With this study the status of “non-fixed indefinite” in the service of the government workers is analyzed. The “no permanent fixed” are those workers who although initially had a temporary contract with an administration, it has become indefinite due to irregularities thereof. Analyze how Spanish jurisprudence has tried to strike a balance between labor interests (of job security) and public (the constitutional principles of equality, merit and ability in access to public service). / Con este estudio, se analiza la situación jurídica de los trabajadores “indefinidos no fijos” al servicio de las Administraciones Públicas, es decir, aquellos que si bien, inicialmente, tenían un contrato de carácter temporal, éste se ha convertido en indefinido como consecuencia de las irregularidades del mismo. Analizaremos, cómo la jurisprudencia española ha intentado establecer un cierto equilibrio entre los intereses laborales (de estabilidad en el empleo) y los públicos (los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la función pública).

This paper explains how the notion of economic duress is understood in different legal regimes of Civil Law and Common Law. This way, the author first addresses the concept of economic duress from a restrictive sense (as a defect of consent) and, later, develops the concept from a wider perspective (taking into account an objective economic imbalance). / El presente artículo explica cómo se entiende la noción de violencia económica en diversos ordenamientos jurídicos tanto del Civil Law como del Common Law. Así, el autor aborda primero el concepto de violencia económica en un sentido restringido (como vicio del consentimiento), y posteriormente lo desarrolla desde una perspectiva más amplia (tomando en cuenta un desequilibrio económico objetivo).

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / A lo largo de la historia de nuestro país, la Iglesia Católica ha tenido una gran influencia en la política y en la sociedad chilena. Tanto que recién con la Constitución Política de 1925 se separa la Iglesia del Estado. Uno de sus principales roles ha sido salir en defensa de la familia y el matrimonio, que es considerado un sacramento indisoluble. Por esto, cada vez que se presentó algún proyecto de ley que estableciera el divorcio como forma de disolución del vínculo matrimonial la Iglesia se opuso tenazmente. A pesar de ello, se aprobó en el Congreso la Nueva Ley de Matrimonio Civil Nº 19.947, que entró en vigencia el 18 noviembre del mismo año. Esto fue producto de una larga historia de discusiones doctrinarias y legislativas, en las cuales la Iglesia Católica estuvo siempre presente. Por esto, en la nueva legislación matrimonial como una forma de atenuar el impacto que produjo en la Iglesia la incorporación del divorcio, se dio valor legal al matrimonio religioso, aunque no sólo al católico, es necesario recordar que la mayoría de la población chilena profesa este credo. Esto más que un avance nos pareció un retroceso porque la antigua Ley de Matrimonio Civil tuvo como uno de sus objetivos restarle influencia a la Iglesia en la sociedad chilena. La influencia se pude notar también, con la introducción de una nueva causal de nulidad de matrimonio, en el artículo 5: No podrán contraer matrimonio Nº4: “Los que carecieren de suficiente juicio o discernimiento para comprender y comprometerse con los derechos y deberes esenciales del matrimonio”. Esta causal se extrajo del Código de Derecho Canónico, canon 1095 Nº2, es la misma causal sólo cambian algunas palabras. Por todo lo expuesto anteriormente, en el presente trabajo pretendemos conocer y comprender hasta dónde ha llegado la influencia de la Iglesia Católica en la legislación matrimonial chilena. Para esto nos hemos propuesto: - Conocer algunos conceptos de familia y matrimonio. - Investigar la historia del establecimiento de la antigua como de la nueva Ley de Matrimonio Civil. - Analizar el valor del matrimonio religioso en materia civil. Para esto veremos los requisitos exigidos por la ley para el matrimonio civil y religioso. - Conocer como está tratada la nulidad de matrimonio en la nueva legislación. Por lo que veremos cuales son las causales, efectos y titularidad de la misma. También nos hemos propuesto comprender en qué consiste la nueva causal de nulidad de matrimonio, establecida en el artículo 5 Nº4 de la Nueva Ley, extraída del canon 1095 Nº 2 del Código de Derecho Canónico. Para esto, recurriremos a sentencias de nulidad de matrimonio religioso basadas en éste.

In August 2014, the Peruvian Supreme Courten acted  the  Fifth  Civil  Cassation Plenary, which establishes that any challenging madeto an associative agreement must be realized through the procedure referred to in the article92 of the Peruvian Civil Code. The comments and criticisms to this decision have not beenfew, considering the complexity of the theme discussed in the aforementioned decision.In this context, with the present article the author realizes a thorough critique of such Cassation Plenary. Based on the analysis of civil and procedural legal concepts, he reaches a conclusion: That the plenary decision, besides of having multiple legal errors, won't accomplish its purpose. / En agosto de 2014, la Corte Suprema promulgó el Quinto Pleno Casatorio Civil, en elque dispone que todo cuestionamiento a un acuerdo asociativo deba realizarse mediantela impugnación contemplada en el artículo 92del Código Civil. Los comentarios y las críticas a esta decisión no han sido pocas, tomandoen cuenta la complejidad del tema discutido.En ese contexto, mediante el presente artículo, el autor realiza una crítica completa sobre el Pleno Casatorio. Basándose en un análisis de conceptos jurídicos civiles y procesales, llega a una conclusión: La decisión plenaria, además de tener múltiples errores jurídicos, no logra finalmente lo que se buscaba con ella.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo persigue revisar, de forma breve, los cimientos y vicisitudes prácticas y teóricas de uno de los medios de impugnación más relevantes que tocan a la administración de justicia en el Derecho laboral: el recurso de nulidad laboral. Con este fin, el trabajo presenta dos ejes principales. El primero de ellos, es un análisis proveniente de un marco teórico, que propiciará una revisión normativa y doctrinaria del recurso, dejándose guiar por la siguiente ruta: (i) un vistazo a consideraciones generales previas, como un somero repaso al contexto de la reforma procesal laboral, el concepto de debido proceso y el derecho a impugnar; (ii) una caracterización del sistema recursivo laboral actual, pasando por los principios del proceso laboral y los demás recursos que le componen; y (iii) un análisis más detallado del recurso mismo, su concepto, requisitos, causales y las problemáticas relacionadas que se observan. El segundo eje es un análisis jurisprudencial de fallos de la Corte de Apelaciones de Santiago y de la Corte Suprema, todos dictados durante los años 2016 y 2017, a fin de hacerse una idea de cuáles son los asuntos que motivan conflictos jurídicos y qué interpretaciones son comunes pero destacables en los tribunales superiores, con un especial énfasis en entender las tendencias que han seguido los jueces en los últimos años. Finalmente, se concluirá el presente trabajo con una propuesta normativa, a la luz de lo aprehendido de los dos ejes anteriores, que constituye un humilde intento por proponer un mayor ajuste del sistema recursivo laboral y, en particular, del recurso de nulidad, al estándar del debido proceso.

En la primera parte del presente documento se resume el expediente relacionado con un recurso de amparo para efectos que se reponga a un servidor de una entidad pública que fue contratada bajo el régimen privado del decreto legislativo n° 728, así de esa forma pretender su reposición del trabajo a través del proceso constitucional interpuesto. En la segunda parte del presente resumen se discute el recurso de nulidad de un arbitraje comercial con una tonalidad de naturaleza tributaria; en el cual, consiste que los sujetos que tienen legitimidad para obrar presentan un recurso de nulidad señalando indirectamente que se pronunciaron sobre materia tributaria, siendo esta indelegable y exclusiva al Estado Peruano. / Trabajo de suficiencia profesional

El delito de colusión ha tomado mayor importancia en los recientes años debido a la cantidad de procedimientos de contratación pública que el Estado es capaz de suscribir. No obstante, aun existe cierta discusión o confusión en referencia a sus elementos y el bien jurídico que busca proteger, logrando que exista diversos tipos de pronunciamientos jurisprudenciales al respecto, algunos más polémicos que otros. Un ejemplo de ello, es el Recurso de Nulidad N° 341-2015, el cual plantea una concepción del delito de colusión restrictiva respecto a sus elementos. En el presente trabajo, realizamos un análisis de la resolución en mención. De esta manera, hemos identificado tres problemas jurídicos: i) el concepto de funcionario público para el cargo de Consejero de OSIPTEL; ii) la connotación del elemento “defrauda”; y, iii) el significado del contexto contractual requerido para el delito de colusión. Así, pues, mediante una revisión de la doctrina y jurisprudencia nacional, así como del análisis de tratados suscritos por el Estado en materia de lucha contra la corrupción, hemos logrado responder los problemas anteriormente señalados, obteniendo un resultado diferente a lo expresado en la resolución. Esto toda vez que, partimos del entendimiento que el bien jurídico de este delito es la imparcialidad del funcionario público, con lo cual no se requiere un perjuicio patrimonial al Estado, que el contexto contractual debe aplicar a todas las fases del procedimiento de contratación y, también, que el cargo de consejero cumple con los requisitos para ser considerado un funcionario público. / The crime of collusion has become more important in recent years due to the number of public procurement procedures that the State is capable of underwriting. However, there is still some discussion or confusion regarding its elements and the legal asset that it seeks to protect, resulting in various types of jurisprudential pronouncements in this regard, some more controversial than others. An example of this is the Appeal for Annulment No. 341-2015, which raises a restrictive conception of the crime of collusion with respect to its elements. In the present work, we carry out an analysis of the resolution in question. Thus, we have identified three legal problems: i) the concept of a public official for the position of Director of OSIPTEL; ii) the connotation of the element “defraud”; and, iii) the meaning of the contractual context required for the crime of collusion. Thus, through a review of the national doctrine and jurisprudence, as well as the analysis of treaties signed by the State in the fight against corruption, we have managed to answer the aforementioned problems, obtaining a different result than that expressed in the resolution. This since, we start from the understanding that the legal right of this crime is the impartiality of the public official, which does not require a patrimonial damage to the State, that the contractual context must apply to all phases of the contracting procedure and, also, that the position of director meets the requirements to be considered a public official.

El presente informe versa el expediente civil N° 03196-2011-0-0401-JR-CI-01, proceso iniciado por Héctor Orestes Rondón Rivas, quien interpone demanda contra Belia Perfecta Guillen, Asociación de Vivienda las Buganvillas de Arequipa y Centro de Conciliación para la Paz Social, con la finalidad de declarar la Nulidad del Acto Jurídico del acuerdo conciliatorio contenido en el Acta de Conciliación N° 1540-2011, mediante el cual la Sra. Belia se inscribió como asociada en la ficha de Padrón del Centro de Conciliación. Las causales de nulidad planteadas fueron: falta de manifestación de voluntad (al transmitirse su derecho de asociado sin su consentimiento) y nulidad virtual (vulneración a la Ley Electoral y Ley N° 26872). Por otro lado, la demandada planteó como respuesta, que el acto jurídico contenido en el acta conciliatoria tenía como finalidad regularizar sus derechos como propietaria, reputando la validez del acto, siendo este ejercido en amparo de una anterior sentencia expedida por el Juzgado de Familia, la cual disolvió el vínculo matrimonial con el demandante y se dispuso el 50.00% para cada cónyuge del único inmueble que pertenecía a la sociedad de gananciales. Al respecto, el juzgado de primera instancia declaró infundada la demanda considerando que el inmueble adquirido se produjo durante la vigencia del vínculo matrimonial entre las partes, no presentándose causal de nulidad invocada; decisión respecto del cual se interpuso recurso de apelación señalando falta de motivación, apelación que ha sido concedida y elevado al Superior Jerárquico, quienes revocaron la sentencia de primer grado y declararon fundada la demanda. / This report deals with a civil proceeding N° 03196-2011-0-0401-JR-CI-01, where Héctor Orestes Rondón Rivas files a lawsuit against Belia Perfecta Guillen, Las Buganvillas de Arequipa Housing Association and Conciliation Center for Social Peace, in order to declare the Nullity of the Legal Act of the conciliation agreement contained in the Conciliation Act No. 1540-2011, through which Mrs. Belia registered as an associate in the Register of the Conciliation Center. The grounds for nullity raised were due to a lack of expression of will (when his right to associate was transferred without his consent) and virtual nullity (violation of the Electoral Law and Law No. 26872). On the other hand, the defendant raised in response, that the legal act contained in the conciliation act was intended to regularize her rights as owner, presuming the validity of the act, being this exercised under a previous ruling issued by the Family Court, which dissolved the marriage bond with the plaintiff and 50.00% was provided for each spouse of the only property that belonged to the marriage. In this regard, the court of first instance declared the claim unfounded, considering that the property acquired was produced during the validity of the marriage bond between the parties, with no grounds for nullity invoked; decision regarding which an appeal was filed indicating lack of motivation, an appeal that has been granted and raised to the Hierarchical Superior, who revoked the first degree sentence and declared the claim founded. / Trabajo de suficiencia profesional

El presente informe jurídico se origina ante la decisión de la Corte Suprema de absolver al expresidente Alberto Fujimori del delito de peculado por considerar que la Constitución no le otorga vínculo funcional especial con los recursos públicos del Servicio de Inteligencia Nacional. La Corte también considera a este delito como uno de infracción del deber institucional al que solo se le debe aplicar la teoría del autor único que no diferencia autores de partícipes mediante un criterio material, sino bajo el criterio de la infracción del deber institucional. La investigación busca determinar si el artículo 118 inciso 17 de la Constitución puede otorgar al presidente de la república vinculación funcional con los caudales públicos y si la teoría de los delitos de infracción de deberes institucional es aplicable en el sistema penal peruano, con los efectos que ello conlleva para la interpretación del delito de peculado y de las instituciones dogmático-penales de la autoría y participación. Para elaborar el trabajo nos basamos en las teorías de los delitos especiales desarrolladas por Claus Roxin, Günter Jakobs y Bernd Schünemann y en las investigaciones y jurisprudencia relativas al delito de peculado. Para ello, empleamos un método de investigación documental y dogmática. Los resultados del informe señalan que las teorías de infracción del deber de Roxin y Jakobs no son adecuadas para nuestro ordenamiento penal y que el artículo 118 inciso 17 de la Constitución si otorga la vinculación funcional requerida por el tipo de peculado. La conclusión para el caso concreto es que la Corte debió haber condenado a Alberto Fujimori como coautor del delito de peculado. / This legal report originates from the decision of the Supreme Court to acquit former President Alberto Fujimori of the crime of embezzlement on the grounds that the Constitution does not grant him a special functional link with the public resources of the National Intelligence Service. The Court also considers this crime as one of breach of institutional duty to which only the single perpetrator theory should be applied, which does not differentiate perpetrators from participants through a material criterion, but rather under the criterion of breach of institutional duty. The investigation seeks to determine if article 118, paragraph 17 of the Constitution can grant the president of the republic a functional relationship with public funds and if the theory of crimes of infraction of institutional duties is applicable in the Peruvian penal system, with the effects that This entails for the interpretation of the crime of embezzlement and the dogmatic-criminal institutions of authorship and participation. To elaborate the work, we are based on the theories of special crimes developed by Claus Roxin, Günter Jakobs and Bernd Schünemann and on the investigations and jurisprudence related to the crime of embezzlement. To do this, we use a documentary and dogmatic research method. The results of the report indicate that the Roxin and Jakobs theories of infraction of duty are not adequate for our criminal system and that article 118, paragraph 17 of the Constitution does grant the functional link required by the type of embezzlement. The conclusion for the specific case is that the Court should have convicted Alberto Fujimori as co-author of the crime of embezzlement.

La potestad del Tribunal Constitucional de declarar la nulidad de sus propias resoluciones ha sido ejercida por el máximo intérprete de nuestra Constitución en una serie de ocasiones. No obstante ello, aún existe una amplia discusión tanto en Doctrina como a nivel Jurisprudencial vinculada a si es posible reconocer dicha potestad al Tribunal Constitucional, bajo nuestro actual sistema jurídico. Por un lado, aquellos que rechazan la posibilidad de reconocer al Tribunal Constitucional la potestad de declarar la nulidad de sus propias resoluciones resaltan que existen una serie de objeciones que impedirían reconocer dicha potestad tales como la vulneración a los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica. Así, el principal objetivo del presente trabajo es analizar si es posible reconocer la potestad del máximo intérprete de nuestra Constitución de declarar la nulidad de sus propias resoluciones, bajo nuestro actual sistema jurídico, sin que ello implique una vulneración a los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica. A través de dicho análisis, llegaremos a la conclusión de que dicha potestad sí encuentra cabida en nuestro sistema jurídico, siempre que esta sea ejercida en determinados supuestos y de manera excepcional. / The power of the Constitutional Court to declare the nullity of its own resolutions has been exercised by the highest interpreter of our Constitution on a number of occasions. Nevertheless, there is still a wide discussion both in Doctrine and Jurisprudence as to whether it is possible to recognize such power to the Constitutional Court. On the one hand, those who reject the possibility of recognizing the Constitutional Court the power to declare the nullity of its own resolutions highlight that there are a series of objections that would prevent the recognition of such power, such as the violation of the principles of res judicata and legal certainty. Thus, the main objective of this paper is to analyze whether it is possible to recognize the power of the highest interpreter of our Constitution to declare the nullity of its own resolutions, under our current regulatory system, without this implying a violation of the principles of res judicata and legal certainty. Through such analysis, we will reach the conclusion that such power does have a place in our legal system, as long as it is exercised in certain cases and in an exceptional manner. / Trabajo académico