El presente caso se trata sobre un recurso de casación interpuesto ante la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, donde se analiza la figura de la carga de la prueba en un proceso de contradicción de revocación a la donación. A partir de la Resolución Ejecutoria Suprema S/N de fecha 26 de octubre de 2015, emitida por la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República en el Expediente en Casación N° 01532-2015-0-5001-SU-CI-01, surgen diferentes interrogantes. Una de ellas es sobre la figura de la carga de la prueba en un proceso judicial y su aplicación como regla subsidiaria en un proceso. Asimismo, otra interrogante se ve referida a la posibilidad de aplicar la carga dinámica de la prueba en el presente caso y su regulación en nuestro ordenamiento jurídico. Finalmente, se suma como tercer interrogante el contenido de lo que se conoce como prueba diabólica. Debido a ello, en el presente informe jurídico se realiza un análisis jurídico, en base a doctrina y jurisprudencia, con la finalidad de dar una respuesta que permita entender cómo es que se rigen las figuras de la carga de la prueba y la carga dinámica de la prueba en nuestro ordenamiento y, sobre todo, en un proceso de contradicción a la revocación de donación. / The present case deals with a cassation appeal filed before the Transitory Civil Chamber of the Supreme Court of Justice of the Republic, where the figure of the burden of proof in a process of contradiction of revocation to the donation is analyzed. From the Supreme Executory Resolution S/N dated October 26, 2015, issued by the Transitory Civil Chamber of the Supreme Court of Justice of the Republic in the Case File in Cassation N° 01532-2015-0-5001-SU-CI-01, different questions arise. One of them is about the figure of the burden of proof in a judicial process and its application as a subsidiary rule in a process. Likewise, another question refers to the possibility of applying the dynamic burden of proof in the present case and its regulation in our legal system. Finally, the third question is the content of what is known as diabolical evidence. Therefore, in the present legal report an analysis is made, based on doctrine and jurisprudence, in order to provide an answer that permits to understand how the figures of the burden of proof and the dynamic burden of proof are governed in our legal system and how they are applied. and, above all, in a proceeding dealing with the contradiction to the revocation of a donation.

El presente trabajo desarrolla un esforzado análisis de tres problemas jurídicos inmersos en una controversia que tomó lugar entre los años 2007 y 2010 en nuestra nación, en relación a la alegación de afectación de derechos fundamentales de los Waorani (Tagaeri- Taromenane), Pananujuri (Arablea) y Aushiri -pueblos indígenas- como consecuencia de la operación de determinadas empresas del rubro petrolero en los Lotes No. 67 y 39. El caso gira en torno a una Acción de Amparo presentada por la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana – AIDESEP ante el juez especializado en lo civil de la provincia de Maynas de la Corte Superior de Justicia de Loreto. Posteriormente, el caso es sometido -como consecuencia de la apelación del demandante- al juez superior. Finalmente, el Tribunal Constitucional se pronunciará respecto de la procedencia del recurso de agravio constitucional postulado por AIDESEP.

Los criterios jurisprudenciales de la Corte Suprema sobre la aplicación de los intereses moratorios aplicables a los pagos a cuenta mensuales del Impuesto a la Renta resultan una guía necesaria para la comunidad jurídica para interpretar las disposiciones normativas correspondientes. Así la Casación No. 4392-2013 establecía como criterio jurisprudencial la aplicación del método literal para interpretar el artículo 34 del Código Tributario y el artículo 85 de la Ley del Impuesto a la Renta, concluyendo que no se generan intereses moratorios por la rectificación de la declaración jurada anual que sirvió para calcular el coeficiente correspondiente a las cuotas de los pagos a cuenta, toda vez que al momento del determinación de dichos pagos se tomó en cuenta la declaración jurada vigente del impuesto a la renta del ejercicio anterior. Sin embargo, este año se publicó la Casación No. 27444-2018 que propuso una perspectiva totalmente distinta, debido a que rechaza la interpretación literal y adopta la sistemática respecto de los citados artículos, además del precisando que sí se deben calcular intereses moratorios para estos casos. Por tanto, nos encontramos ante dos posturas jurisprudenciales distintas y debemos tomar posición por alguna de ellas. El objetivo del presente artículo es analizar comparativamente ambas sentencias, mostrando sus aciertos y debilidades a efectos de postular una salida a tal diferencia de criterios y aplicación de métodos interpretativos. Consideramos que un acercamiento al enfoque constitucional puede ayudar a dar luces y establecer un criterio más adecuado en base a lo propuesto por ambas sentencias. / The jurisprudential criteria of the Peruvian Supreme Court on the application of default interest applicable to monthly payments on account of Income Tax are a necessary guide for the legal community to interpret the corresponding regulatory provisions. Thus, The sentence of the Supreme Court of Cassation Num. 4392-2013 established as a jurisprudential criterion the application of the literal method to interpret article 34 of the Tax Code and article 85 of the Income Tax Law, concluding that default interest is not generated for subsequent rectification of the annual affidavit that served to establish the calculation coefficient of installments of payments on account, since at the time of payment of said payments the current income tax return from the previous year was considered. However, this year the sentence of the Supreme Court of Cassation No. 27444-2018 was published, which proposed a totally different perspective, because it rejects the literal interpretation and adopts the systematic one regarding the articles, in addition to specifying that default interest must be calculated for these cases. Therefore, we are faced with two different jurisprudential positions, and we must take a stand for one of them. The main purpose of this paper is to comparatively review both sentences showing their successes and weaknesses to postulate a way out of such a difference in criteria and application of interpretive methods. We consider that the constitutional approach can help to establish a more appropriate criteria based also on what is proposed by both sentences. / Trabajo académico

A efectos de imputar la impuntualidad como falta grave, causa justa de despido, el legislador peruano ha previsto que deben concurrir dos elementos: (i) la reiterencia en el tiempo del incumplimiento al horario de trabajo por parte del trabajador; y (ii) la imposición de sanciones, entiéndase amonestaciones escritas y suspensiones, previas al despido por la misma conducta infractora. Sin embargo, en este supuesto se ha omitido brindar un parámetro objetivo para delimitar cuando estamos ante una conducta infractora reiterada, a diferencia de la causal referida al ausentismo laboral, lo que a mi consideración no es equiparable a la existencia de sanciones previas al despido. En tal sentido, el presente trabajo pretende demostrar que, si bien los elementos para configurar la falta grave referida a la impuntualidad reiterada, contenida en el inciso h) del artículo 25° del Texto Único Ordenado de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR, se encuentran relacionados entre sí, estos son independientes en cuanto a su valoración y comprobación fáctica, siendo que el primero de ellos se encuentra sujeta a la discrecionalidad del empleador dado un problema de vaguedad en la enunciación del supuesto de hecho.

El presente informe profesional analiza el recurso de casación interpuesto por una empresa tras pretender regular en su Reglamento Interno de Trabajo la fiscalización de las herramientas digitales brindadas a sus trabajadores. La empresa sostiene, en los artículos materia de discusión del Reglamento Interno de Trabajo, ser propietaria de las herramientas digitales otorgadas al trabajador, estar facultada para regular el uso de estas y, por consiguiente, al ser propietaria de los correos electrónicos institucionales, puede acceder a su contenido. Al respecto, la posición mayoritaria de la jurisprudencia nacional -en concordancia con el respeto de los derechos fundamentales relativos a la intimidad y al secreto e inviolabilidad de las comunicaciones- sostiene que, no se puede acceder, bajo ninguna circunstancia, al contenido de las herramientas digitales. Sin embargo, la posición contraria defiende la posibilidad del empleador de fiscalizar solo un contenido externo de las herramientas digitales, posición que se comparte en el presente informe. Asimismo, la jurisprudencia internacional prevé una fiscalización del empleador respecto de las herramientas digitales, siempre y cuando se cumplan determinados requisitos, pero -a la fecha- este análisis aún no se encuentra regulado ni utilizado en nuestro ordenamiento. En ese sentido, este informe profesional busca realizar un análisis sobre el uso de las herramientas digitales entregadas al trabajador y los límites para la fiscalización de las mismas; para lo cual, se recurre a jurisprudencia nacional e internacional, legislación, doctrina y documentos legales. / The following research work analyzes the cassation appeal filed by a company seeking to regulate in its Internal Labor Regulations the monitoring of the digital tools provided to its workers. The company claims, based on the articles on the Internal Labor Regulation subject of discussion, to be the owner of the digital tools provided to its workers, and to be able to regulate its use; therefore, the company owns the institutional emails, and can access to their content. In that regard, the majority of the national jurisprudence – according with the respect for the fundamental rights relating to privacy and the secrecy and inviolability of communications - maintains that, under no circumstances, it is possible to access the content of digital tools. However, there is a part of the academy that defends the possibility of the employer to control only an external content of the digital tools, a position that is shared in this research. Furthermore, there is international jurisprudence which already provides a mechanism for an employer to audit the digital tools provided only when certain characteristics are met. This analysis is not yet regulated or used in our legal system. In this regard, this research work seeks to carry out an analysis of the issues of regulation of the use of digital tools delivered to the worker and to what extent they can be monitored. To this end, an analysis of national and international jurisprudence, doctrine and legal documents has been sought.

La presente investigación tiene como objetivo identificar las vulneraciones a los derechos fundamentales de la Comunidad Nativa Tres Islas a través de los actos administrativos que fueron expedidos por el Gobierno Regional de Madre de Dios y a Autoridad Nacional del Agua, afectando el territorio, dañando la autonomía comunal, medio ambiente sano de sus integrantes, entre otros. Se enunciará cuáles fueron los fundamentos de la primera y segunda instancia de la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios para resolver la demanda de amparo interpuesta, en virtud de la interpretación de unidad de la Constitución y el principio in dubio pro homine. Del mismo modo, se buscará comprobar la viabilidad de un proceso de amparo como la vía pertinente constitucional interpuesta para la protección de los derechos debido a un latente peligro de irreparabilidad. Ello, ante un análisis dificultoso debido a la omisión normativa del derecho a la consulta previa existente por responsabilidad estatal excluyente, al no elaborar una regulación interna oportuna para la implementación de procedimientos adecuados, viéndose perjudicados, a su vez, los derechos de los miembros de esta. Finalmente, como conclusión principal obtenida se visualiza las consecuencias de las competencias conferidas en materia de minería al Gobierno Regional de Madre de Dios al no haber sido adecuados, así como se identifica y sostiene la preponderancia del autogobierno comunal frente a los derechos de los mineros en virtud de la libertad de empresa del caso en concreto. / The objective of this research is to identify the violations of the fundamental rights of the Comunidad Nativa Tres Islas through the administrative acts that were issued by the Gobierno Regional de Madre de Dios and the Autoridad Nacional del Agua affecting its territory, damaging its community autonomy, healthy environment of its members, among others. It will state what were the grounds of the first and second instance of the Corte Superior de Justicia de Madre de Dios to resolve the petition for amparo filed, by virtue of the interpretation of the unity of the Constitution and the principle in dubio pro homine. Likewise, it will seek to verify the viability of an amparo process as the ideal constitutional path interposed for the protection of rights due to the danger of irreparability. This ocurred, facing a difficult analysis due to the existing normative omission of the right of prior consultation due to an exclusive responsibility of the State, by failing to draw up a timely internal regulation for the implementation of adequate procedures, which led to harm the rights of the native community members. Finally, as the main conclusion obtained, the consequences of the competences conferred on mining matters to the Gobierno Regional de Madre de Dios are visualized as they were not adequate, as well as the preponderance of communal self-government over the rights of miners in virtue of the freedom of enterprise of the specific case.

El presente trabajo hace un análisis jurídico de la sentencia de vista emitida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Cusco, sobre la demanda de amparo presentada por Edwin Romel Béjar Rojas contra el Consejo Nacional de la Magistratura ante su exclusión del concurso público de méritos en el que postulaba para el cargo de Fiscal Provincial Adjunto, debido a su discapacidad visual permanente, vulnerando sus derechos a la igualdad y no discriminación y al acceso en igualdad de condiciones a un cargo público, entre otros. La sentencia elegida es relevante en tanto permite visibilizar las barreras que existían –y aún persisten- en nuestro sistema de justicia para el acceso a la magistratura de personas con discapacidad, así como los prejuicios y representaciones erradas que se mantienen sobre las personas con discapacidad en el ámbito del derecho. Asimismo, a través del análisis de las argumentaciones de las partes y de los jueces, se aprecia la necesidad de definir criterios que permitan una mejor identificación de las situaciones de discriminación y los ajustes razonables requeridos para permitir una mayor igualdad de las personas con discapacidad en el acceso y ejercicio de la magistratura. Finalmente, el trabajo apunta a promover la aplicación debida de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad en el sistema de justicia, así como de otras normas supranacionales y nacionales que promueven los derechos de las personas con discapacidad en el país.

El presente informe jurídico tiene por objeto evaluar los problemas jurídicos que se suscitan en la Casación Laboral N°10757-2016-Del Santa, que plantea el caso de un trabajador que fue despedido por haber ingerido bebidas alcohólicas en la movilidad de la empresa, cuando se encontraba retornando a la misma, pues había sido enviado a una comisión de servicios. Siendo así, el tema central que se aborda es respecto a si dicha conducta configura o no la comisión de la falta grave estipulada en el inciso e) del artículo 25° la LPCL y por tanto si resulta proporcional aplicarle el despido. Es relevante analizar lo dicho por la Corte Suprema, que declara fundado el recurso de casación, ya que, minimiza la conducta del actor por el hecho de haber culminado las labores que se le encargaron, sin considerar que el encontrarse en “estado de embriaguez” dentro de la movilidad de la empresa, ya deviene en una falta que no solo puede tipificarse en el inciso e) del artículo 25° de la LPCL sino que también atenta contra el principio de la buena fe laboral. Finalmente, realizado el análisis correspondiente y de acuerdo al test de proporcionalidad, se concluye que el actor debió recibir otra sanción disciplinaria, diferente al despido; no obstante, discrepamos con la Corte pues desconoce que el hecho de que el trabajador no realice trabajo efectivo durante el traslado no significa que no este puesto a disposición de su empleador y por tanto dentro de la jornada laboral. Además, que estaba dentro la movilidad de la empresa. / The purpose of this legal investigation is to evaluate the legal problems that arise in the Appeal No. 10757-2016-Del Santa, which raises the case of a worker who was fired for having consumed alcoholic beverages in the mobility of the company, while he was returning to it, because he had been sent to a service commission. Thus, the central issue addressed is whether or not such conduct configures the commission of the serious offense stipulated in subsection e) of article 25 of the LPCL and therefore if it is proportional to apply the dismissal. It is relevant to analyze what was said by the Supreme Court, which declares the appeal founded, since it minimizes the conduct of the actor due to the fact of having completed the task entrusted to him, without considering that being in a "state of drunkenness" within the mobility of the company, it already becomes a fault that can not only be typified in subsection e) of article 25 of the LPCL but also violates the principle of good faith in the workplace. Finally, having carried out the corresponding analysis and according to the proportionality test, it is concluded that the actor should have received another disciplinary sanction, different from dismissal; however, we disagree with the Court because it does not consider that the fact that the worker does not perform effective work during the transfer does not mean that he is not made available to his employer and therefore within the workdays. In addition, it was within the mobility of the company.

El 11 de setiembre de 2002 se publicó en el Diario Oficial El Peruano la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Exp. 1124-2001-AA/TC la misma que marcó un quiebre en el modo de entender el derecho a la estabilidad laboral en el Perú. Dicha sentencia enervó a los empresarios, significó un enfrentamiento con gran parte de la doctrina laboral nacional y puso una cuota de esperanza de humanidad en las relaciones laborales. Hasta ese momento se entendió, en la legislación, en la doctrina y en la jurisprudencia laboral, que la única protección posible contra el despido arbitrario era la indemnización. Nunca la reposición, salvo que se tratase de la figura del despido nulo (aquel lesivo de otros derechos constitucionales como la igualdad o el debido proceso). El efecto multiplicador de la sentencia del Tribunal Constitucional contribuyó para que, desde ese momento, se reduzca dramáticamente la utilización del despido arbitrario sin invocación de causa como el modo corriente de poner fin a las relaciones laborales en el país. ¿Para qué invocar causas si la legislación, la doctrina y la jurisprudencia laboral venían admitiendo la indemnización como la adecuada protección frente al despido arbitrario?

El presente trabajo de investigación desarrolla el análisis de algunas sentencias emitidas en segunda instancia por el Poder Judicial en el marco de los Procesos Contenciosos Administrativos seguidos contra las resoluciones que emite el Tribunal Administrativo de Solución de Reclamos de los Usuarios de los Servicios de Saneamientos (en adelante TRASS) de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (en adelante SUNASS). Al respecto, cabe mencionar que el TRASS resuelve en segunda y última instancia administrativa las apelaciones presentadas por los usuarios de los servicios de saneamiento contra las decisiones de las Empresas Prestadoras, en adelante EPS, que son las encargas de brindar este tipo de servicios. A través del análisis de las sentencias judiciales, se pretende determinar si el juez contencioso al momento de analizar y resolver los casos considera los aspectos técnicos y legales propios de las normas especiales que rigen los procedimientos administrativos vinculados a los servicios de saneamiento o quizás su interpretación de estos abarca un espectro mayor al exclusivamente administrativo. / Trabajo académico