La conferencia trata de reflexionar sobre dos de los aspectos trascendentales de la educación, la formación ciudadana y la inclusión en las escuelas. Se busca demostrar que tanto la educación ciudadana y la educación inclusiva van de la mano y que el ejercicio de uno trabaja los valores trascendentales de la otra. Para ello partimos de la idea que la educación inclusiva es una necesidad, un requerimiento, una exigencia. La educación inclusiva desde lo que implica un curriculum flexible, una atención a las discapacidades físicas, a los problemas de aprendizaje, a la diversidad de estilos de aprendizaje, a las personas con habilidades diferentes, a las realidades y necesidades diferentes. Entendemos la educación ciudadana como un aspecto íntimamente ligado y relacionado con el actuar de la escuela. La escuela tiene el objetivo de formar y en ese aspecto la formación ciudadana, la formación en valores, en actitudes y en los derechos y deberes son parte de la convivencia y socialización que se vive en todo proceso educativo.

Memoria para optar al título de periodista / La presente memoria de título en la categoría de reportaje, titulado ―Radiografía a los nuevos vecinos: ser haitiano en Santiago de Chile‖, es una investigación de carácter periodística enmarcada dentro de la contingencia vivencial de los ciudadanos y ciudadanas nacionales respecto a la creciente y explosiva llegada de inmigrantes a Chile en los últimos años, donde organismos como la CEPAL y la OIT lo sitúan como aquella nación latinoamericana donde más ha aumentado la inmigración entre 2010 y 2015. La información recolectada y presentada a continuación intenta dar cuenta de un fenómeno y panorama vigente en nuestro país marcado por una serie de elementos relativos a historias personales y colectivas, cifras y estadísticas, testimonios, desafíos y experiencias tanto positivas como negativas en lo que se refiere a la temática de la inmigración. La investigación, centrada en los ciudadanos de nacionalidad haitiana, profundiza acerca de su inserción dentro de la sociedad chilena que los acoge (o no) en un contexto de situaciones que conllevan su adaptación como colectividad en cuestiones como el idioma, discriminación, trabajo y educación, además de vínculos, motivaciones e historias respecto a su país de origen. Datos publicados en agosto de este año por el Instituto de Políticas Pública en Derechos Humanos (IPPDH) del MERCOSUR estimaron a los ciudadanos haitianos en 67.226 en Brasil durante el periodo 2010-2016, siendo el líder dentro de Sudamérica respecto a este tipo de migración, aun cuando Chile ya estaría superando tales cifras pues según la PDI, solo entre 2016 y lo que va de 2017, han ingresado cerca de 90 mil haitianos. La realización de este trabajo se relaciona profundamente a mi experiencia como chileno y santiaguino de periferia, que en su viaje rutinario —largo y caótico— desde la universidad hacia la casa, observó, como muchos otros tantos compatriotas, la creciente, pero a la vez enriquecedora llegada de inmigrantes. En especial, la venida y presencia de una comunidad como la haitiana, profundamente golpeada a través de su historia y la cual se presenta como uno de los países más pobres del mundo dentro del continente en la actualidad.

Magister en dirección y administración de proyectos inmobiliarios / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo

Socióloga / Desde el momento en que la integración social de las sociedades modernas se realiza sobre la base de una pretendida homogeneidad cultural, nacional y étnica; la figura del inmigrante se constituye simultáneamente como un problema social y sociológico. En el primer caso, los mecanismos tradicionales de inclusión social -el estatus de ciudadanía, como mecanismo paradigmático al respecto- se muestran incapaces de incorporarlo de una manera similar a la de los nacionales. En el segundo caso, la presencia de los inmigrantes pone en entredicho el actual pacto de integración social, pues constata que se realizó a costa de la invisibilización de la diversidad cultural, étnica y nacional que éstos portan; y, en este sentido, presionan hacia su reformulación. Considerando el contexto migratorio que presenta nuestro país, esta problemática presenta hoy importante actualidad. En efecto, el panorama es el de un crecimiento sostenido de la inmigración que se realiza en el marco de la carencia de una política pública a nivel nacional. En este escenario toman relevancia los contextos locales, donde, frente al vacío en términos de política pública, se han comenzado a desarrollar algunas instancias orientadas a relacionarse de manera más adecuada con los inmigrantes

Tesis para optar al grado de Magister en Ciencias Sociales con mención en Sociología de la Modernización / Al abordar el fenómeno de la pobreza, su análisis y comprensión no pueden quedarse en el mero señalamiento de privaciones, carencias, ni en un ejercicio de contabilidad de pobres. Es fundamental resignificar estas carencias de manera relacional e histórica poniendo en el centro de la discusión la lucha por el control y acaparamiento de los recursos por ciertos grupos sociales que marginan a otros. Tradicionalmente, la pobreza no se entiende como un fenómeno relacional sino que se define de manera normativa respecto de estándares fijados por expertos. Los estudios sobre pobreza no están preocupados por analizar los patrones de distribución de los recursos existentes en una sociedad, ni los procesos de constitución de pautas de poder en que se sustentan, sino que, básicamente, están interesados en identificar aquellos grupos de población que no logran alcanzar un umbral de bienestar o desarrollo que se considera como un mínimo socialmente aceptable para llevar una vida digna. La desigualdad y la exclusión social bloquean el camino de la superación de la pobreza, en tanto fenómenos estructurales con efectos sistémicos que generan barreras sociales a la integración y a la movilidad social erosionando la ciudadanía social. Para salir de la pobreza no basta con políticas compensatorias de alivio que garanticen condiciones mínimas o paquetes básicos para satisfacer ciertas necesidades básicas. El Estado, desde el paradigma neoliberal hegemónico subsidiario, no vela por la población en general y se focaliza en los más pobres y vulnerables. Chile es sin lugar a dudas en la actualidad uno de los países con mejores indicadores de desarrollo económico y social en América Latina, registrando una de las menores tasas de pobreza de la región. Sin embargo, continúa siendo uno de los países más desiguales de Latinoamérica, en el que subsiste una notable segmentación social, grandes inequidades en el acceso y en la calidad de la educación y la salud y una relativamente baja movilidad social. Las nuevas políticas de protección social impulsadas en Chile a partir del comienzo del siglo XXI, en tanto nueva generación de políticas sociales y programas, han brindado servicios básicos y apoyo a grupos de población históricamente excluidos. Sus promotores intentan demostrar como su operación ha permitido desarrollar programas con alto nivel de eficiencia en términos de focalización del gasto social e identificación de usuarios. En efecto, las transferencias monetarias y los subsidios que por medio de estos programas reciben estos hogares contribuyen a aliviar sus agudas condiciones de privación social. No obstante, no es posible suponer que ello conduce necesariamente a superar sus condiciones de vulnerabilidad estructural y, consecuentemente, a la reducción de su pobreza en el corto y mediano plazo. Esta investigación pretende analizar los efectos del programa Familia, Seguridades y Oportunidades, más conocido como Ingreso Ético Familiar, en sus usuarios, para determinar en qué medida este programa, vigente desde el año 2013, propicia o no procesos sostenidos de superación de la pobreza. El análisis demuestra que existen múltiples obstáculos y limitaciones para cumplir ese objetivo. Los distintos componentes del programa contribuyen a aliviar ciertas condiciones, se aprecian ciertos logros pero no se garantiza la superación de la vulnerabilidad estructural de los hogares pobres. El proceso de mejora en la situación de pobreza de estos hogares es de alcance limitado, la reducción del grado de vulnerabilidad de estos hogares es lenta y presenta retrocesos. Al seguir inscrito en una concepción minimalista de la política social en el marco de un Estado subsidiario, estos programas compensan déficits transitoriamente pero no generan procesos de integración duraderos ya sea por la vía del acceso a empleos formales estables como a través de la generación de microemprendimientos sustentables para generar ingresos. Persisten no sólo carencias de ingresos sino también carencias de integración social y una vulnerabilidad a la pobreza que limita la participación plena en la sociedad y el ejercicio de derechos ciudadanos. Incluso, frente a ciertas crisis o eventos, muchos de estos hogares pueden experimentar un deterioro en tanto retorno a sus condiciones de vida anteriores al programa. Para salir de la pobreza no basta con garantizar condiciones mínimas ni sólo con transferir herramientas a la población pobre para que ellos mismos sean capaces de resolver su situación, especialmente cuando se pretende incidir en una población que presenta un alto nivel de vulnerabilidad social. Las transferencias económicas que perciben estas familias, originalmente concebidas como transitorias, se terminan convirtiendo en una fuente permanente de ingresos de los hogares para sobrellevar su vida cotidiana, no logrando constituirse como una vía para revertir desventajas sociales, generando dependencia a la ayuda estatal. Asimismo, las capacitaciones y herramientas transferidas, las habilidades desarrolladas, los microemprendimientos incipientes generados, terminan siendo tenues instrumentos para enfrentar las disparidades existentes en el mercado laboral al que intentan enfrentarse estos usuarios una vez que egresan de estos programas. A su vez, las desigualdades existentes, las segmentaciones educativas y segregaciones socioespaciales presentes en el contexto bloquean el aprovechamiento de las oportunidades que existen para acceder a mayor bienestar generando exclusiones sistemáticas y procesos de aislamiento social. Frente a este escenario, es imperioso fortalecer la protección pública desde una acción redistributiva que garantice y universalice derechos sociales así como mecanismos efectivos que permitan acceder a mayores oportunidades, a empleos de calidad, para así generar procesos de ciudadanía y promoción social para todos y de mayor cohesión social. Con las herramientas y apoyos entregados, son muy pocos los sujetos que logran atravesar las prácticas de segmentación y las barreras que están impuestas por el marco de desigualdad estructural existente, debilitándose los vínculos de ciertos sectores sociales con el mercado del trabajo. Para superar la pobreza es necesario analizar los límites existentes al ejercicio de la ciudadanía y los obstáculos impuestos por estructuras económico-sociales altamente inequitativas. Las políticas sociales en estas materias no pueden formularse desde una perspectiva meramente compensatoria o paliativa de los efectos nocivos de las desigualdades estructurales, que no considere la debilidad e inequidad de la estructura económica y social existente, la que es causante de la pobreza. La superación de la pobreza debe estar ligada al logro de niveles aceptables de integración social y por tanto, a mayor equidad de la estructura social. Las políticas que dicen luchar contra la pobreza no hacen más que reproducirla a niveles de mínimos legitimando una visión que considera que la condición de pobreza no es resultado de condiciones sociales adversas sino el resultado de limitaciones de los propios individuos, de tal forma que la responsabilidad estatal sólo es compensar los déficit que esta población presenta y a ese fin se dirigen los programas para pobres buscando transformar la subjetividad y modelar conductas de este núcleo poblacional. El objetivo entonces es gestionar la pobreza por medio de políticas focalizadas para los pobres para definirlos, clasificarlos y convertirlos en un sector social a administrar en tanto poblaciones vulnerables que pasan a ser tuteladas por dispositivos neoasistenciales que se adentran en los hogares y en la vida familiar. Se desvincula así la ciudadanía de los derechos sociales y del empleo, y se la asocia a un nivel mínimo de satisfacción, al consumo básico del hogar, cuya satisfacción no está garantizada dependiendo de la gestión individual y de las capacidades de la persona. Lo que antes era un derecho, en la actualidad se convirtió en un deber. Este nuevo arte de gobernar considera así a estas poblaciones en riesgo poseyendo atributos que los hacen vulnerables, por ende se promueve el acceso a ciertos mínimos y paquetes básicos que aseguren cierto nivel de vida mínimo mientras son funcionalizados en el consumo mediante el sobrendeudamiento, la precarización salarial y el encadenamiento productivo dada la terciarización laboral. Se mercantiliza la acción estatal al efectuar transferencias de tipo monetarias, acentuando e impulsando el consumo globalizado y haciendo compatibles política social y mercado. Esta acción pública focalizada en los más pobres y vulnerables, separada del universo de inserción al mercado laboral y de los derechos sociales, implica reducir la intervención social a una acción no redistributiva, compensatoria, selectiva, que gestiona de manera estratégica la pobreza para evitar que se vuelva un problema político. Al ser meros paliativos, estas políticas focalizadas no permiten revertir los procesos de precarización y exclusión social que generan amplias zonas de desprotección social en la población. Estas nuevas políticas sociales, en las que se incluyen los programas de transferencias monetarias condicionadas, se dirigen exclusivamente a reducir la pobreza y dotar de recursos mínimos a los pobres y vulnerables para que ellos mismos sean capaces de resolver su situación, pero se implementan al margen de la institucionalidad de la protección y los derechos sociales, no contribuyendo a procesos de generalización de igualdades y de creciente bienestar para todos. Este tipo de enfoque fragmenta aún más a sociedades profundamente desiguales, lo que genera diversos niveles de inclusión y exclusión de la protección social. De este modo, no se ponen en cuestión los mecanismos básicos que producen la pobreza, no se cuestiona ni se propone modificar las causas y los arreglos sociales persistentes que producen la desigualdad social y la exclusión social. La acción pública se aboca únicamente a resolver la precariedad y el sufrimiento de la experiencia vital de la pobreza. El Estado desarrolla políticas compensatorias, como la entrega de subsidios, que no alcanzan a equilibrar las situaciones de desigualdad que afectan a los usuarios ni a garantizar un bienestar generalizado, provocando una inclusión más bien compensatoria, limitada y estratificada en el acceso a prestaciones: se está incluido, pero de modo estratificado y estigmatizado, existiendo a la base una exclusión de acceso estructural así como relaciones de subordinación entre grupos sociales que restringen el ejercicio de ciudadanía

Tesis para optar al Grado de Magíster en Urbanismo / Los proyectos de integración social instaurados en la política habitacional chilena, han sido un avance en materia de vivienda social, especialmente para los segmentos más vulnerables, ya que junto con impulsar el cohabitar de familias correspondientes a diferente condición socioeconómica, establece estándares de localización y de calidad de las viviendas que anteriormente estaban dados solo para conjuntos habitacionales de clases medias. Si bien históricamente es posible identificar casos de vivienda mixta en nuestro país, es desde el año 2006 que se comienzan a impulsar proyectos en esta materia, lo que dio origen a que en el año 2014 se estableciera formalmente en la política habitacional a través del piloto Subsidio Habitacional Extraordinario para Proyectos de Integración Social (Minvu, D.S. N° 116, 2014), el que posteriormente impulsaría la instauración del Programa de Integración Social y Territorial (Minvu, D.S. N° 19, 2016). La presente investigación se realizó en la ciudad de Talca, dado que una característica intrínseca de esta urbe era su mixtura social en zonas centrales y pericentrales, situación que posterremoto cambió y se intensificó el desplazamiento de la población vulnerable a terrenos localizados en la periferia o desconectados de bienes y servicios urbanos. En este contexto, si bien hasta la fecha no se han proyectado conjuntos de vivienda mixta en el centro de Talca, se analiza la incidencia que ha tenido esta Política Habitacional en la generación de proyectos integrados socialmente, y verificar si efectivamente puede ser un mecanismo para equilibrar la dotación de vivienda para grupos de distintos niveles socioeconómicos en la ciudad. En este sentido, se han planteado las siguientes preguntas de investigación ¿Los conjuntos habitacionales de integración social en Talca, cumplen con los estándares de localización y calidad establecidos por los programas?, ¿Los conjuntos habitacionales analizados están integrados a la ciudad? Y ¿Cuáles son los componentes que debiera considerar una política habitacional para generar integración social?. Para dar respuesta a ellas, el objetivo general es Evaluar el impacto en integración social, que ha tenido la implementación de la política habitacional de vivienda integrada en la ciudad de Talca. Para lo que cual, se propone una metodología cuantitativa, no experimental y exploratoria, en búsqueda de lograr como resultado esperado, aportar en la política habitacional al evaluar el impacto que tienen en materia de integración los proyectos habitacionales del DS116 y DS19 localizados en la ciudad de Talca. Tras lo cual, se cuantificó el cumplimiento de los estándares de localización determinados por la política habitacional de integración social, y ha quedado en evidencia que 6 de los 16 proyectos de integración social ejecutados en la ciudad de Talca, no cumplen con lo requerido. Finalmente, se realiza una propuesta con estándares distintos a lo requerido por el programa e incorpora los sectores de vulnerabilidad social de la comuna, y se ha podido comprobar que los 2 conjuntos habitacionales que tienen buen acceso a equipamientos y servicios, se localizan en sectores vulnerables de la ciudad.

Memoria (diseñador industrial) / No autorizado por el autor para ser publicada a texto completo / El presente proyecto de intervención en el espacio público se desarrolla en el ambiente de condominios de vivienda social dentro de Santiago. Los problemas que desencadena una copropiedad en un contexto vulnerable de vivienda social trae consigo problemas de mantención e implementación que conlleva un panorama de espacios residuales generando estímulos negativos de pobreza a los pobladores, fomentando el sentimiento de tensión y desintegración social, además de inhabilitar el factor simbólico integrador del espacio comunitario. Asi, el proyecto plantea la necesidad de crear espacios publicos de estímulos positivos y de bajo mantenimiento para el segmento, creando una intervención a nivel de diseño que tiene potencial financiamiento por medio del programa de Fondos Concursables del Espacio Público del Minvu.

Magister en Ciencias Sociales, mención Sociología de la Modernización / La conflictividad social urbana está presente en la ciudad de Santiago ya desde la segunda mitad del SXX. Sin embargo, durante las últimas décadas ha ido cambiando su fisonomía. Específicamente, a partir de los cambios societales vinculados a las transformaciones neoliberales. Tanto ayer como hoy, muchas de las lecturas que han se han elaborado sobre estos conflictos han cifrado las razones de su emergencia en las deficiencias de los procesos de integración social, argumentando que por ello no todos han podido disfrutar de los beneficios de los procesos de modernización social, económica y política que ha vivido el país. El problema de esta lectura es que no da cuenta de las especificidades propias de la relación entre los diversos actores implicados en estos conflictos, tornándose abstracta e impotente para explicar su sociogénesis. De otra parte, mucha menor extensión han tenido las lecturas que cifran la emergencia de estos conflictos en dinámicas propias del carácter del desarrollo existente en el país. El problema no radicaría entonces en las deficiencias de los procesos de integración social (que sin duda que existen), sino que en el carácter de las relaciones sociales allí implicadas. En este sentido, la presente investigación caracteriza los conflictos urbanos que han emergido públicamente en la Región Metropolitana durante la última década (2000-2010), distinguiendo las especificidades históricas de la conflictividad urbana en el contexto del neoliberalismo chileno. De la mano de las herramientas que proporciona el análisis de clase, se busca comprender los contenidos de clase implicados en estos conflictos, desarrollando una lectura relacional de los mismos, que vincula apropiación y exclusión de oportunidades sociales, al tiempo que contribuye a distinguir nuevas formas de explotación social. Demostrar el potencial de explicación de una lectura que pone el eje en la constitución de relaciones de apropiación y expropiación, en tanto fuente de condiciones de comunalidad, es un hallazgo que posibilita la pregunta por las oportunidades de estos como espacios de formación de subjetividades sociales y políticas

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Socióloga / La presente investigación se enmarca en la sociología del trabajo, y tiene por objetivo analizar la relación existente entre la condición de subcontratación y la subjetividad de los trabajadores que se desempeñan bajo ese régimen laboral, en el Chile neoliberal. Considerando la importancia del trabajo como fuente de sustento material, social e individual de las personas, se indagará en las modalidades de integración que genera el trabajo en régimen de subcontratación. Para ello, se abordan por un lado los elementos que permiten comprender el marco estructural de análisis, es decir, las transformaciones sociales y económicas de los últimos años, con el consecuente proceso de desconcentración productiva y la inserción de la subcontratación en ello; y por otro lado, los elementos que permiten introducirse en la construcción de la subjetividad de los trabajadores en la sociedad actual, así como sus posibilidades de integración en el trabajo. Para abordar el tema de la integración, se consideran cinco dimensiones de análisis, basadas en la condición de subcontratación: las posibilidades de sociabilidad que existen en estos espacios de trabajo, la relación que mantienen con los compañeros, la relación con los trabajadores de planta, la relación con los supervisores y jefes, y la incidencia de estos vínculos en la vida de los trabajadores. Para dar cuenta de tales dimensiones se utiliza una metodología cualitativa, específicamente entrevistas semi estructuradas aplicadas a trabajadores subcontratados de distintos rubros del sector servicios -que permitan abarcar un panorama general de subcontratación-, lo cual es complementado con un análisis de material secundario, con el objetivo de dar mayor profundidad y contextualizar la información obtenida en las entrevistas. Finalmente, a partir de la sistematización y análisis de lo expresado por los trabajadores en las entrevistas, se identifican distintas modalidades de integración, en base a las cuales se construyen perfiles de integración en el trabajo subcontratado