El objeto de análisis del presente informe se centra en la interpretación empleada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos del artículo 23.2 de la Convención Americana realizada en la sentencia Petro Urrego vs. Colombia. El artículo dispone que la única vía para restringir derechos políticos es el proceso penal, y en la argumentación empleada por los magistrados en el caso Petro Urrego, se reafirma que el artículo es taxativo. Así, toda restricción de derechos políticos que no se encuentre contemplada en el artículo 23 de la Convención, atentará contra la misma. Ello es problemático, ya que genera incompatibilidad con otra vía que restringe los derechos políticos pero no es de naturaleza penal, como el caso del juicio político. Por ello, se realizará un análisis de la línea jurisprudencial de la Corte respecto a la naturaleza del artículo 23.2, abordando la restricción de derechos políticos. Así, se identificarán cuáles son las excepciones que la Corte ha considerado para regular o restringir estos derechos. En segundo lugar, se abordará cómo debería interpretarse el artículo 23.2 a fin de mantener la convencionalidad del juicio político. Para ello, se hará referencia al voto concurrente del magistrado García Sayán, quien propone superar la interpretación taxativa del artículo 23 de la Convención aplicando los criterios de interpretación sistemática, evolutiva y teleológica. Finalmente, se evaluará si el juicio político cumple con los requisitos fijados por la Corte para considerarse, excepcionalmente, como una vía de restricción de los derechos políticos que no atente contra la Convención. / The object of analysis of this report focuses on the interpretation used by the Inter-American Court of Human Rights of article 23.2 of the American Convention in the Petro Urrego v. Colombia judgment. The article provides that the only way to restrict political rights is through a penal instance, and in the argumentation used by the judges in the Petro Urrego case, it is reaffirmed that the article is restrictive. Moreover, any restriction of political rights that is not contemplated in article 23 of the Convention will violate it. This is problematic, since it generates incompatibility with another instance that restricts political rights but is not of a criminal nature, such as impeachment. Therefore, an analysis will be made of the jurisprudential line of the Court regarding the nature of article 23.2, addressing the restriction of political rights. Thus, the exceptions that the Court has considered to regulate or restrict these rights will be identified. Secondly, it will be addressed how article 23.2 should be interpreted in order to maintain the conventionality of the impeachment trial. For this purpose, reference will be made to the concurring vote of Justice Garcia Sayan, who proposes going beyond the restrictive interpretation of article 23 of the Convention by applying the criteria of systematic, evolutionary and teleological interpretation. Finally, it will de evaluated whether the impeachment trial meets the requirements established by the Court to be considered, exceptionally, as a way of restricting political rights that does not violate the Convention.

El presente informe jurídico se centra en constatar si es adecuada la posición que asumen las Salas Civiles de la Corte Suprema en los casos de reconocimiento de unión de hecho ante consorte fallecido, teniendo como objeto el análisis del que se presenta en la Casación N° 4416-2018 Puno. Para alcanzar dicho propósito se parte del análisis de categorías jurídicas como la carga de la prueba, las cargas dinámicas probatorias y la valoración de la prueba, siempre en el marco del proceso judicial de reconocimiento de unión de hecho. Asimismo, se formulan otras tres cuestiones relevantes, cuyo análisis otorga mayor sustento a nuestra cuestión principal detallada en el primer párrafo; para lo cual, nos apoyamos en las reglas jurídicas del Código Procesal Civil y del Código Civil como norma sustantiva, además del siempre necesario soporte en la jurisprudencia de los tribunales de cierre y en las fuentes doctrinarias más especializadas. Finalmente, al culmino del presente informe jurídico, llegamos a la conclusión de que la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República mantiene una posición tradicional y bastante conservadora respecto de la carga de la prueba en los procesos de reconocimiento judicial de unión de hecho ante consorte fallecido. Razón por la cual se hace precisión en las cargas dinámicas probatorias y su eventual uso en cuanto se apruebe el Proyecto del Nuevo Código Procesal Civil. / This legal report focuses on verifying whether the position assumed by the Supreme Court in cases of recognition of partnership of the marriage when one spouse has deceased, with the purpose of analyzing the one presented in Cassation No. 4416-2018 Puno. To achieve this purpose, it is based on the analysis of the legal categories of the burden of proof, the dynamic loads probative and the assessment of the evidence, always within the framework of the judicial process of recognition of partnership of the marriage. Likewise, three other relevant questions are formulated, whose analysis gives greater support to our main question detailed in the first paragraph; for which, we rely on the legal rules of the Civil Procedure Code and the Civil Code as a substantive rule, in addition to the always necessary support in the jurisprudence of the high courts and in the most specialized doctrinal sources. Finally, at the end of this legal report, we came to the conclusion that the Main Civil Chamber of the Supreme Court of Justice maintains a traditional and quite conservative position regarding the burden of proof in judicial recognition processes of partnership of the marriage when one spouse has deceased. Reason for which precision is made in the dynamic loads probative and their eventual use as soon as the Project of the New Civil Procedure Code is approved.

La prisión preventiva en el ámbito procesal penal viene a ser una medida cautelar que tiene carácter personal y su finalidad es garantizar el proceso penal y el cumplimiento de una eventual pena que pudiera imponerse. Esta medida no puede, ni debe tener otra naturaleza que la pudiera convertir en una medida de seguridad y mucho menos, en una pena anticipada. En ese sentido, el objetivo del presente trabajo es determinar los fundamentos del estándar probatorio referido al peligro procesal en la medida cautelar de la prisión preventiva como justificación de las garantías del proceso penal; realizándose para tal fin una investigación jurídica de tipo dogmático, normativa, teórica y jurisprudencial, por lo cual, la presente investigación demostrara los abusos que se vienen cometiendo con la prisión preventiva en la actualidad, no siendo congruentes con las normas y derechos fundamentales de toda persona inmersa en un proceso penal. Concluyendo que los operadores de justicia deberían adoptar sus decisiones sobre la base de un debido razonamiento probatorio en cuanto al tercer presupuesto material de la prisión preventiva. En el presente trabajo analizamos la aplicación de un razonamiento probatorio cautelar y además estándares de prueba en materia de prisión preventiva, ello vinculado al peligro procesal, lo cual supondría una garantía al momento de resolver el requerimiento de esta medida cautelar. Así, pretendemos esclarecer cuestiones fundamentales para dictar esta medida de carácter excepcional, entendida como la más gravosa del proceso penal

El presente trabajo se centra en el análisis de la técnica de declaración de estado de cosas inconstitucional (en adelante ECI) utilizada no solo por el máximo intérprete de la Constitución, el Tribunal Constitucional del Perú; sino también, por órganos jurisdiccionales de inferior jerarquía. En ese sentido, se propone determinar el fundamento constitucional para la declaración de un ECI, basado no solo en el artículo 44° de la Constitución Política, sino a partir del concepto de tutela de derechos fundamentales por parte del órgano jurisdiccional. Por otro lado, establecer la legitimidad del juez constitucional para efectuar tal declaración ¿Este puede intervenir en la formación de las políticas públicas? La respuesta a esta interrogante se desarrollará en la investigación; toda vez que, partiendo de la clásica división de poderes, estos – en principio – no deberían inmiscuirse en temas que sería de exclusiva competencia del Poder Ejecutivo y Legislativo; sin embargo, se explicará por qué es necesaria la presencia de la justicia constitucional ante la vulneración masiva y sistemática de varios derechos fundamentales que afecta a un número significativo de personas.

En el año 2016, la empresa ODEBRECHT mediante el documento denominado “Acuerdo de Declaración de Culpabilidad” confesó ante la justicia de EE.UU que había pagado sobornos en 12 países de Latinoamérica con la finalidad de obtener grandes proyectos de infraestructura. Uno de los países donde se había cometido este tipo de actos era el Perú, lo que motivo que se iniciaran investigaciones preliminares a funcionarios públicos, líderes de partidos políticos y empresarios reconocidos por delitos de corrupción y lavado de activos. En el marco de estas investigaciones, los jueces de investigación preparatoria vienen utilizando la información brindada por aspirantes a colaboradores eficaces como elemento de convicción para dictar medidas de prisión preventiva, sin aprobación judicial. Al final del presente trabajo, se ha determinado que la utilización de la declaración del aspirante, con los supuestos elementos de convicción que lo corroboran, no cumplen con el estándar probatorio de “sospecha fuerte” exigido por el Acuerdo Plenario Nº 1-2019/CIJ-116 y la Sentencia Plenaria Casatoria Nº 1- 2017/CIJ-443.

En el Perú el cese colectivo está regulado por la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, T.U.O del D.L. 728; el cese colectivo se produce cuando el empleador de manera unilateral decide la terminación de contratos por causas objetivas relacionadas a una crisis empresarial. Las causales establecidas en la Ley de Productividad Laboral son las siguientes; a) El caso fortuito y la fuerza mayor; b) Los motivos económicos, tecnológicos, estructurales o análogos; c) La disolución y liquidación de la empresa, y la quiebra; y por último d) La reestructuración patrimonial. En el presente trabajo se aborda las causales objetivas de caso fortuito y la fuerza mayor, y los motivos económicos, tecnológicos, estructurales o análogos; esto en relación con el rol que cumple la Autoridad Administrativa dentro de la etapa administrativa de procedimiento establecido. Asimismo; se realizan diversos cuestionamientos al procedimiento de cese colectivo, esto según lo establecido por la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Dentro del análisis de los cuestionamientos nos centramos en la suspensión perfecta, aprobación automática con verificación posterior; fases que se encuentran dentro del procedimiento del cese colectivo. De la misma forma también se analiza aquella presentación simultánea de la negociación de las medidas terminación de contratos y la solicitud de suspensión de contratos

En el presente informe se analizará la sentencia del Tribunal Constitucional del caso Ugarteche, emitido respecto de la pretensión principal del proceso de amparo: la nulidad de la Resolución Registral N°1258-2012-GOR/JR10LIM/ORLIMA/RENIEC. En dicha resolución la RENIEC niega inscripción del matrimonio Ugarteche-Aroche, celebrado en México. Del análisis del caso, nuestra conclusión principal es que la improcedencia de lo solicitado por el demandante, por parte del Tribunal Constitucional, al pedido de revertir la negativa de inscripción por parte de RENIEC del matrimonio del Sr. Ugarteche, implica una vulneración a sus derechos fundamentales. Con este propósito, centraremos nuestro informe en el análisis de los problemas jurídicos encontrados en la sentencia. Como problemas jurídicos principales encontramos la vulneración de derechos fundamentales del demandante: en primer lugar, el derecho a la igualdad y no discriminación, y, vinculado a ello, el libre desarrollo de la personalidad. Asimismo, señalamos que el objetivo de la presente investigación es sustentar que el matrimonio, su naturaleza y propósito, no excluye a las parejas del mismo sexo, pues sostenemos que existe una protección a las diversas formas de familia, las cuales deben de ser protegidas por el derecho. En ese sentido, señalamos, como argumento que respalda nuestra postura, que la discriminación por orientación sexual se encuentra prohibida, tanto en la legislación nacional como en el marco internacional. Finalmente, concluiremos que, si bien en la sentencia del Tribunal Constitucional contiene aportes acertados, encontramos posiciones que no compartimos, pues no reflejan a la institución jurídica del matrimonio como una libre de discriminación. Con ello se refleja un problema estructural dentro de la sociedad peruana, lo cual se manifiesta desde la negativa del funcionario público que resolvió negar la solicitud de inscripción del Sr. Ugarteche hasta en el razonamiento de los fundamentos de improcedencia de los vocales del Tribunal Constitucional.

El presente informe jurídico tiene como objetivo analizar el Recurso de Casación Nº759-2017-Lima sobre materia de obligación de dar suma de dinero. El interés en la sentencia reside en que la Corte Suprema se detiene a valorar los informes periciales presentados por Atlantic, lo cual nos abre las siguientes interrogantes: (i) ¿La sentencia que emite la Corte Suprema se limita a realizar un análisis de la infracción normativa denunciada?, (ii) ¿La Corte Suprema está excediendo sus facultades? Luego que, la Corte Suprema se dedica a examinar dichos informes periciales, indica que dichos documentos no aclaran de manera suficiente la controversia, requiriendo a las partes las pruebas necesarias para dilucidar el tema principal en cuestión. Además de ello, Petroperú señala dentro de sus fundamentos la incorporación de pruebas adicionales, bajo lo cual surge una tercera pregunta: (iii) ¿era pertinente actuar medios probatorios de oficio en el presente proceso? Es por ello, que a lo largo del informe será necesario determinar en qué consiste el recurso de casación, cuáles son las causales en que se puede sustentar dicho recurso así cómo cuales son los fines de esta institución jurídica. En suma, será de igual manera fundamental determinar el contenido de la prueba de oficio, así como sus límites en la normativa peruana, esto es, ante que supuestos procede su aplicación

De la revisión de la normativa sectorial emitida recientemente se puede constatar que por vía legal o reglamentaria se ha atribuido a algunas entidades de la Administración Pública la facultad para no dar inicio a un procedimiento sancionador. Al respecto, el análisis sobre si el ejercicio de la potestad sancionadora es de carácter obligatorio o facultativo ha sido objeto de debate en la doctrina española originándose posturas contrapuestas sobre el tema, con lo cual no habría un consenso sobre la admisión del principio de oportunidad en el ámbito sancionador. En ese contexto, este trabajo tiene por finalidad analizar cuáles serían los alcances y límites de la aplicación del principio de oportunidad en nuestro ordenamiento jurídico. Esta investigación se justifica en la ausencia de un reconocimiento expreso del citado principio en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019- JUS (TUO de la LPAG). Luego del análisis de la regulación sectorial y acogiendo la postura planteada por el profesor Rebollo Puig, se concluye que sería admisible incorporar el principio de oportunidad en materia sancionadora en el TUO de la LPAG, pero esta situación se encontraría condicionada al cumplimiento de tres aspectos: (i) en primer lugar, siguiendo el planteamiento del profesor Rebollo, que los criterios de oportunidad que otorgan discrecionalidad sobre la decisión de dar inicio a un procedimiento administrativo sancionador tendrían que estar regulados en una norma con rango de ley; (ii) en segundo lugar, que la aplicación de este principio tendría que darse antes del inicio formal del procedimiento sancionador, concretamente durante las actuaciones previas al procedimiento sancionador; (iii) en tercer lugar, que este principio únicamente sería aplicable para las conductas calificadas como infracciones leves.

El presente artículo cuenta con mi experiencia en asuntos penitenciarios en Colombia y Perú. Es una reflexión sobre los beneficios de la reincorporación del Juez de Ejecución Penal (JEP) en el sistema penitenciario del Perú. Se expondrá que los procedimientos en los establecimientos penitenciarios (EP) peruanos registran mayor complejidad al estar a manos del Juez de la Investigación preparatoria, pronunciamiento del Ministerio público y de la administración la potestad decisora. Estas circunstancias influyen negativamente en los programas de rehabilitación, reeducación y reinserción social.