En este artículo académico se analiza la problemática de si es factible se aplique el recurso de anulación como mecanismo de revisión de la aplicación del control difuso en la jurisdicción arbitral, a más de 10 años de haberse regulado la figura del control difuso arbitral, vía precedente vinculante, en el Expediente N° 00142-2011-PA/TC., Caso Minera María Julia, con el objetivo de que se instituya dicha causal como supuesto de procedencia del recurso de anulación de laudo, antes que como supuesto del amparo arbitral, a fin de determinar si el recurso de anulación se constituye en la vía procedimental específica, igualmente satisfactoria, más idónea para ejercitar un adecuado control difuso arbitral o si se trata de una vía previa. Así mismo si es legítimo se recurra al amparo cuando un árbitro ha ejercitado control difuso, consciente de que el ejercicio de este por los árbitros aún tiene serios cuestionamientos cuando del control de su constitucionalidad se trata. Con la atingencia de que no existe la posibilidad de recurrir al mecanismo de la consulta, en los extremos de lo prescrito en la Ley Orgánica del Poder Judicial y el Código Procesal Civil, por remisión, como bien lo hacen los magistrados en la jurisdicción ordinaria cuando se ha ejercitado control difuso, ante el vacío en su regulación en la Ley de Arbitraje – Decreto Legislativo N° 1071.

En el año 2020, se publicó el VIII Pleno Casatorio Civil. A partir de esta sentencia, se buscó uniformizar la jurisprudencia en relación a los casos de disposición de bienes sociales, efectuados por solo uno de los cónyuges. Así, la Corte Suprema consideró que este acto era nulo, en razón a contravenir una norma de orden público, contenida en el artículo 315 del Código Civil. En el presente artículo, se analiza los problemas que podrían originarse, a raíz de la nulidad del mencionado acto jurídico, para los cónyuges y el adquirente. Además, se analiza la institución jurídica de la nulidad, y que alternativas de solución se podrían plantear, como respuesta a dichos problemas. A partir de este análisis, en base a doctrina y derecho comparado, se concluye dos posibles alternativas de solución: un replanteamiento o “adecuación” de la institución de la nulidad, o una modificación legislativa del art. 315 del Código Civil. / The VIII Pleno Casatorio Civil was published in 2020. Through this ruling, the Supreme Court wanted to stantardise the jurisprudence in relation to the cases of disposition of assets of the marital parnership in which only one of the spouses intervenes. So the Supreme Court stablished that this legal act was null because it contravenes a rule of public policy. This article analyzes the problems that can arise for the spouses and the purchaser. In addition, it analyzes the legal institution of nullity and posible solutions for those problems. From this analysis, based on doctrine and comparative law, it is concluded two possible solutions: a redesign of the legal institution of nullity, or a legislative amendment of the article 315 of the Civil Code.

El presente informe tiene como objetivo analizar y cuestionar el razonamiento de la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia, en la Casación N° 1645-2016 Arequipa, la misma que se inició con un proceso de nulidad de acto jurídico, sobre la compraventa realizada de un local comercial, por las causales de fin ilícito y contravención de orden público. Este caso es particularmente relevante, ya que si bien la doble venta de un mismo inmueble es un supuesto que se ha dado en varias oportunidades y ha sido resuelto a nivel jurisprudencial de distintas maneras, existen fallos contradictorios entre sí. En la asación bajo análisis, se tratan temas como; la aplicación de los supuestos de nulidad de acto jurídico, la aplicación del artículo 2014° del Código Civil y los requisitos para la transferencia inmobiliaria. En el presente informe se analizan los fundamentos jurídicos que fueron planteados por las partes intervinientes en el proceso, contrastándolos a nivel doctrinario y jurisprudencial, con la finalidad de llegar a conclusiones sobre los principales temas tratados en la Casación y en el proceso que llevó a esta.

El presente trabajo tiene como objetivo analizar el expediente judicial N° 155-2012-0-1817-SP-CO-02, el cual versa sobre un proceso de anulación de laudo arbitral. La elección del expediente radica, principalmente, en la vigencia actual de una indeterminación de los alcances de la revisión judicial en los procesos de anulación de laudo cuando se evalúa la garantía de debida motivación. En ese sentido, se analiza i) la procedencia de un pedido de nulidad sustentado en la afectación al derecho al debido proceso, en el cual no se presentó reclamo previo o solicitudes contra el laudo, ii) los alcances del examen judicial de la motivación del laudo arbitral y iii) las implicancias del incumplimiento del deber de revelación como causal de anulación de laudo por la supuesta afectación al derecho a un juez imparcial. Tras ello, se concluye que i) cualquier pedido de anulación basado en la afectación a los derechos al debido proceso y a la prueba puede contenerse en las causales taxativas de anulación de laudo y no puede inaplicarse el requisito de reclamo previo; que ii) el examen judicial de motivación de los laudos arbitrales únicamente puede corroborar la existencia de motivación y la motivación interna entendida como logicidad; y, finalmente, que iii) el incumplimiento del deber de revelación no es una vulneración al derecho a un juez imparcial, pero es posible que se interprete como una vulneración al derecho de defensa y como una contravención a las normas arbitrales (como causal de anulación), siempre y cuando sea acreditado.

En el presente informe, se analizarán dos de los más importes potestades de control de los Actos Administrativos con las que cuenta la Administración, nos referimos a la nulidad y revocación. Nuestra finalidad es evaluar la introducción de las referidas potestades en el ordenamiento jurídico peruano, particularmente nos interesante ver la regulación de las mismas en Ley No. 27444, cuyo Texto Único Ordenado (TUO) ha sido aprobado por Decreto Supremo No.004-2019 (en adelante la “LPAG”) para compararlas con la regulación que sobre las mismas existe en el Código Tributario, cuyo Texto Único Ordenado (TUO) ha sido aprobado por Decreto Supremo No. 133-2013-EF (en adelante, el “Código Tributario”), a fin de evaluar hasta qué punto la regulación especial de la materia tributaria se encuentra regulada dentro de los parámetros de la normativa general de la LPAG

El presente informe analiza la controversia arbitral entre un consorcio y una entidad, que culmina con la emisión de un primer laudo que fue anulado por la Primera Sala Civil con Subespecialidad Comercial de la Corte Superior de Justicia de Lima, resolviéndose por segunda vez con un laudo, dictado por mayoría, el 8 de julio de 2013. La relevancia de estudio de este expediente radica en que con su análisis se logran consolidar conocimientos respecto de dos grandes ramas del derecho, el arbitraje y las contrataciones públicas. Ello, debido a que el expediente es sobre un caso emblemático que surge cuando el arbitraje en contratación pública se encontraba en sus inicios en nuestro país. En ese sentido, se plantean como objetivos la revisión de los siguientes puntos: 1) La debida notificación a las partes del nombramiento de un árbitro o de las actuaciones arbitrales, 2) El impedimento a las partes de hacer valer sus derechos dentro del arbitraje, 3) El cumplimiento del requisito previo para acudir al proceso de anulación de laudo, 4) Aplicabilidad de las normas de contrataciones que sustentan la nulidad de oficio y el control difuso realizado por el Tribunal Arbitral, y, 5) La nulidad de oficio del contrato y el derecho al debido procedimiento. Las hipótesis planteadas radican en que la anulación de laudo por parte del Poder Judicial no fue debidamente realizada, ya que no existía una causal aplicable, y que el contrato anulado de oficio por la Entidad no fue realizado acorde a ley. Finalmente, la metodología empleada para realizar dicho análisis es la dogmática, ya que todo surge por la revisión de diversas normas, así como la jurisprudencia y doctrina relevante. Todo ello, relacionado a las ramas del derecho de arbitraje, sobre las causales de anulación de laudo, y contratación pública, en lo pertinente a la anulación de oficio de un contrato público.

El presente informe como parte del Programa de Segunda Especialidad en Derecho Procesal analiza el Recurso de nulidad N° 162-2020 –Santa, a fin de determinar si fue válidamente concedido o no, se examinarán los contenidos tratados en el Recurso: principio de presunción de inocencia, estándar probatorio, principio in dubio pro reo y la subsunción de los hechos al tipo penal de peculado. El Recurso fue declarado fundado en mérito a que en el caso se podía constatar deficiencias en la imputación fiscal que sindicaba la comisión del delito de peculado. Esto debido a que la Fiscalía no preciso cual era el monto efectivamente apropiado. Lo que no se corrigió en el curso del proceso, ni siquiera con la resolución de la sentencia. A su vez, el Informe pericial emitido por la Contraloría no tiene forma de ser corroborado, pues tras 22 años de ocurridos los hechos no existe la documentación base, por ende, la Corte determina que solo el informe pericial no constituye prueba suficiente para afectar el principio de presunción de inocencia y declarar culpable a un procesado. Concluimos que el recurso ha sido efectivamente concedido ya que no existe prueba suficiente que acredite la comisión de los hechos, no se ha desvirtuado el principio de presunción de inocencia al ser de aplicación el principio in dubio pro reo esto debido a que el estándar probatorio más allá de toda duda razonable no es aplicable, puesto que en el caso aún subsisten dudas sobre el monto y los plazos en los que supuestamente se cometió el delito de peculado.

Este informe realiza un análisis del Expediente No. 0441-2016-CCL y del Expediente No. 0119-2019-0-1817-SP-CO-02. El primero fue un arbitraje cuya materia controvertida versó sobre un incumplimiento contractual, así como una indemnización; mientras que el segundo consistió en un proceso judicial en el que la Segunda Sala Civil Subespecializada en lo Comercial de la Corte Superior de Justicia de Lima resolvió anular un laudo arbitral, en razón de una supuesta vulneración del derecho a la prueba, así como de una supuesta lesión del derecho a la motivación de una de las partes. Así, este informe está orientado a analizar lo resuelto por el tribunal arbitral sobre la materia controvertida y determinar si correspondía otorgar tal indemnización, así como lo resuelto en la sentencia, a fin de determinar si dicho instrumento debió ser anulado. En tal sentido, el análisis contenido en este informe se centrará en (i) la naturaleza del contrato que fue materia controvertida en el arbitraje, así como en los elementos de la responsabilidad civil por inejecución de obligaciones que fueron analizados en dicho procedimiento; y, (ii) el contenido del derecho a la prueba y del derecho a la motivación, para luego determinar si la Segunda Sala Civil Subespecializada en lo Comercial de la Corte Superior de Justicia de Lima debió anular el laudo arbitral.

La Corte Suprema en el Quinto Pleno Casatorio Civil determinó que el artículo 92 del Código Civil es una norma especial, por consiguiente, un acuerdo asociativo solo puede ser cuestionado conforme lo establece dicha disposición normativa. En el presente informe jurídico critico la posición de la Corte Suprema y analizo los problemas jurídicos identificados en el caso concreto materia del Quinto Pleno Casatorio Civil. Asimismo, planteo mi posición con respecto a dichos problemas jurídicos a fin de determinar tanto los alcances del artículo 92 del Código Civil, así como determinar el remedio jurídico que la Corte Suprema debió aplicar en el caso concreto. Mi posición es que la impugnación de acuerdos asociativos regulado en el artículo 92 del Código Civil no es un remedio especial, y, en ese sentido, las causales de nulidad u anulabilidad reguladas en los artículos 219 y 221 del Código Civil no se rigen por dicha disposición normativa. Asimismo, sostengo que la impugnación de acuerdos asociativos es un remedio jurídico de anulabilidad con causales y plazos fijados por el citado artículo, que cuenta el asociado legitimado frente a contravenciones a la ley o a las disposiciones estatutarias. Además, indico el impacto en sede registral sobre las cuestiones planteadas en el Quinto Pleno Casatorio Civil

El presente informe tiene como materia de análisis la Resolución Nro. 10 emitida por la Primera Sala Comercial Permanente de Lima dentro del expediente N°319-2016, en el que se discute el recurso de anulación de laudo arbitral de derecho interpuesto por Pesquera Exalmar contra JMG. El principal tema de análisis es determinar si la falta de pronunciamiento respecto a las observaciones formuladas por EXALMAR contra los “12 adicionales”, por parte del Tribunal Arbitral, constituyen una causal de anulación de laudo. En el desarrollo del informe analizaremos las principales instituciones que están ligadas al arbitraje y cuál es su prevalencia dentro de un proceso arbitral. Asimismo, desarrollaremos el problema que surge respecto a la motivación con la que han de contar los laudos arbitrales y cuál ha de ser el análisis que han de seguir los jueces al momento de resolver un recurso de anulación de laudo por falta de motivación sin pronunciarse sobre el fondo de la controversia. En ese sentido, como conclusión hemos señalado que la falta de motivación de los laudos arbitrales sí constituye una causal de anulación de laudo ya que vulnera el derecho al debido proceso de las partes dentro de un proceso arbitral. / The subject of this legal report is to analize Resolution No. 10 issued by the First Permanent Commercial Court of Lima in Case File No. 319-2016, in which the action for annulment of the arbitration award filed by Pesquera Exalmar against JMG is discussed. The main topic of analysis is to determine if the lack of pronouncement with respect to the observations made by EXALMAR against the "12 additional", by the Arbitral Tribunal, constitute a ground for annulment of the award. In the development of the legal report we will analyze the main institutions that are linked to arbitration and which is its prevalence within an arbitration process. Likewise, we will develop the problem that arises with respect to the reasoning that arbitral awards must have and what should be the analysis that judges must follow when resolving an appeal for annulment of an award for lack of reasoning without ruling on the merits of the dispute. In this sense, as a conclusion we have pointed out that the lack of motivation of arbitral awards does constitute a cause for annulment of the award since it violates the right to due process of the parties within an arbitration process.