Los negocios jurídicos cumplen una función importante dentro del ordenamiento jurídico al permitir la atribución y el intercambio de bienes y servicios; lo que permite la asignación eficiente de titularidades a quienes lo valoran más, y que un número mayor de relaciones sociales se pueda instaurar dentro de una sociedad. Por ello, han sido reconocidos a lo largo de la historia; y hoy, no hay país que deje de regularlos. Su relevancia es tal que, en los últimos tiempos, se asiste a procesos de armonización a nivel continental (sobre todo, en materia de contratos).

Todo discurso o apreciación sobre el campo jurídico, y en general sobre cualquier área del saber, se enmarca dentro de un contexto, el mismo que sirve de base y a la vez condiciona todo tipo de elaboración científica o pseudocientífica. El contexto determina, en mayor o menor medida, toda producción intelectual.

El propósito del presente trabajo tiene como finalidad dar un alcance respecto de las figuras vinculadas a la responsabilidad solidaria en calidad de adquirentes recogidas por el Código Tributario. Para ello, se ha realizado en primer lugar un análisis respecto de los sujetos pasivos de la obligación tributaria, teniendo en cuenta los tipos de responsables tributarios que en la actualidad recoge la doctrina tributaria. Como segundo paso se ha realizado un estudio del artículo 17 del Código Tributario, el cual recoge las figuras de responsables solidarios en calidad de adquirentes, entre ellos, a los Herederos, legatarios, herederos que reciben bienes como anticipo de legitima, los socios que reciben bienes por liquidación de sociedades u otros entes colectivos de los que han formado parte, y finalmente los adquirentes del activo y/o pasivo de empresas o entes colectivos con o sin personalidad jurídica. Cabe señalar que los alcances dados en cada tipo de responsable identificado por el artículo 17 del Código Tributario, cuenta con particularidades distintas, las cuales han sido en su mayoría identificadas, no obstante el lector debe tener en cuenta que dada la amplitud del tema, pueden existir temas no abarcados. Asimismo, se ha realizado un estudio respecto de los límites temporales de la responsabilidad solidaria en el caso de los herederos y otros adquirentes, ello con la finalidad de dar un mayor alcance respecto de dichas figuras. Finalmente el presente trabajo culmina con diversas conclusiones a las que se han arribado luego del estudio realizado.

Nuestro trabajo de investigación jurídica se centra en la determinación del lucro cesante y el daño emergente en las cláusulas de los contratos petroleros. Nuestro propósito nace de nuestro interés, en los años de estudio de pregrado, por la naturaleza jurídica de los contratos petroleros. Pero hoy lo que nos anima a acometer el presente estudio es nuestro objetivo por establecer en los contratos petroleros, que celebra el Estado peruano con las empresas transnacionales del petróleo, cláusulas que regulen el lucro cesante y el daño emergente en este tipo de contratos, que por la actividad económica que regula y por los elementos jurídicos que integra, son de alta complejidad.

La presente investigación se dirige a establecer si la Administración Tributaria (en adelante AT) puede emitir válidamente una Resolución de Determinación (en adelante RD), sin efectuar previamente un procedimiento de fiscalización; este cuestionamiento, surge por la técnica legislativa empleada en el vigente Código Tributario peruano (en adelante CT) que denota una falta de claridad sobre la vinculación expresa entre ambos conceptos, y por la numerosa cantidad de pronunciamientos del Tribunal Fiscal (en adelante TF) respecto de los siguientes supuestos (i) la errónea utilización de la RD y la Orden de Pago (en adelante OP); y (ii) la existencia de RD sin un procedimiento de fiscalización previo, debido a la convalidación del acto administrativo. En tal escenario, el primer objetivo de la investigación es examinar los elementos vinculados a la determinación de la obligación tributaria, el procedimiento de fiscalización, la verificación, la RD y la OP para conocer sus características y la idónea relación entre cada uno de ellos; el segundo objetivo busca estudiar si la deficiente técnica legislativa del artículo 61º y 75º del vigente CT, reflejada en la reunión del procedimiento de fiscalización, la verificación, la RD y la OP sin efectuar alguna distinción de qué procedimiento regular de formación corresponde a cada acto administrativo, también se presentó en los anteriores CT promulgados y publicados, así como, revisar las resoluciones del TF emitidas en la última década, que implicaron la nulidad de OP ya que su verdadera naturaleza jurídica correspondía a RD y las que versaron sobre la aplicación de la convalidación de OP como RD; el tercer objetivo es identificar los principios jurídicos y derechos del deudor tributario amenazados o vulnerados por los problemas antes descritos. Finalmente, se concluye que la AT solo puede emitir válidamente una RD siempre que haya efectuado previamente un procedimiento de fiscalización.

El presente trabajo de investigación tiene por objeto analizar tanto la regulación como el comportamiento actual de las empresas sujetas a la regulación de la SMV, en materia de las obligaciones de publicidad información a las que se encuentran sujetas, para efectos de evaluar si es que existe alguna otra medida más eficiente para elevar su nivel de cumplimiento respecto de dicha normativa, en vez de modificar la regulación actual, con el objeto de crear e incorporar un nuevo régimen simplificado y reducido de obligaciones de publicidad de información, lo cual atentaría contra el principio de transparencia total de la información sobre el que se funda el mercado de valores Peruano.

El presente informe jurídico se centra en la caducidad de la inscripción de la hipoteca que garantizan obligaciones futuras, eventuales o indeterminadas que nunca llegaron a nacer en el registro y que dicho supuesto no se encuentra regulado en el artículo 120° del Reglamento de Inscripciones del Registro de Predios. Así, menciono supuestos que el artículo 120° del Reglamento no ha regulado y como deja el panorama ante ese vacío normativo. Para ello, hago un análisis de algunos Precedentes de Observancia Obligatoria para determinar desde que día se debe computar el plazo de caducidad en este tipo de hipotecas que no se encuentran reguladas en el Reglamento de Inscripciones del Registro de Predios. Asimismo, hago un análisis de la institución de la hipoteca, sus características y causales de extinción. Adicionalmente, desarrolló la Ley N° 26639 y como se incorpora la caducidad de la inscripción de la hipoteca como una nueva causal de extinción, para ser aplicada de manera general, incluidas aquellas hipotecas que se constituyen en favor de empresas del sistema financiero. Por último, se detalla las respuestas a los problemas centrales planteados en el presente informe jurídico y algunas recomendaciones que tienen por finalidad que se modifique artículos dentro de nuestro sistema registral y jurídico. / This legal report focuses on the expiration of the registration of the mortgage that guarantees future, eventual or indeterminate obligations that were never born in the registry and that this assumption is not regulated in article 120 of the Registry Registration Regulations of Premises. Thus, I mention cases that article 120 of the Regulation has not regulated and how it leaves the panorama in the face of this regulatory vacuum. To do this, I make an analysis of some Mandatory Compliance Precedents to determine from what day the expiration period should be computed in this type of mortgages that are not regulated in the Registration Regulations of the Property Registry. Likewise, I make an analysis of the mortgage institution, its characteristics and causes of extinction. Additionally, it developed Law No. 26639 and how it incorporates the expiration of the mortgage registration as a new cause for extinction, to be applied generally, including those mortgages that are established in favor of companies in the financial system. Finally, the answers to the central problems raised in this legal report are detailed and some recommendations are intended to modify articles within our registry and legal system.

El presente estudio determina si el pago de penalidades (sanciones derivas del incumplimiento de obligaciones contractuales) resulta deducible a efectos de calcular la renta neta empresarial, según las disposiciones de la Ley del Impuesto a la Renta. Debe señalarse que no existe disposición expresa que regule tal supuesto, ni consenso en los dictámenes emitidos por entidades administrativas y judiciales sobre el particular. Ante ello, se desarrolla el contenido del principio de causalidad y sus criterios vinculantes (razonabilidad y normalidad); y de instituciones jurídicas del Derecho Civil, como las obligaciones contractuales, el incumplimiento y las penalidades. Para tales efectos, se aplican los métodos de interpretación de normas jurídicas, en concordancia con algunas fuentes del Derecho, como la doctrina jurídica y la jurisprudencia. Según lo expuesto, y considerando las posturas sobre la deducción de la penalidad, la tesis concluye que dicha deducción no está prohibida por Ley; y es conforme con el principio de causalidad, pues su pago mejora la imagen del deudor tributario frente a proveedores y, principalmente, clientes, lo que genera rentas potenciales. Sobre el criterio de normalidad, se colige que la penalidad es “normal” para el desarrollo de actividades empresariales siempre que el incumplimiento que lo origine sea habitual, de acuerdo a las normas jurídicas del Código Civil y la Constitución. Al respecto, es habitual que las obligaciones contractuales se ejecuten en tanto el deudor actúa de manera proba; por lo tanto, el único supuesto de incumplimiento que puede esperarse es aquel proveniente del caso fortuito o fuerza mayor: el pago de la penalidad será “normal” solo si deriva del incumplimiento no imputable al deudor. Respecto al criterio de razonabilidad, el importe del gasto debe mantener vinculación con indicadores cuantitativos, tales como el valor patrimonial de los contratos, o el nivel de ingresos del deudor.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente memoria tiene como objetivo principal, efectuar un análisis integral del modelo de responsabilidad y, en consecuencia, de la práctica sancionatoria eléctrica nacional, específicamente en el sector de generación de energía eléctrica, por fallas en el suministro eléctrico. Para cumplir con el objetivo planteado, deben responderse dos grandes interrogantes; en primer lugar, quién es responsable por fallas en el suministro eléctrico y, en segundo lugar, bajo qué factor de imputación se establece dicha responsabilidad. Para efectos de responder la primera interrogante, se realizará un estudio de la estructura institucional en la que se sostiene el sistema eléctrico, haciendo énfasis en los principios que lo rigen y en las características de los integrantes del sistema, en particular, del rol de los CDEC, su naturaleza jurídica y los principales cambios que establece la reciente Ley Nº 20.936 que crea el nuevo “Coordinador Independiente del Sistema Eléctrico Nacional”, en adelante, CISEN, quien los reemplaza en su función en la actualidad. En relación a la segunda interrogante, se analizarán las diversas interpretaciones sobre la naturaleza jurídica de la obligación de coordinación, que responde, principalmente, a la clasificación conceptual entre obligaciones de medios y de resultados. Para este fin, se realizará un análisis doctrinal y jurisprudencial sobre dichas interpretaciones y se intentará dilucidar cómo afecta la comprensión de dicha obligación en la aplicación de las sanciones eléctricas. El segundo objetivo del presente trabajo, es entregar al lector un marco general del Sistema Eléctrico y de la aplicación de la facultad punitiva del Estado en el sector de generación eléctrica, dentro del contexto de las disyuntivas anteriormente expuestas.

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