La institución de la cosa juzgada desde sus estudios iniciales demuestra ser muy compleja y amplia, pasando por el análisis de grandes autores que dedicaron importantes aportes sobre ella hasta su aplicación en nuestro sistema peruano. El presente trabajo buscará demostrar, desde una mirada teórico-procesal, el estudio y el análisis de la cosa juzgada, y su aplicación en el sistema peruano. Asimismo, se cuestionará la característica de “inmutabilidad” de la cosa juzgada, mostrando diversos mecanismos procesales que demostrarían la posibilidad de revisar una resolución con autoridad de cosa juzgada en el proceso judicial. En relación a esto último, habiendo establecido los principales problemas conceptuales que trae dicha institución, analizaremos la necesidad de estudiar a la seguridad jurídica de una forma diferente a la tradicionalmente aplicada. Centraremos la atención en comprenderla desde un enfoque dinámico dentro del proceso y por lo tanto expuesto a cambios, que estarán sujetos a la realidad de nuestro sistema jurídico. Finalmente, a partir de la tesis del profesor Antonio do Passo Cabral, postularemos la importancia de dejar de lado la característica de “inmutabilidad” de la cosa juzgada y proponer un sistema de estabilidades presente en cada proceso, lo que nos llevará a una solución frente a los problemas conceptuales que atraviesa la institución de la cosa juzgada. / The institution of res judicata from his initial studies proves to be very complex and extensive, through the analysis of great authors who devoted important contributions to it to its application in our Peruvian system. This work will be sustained in demonstrating from a procedural view-the study and analysis of the res judicata, and its application in the Peruvian system. It also agrees with the "immutability" characteristic of this institution, denting various mechanisms that would set out the possibility of reviewing a resolution with res judicata authority in the judicial process. With regard to the latter, having established the main conceptual problems that come with that institution, we analyze the need to study legal certainty in a different way than traditionally applied. We will focus on understanding from a dynamic approach within the process and therefore exposed to changes, which are subject to the reality of our legal system. Finally, with the help of professor Antonio do Passo Cabral's thesis, the importance of setting aside the "immutability" characteristic of res judicata and proposing a system of stability present in each process is established, which produces a solution to the conceptual problems that go through the institution of res judicata.

El presente informe analiza si el mecanismo de protección otorgado por la Sala frente a un caso de nulidad de despido por embarazo cumple con los parámetros legales, constitucionales y convencionales dirigidos a proteger a la maternidad y sus efectos. Ello teniendo en cuenta que la Sala, a través del planteamiento de doctrina jurisprudencial y la aplicación modificada de un precedente usado para casos de despidos incausados (precedente Huatuco) pretende brindar dicha protección. En dicho análisis se ha tomado en consideración el marco de protección internacional que se otorga al fuero maternal, a fin de que –a través de desarrollos normativos avanzados– se pueda comprender la relevancia de dicha protección. Frente a ese hecho, se evidencia una falta de conciencia social respecto a una discriminación histórica y estructural que, dejando de lado también los estándares internacionales, no ha sido considerada en el análisis de la Sala, generando así una serie de afectaciones a los derechos fundamentales de la trabajadora afectada. Dicha situación se agrava al notar que es a través de las instituciones del Estado que se genera dicha vulneración, olvidando así el rol de garante del Estado frente al goce efectivo de los derechos fundamentales que tiene este y generando una carencia de tutela a la trabajadora afectada

La presente investigación se justifica en la existencia potencial del fenómeno de la corrupción en la realidad contractual de nuestro país, donde la respuesta estatal se ha enfocado principalmente en la persecución del delito en la vía penal; y en el inadecuado tratamiento contractual por las autoridades competentes al detectar su presencia. Estos hechos vuelven necesario el estudio de la corrupción como fenómeno y su vinculación con el contrato (especialmente donde interviene el Estado), además de conocer cómo reacciona el ordenamiento jurídico a través del estudio de sus remedios clásicos de nulidad y anulabilidad. Los objetivos de la presente investigación son determinar si un contrato que proviene de actos de corrupción es nulo o anulable; establecer si es posible convalidar un contrato que procede de actos de corrupción y si la inclusión sobreviniente de una cláusula anticorrupción podría convalidarlo. Los métodos utilizados para el desarrollo de la investigación son el método dogmático, comparativo y funcional. La conclusión principal alcanzada a través de la investigación, es que el contrato celebrado a través de actos de corrupción donde participa el Estado es nulo y no anulable a todos sus efectos; y que el Estado, que siempre cautela los intereses generales de la sociedad, no puede recurrir a la convalidación para darle validez a este tipo de contratos bajo ninguna causal, inclusive a través de la inclusión sobreviniente de una cláusula anticorrupción.

Nuestro trabajo de investigación aborda el espinoso tema del fraude procesal consumado; es decir, aquel escenario en que la víctima del fraude procesal lucha por enervar los efectos de una sentencia (o acto equiparado a ella) fraudulenta pasada en autoridad de cosa juzgada. La justificación de nuestra investigación se halla en los problemas que suscita, actualmente, el remedio que le ha procurado nuestro Código Procesal Civil: el proceso de “nulidad de cosa juzgada fraudulenta”. Por su parte, nuestros objetivos son: i) Demostrar la deficiente técnica procesal de nuestro legislador en la regulación del artículo 178 de nuestro Código Procesal Civil; la misma que no permite a las víctimas del fraude procesal recibir una adecuada y efectiva tutela jurisdiccional para enervar los efectos de la «cosa juzgada fraudulenta»; ii) Demostrar que el fraude procesal es una conducta humana que ocasiona vicios de procedimiento y de juicio; y que, por ende, no se trata de un vicio más del proceso, sino de un causante más de los mismos; y iii) Demostrar la conveniencia de no establecer un plazo para enervar la «cosa juzgada fraudulenta», y que dicha medida no atenta contra la seguridad jurídica. La hipótesis que nos hemos planteado es la siguiente: «La regulación del artículo 178 CPC no responde a las exigencias de un Estado Constitucional, ni permite que se pueda brindar tutela jurisdiccional efectiva a la víctima del fraude procesal en nuestro país». La metodología que empleamos es la histórico-dogmática y, en la medida de nuestras posibilidades, comparativa. Finalmente, nuestra conclusión principal es que la técnica procesal empleada por nuestro legislador respecto a la regulación del artículo 178 de nuestro Código Procesal Civil es deficiente.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / A lo largo de la historia de nuestro país, la Iglesia Católica ha tenido una gran influencia en la política y en la sociedad chilena. Tanto que recién con la Constitución Política de 1925 se separa la Iglesia del Estado. Uno de sus principales roles ha sido salir en defensa de la familia y el matrimonio, que es considerado un sacramento indisoluble. Por esto, cada vez que se presentó algún proyecto de ley que estableciera el divorcio como forma de disolución del vínculo matrimonial la Iglesia se opuso tenazmente. A pesar de ello, se aprobó en el Congreso la Nueva Ley de Matrimonio Civil Nº 19.947, que entró en vigencia el 18 noviembre del mismo año. Esto fue producto de una larga historia de discusiones doctrinarias y legislativas, en las cuales la Iglesia Católica estuvo siempre presente. Por esto, en la nueva legislación matrimonial como una forma de atenuar el impacto que produjo en la Iglesia la incorporación del divorcio, se dio valor legal al matrimonio religioso, aunque no sólo al católico, es necesario recordar que la mayoría de la población chilena profesa este credo. Esto más que un avance nos pareció un retroceso porque la antigua Ley de Matrimonio Civil tuvo como uno de sus objetivos restarle influencia a la Iglesia en la sociedad chilena. La influencia se pude notar también, con la introducción de una nueva causal de nulidad de matrimonio, en el artículo 5: No podrán contraer matrimonio Nº4: “Los que carecieren de suficiente juicio o discernimiento para comprender y comprometerse con los derechos y deberes esenciales del matrimonio”. Esta causal se extrajo del Código de Derecho Canónico, canon 1095 Nº2, es la misma causal sólo cambian algunas palabras. Por todo lo expuesto anteriormente, en el presente trabajo pretendemos conocer y comprender hasta dónde ha llegado la influencia de la Iglesia Católica en la legislación matrimonial chilena. Para esto nos hemos propuesto: - Conocer algunos conceptos de familia y matrimonio. - Investigar la historia del establecimiento de la antigua como de la nueva Ley de Matrimonio Civil. - Analizar el valor del matrimonio religioso en materia civil. Para esto veremos los requisitos exigidos por la ley para el matrimonio civil y religioso. - Conocer como está tratada la nulidad de matrimonio en la nueva legislación. Por lo que veremos cuales son las causales, efectos y titularidad de la misma. También nos hemos propuesto comprender en qué consiste la nueva causal de nulidad de matrimonio, establecida en el artículo 5 Nº4 de la Nueva Ley, extraída del canon 1095 Nº 2 del Código de Derecho Canónico. Para esto, recurriremos a sentencias de nulidad de matrimonio religioso basadas en éste.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / El presente trabajo consiste en la síntesis del esfuerzo hecho en el marco del proyecto impulsado por el Departamento de Derecho Privado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, que consiste en la recopilación y síntesis de las sentencias dictadas por los Tribunales de mayor jerarquía en nuestro país desde los años 1995 hasta 2009 inclusive. El objetivo de lo anterior es actualizar el Repertorio de Legislación y Jurisprudencia del Código Civil (en adelante, “Repertorio”), un útil y necesario instrumento para la academia y el ejercicio de la profesión. El contenido de esta tesis comprende, en primer lugar, un trabajo monográfico que pretende sintetizar de manera básica y, a la vez, esencial la institución de la Nulidad Absoluta, incorporando en este capítulo un resumen de los principales hallazgos jurisprudenciales realizados en el ámbito de investigación de este proyecto

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo persigue revisar, de forma breve, los cimientos y vicisitudes prácticas y teóricas de uno de los medios de impugnación más relevantes que tocan a la administración de justicia en el Derecho laboral: el recurso de nulidad laboral. Con este fin, el trabajo presenta dos ejes principales. El primero de ellos, es un análisis proveniente de un marco teórico, que propiciará una revisión normativa y doctrinaria del recurso, dejándose guiar por la siguiente ruta: (i) un vistazo a consideraciones generales previas, como un somero repaso al contexto de la reforma procesal laboral, el concepto de debido proceso y el derecho a impugnar; (ii) una caracterización del sistema recursivo laboral actual, pasando por los principios del proceso laboral y los demás recursos que le componen; y (iii) un análisis más detallado del recurso mismo, su concepto, requisitos, causales y las problemáticas relacionadas que se observan. El segundo eje es un análisis jurisprudencial de fallos de la Corte de Apelaciones de Santiago y de la Corte Suprema, todos dictados durante los años 2016 y 2017, a fin de hacerse una idea de cuáles son los asuntos que motivan conflictos jurídicos y qué interpretaciones son comunes pero destacables en los tribunales superiores, con un especial énfasis en entender las tendencias que han seguido los jueces en los últimos años. Finalmente, se concluirá el presente trabajo con una propuesta normativa, a la luz de lo aprehendido de los dos ejes anteriores, que constituye un humilde intento por proponer un mayor ajuste del sistema recursivo laboral y, en particular, del recurso de nulidad, al estándar del debido proceso.

El delito de colusión ha tomado mayor importancia en los recientes años debido a la cantidad de procedimientos de contratación pública que el Estado es capaz de suscribir. No obstante, aun existe cierta discusión o confusión en referencia a sus elementos y el bien jurídico que busca proteger, logrando que exista diversos tipos de pronunciamientos jurisprudenciales al respecto, algunos más polémicos que otros. Un ejemplo de ello, es el Recurso de Nulidad N° 341-2015, el cual plantea una concepción del delito de colusión restrictiva respecto a sus elementos. En el presente trabajo, realizamos un análisis de la resolución en mención. De esta manera, hemos identificado tres problemas jurídicos: i) el concepto de funcionario público para el cargo de Consejero de OSIPTEL; ii) la connotación del elemento “defrauda”; y, iii) el significado del contexto contractual requerido para el delito de colusión. Así, pues, mediante una revisión de la doctrina y jurisprudencia nacional, así como del análisis de tratados suscritos por el Estado en materia de lucha contra la corrupción, hemos logrado responder los problemas anteriormente señalados, obteniendo un resultado diferente a lo expresado en la resolución. Esto toda vez que, partimos del entendimiento que el bien jurídico de este delito es la imparcialidad del funcionario público, con lo cual no se requiere un perjuicio patrimonial al Estado, que el contexto contractual debe aplicar a todas las fases del procedimiento de contratación y, también, que el cargo de consejero cumple con los requisitos para ser considerado un funcionario público. / The crime of collusion has become more important in recent years due to the number of public procurement procedures that the State is capable of underwriting. However, there is still some discussion or confusion regarding its elements and the legal asset that it seeks to protect, resulting in various types of jurisprudential pronouncements in this regard, some more controversial than others. An example of this is the Appeal for Annulment No. 341-2015, which raises a restrictive conception of the crime of collusion with respect to its elements. In the present work, we carry out an analysis of the resolution in question. Thus, we have identified three legal problems: i) the concept of a public official for the position of Director of OSIPTEL; ii) the connotation of the element “defraud”; and, iii) the meaning of the contractual context required for the crime of collusion. Thus, through a review of the national doctrine and jurisprudence, as well as the analysis of treaties signed by the State in the fight against corruption, we have managed to answer the aforementioned problems, obtaining a different result than that expressed in the resolution. This since, we start from the understanding that the legal right of this crime is the impartiality of the public official, which does not require a patrimonial damage to the State, that the contractual context must apply to all phases of the contracting procedure and, also, that the position of director meets the requirements to be considered a public official.

El presente informe jurídico se origina ante la decisión de la Corte Suprema de absolver al expresidente Alberto Fujimori del delito de peculado por considerar que la Constitución no le otorga vínculo funcional especial con los recursos públicos del Servicio de Inteligencia Nacional. La Corte también considera a este delito como uno de infracción del deber institucional al que solo se le debe aplicar la teoría del autor único que no diferencia autores de partícipes mediante un criterio material, sino bajo el criterio de la infracción del deber institucional. La investigación busca determinar si el artículo 118 inciso 17 de la Constitución puede otorgar al presidente de la república vinculación funcional con los caudales públicos y si la teoría de los delitos de infracción de deberes institucional es aplicable en el sistema penal peruano, con los efectos que ello conlleva para la interpretación del delito de peculado y de las instituciones dogmático-penales de la autoría y participación. Para elaborar el trabajo nos basamos en las teorías de los delitos especiales desarrolladas por Claus Roxin, Günter Jakobs y Bernd Schünemann y en las investigaciones y jurisprudencia relativas al delito de peculado. Para ello, empleamos un método de investigación documental y dogmática. Los resultados del informe señalan que las teorías de infracción del deber de Roxin y Jakobs no son adecuadas para nuestro ordenamiento penal y que el artículo 118 inciso 17 de la Constitución si otorga la vinculación funcional requerida por el tipo de peculado. La conclusión para el caso concreto es que la Corte debió haber condenado a Alberto Fujimori como coautor del delito de peculado. / This legal report originates from the decision of the Supreme Court to acquit former President Alberto Fujimori of the crime of embezzlement on the grounds that the Constitution does not grant him a special functional link with the public resources of the National Intelligence Service. The Court also considers this crime as one of breach of institutional duty to which only the single perpetrator theory should be applied, which does not differentiate perpetrators from participants through a material criterion, but rather under the criterion of breach of institutional duty. The investigation seeks to determine if article 118, paragraph 17 of the Constitution can grant the president of the republic a functional relationship with public funds and if the theory of crimes of infraction of institutional duties is applicable in the Peruvian penal system, with the effects that This entails for the interpretation of the crime of embezzlement and the dogmatic-criminal institutions of authorship and participation. To elaborate the work, we are based on the theories of special crimes developed by Claus Roxin, Günter Jakobs and Bernd Schünemann and on the investigations and jurisprudence related to the crime of embezzlement. To do this, we use a documentary and dogmatic research method. The results of the report indicate that the Roxin and Jakobs theories of infraction of duty are not adequate for our criminal system and that article 118, paragraph 17 of the Constitution does grant the functional link required by the type of embezzlement. The conclusion for the specific case is that the Court should have convicted Alberto Fujimori as co-author of the crime of embezzlement.