Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / El presente trabajo se enmarca dentro del proyecto global de actualización del Repertorio de Legislación y Jurisprudencia del Código Civil y sus leyes complementarias, y constituye, en lo particular, una nueva recopilación, análisis y extracto de los fallos dictados con respecto al Derecho de Familia. Los múltiples cambios sociales han originado importantes reformas a la normativa de filiación y matrimonio. A las modificaciones sustanciales introducidas por la nueva legislación en materia de familia, debe añadirse la creación de los Tribunales de Familia, que configuró un sistema totalmente novedoso en lo concerniente a resolver las disputas particulares sobre la materia. La aplicación de la Nueva Ley de Matrimonio Civil no estuvo exenta de dificultades, por cuanto los tribunales tuvieron que ir definiendo y adoptando posturas respecto de la interpretación de las nuevas instituciones, interpretación que varía entre los distintos tribunales y también al interior de un mismo tribunal en espacios temporales diversos. Esta presentación se centrará en la institución del matrimonio, especialmente en lo referido a su constitución, efectos y nulidad. Atendido el aumento sostenido que han tenido las uniones de hecho al interior de nuestra sociedad, el presente trabajo considera un análisis particular al respecto, enfocado principalmente en los efectos que, a falta de regulación orgánica, ha debido reconocerle la jurisprudencia nacional. Para analizar esta situación lo hemos subsumido bajo el artículo 102 del Código Civil.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / La situación no es diferente en la realidad nacional. De un tiempo a esta parte, varios procedimientos de uso común han sido profundamente modificados por el legislador, específicamente, a través de la reforma en materia procesal penal; las reformas en los procedimientos ante los tribunales de familia y en materia laboral. En su régimen recursivo, las modificaciones han pasado por suprimir el recurso de nulidad (casación) y dejar sólo el de apelación; o viceversa. Inclusive, en los nuevos procedimientos, progresivamente se ha reducido la posibilidad de recurrir de apelación hasta casi suprimirlo, dejando sólo el recurso de nulidad como recursus propiamente tal, y se han creado nuevos recursos en determinados procedimientos (a modo ejemplar, el nuevo recurso de unificación de jurisprudencia en materia laboral). Así las cosas, el primer objetivo de esta memoria es exponer y contrastar el régimen recursivo de los principales procedimientos de nuestra legislación, circunscrito a la doble instancia y la anulación. Luego de realizado este análisis, revisaremos sí estos cambios en nuestro sistema, cumplen con las garantías procesales consagradas en la constitución que informan a los recursos. Para ello, a fin de alcanzar las respuestas a todas las inquietudes planteadas, resulta imprescindible analizar y comprender cuáles son los fines de los regímenes recursivos en la dogmática procesal: sus fines constitucionales, el principio de certeza jurídica, y el derecho a la defensa técnica. Todo ello será abordado en el primer capítulo

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / El presente trabajo tiene por objetivo, es un principio, hacer una suerte de análisis de la nulidad como efecto establecido por la ley a aquellos actos jurídicos que nacen en un proceso de forma inadecuada. Aquellos actos que nacen de una manera poco sana, "enferma". Es por ello que, en su primer capítulo se ha pretendido hacer una breve reseña del proceso, como aquel ambiente o caldo de cultivo en del cual nacen los actos jurídicos procesales. Enseguida, esta parte se ha visto en la necesidad de describir y analizar al acto procesal mismo pues en el estudio de éste y de sus requisitos podemos encontrar y desentrañar la naturaleza misma de la nuliddad como aquella "enfermedad" que ataca a los actos jurídicos inidóneos. El segundo capítulo, por su parte, se encarga de explicar, tal como su título lo señala, a los actos jurídicos ineficaces para producir sus efectos jurídicos dentro del proceso. Especial pormenorización se merece la nulidad procesal, como aquel efecto que la ley atribuye a los actos a los que falta algún requisito de validez. Los tercero y cuarto capítulo tienen por finalidad el estudio del desenvolvimiento de la nulidad procesal en los diversos procedimientos así como los medios para hacer valer ésta para que así prevalezca el imperio del derecho

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / El presente trabajo efectúa una recopilación actualizada de la jurisprudencia desarrollada por nuestros Tribunales de Justicia a partir del año 1995 y hasta el 2008, en lo referente a normas del Código Civil que tienen relevancia con temáticas relativas a los contratos civiles. El objeto primordial del mismo es junto con efectuar una actualización cronológica de la jurisprudencia existente sobre contratos, analizar la misma en búsqueda ya sea de nuevos criterios jurisprudenciales o la confirmación de criterios ya asentados en el ámbito jurídico. Este trabajo se aboca al estudio de la nulidad en general, rescisión y otras sanciones civiles a través de la Jurisprudencia de los Tribunales de Justicia de nuestro país, determinando sus avances, particularidades, y distintas formas de interpretación de las normas que regulan estas materias. La metodología de trabajo consiste en la exposición de los principales hallazgos en cuanto a la evolución de criterios jurisprudenciales relativos a la nulidad en general, rescisión y otras sanciones civiles, desarrollados y contrastados a la luz de la jurisprudencia y doctrina actuales. Posteriormente, se presentan las modificaciones efectuadas a los artículos atingentes a la materia en el Repertorio de Legislación y Jurisprudencia del Código Civil, en pos de su actualización en orden cronológico. Por último, el presente trabajo expone las sentencias analizadas en el arduo trabajo de investigación llevado a cabo, mediante un sistema de fichas que facilita su análisis

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La Administración Pública tiene por objeto buscar satisfacer el bien común también conocido como interés general. Sin embargo para ello debe hacerlo cumpliendo dos requisitos: la administración debe actuar con sujeción a la ley y además debe cumplir con eficiencia y eficacia los fines que busca. El problema es que son requisitos contrapuestos: sujetarse estrictamente a la ley implica no cumplir eficaz y eficientemente con la satisfacción del bien común. Por el contrario, el afán de una eficaz y eficiente satisfacción de los intereses generales podría implicar una infracción a la ley y en consecuencia la declaración de nulidad de derecho público del acto administrativo dictado para ello. El principio de conservación de los actos administrativos propone una solución que es un término medio entre ambos requisitos, cuestión que no era solucionada por las teorías tradicionales sobre la nulidad de derecho público en Chile. El estudio del principio de conservación revelará distintas herramientas jurídicas que la Administración Pública puede utilizar para cumplir con la satisfacción del interés general de una forma eficiente y eficaz, sin infringir la ley. El método de estudio utilizado es deductivo, estableciendo cuáles son los elementos teóricos que sustentan el principio de conservación de los actos administrativos y cómo éstos se reflejan en su aplicación práctica tanto en la legislación comparada y nacional como la jurisprudencia ordinaria y administrativa

¿Cuál es el futuro de las acciones de inversión en el Perú? ¿La regulación actual sobre estos títulos valores debe mantenerse? ¿Es realmente viable la conversión o redención de las acciones de inversión en acciones comunes? Y de ser este el caso,¿esta conversión o redención deber ser obligatoria o voluntaria? Estas son las principales interrogantes que los autores pretenden absolver a partir de un análisis detallado sobre el tratamiento actual de las acciones de inversión en nuestro ordenamiento jurídico y los incentivos de cada una de las partes que podrían verse inmersas en un proceso de canje o conversión de estos títulos valores.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La ausencia de un efecto especifico a la declaración de nulidad de un acto dictado en un procedimiento licitatorio, ha permitido al Tribunal de Contratación Publica sostener que es posible que no se apliquen los efectos de la declaración de nulidad, en específico el retroactivo. Para negar la aplicación de este efecto ha recurrido al interés público, los derechos adquiridos, la protección de las situaciones jurídicas consolidadas, la buena fe y la seguridad jurídica. Estos fundamentos se obtuvieron del análisis de un conjunto de fallos compuestos por aquellos en que específicamente el tribunal negaba la posibilidad de aplicar el efecto retroactivo de la declaración de nulidad. Formo parte del análisis no solo lo sostenido en los considerandos de las sentencias, sino que también la fecha de dictación del acto y la fecha de redacción del fallo. Además, se estudió la doctrina nacional e internacional para explicar cómo puede ser posible el uso de los distintos conceptos. Lo obtenido en la jurisprudencia del Tribunal de Contratación Pública fue contrastado con un estudio de derecho comparado, en el que se investigó como funciona un sistema en el que existen efectos específicos para la declaración de nulidad, los que no deberían poder ser soslayados. La elección recayó sobre España, quienes, a pesar de tener una norma expresa, durante bastante tiempo hicieron caso omiso de ella, por tanto, al igual que nuestro tribunal no aplicaban los efectos retroactivos de la nulidad. La manera en que el Tribunal de Contratación Pública ha esgrimido las distintas causales no tiene reproche jurídico alguno. Sin embargo, se pudo apreciar a lo largo del estudio que la razón última para su uso se debe tardanza en que son dictadas las sentencias, debiendo recurrir a estas causales como un salvavidas.

Memoria para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales / La presente investigación pretende desentrañar el alcance del deber de motivación de las sentencias penal, con el objeto de explicar la importancia y las implicancias de esta exigencia. El trabajo se inicia con una reflexión en torno a la relevancia del deber de motivación de las sentencias, primero como garantía constitucional, y luego como consecuencia lógica de la naturaleza cognoscitiva del proceso penal. Conjuntamente, repasamos cómo el recurso de nulidad es la principal garantía de esta garantía, toda vez que se presenta como principal arma de impugnación de los fallos que adolecen de este vicio. Posteriormente, el trabajo delimita histórica, teórica y jurídicamente qué significa exactamente fundamentar una sentencia, con el objeto, primero, de definir el alcance de esta exigencia dentro de nuestro sistema jurídico, y segundo, para remarcar aún más la diferencia, que en el primer capítulo se explica, entre valorar la prueba y motivar una sentencia. Por último, esta tesis de grado exhibe los resultados, cuantitativos y cualitativos, del análisis de la jurisprudencia reciente de la Corte de Apelaciones de Valparaíso respecto de la configuración del vicio de falta de fundamentación de la sentencia, previa exposición de las bases metodológicas de la investigación

Esta investigación versa principalmente sobre la posibilidad de solicitar la disolución del matrimonio en común por la falta de débito conyugal, sin tener que recurrir a otras causales establecidas en el artículo 333° del código civil, como la separación de hecho o separación convencional. De esta forma, a lo largo de este estudio se desarrollara la institución del matrimonio, la naturaleza jurídica y su regulación en la normativa nacional, recalcando que el matrimonio es una institución natural y que al unirse los cónyuges por voluntad propia, tienen pleno conocimientos de los deberes y obligación que ellos implica, así como también la finalidad del matrimonio. En este sentido si alguno de los cónyuges infringe los deberes matrimoniales puede solicitar el divorcio, es por ello, que para mayor comprensión se describirá como se encuentra regulado el divorcio en el Perú y el derecho comparado y cuáles son los supuestos expresamente establecidas para su disolución. Concluyéndose con la propuesta de la disolución del matrimonio por falta de débito conyugal bajo la causal de la imposibilidad de hacer vida en común así como también el derecho a una indemnización a la parte perjudicada.