Publicación a texto completo no autorizada por el autor / El documento digital no refiere asesor / Busca demostrar que el contacto social puede justificar la instauración de una relación de tipo obligatoria cuando en ella intervenga una persona con discapacidad. En ese sentido, se parte por afirmar que el contenido de la obligación no sólo comprende el interés a la prestación (Leistungsinsteresse), sino también del interés a la protección (Schutzinteresse). Este último componente encuentra su fundamento en la confianza, el cual es un valor fundante de nuestro ordenamiento jurídico, el mismo que haya correlato normativo en la cláusula normativa general de buena fe. En tal sentido, lo que permite a la confianza generar una relación obligatoria son las cualidades de las personas que intervienen en ella y el contexto en donde se desarrolla, estos aspectos sólo pueden ser considerados a partir de un pensamiento teleológico orientado por otros dos principios como son el de justicia e igualdad. Así, el juzgador valora y redescubre el establecimiento de especiales relaciones de confianza en la sociedad en función del caso en concreto. En este último extremo, el trato isonómico del material fáctico es esencial, pues al examinar las cualidades de una persona con discapacidad se tiene que el nivel de exposición de su esfera privada es mayor al satisfacer sus necesidades en comparación con las personas sin discapacidades. Por lo tanto, siendo las personas con discapacidad un grupo socialmente vulnerable es mucho más proclive la instauración de relaciones intensificadas de confianza frente a ellas. Esto último generaría que ante la eventualidad de daños este grupo de personas pueda perseguir judicialmente su resarcimiento a través del estatuto de la inejecución de obligaciones en lugar del aquiliano, lo que permitiría reafirmar el sentido de justicia, pues el segundo régimen es mucho más gravoso en el sistema romano germánico. / Tesis

La medicina eficaz, manifiesta Jean Hamburger, es también una medicina peligrosa; no elimina el peligro y la amenaza de un daño, sino que, por el contrario, lo introduce en el acto mismo del cuidado médico. El acto médico está destinada a cuidar, pero puede por sí mismo matar o lesionar. Uno podía sufrir en otra época, por ejemplo, de dolor de cabeza, pudiendo ser este insoportable, pero uno no corría el riesgo de una parálisis de los miembros por el hecho de un acto de investigación médica destinado a determinar el origen del mal. Siempre existirá una proporción no fácilmente mensurable de siniestralidad que es inherente al actual desarrollo del ejercicio de la medicina, merced a los adelantos tecnológicos y científicos que, si bien están destinados a mejorar el estado del paciente, al mismo tiempo lo han convertido en más vulnerable. Las políticas públicas para minimizar los daños y fallos médicos en el ámbito del sistema de salud público y privada, pasan por la implementación de una estructura hospitalaria idónea, la acreditación correspondiente; la implementación de regulación sanitaria de prevención y sancionadora de errores médicos, que se puede traducir en responsabilidad disciplinaria y penal; y desde luego la creación de un sistemas de compensación o indemnización de daños sea a través de fondos de reparación, seguros médicos, responsabilidad civil objetiva en casos especiales, y en última instancia seguridad social. Ciertamente, aunque se reconozca las limitaciones propias de la responsabilidad civil, nadie discute el valor de su función de prevención y control de riesgos. / Tesis

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Este trabajo tiene por objeto explorar los roles que la doctrina le ha dado a la diligencia en las obligaciones de resultado: dependiendo del rol que se le asigne, se derivan distintos efectos. En la parte general se hará una revisión doctrinaria y jurisprudencial de la clasificación entre obligaciones de medio y resultado, explorando por un lado la discusión sobre su aceptación dentro de nuestro sistema civil, y afirmando su importancia para la resolución de ciertos problemas. En segundo lugar, se hará una sistematización de la noción de culpa en materia contractual, revisando aspectos de concepto, clasificación, importancia y aplicación, entre otros. En la parte especial, se hará una breve identificación del concepto incumplimiento como un hecho objetivo y los remedios propuestos, además de la distinción estar obligado/ser responsable. Por último, utilizando todos los conceptos señalados, se realizará una revisión sistemática de los roles que se le han asignado a la diligencia del deudor en los casos de obligaciones de resultado y los distintos efectos.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El trabajo llevado a cabo pretende adaptar el derecho a una realidad más contemporánea y alentar las demás tradiciones civilistas a progresar en un sentido similar. La presente memoria traduce una parte de este trabajo, el cual versa sobre nuevos aportes en el derecho de los contratos y de las obligaciones. Este se construye en torno al aporte de varios y connotados profesores franceses, quienes dividieron las materias del código y las volvieron a coordinar, para resultar en un proyecto ofrecido por la cancillería del mismo país a su parlamento. El anteproyecto de reforma del derecho de las obligaciones y del derecho de la prescripción, objeto concreto de la presente traducción, se denomina también de manera más informal como “Anteproyecto Catala”. Dicho nombre, naturalmente, honra al profesor Pierre Catala, acaso quién dirigiera de manera más general esta parte del proyecto de reforma, quien a su vez menciona como sus antecesores en el espìritu modernizador a Portalis y Carbonnier.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El trabajo llevado a cabo pretende adaptar el derecho a una realidad más contemporánea y alentar las demás tradiciones civilistas a progresar en un sentido similar. La presente memoria traduce una parte de este trabajo, el cual versa sobre nuevos aportes en el derecho de los contratos y de las obligaciones. Este se construye en torno al aporte de varios y connotados profesores franceses, quienes dividieron las materias del código y las volvieron a coordinar, para resultar en un proyecto ofrecido por la cancillería del mismo país a su parlamento. El anteproyecto de reforma del derecho de las obligaciones y del derecho de la prescripción, objeto concreto de la presente traducción, se denomina también de manera más informal como “Anteproyecto Catala”. Dicho nombre, naturalmente, honra al profesor Pierre Catala, acaso quién dirigiera de manera más general esta parte del proyecto de reforma, quien a su vez menciona como sus antecesores en el espìritu modernizador a Portalis y Carbonnier.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En el contexto de una marcada corriente reformista a nivel mundial del Derecho de las Obligaciones y Contratos, influenciada por el Derecho Uniforme y lo que se ha denominado Modernización del Derecho de Obligaciones y Contratos, se dio inicio a un necesario y extenso proceso de reforma al Código Civil de Francia, y desde entonces, variados proyectos han tomado forma en la búsqueda de adaptar el derecho civil francés hacia un derecho más contemporáneo y adaptado a la realidad de las relaciones jurídicas actuales. Esta reforma al Derecho Civil Francés se vio concretada a través de la Ordenanza 2016-133 de 10 de febrero de 2016. A través del presente trabajo se traducirá importante literatura analítica relacionada al nuevo derecho de los contratos en Francia y, posteriormente, se realizará unas breves conclusiones en torno a los puntos más importantes de ésta en relación al Derecho Civil Chileno, en especial, los aspectos de remedios contractuales en general, la excepción de contrato no cumplido, el concepto contractual de fuerza mayor, nuevos remedios contractuales establecidos en el derecho francés y la aplicación de la ley en el tiempo.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente memoria tiene como finalidad realizar una revisión critica de la jurisprudencia nacional relativa a la autonomía de la acción de indemnización de perjuicios compensatorios en casos de incumplimiento de obligaciones de dar, ello con el objeto de revelar que en la jurisprudencia nacional existe un falso reconocimiento de la autonomía de dicha acción en este tipo de obligaciones. Mediante la identificación, análisis y crítica de los argumentos expuestos por nuestros tribunales superiores tendientes al reconocimiento de la autonomía de la acción de indemnización de perjuicios en casos de incumplimiento de obligaciones de dar, se probará que dichos pronunciamientos en el fondo no demuestran una verdadera convicción respecto a la autonomía de dicha acción cuando de obligaciones de dar se trata, sino que obedecen a otros razonamientos, ya sea a la errada calificación de la naturaleza de la obligación o a la aplicación de las normas propias de una institución jurídica particular.

El presente informe tiene como finalidad analizar la figura de la compensación como un mecanismo de extinción de las obligaciones que usan actualmente los Bancos para disponer de los activos de las cuentas de ahorros de sus usuarios y con esto extinguir total o parcialmente la deuda que tienen sus clientes con dicha Entidad Financiera. No obstante, como se verá en el desarrollo del presente trabajo, esta práctica resulta desfavorable para los usuarios ya que las cuentas de ahorros de las que se dispone su dinero –en su mayoría– son cuentas a través de las cuales estos usuarios reciben su remuneración por parte de su empleador, figura jurídica que se encuentra legalmente protegida y sobre la cual entraremos a cuestionar respecto de la libre disposición del dinero que hace el Banco. Por consiguiente, planteamos la forma en la que la SBS, dentro de la situación actual, podría intervenir en esta problemática constante que se establece entre el consumidor y las entidades financieras. / The purpose of this report is to analyze the figure of compensation as a mechanism for extinguishing the obligations that Banks currently use to dispose of the assets of their users' savings accounts and with this, totally or partially extinguish the debt that their banks have. customers with said Financial Entity. However, as will be seen in the development of this work, this practice is unfavorable for users since the savings accounts from which their money is available are –for the most part– accounts through which these users receive their remuneration. by your employer, a legal figure that is legally protected and about which we will question the free disposal of the money made by the Bank. Therefore, we propose the way in which the SBS, within the current situation, could intervene in this constant problem that is established between the consumer and the financial entities. / Trabajo académico

El presente informe jurídico tiene por objeto revisar los principales problemas jurídicos que plantea el laudo derivado del tercer proceso arbitral seguido por el Consorcio Neshuya contra el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - PROVÍAS NACIONAL del Ministerio de Transportes y Comunicaciones – MTC, el cual resolvió las divergencias surgidas entre dichas partes por la ejecución del Proyecto de Obra Pública “Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Huánuco – Tingo María – Pucallpa, sector Aguaytía – Pucallpa, Tramo III: Neshuya – Pucallpa”. En ese orden de ideas, el informe aborda el marco normativo vigente al momento de surgidas las controversias y, a partir de ello, analiza si el pronunciamiento recogido en el laudo resulta adecuado. Cabe señalar que este expediente, a pesar de su relativa antigüedad, nos permite analizar, entre otros aspectos, el tratamiento de las materias arbitrables, especialmente lo referido a la potestad de la Contraloría General de la República para aprobar adicionales y el enriquecimiento sin causa; así como también, la ejecución de mayores metrados. Es así que la importancia del presente informe reside, precisamente, en que tales tópicos mantienen plena vigencia en la actualidad y, a pesar de las sucesivas modificaciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su aplicación todavía resulta compleja y continúa siendo causa de controversias entre contratistas y el Estado. Finalmente, realizado el análisis correspondiente, se concluye que la decisión emitida por el Tribunal Arbitral fue correcta a la luz de la normativa aplicable.

Este informe tiene por objeto realizar un análisis de las solicitudes de reconocimiento de créditos a favor del Ministerio de Energía y Minas dentro del procedimiento concursal ordinario al cual se sometió Doe Run Perú S.A. A entender del Ministerio, el incumplimiento de Doe Run de i) llevar a cabo un proyecto contenido en su programa de adecuación y manejo ambiental y ii) no renovar dos cartas fianza producto de la última prórroga del plazo para ejecutar el proyecto genera en a su favor dos créditos concursales del quinto orden. En este informe se analizan las instituciones jurídicas de Derecho de Obligaciones, Derecho Administrativo y Derecho Ambiental, las cuales fueron abordadas por las partes, la Comisión de Procedimientos Concursales de INDECOPI y la Sala de Defensa de la Competencia de INDECOPI. Se utiliza una metodología bibliográfica al emplear la jurisprudencia y doctrina especializada en la revisión y análisis del caso. Las conclusiones principales son i) que el incumplimiento de Doe Run de llevar a capo proyecto contenido en su programa de adecuación y manejo ambiental sí genera un crédito concursal en favor del Ministerio, en la medida que la sanción administrativa prevista para este incumplimiento no excluye la posibilidad de responsabilidad civil; y, ii) que el incumplimiento de Doe Run de no renovar las cartas fianza no genera un crédito concursal en favor del Ministerio, en tanto las cartas fianza no son una obligación independiente, sino un instrumento para garantizar una obligación.