En la actualidad, el aumento del tráfico patrimonial ha aportado significativos ingresos al sistema económico y tributario peruano. Estas disposiciones patrimoniales se manifiestan con la celebración de un negocio jurídico. No obstante, mientras más ascienden los índices de las transferencias, más se acrecientan las formas de defraudación y criminalidad entre los sujetos intervinientes y en la administración pública. El ordenamiento jurídico peruano otorga ciertas medidas para evitar o, en todo caso, subsanar algunas deficiencias en la celebración de un negocio; pues en algunos casos, una de las partes intervinientes obra con una finalidad completamente ilícita. Así pues, por ejemplo, para los actos celebrados por un sujeto sin un poder de representación o estando este ya se encuentra extinto, el Código Civil sanciona con la imposibilidad del acto de surtir efectos jurídicos respecto del representado. La complejidad y confusión que genera el uso y aplicación de la ineficacia en los operadores de derecho ha generado que pocas veces sea invocada en un proceso civil; es por ello que considero que con la aplicación de un remedio jurídico más comprensible y conducente, se podrá disminuir el índice de fraude al momento de la celebración de un negocio jurídico.

A la luz de la Casación Laboral N° 15216-2018-Lima, el presente informe jurídico tiene como propósito analizar la nulidad de despido por embarazo para el caso de una trabajadora que sufrió la interrupción natural de su gestación y posterior a esta comunicación fue despedida por su empleador, quien le imputó, en la carta de preaviso de despido, la comisión de dos faltas graves previstas en los literales a) y d) del artículo 25 de la LPCL, referidas respectivamente al incumplimiento de las obligaciones laborales que supone el quebrantamiento de la buena fe laboral y la entrega de información falsa con la intención de causarle un perjuicio al empleador. Teniendo en cuenta lo anterior, el informe concluye que no se ha configurado ninguna de las faltas graves, pues la entrega del CITT y la epicrisis para acreditar el embarazo y la interrupción natural de la gestación, no constituyen una obligación de trabajo; asimismo, no resulta válida la subsunción de la falta de entrega de una documentación, en la causal de entrega de información falsa. Así también, mediante los métodos de interpretación sistemática y de la “ratio legis” se colige que la nulidad de despido alcanza a la trabajadora que sufrió la interrupción natural de su embarazo, a su vez, según lo previsto en el literal e) de la LPCL se determina la configuración de un despido nulo. Finalmente, se concluye que la trabajadora podría haber solicitado como pretensión subordinada, la reposición por haber sido objeto de un despido fraudulento. / In light of Labor Cassation No. 15216-2018-Lima, the purpose of this legal report is to analyze the nullity of dismissal due to pregnancy in the case of a worker who suffered the natural interruption of her pregnancy and was fired after this communication by his employer, who charged him, in the dismissal notice letter, with the commission of two serious offenses provided for in subparagraphs a) and d) of article 25 of the LPCL, referring respectively to the breach of labor obligations that involves the breach of good labor faith and the delivery of false information with the intention of causing harm to the employer. Taking into account the foregoing, the report concludes that none of the serious offenses has been configured, since the delivery of the CITT and the epicrisis to prove the pregnancy and the natural interruption of the gestation, do not constitute a work obligation; Likewise, the subsumption of the lack of delivery of a documentation is not valid, in the cause of delivery of false information. Likewise, through the methods of systematic interpretation and the "ratio legis" it is inferred that the nullity of dismissal reaches the worker who suffered the natural interruption of her pregnancy, in turn, as provided for in literal e) of the LPCL determines the configuration of a null dismissal. Finally, it is concluded that the worker could have requested, as a subordinate claim, her reinstatement for having been the subject of a fraudulent dismissal.

peruano. Toma en cuenta la problemática actual en torno a la nulidad declarada de oficio en segunda instancia y cómo estas decisiones pueden vulnerar los derechos de los sujetos procesales, así como crear distorsiones en el sistema de justicia. En ese sentido, con el fin de plantear presupuestos básicos para garantizar una adecuada protección de derechos fundamentales a los justiciables, pasamos a revisar doctrina que desarrolle dicha institución, destacando los presupuestos conceptuales de la nulidad y una definición adecuada para el proceso penal atendiendo a los fines del proceso en un estado constitucional de derecho. También, realizamos un recuento de las principales decisiones de la Corte Suprema y Salas Penales del país, evidenciando una ausencia en el desarrollo de la nulidad de oficio, sus presupuestos y límites. Con el fin de aportar al debate en cuestión, planteamos presupuestos para el análisis y, eventual, de una nulidad decretada de oficio en segunda instancia.

El presente trabajo de investigación me permitirá profundizar en la potestad fiscalizadora y sancionadora de la Administración, en su desarrollo en los últimos años, resulta interesante poder revisar como las diversas entidades reguladoras establece sus definiciones al respecto de un Acto de Fiscalización, y como este a pesar de su importancia como material probatorio en un Proceso Administrativo Sancionador, se encuentra separado del concepto de Actos Administrativos. Asimismo, también nos permite establecer la actividad inspectora del personal de fiscalización de una entidad reguladora, poder revisar sus procedimientos, sus alcances, sus límites , y profundizar más en el Derecho Sancionador, el cual, si bien tiene una normativa desarrollada, actualmente aún mantiene alejada a las Actas de Fiscalización de la categoría de Actos Administrativos, también podremos ahondar en la naturaleza del Acto Administrativo en sí, sus diferencias con los Actos de Fiscalización, la naturaleza de su fundamento normativo, la cual le otorga una sustancial preferencia respecto a otros actos, como la capacidad de crear, modificar, extinguir relaciones jurídicas y por lo tanto también ser susceptible a recursos administrativos en cuando se verifique la falta de elementos sustanciales, en otras palabras la nulidad, concluyendo de manera razonable y fundamentada, por qué determinados actos, como el de fiscalización, no son susceptibles de declararse nulos. / This research work will allow me to delve into the oversight and sanctioning power of the Administration, in its development in recent years, it's interesting to be able to review how the various regulatory entities establish their definitions regarding an Oversight Act, and how this to Despite its importance as evidentiary material in a Sanctioning Administrative Process, it is separated from the concept of Administrative Acts. Likewise, it also allows us to establish the inspection activity of the control personnel of a regulatory entity, to be able to review its procedures, its scope, its limits, and to delve deeper into the Penalty Law, which, although it has developed regulations, currently still maintains away from the Audit Acts of the category of Administrative Acts, we can also delve into the nature of the Administrative Act itself, its differences with the Audit Acts, the nature of its regulatory basis, which gives it a substantial preference over others acts, such as the ability to create, modify, terminate legal relationships and therefore also be susceptible to administrative appeals when the lack of substantial elements is verified, in other words, nullity, concluding reasonably and fundamentally, why certain acts, such as the inspection, are not likely to be declared null.

La presente investigación se originó al revisar algunos casos en los cuales los contribuyentes alegaban que la facultad de reexamen, utilizada por la Administra c ió n Tributaria, había vulnerado Principios constitucionales como el Principio de prohibición de la reforma peyorativa, los contribuyentes señalaban que al resolver sus recursos de reclamación la SUNAT aumentó los montos de los reparos inicia les causándole un perjuicio mayor al que había determinado en el procedimiento de fiscalización. Así pues, este artículo tiene como objetivo determinar si el segundo párrafo del artículo 127° del Código Tributario (por medio del cual se faculta a la Administración Tributaria a aumentar el monto del reparo) vulnera la prohibición de la reforma en peor, debido a que permite que se aumente el monto de los reparos iniciales, con lo cual se podría concluir, en un primer momento, que desincentiva a los contribuyentes a presentar recursos de reclamación o apelación debido a que al hacerlo tanto la SUNAT como el Tribunal Fiscal podrían, utilizando el reexamen, aumentar la suma de los reparos. No obstante ello, conforme al análisis efectuado en este breve artículo se ha concluido que la facultad de reexamen no es una excepción a la reforma en peor o no vulnera este principio debido a que el reexamen se fundamenta en otros Principios como el de Verdad Material y el Impulso de Oficio, principios administrativos cuya inobservancia vulneran el derecho al debido procedimiento, asimismo, se analiza el tercer párrafo del artículo 127° del Código Tributario mediante el cual se regula el procedimiento a seguir cuando la Administración Tributaria aumente el reparo, con lo cual se concluyó que lo regulado en el segundo párrafo del artículo 127° del Código Tributario no coloca en una situación de indefensión al contribuyente.

La facultad del Tribunal Constitucional de declarar la nulidad de sus resoluciones ha sido aplicada por el mencionado órgano jurisdiccional en diversas oportunidades, sin embargo, aún se mantiene una extensa discusión sobre la posibilidad de reconocer la aplicación de esta facultad. Existen fuertes posiciones que rechazan la legitimidad de la aplicación de esta facultad teniendo en cuenta que puede afectar principios como la seguridad jurídica y la cosa juzgada. Sin perjuicio de ello, consideramos que es necesario dar una respuesta ante la posibilidad de que una sentencia del Tribunal contenga algún tipo de incorrección grave; en ese sentido, el principal objetivo de este trabajo es poder analizar cómo la cosa juzgada puede ser interpretada y comprendida, de manera que no se configura como una limitación de esta facultad, sino más bien permite establecer los alcances de la facultad en discusión. De esta manera, trataremos de delinear esta respuesta alrededor del concepto de cosa juzgada constitucional, concepto que nos permite cerrar la brecha entre los conceptos antes mencionados. Es mediante este análisis que nuestro trabajo podrá brindar una respuesta a esta discusión teniendo a partir de una de las principales críticas que se hace a la facultad del Tribunal Constitucional en discusión.

En el sistema registral peruano se ha adoptado por la técnica de inscripción, acto administrativo por el cual el Registrador Público extrae los datos más relevantes de un acto o derecho que se encuentra contenido en un título para extenderlo en un asiento de inscripción o anotación; dichos asientos se hallan ordenados de acuerdo a la fecha de su presentación y conforman una Partida Registral. La eficacia de un asiento registral se manifiesta a través de su publicidad, y se presumen válidos y ciertos mientras no sean cancelados o rectificados, conforme a los procedimientos establecidos dependiendo de cada caso. No obstante, en los registros existentes, los Registradores Públicos y Abogados Certificadores en su labor cotidiana se han encontrado con asientos que, pese a no están cancelados o rectificados, no surtirían sus efectos, ello como consecuencia de la inscripción de una Sentencia que declara la nulidad de un acto jurídico, lo cual conllevaría a que los asientos inscritos con anterioridad a éste queden “enervados - debilitados”; es decir se tratarían de asientos híbridos que no surtirían efectos pero que existen dentro de una Partida Registral y por tanto podrían ser objeto de publicidad; situación que conllevaría a que se esté publicitando una falsa apariencia de lo inscrito. Para abordar el problema planteado, se ha analizado las resoluciones del Tribunal Registral que sirvieron como sustento a los precedentes de observancia obligatoria, así como los acuerdos plenarios referidos a los efectos de los asientos enervados como consecuencia de la inscripción de una Sentencia que declara nulo o anulable un acto jurídico; asimismo, se ha analizado la legislación española que aborda este tema y los aspectos procesales en los procesos judiciales de Nulidad o Anulabilidad de Acto Jurídico. En ese sentido, la presente investigación tiene como objeto determinar si los asientos enervados como consecuencia de la inscripción de sentencia firme de Nulidad de Acto Jurídico son eficaces o no; y si la construcción de esta figura por parte del Tribunal Registral es en realidad una verdadera solución ante la falta de pronunciamiento judicial sobre los asientos incompatibles con la inscripción de la sentencia de nulidad de acto jurídico. Para tal efecto, se ha analizado la naturaleza de los asientos enervados, sus alcances y su utilidad en el Registro; a fin de que pueda servir como aporte en el ámbito registral y permita afianzar al Registro como un mecanismo de seguridad que otorgue el máximo de certidumbre y seguridad para tomar decisiones y contratar sobre la base de lo publicitado.

El presente trabajo tiene como objetivo determinar la viabilidad jurídica de la declaratoria de nulidad de un contrato administrativo, de oficio, por los árbitros en el marco de la resolución de conflictos en contrataciones del Estado, para lo cual, se parte del análisis de un caso en concreto en el que, en efecto, un tribunal arbitral declaró la nulidad de oficio de un contrato administrativo por la causal de fin ilícito. Se utiliza el método de resolución de casos, a través de la construcción del árbol de problemas planteando una pregunta principal, como problema jurídico a resolver. Luego, se plantearán otras 3 cuestiones a resolver, referidas a la competencia de los árbitros para pronunciarse sobre la validez de un contrato; a la naturaleza del contrato administrativo, y; al cumplimiento de los requisitos para la declaratoria de nulidad de oficio del contrato por fin ilícito, en el caso concreto. Finalmente, se concluirá que los árbitros serán competentes para resolver nulo de oficio un contrato administrativo si es que la materia sobre la validez del contrato es arbitrable para el caso en concreto y si es que se cumplen con las causales de nulidad previstas en el artículo 219° del Código Civil. / The objective of this work is to determine the legal viability of the declaration of nullity of an administrative contract, ex officio, by the arbitrators in the framework of the resolution of conflicts in State contracting, for which, it starts from the analysis of a specific case in which, in effect, an arbitral tribunal declared the nullity, ex officio, of an administrative contract on the grounds of an illicit purpose. The case resolution method is used, through the construction of the problem tree proposing a main question, as a legal problem to solve Then, other 3 questions to be resolved will be raised, referring to the competence of the arbitrators to rule on the validity of a contract; the nature of the administrative contract, and; to the fulfillment of the requirements for the declaration of nullity ex officio of the contract for illicit purpose, in the specific case. Finally, it will be concluded that the arbitrators will be competent to resolve null, ex officio, an administrative contract if the matter on the validity of the contract is arbitrable for the specific case and if the grounds for nullity provided for in article 219 of the Code Civil are met.

En el presente trabajo se abordará cómo la reproducción de estereotipos de género en sentencias penales afectan al buen gobierno. Para ello, en el primer capítulo se detalla la obligación del Perú en la no reproducción de los estereotipos de género en las sentencias penales, para lo cual se mencionan las normas internacionales que establecen esta obligación y su aplicación en el ordenamiento jurídico interno peruano. Posteriormente, en el segundo capítulo, se ahondará en el principio de buen gobierno como principio jurídico imprescindible en el ordenamiento jurídico peruano, así como en los subprincipios que lo componen. Finalmente, en el tercer capítulo se establece la conexión entre la afectación al buen gobierno y la reproducción de los estereotipos de género en sentencias penales. Para ello, se ejemplifica con una sentencia relevante para la jurisprudencia peruana actual. / This paper will address how the reproduction of gender stereotypes in criminal sentences affect good governance. For this, the first chapter details the obligation of Peru in the non-reproduction of gender stereotypes in criminal sentences, for which the international norms that establish this obligation and its application in the Peruvian internal legal system are mentioned. Subsequently, in the second chapter, the principle of good governance will be delved into as an essential legal principle in the Peruvian legal system, as well as the sub-principles that compose it. Finally, the third chapter establishes the connection between the impact on good governance and the reproduction of gender stereotypes in criminal sentences. For this, it is exemplified with a sentence relevant to current Peruvian jurisprudence. / Trabajo académico

El informe jurídico realizado versa sobre nulidad de acuerdo de Junta General de Accionista que interpone TALINGO y otros en contra de SIMSA. Su cuestión principal es la indebida convocatoria e indebida toma de acuerdo de la Junta General de SIMSA al decidir recomponer el directorio. Sobre la controversia, en realidad lo que correspondía era la conformación de un nuevo directorio; ya que, se había gatillado el supuesto de vacancia múltiple, el cual ocasionó la inhabilidad del directorio; es por ello que, en el informe jurídico se reconfirmó que, al gatillarse el supuesto de vacancia múltiple, el directorio dejó de tener tal estatus de órgano al carecer de miembros suficientes para poder sesionar válidamente. Asimismo, en el caso materia de análisis, también se cuestionó las labores del Notario encargado del procedimiento de convocatoria a junta, sobre ello se confirmó también que el Notario no actuó de manera diligente en base a las funciones que tenía a cargo, sino, todo lo contrario, actuó desconociendo las obligaciones que se le había impuesto al ser el encargo de realizar el procedimiento no contencioso de convocatoria a Junta. Además, en el análisis también se resuelve la interrogante sobre si el acuerdo tomado por la junta de SIMSA deviene en nulo o impugnable. Finalmente, en el caso materia de análisis se cuestionan aspectos procesales, las cuales también son aclaradas y despejadas de toda duda en el Informe.