El presente informe jurídico analiza la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente STC Nº 06040-2015-PA/TC, referida al caso de Ana Romero Saldarriaga, una mujer transgénero que solicita a través de una demanda de amparo que Reniec modifique su nombre y sexo en sus documentos nacionales de identificación. Este fallo es emblemático puesto que deja sin efecto la doctrina jurisprudencial que concebía al sexo como una categoría biológica o cromosómica. En este trabajo se desarrolla el contenido del derecho a la identidad de género, a partir de los pronunciamientos del Tribunal Constitucional peruano y los estándares internacionales desarrollados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Asimismo, se procede a analizar si el proceso sumarísimo es una vía específica e igualmente satisfactoria para tutelar el derecho a la identidad de género. Finalmente, el informe concluye que el Tribunal Constitucional omitió tutelar adecuadamente el derecho a la identidad de género de Ana Romero, al rechazar su demanda argumentando que debió tramitar su solicitud a través del proceso sumarísimo. Esta sentencia revela cómo el Supremo intérprete de la Constitución deja de lado su rol de garante último de los derechos fundamentales en nuestro ordenamiento jurídico

El presente trabajo de investigación pretende analizar los problemas jurídicos más importantes que se desprenden de la casación materia de análisis, con la finalidad de emitir una opinión al respecto. Para tal efecto, se realiza una revisión de los hechos relevantes que componen la controversia, así como los antecedentes del caso. De esta forma, la metodología empleada en este informe se respalda en las normas vigentes en el momento de los hechos, su respaldo legal y constitucional, junto con la interpretación a la luz de diversos principios que rigen el Derecho del Trabajo y el Derecho Procesal del Trabajo, sí como la realizada por diversos autores para así aplicar todo ello a las principales decisiones jurisdiccionales que resolvieron el proceso y constituyen antecedentes de la Casación bajo análisis. En ese sentido, nos adherirnos al sector de la doctrina que se encuentra a favor de la estabilidad absoluta ante el despido incausado y la posibilidad que aplicar en el proceso figuras como la Pretensión Implícita como hipótesis de la flexibilización del Principio de Congruencia Procesal. En ese sentido, se postula la viabilidad de un proceso laboral que no revista de una absoluta rigidez que perjudique al trabajador, quien es la parte procesal en situación de inferioridad económica y jerárquica. Finalmente, se defiende el escenario de aceptar que se modifique la demanda, ampliando pretensiones o incorporándolas en concordancia con los principios y valores de la Nueva Ley Procesal del Trabajo, lo cual es tributario de un proceso oral y permite darle un significado de garantía de los derechos laborales

La tesis tiene como objetivo revisar los criterios para la valoración de las declaraciones de víctimas en casos de violencia sexual, establecidos en los Acuerdos Plenarios 2-2005 y 1-2011. En ella se analizan los criterios adoptados por la Corte Suprema, tales como la incredibilidad subjetiva, la verosimilitud y la persistencia en la incriminación, señalando sus limitaciones y la necesidad de incorporar los aportes de la psicología del testimonio para lograr una valoración conforme a las exigencias de la sana crítica. La investigación también identifica y critica la insuficiente definición conceptual de estos criterios y su incorrecta aplicación en casos concretos, advirtiendo que esto puede llevar a decisiones arbitrarias y prejuiciosas. Para alcanzar el objetivo principal, se ha realizado un análisis teórico individual de cada criterio, además de una revisión de su aplicación en casos específicos. El estudio concluye que los criterios actuales no integran los avances en psicología del testimonio, una disciplina que podría proporcionar herramientas y parámetros científicos para evaluar la fiabilidad de los testimonios de las víctimas, así como técnicas adecuadas para la toma de declaraciones. Finalmente, se destaca la importancia del criterio de corroboración periférica, así como el papel del psicólogo forense y su impacto en la obtención de testimonios, proponiendo mejoras para alcanzar decisiones judiciales más justas y fundamentadas en una valoración racional de la prueba. / The thesis aims to review the criteria for evaluating victim statements in cases of sexual violence, as established in Plenary Agreements 2-2005 and 1-2011. It analyzes the criteria adopted by the Supreme Court, such as subjective incredibility, plausibility, and persistence in incrimination, highlighting their limitations and the need to incorporate insights from testimonial psychology to achieve an assessment aligned with the requirements of sound judgment. The research also identifies and critiques the insufficient conceptual definition of these criteria and their improper application in specific cases, noting that this can lead to arbitrary and biased decisions. To achieve its primary objective, the study includes a theoretical analysis of each criterion, as well as a review of their application in particular cases. The study 1concludes that current criteria do not integrate advances in testimonial psychology, a discipline that could provide scientific tools and standards for assessing the reliability of victim testimonies, as well as appropriate techniques for obtaining statements. Finally, the thesis underscores the importance of the peripheral corroboration criterion, as well as the role of the forensic psychologist and their impact on obtaining testimonies, proposing improvements to reach fairer judicial decisions grounded in a rational evaluation of evidence.

El presente informe contiene un análisis jurídico del proceso penal ordinario que tiene como imputado a Rider García Inga. Dicho proceso se desarrolla entre los años 2007 y 2009 en el departamento de Lima, bajo el Código de Procedimientos Penales de 1940 y el Código Procesal Penal de 1991. La elección del expediente radica en la vigencia que mantienen ambos códigos a la fecha en Lima Centro y Lima Sur, vigencia que continúa siendo interpretada como un obstáculo frente a la necesidad de constitucionalizar el sistema procesal penal. En esa línea, se tiene como objeto determinar si las interpretaciones realizadas por muchos fiscales, jueces penales y Colegiados se condicen con los principios y derechos reconocidos por la Constitución vigente. Al respecto, el expediente contiene materias jurídicas de especial relevancia, entre ellas el rol que le otorga la Constitución de 1993 al Ministerio Público dentro de la investigación preliminar, la detención policial, la medida cautelar de mandato de detención, los estándares de sospecha a lo largo del proceso, el razonamiento probatorio y la necesidad de motivar las resoluciones judiciales. A efectos de realizar el análisis, se hace una revisión de las normas, doctrina y jurisprudencia relativas al Derecho Penal y Derecho Procesal Penal, así como de los derechos y garantías procesales reconocidos por la Constitución de 1993 y por el Tribunal Constitucional peruano. Finalmente, se concluye que Rider García Inga fue víctima de medidas arbitrarias y actuaciones inconstitucionales llevadas a cabo por las autoridades policiales, fiscales y judiciales en su contra, denotándose así una carencia de capacitación de las mismas en materia de Derecho Penal Constitucional, debido a que la vigencia del Código de Procedimientos Penales de 1940 y del Código Procesal Penal de 1991 no debe representar una limitación al respeto del principio de interdicción de la arbitrariedad, a la garantía al debido proceso, al derecho de defensa, al derecho de igualdad procesal, entre otros

A pesar de existir resoluciones judiciales, en calidad de cosa juzgada, que se emitieron en el marco de un proceso constitucional y que disponen una obligación de hacer de pago de una suma líquida por parte del Estado, se debe esperar la culminación de un procedimiento administrativo adicional al que ingresan todos aquellos beneficiarios de las deudas del Estado generadas por sentencias judiciales, de diferentes procesos, en calidad de cosa juzgada. Al respecto, se busca comprobar la hipótesis siguiente: Se requiere asegurar, de manera previa a la aprobación del presupuesto del sector público para el año fiscal siguiente, una partida presupuestal permanente, en todas las entidades públicas, destinada a efectivizar las resoluciones judiciales, en calidad de cosa juzgada, que se emitieron en el marco de un proceso constitucional y que disponen una obligación de hacer de pago de una suma líquida por parte del Estado. Para sustentar nuestra hipótesis, la Tesis desarrolla: En el capítulo primero, el marco constitucional de la Efectividad de las Resoluciones Judiciales (en adelante, la ERJ); En el capítulo segundo, la vulneración de la ERJ en procesos constitucionales que contienen una obligación de hacer de pago de una suma líquida por parte del Estado; y, • En el capítulo tercero, nuestras propuestas de solución.

Frente al complejo escenario de acceso a la justicia ambiental en el Perú, el presente artículo tiene como objetivo principal analizar la responsabilidad penal de las personas jurídicas por delitos ambientales, como un componente fundamental para la gobernanza ambiental. En ese sentido, este artículo busca encontrar mecanismos que permitan revertir dicha crítica situación, de manera que ello repercuta en la mejora de la gobernanza ambiental. De esta manera, la pregunta de investigación que se plantea es ¿cómo se relaciona la responsabilidad penal de las personas jurídicas por delitos ambientales con la gobernanza ambiental? En ese sentido, el objetivo central analizar cómo se relaciona la responsabilidad penal de las personas jurídicas por delitos ambientales con la gobernanza ambiental. Frente a ello, se sostendrá que la responsabilidad penal de las personas jurídicas por delitos ambientales es consustancial a la gobernanza ambiental, en tanto cumple dos funciones importantes: una función punitiva, puesto que coadyuva al acceso a la justicia ambiental mediante la identificación del responsable o sujeto activo en los casos de delitos ambientales; y una función preventiva, respecto a la comisión de delitos ambientales. Para ello, en el primer capítulo se desarrollará el marco teórico sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas, en el que se tratará la importancia de la imputación penal a la persona jurídica, los modelos de responsabilidad penal de personas jurídicas y cómo se ha sido regulado en ordenamientos normativos de otros países donde se ha implementado. Por otro lado, en el segundo capítulo, se analizarán las condiciones socioambientales y jurídicas que exigen, en el Perú, la implementación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas por delitos ambientales para mejorar la gobernanza ambiental

En este trabajo, me abocare al derecho a la doble instancia establecida en el numeral 6º del artículo 139º de la Constitución Política del Perú y su protección en la Investigación Fiscal, teniendo en cuenta que la instancia plural es parte del derecho al debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva y por ende se aplican en forma extensiva a la investigación que se realiza en la fiscalía “investigación preliminar”. Al culminar dicha etapa, el fiscal puede tomar la decisión de archivar o declarar la reserva de la investigación, supuesto para el cual el inciso 5º y 6º del artículo 334º del Código Procesal Penal del 2004, ha regulado la “Elevación de actuados”, consignado como único requisito que se interponga dentro del quinto día de notificado, pero no ha dejado en claro su naturaleza, puesto que no ha precisado si nos encontramos ante un recurso impugnatorio, cómo es nuestra posición, la cual fundamentaremos en este artículo. Además, desarrollaremos el porqué es necesario que ante la denegatoria de este recurso elevación de actuados, se regule de forma específica el recurso de queja de derecho, que deberá ser Interpuesto ante el Fiscal Superior, sumado a ello precisaremos por qué resulta necesario que se regule de forma clara los requisitos para la admisión o no del recurso elevación de actuados, como son la fundamentación de hecho, derecho y el agravio. Puesto a que, soy de la posición que la fiscalía de primera instancia no puede ser una simple mesa de partes, ya que mínimamente debe verificarse el cumplimiento de algunos requisitos para su admisión o no. Es así que pretendemos que se esclarezca y modifique lo preceptuado en el inciso 5º y 6º del artículo 334 del Código Procesal Penal. / In this work, I will focus on the right to double instance established in numeral 6 of article 139 of the Political Constitution of Peru and its protection in the Fiscal Investigation, taking into account that the plural instance is part of the right to due process and effective jurisdictional protection and therefore they apply extensively to the investigation carried out in the "preliminary investigation" prosecutor's office. At the end of this stage, the prosecutor can make the decision to file or declare the investigation confidential, a case for which paragraphs 5 and 6 of article 334 of the Criminal Procedure Code of 2004, has regulated the "Elevation of proceedings", stating as the only requirement that it be filed within five days of notification, but has not made its nature clear, since it has not specified whether we are facing an appeal, what is our position, which we will base on in this article. In addition, we will explain why it is necessary that, in the event of the denial of this appeal for the elevation of proceedings, the appeal for legal complaint, which must be filed before the Superior Prosecutor, be specifically regulated. In addition, we will specify why it is necessary to clearly regulate the requirements for the admission or not of the appeal for the elevation of proceedings, such as the factual, legal and grievance grounds. Since I am of the position that the first instance prosecutor's office cannot be a simple party table, since at least the fulfillment of some requirements for its admission or not must be verified. Thus, we intend to clarify and modify what is stipulated in paragraphs 5 and 6 of article 334 of the Criminal Procedure Code. / Trabajo académico

El presente trabajo de investigación se avocará en las alternativas de solución respecto del problema en la gestión de notificación, y la consecuencia de ello, la ineficacias de los actos administrativos, principalmente en la virtualización de los canales para los tramite documentarios, plataformas interactivas de atención así como mesa de partes virtuales, por cuanto procedimientos administrativos manuales y/o presenciales son lentos y asincrónicos, muchos de estos se han venido gestionando de manera personal, presencial, y en papel, no pudiendo superar esta brecha utilizando recursos digitales y en línea, siendo esto una demora en la agilización de trámites administrativos; asimismo, los defectos respecto a la notificación manual de las actas de notificación personal los tramites y/o documentos similares, y así, evitar una carga social y económica en cuanto al tiempo y dinero invertido por parte de los administrados. Siendo que la digitalización de canales de atención como las mesas de partes digitales, permitirán aligerar la carga procedimental, por un lado, y por el otro agilizar los trámites administrativos en beneficio del usuario, generando así transparencia y confianza de parte del administrado hacia la entidad. obteniendo decisiones administrativas que logren su finalidad, sancionar de manera real, y a su vez que los administrados obtengan una decisión administrativa y motivada, pudiendo participar de manera activa en un procedimiento administrativo sancionador, controlando los plazos procedimentales tanto para presentación de documentos y descargos, como para la emisión de decisiones administrativas. / This research work will focus on the alternative solutions to the problem of notification management, and the consequence of this, the ineffectiveness of administrative acts, mainly in the virtualization of the channels for document processing, interactive platforms for attention as well as virtual desk of parts, as manual and/or face-to-face administrative procedures are slow and asynchronous, many of these have been managed in person, in person, and on paper, not being able to overcome this gap by using digital and online resources, being this a delay in the streamlining of administrative procedures; Likewise, the defects with respect to the manual notification of the personal notification acts of the proceedings and/or similar documents, and thus, avoid a social and economic burden in terms of time and money invested by the administered. The digitization of service channels such as the digital parts desks will lighten the procedural burden, on the one hand, and on the other streamline administrative procedures for the benefit of the user, thus generating transparency and confidence on the part of the administered towards the entity, obtaining administrative decisions that achieve their purpose, sanctioning in a real way, and in turn that the administered obtain an administrative and motivated decision, being able to actively participate in an administrative sanctioning procedure, controlling the procedural deadlines for the presentation of documents and discharges, as well as for the issuance of administrative decisions. / Trabajo académico

El artículo 48 de la Ley General de la Inspección del Trabajo establece que las resoluciones administrativas firmes derivadas de un procedimiento inspectivo tienen la calidad de títulos ejecutivos, por lo que en atención a lo señalado en el literal d) del artículo 57 de la Ley Procesal del Trabajo, su cumplimiento puede ser exigido a través del proceso ejecutivo laboral. Sin embargo, la evidencia muestra que pese a que desde el 5 de noviembre del 2012 se encuentra vigente la Ley 29497 en la Corte Superior de Justicia de Lima, el empleo de dichas resoluciones administrativas es escaso en relación al número de pronunciamientos emitidos por los órganos resolutores de la autoridad inspectiva, lo que implica que pese a su condición de títulos ejecutivos, éstas son utilizadas como medios probatorios de una demanda tramitada en un proceso ordinario o abreviado laboral. Así se tiene que la presente investigación muestra que el principal problema que impide el uso de las resoluciones del sistema inspectivo como títulos ejecutivos es el incumplimiento de los requisitos contemplados por ley para ser considerados como tal, especialmente en aquellas obligaciones de dar suma de dinero, en donde se aprecia que la mayoría de ellas no son liquidadas por el órgano resolutor ni contienen los datos necesarios para su liquidación en el proceso de ejecución. Consecuentemente, al comprobarse que la inoperancia de la calidad de título ejecutivo de las resoluciones administrativas firmes del sistema inspectivo tienen relación con el incumplimiento de establecer una obligación líquida o liquidable, se concluye que el propio sistema inspectivo debe implementar las medidas internas que obliguen a los órganos resolutores a cumplir con este presupuesto, a partir del deber de la debida motivación contemplado en el citado artículo 48 de la Ley 28806. / Article 48 of the General Law on Labour Inspection provides those final administrative decisions resulting from an inspection procedure, have the quality of enforceable titles, so in accordance with the provisions of paragraph d) of article 57 of the Labor Procedure Law, compliance can be enforced through the labor enforcement process. However, the evidence shows that despite the fact that Law 29497 has been in force in the Superior Court of Justice of Lima since November 5, 2012, the use of these administrative resolutions is scarce in relation to the number of pronouncements issued by the decisionmaking bodies of the inspecting authority, which implies that despite their status as enforceable titles, These are used as evidence of a claim processed in an ordinary or abbreviated labor process. Thus, the present research shows that the main problem that prevents the use of the resolutions of the inspection system as enforceable titles is the failure to comply with the requirements contemplated by law to be considered as such, especially in those obligations to give a sum of money, where it can be seen that most of them are not liquidated by the resolving body nor do they contain the necessary data for their liquidation in the process of execution. Consequently, when it has been found that the ineffectiveness of the enforceable quality of the final administrative resolutions of the inspection system is related to the failure to establish a liquid obligation, it is concluded that the inspection system itself must implement the internal measures that oblige the resolving bodies to comply with this budget, based on the duty of due motivation contemplated in the aforementioned Article 47 of Law 28806.

La presente investigación tuvo como objetivo evaluar las posibilidades y expectativas del proceso especial de terminación anticipada, ante la Inseguridad ciudadana y la problemática de la administración de Justicia, desde una experiencia de aplicación acotada a la provincia de Alto Amazonas, región Loreto. En este objetivo se confrontó los aspectos normativos y de política criminal de este mecanismo alternativo de solución de conflictos penales, con la implementación del mismo realizada por los operadores de justicia, a fin de evaluar las causas de su subutilización, a pesar de su reconocimiento como herramienta útil para la descarga procesal y para minimizar el impacto del proceso penal en los proyectos de vida de los procesados y de los sujetos procesales. Cabe precisar que esta investigación cualitativa se realizó utilizando datos bibliográficos y estadísticos, y concretando las entrevistas a todos los actores relevantes en la aplicación de este proceso especial de la indicada provincia. Ante lo planteado, este trabajo concluyó que la terminación anticipada es un mecanismo alternativo al proceso penal regular destinado a la simplificación procesal, y acorde a los parámetros de la justicia restaurativa, que promueve una solución pronta a la controversia penal, minimizando los impactos nocivos del sistema punitivo en el proyecto de vida del procesado, en favor de su reinserción social, a pesar de la vigencia de una política coyuntural punitiva y represiva. Asimismo, este trabajo ha verificado que la carga procesal, como un problema consustancial al sistema de justicia, influye en tal subutilización, desvirtuando la injerencia significativa del diseño normativo y de la intervención de los operadores del sistema en la aplicación poco relevante de la terminación anticipada.