadora. / O sistema prisional militar federal destina-se ao encarceramento dos militares das Forças Armadas brasileiras. Estruturado de forma difusa, com instalações presentes em cerca de 300 quartéis, seja da Marinha, seja do Exército, seja da Aeronáutica, apresenta diversas peculiaridades em relação ao sistema prisional comum. Não apenas por razões de ordem jurídica, ante a peculiar realidade castrense norteada pelos princípios de hierarquia e disciplina, mas também de ordem fática, sobretudo ante a inespecialização das instalações militares para a atividade prisional, a demandar a fiscalização realizada pelo Ministério Público Militar (MPM). Nessa senda, o presente estudo busca analisar as principais características do sistema prisional militar federal, além de perscrutar o regime jurídico aplicável a esse especial contexto de privação de liberdade, de modo a identificar o objeto da atividade fiscalizatória a cargo do MPM, função institucional com fundamentos constitucional e infraconstitucional. Por fim, buscar-se-á identificar as possibilidades de atuação do MPM, tanto na seara judicial, quanto extrajudicial, a partir da fiscalização prisional, de modo a alcançar subsídios idôneos ao exercício pleno dessa atribuição multifacetária e desafiadora.

En la tramitación de los procedimientos administrativos sancionadores, los funcionarios afrontan dificultades para notificar los actos administrativos, las cuales no solo se limitan a la determinación del domicilio correcto del administrado en el cual se harán llegar los actos, sino además en el hecho de que, una vez determinado dicho domicilio, se presentan supuestos de diligencias de notificación infructuosas, ya sea porque la dirección resulta inexistente o porque el administrado ya no reside en dicho lugar, ello debido a que el domicilio declarado por el administrado ante el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil es incorrecto o no se encuentra actualizado, siendo que dicha situación, sumado a una legislación que pretende ser muy garantista, ha llevado a que las entidades de la Administración Pública destinen recursos significativos en la notificación de actos a través de la publicación de edictos. Usando el método de investigación descriptiva con enfoque cualitativo, en la presente investigación se demostrará que la aplicación del régimen de notificación establecido en la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, viene siendo ineficiente, generando costos innecesarios a la Administración. Ante dicha situación, se concluye que se deben ejecutar una serie de acciones, que no solo implican la modificación de la citada Ley, y de la Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, Ley N° 26497, sino que además implican dotar al procedimiento de expedición del Documento Nacional de Identidad y al procedimiento del cambio del dato domiciliario, del uso del Sistema Georeferenciado para mejorar la confiabilidad de los datos declarados por los ciudadanos, desarrollar una campaña de concientización respecto de la importancia de actualizar el domicilio en el Documento Nacional de Identidad, y optimizar las acciones de fiscalización del RENIEC respecto del cumplimiento de la obligación de actualizar el domicilio. / In the processing of administrative sanctions procedures, officials face difficulties in notifying administrative acts, which are not only limited to the determination of the correct domicile of the petitioner to which the documents will be sent, but also in the fact that, once this domicile is determined, there are cases of unsuccessful notification diligences. This may happen because the address is non-existent, the petitioner no longer resides in that location, or because the domicile declared by the petitioner before the National Registry of Identification and Marital Status is incorrect or is not updated. This situation, added to a legislation that seeks to provide all possible guarantees, has led to the Public Administration entities allocate significant resources in the notification of acts through the publication of legal notices. The descriptive research method involving a qualitative approach has been applied to conduct this research study, which will demonstrate that the application of the notification regime established in the General Administrative Procedure Act, Law No. 27444, is inefficient, and creates unnecessary administrative costs. It, therefore, follows that a series of actions must be executed, which do not only imply the modification of the Law mentioned above, and the Organic Law of the National Registry of Identification and Marital Status, Law No. 26497, but also the implementation of the Georeferenced System to improve the reliability of the data declared by citizens in their Identity Cards. This action will be critical to carry out an awareness campaign regarding the importance of updating the domicile in the Peruvian Identity Card to optimize RENIEC's inspection actions regarding fulfillment with the obligation to update the domicile. / Trabajo de investigación

One of the most relevant powers available for the Public Administration so it is able to meet its objectives is the supervisory power. However, this is a matter insufficiently studied in the national legal ambit. In this article, the author conceptualizes the legal figure of supervision, proposing that it is a synonym of “inspection” and other similar concepts, and that it has wider purposes than the ones established in the Peruvian administrative legislation (that tends only to subsume it into the sanctioning power). With this theoretical framework, the author briefly analyses the phenomenon of the delegation of this power in the Peruvian power sector. / Una de las potestades más importantes con las que cuenta la Administración Pública para cumplir con sus fines es la de supervisión. Sin embargo este es un tema que ha sido poco estudiado en el ámbito jurídico nacional. En el presente artículo, el autor conceptualiza jurídicamente la figura de la supervisión, planteando que es un sinónimo de “fiscalización” y otros conceptos similares, y que tiene unos fines más amplios que los reconocidos por la legislación administrativa (que tiende sólo a subsumirla en la potestad sancionadora). Con este marco teórico, el autor analiza brevemente el fenómeno de la delegación de esta potestad en el sector eléctrico peruano.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento

La creación de la superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral constituirá un elemento determinante dentro del sistema de inspección laboral en el Perú, siendo que una de las funciones primordiales del estado es adoptar mecanismos sólidos de protección de los derechos laborales. El presente texto tiene en primer lugar, un recordatorio de las nociones generales y características del sistema de inspección de trabajo previo a la creación de la SUNAFIL, así como también, la forma en la que se han venido aplicando. Posteriormente, se detallan las principales novedades que trae consigo la Ley 29981, ley que crea la SUNAFIL, para poder analizar a partir de esto, si el nuevo sistema propuesto resulta idóneo para un contexto como el nuestro en donde prima la informalidad. Finalmente, esbozaremos algunas propuestas que sirven como camino para alcanzar un sistema de inspección adecuado, toda vez que una entidad no puede abarcar todo y, mucho menos, solucionar la generalidad de problemas existentes. The creation of the National superintendency of Labor inspection will become a key element in Peru’s labor inspection system, being that one of the primary functions of the state is to adopt strong mechanisms for the protection of labor rights. This article is, in first place, a reminder of the general concepts and characteristics of the labor inspection system before the creation of the suNAFiL, as well as the way it has been applied. Afterwards, it explains the main novelties that Law 29981, the law that creates SUNAFIL, brings. From this explanation, we will analyze if the proposed new system is suitable for a context like ours, where informality prevails. Finally, we outline some proposals that serve as a way to reach an adequate inspection system, since an entity cannot cover everything and, even less, solve the generality of existing problems.

In terms of environmental protection the priority is the prevention of pollution before any other measure. However, should this protective measure be compulsory or voluntary for all those who affect the environment? Is recycling or energy efficiency required?.In this article, the author analyzes these issues based on comparative legislation, doctrine and jurisprudence. Similarly, focusing on the mining and energy issue, studies its national regulation and its correlation with the activity of the Peruvian environmental inspection agency. / En materia de protección del ambiente lo prioritario es la prevención de la contaminación antes que cualquier otra medida. Sin embargo, ¿esta medida de protección debería ser obligatoria o voluntaria para todo aquel que afecte el medio ambiente? ¿Es exigible el reciclaje o la eficiencia energética?.En el presente artículo, la autora analiza estos temas sobre la base de la legislación comparada, doctrina y jurisprudencia. De igual forma, centrándose en el tema minero-energético, estudia su regulación nacional y su correlación con la actividad del organismo de fiscalización ambiental peruano.