Esta investigación tiene como objetivo demostrar que la aplicación del principio Valor por Dinero en cada etapa de la contratación pública, especialmente durante la elaboración de los documentos del procedimiento de selección, permite a las Entidades públicas seleccionar al postor que se encuentra en mejor capacidad de cumplir con el requerimiento de forma eficiente. Si bien es cierto que el principio Valor por Dinero puede ser aplicado en cualquier modalidad de contratación, esta investigación se enfoca en el concurso oferta debido a que, en esta contratación, el postor que obtenga la Buena pro deberá realizar el Expediente Técnico de Obra y ejecutar la obra sobre la cual ha elaborado dicho Expediente. En consecuencia, la Entidad debe emplear todas las herramientas disponibles para seleccionar de forma informada al postor con mayor idoneidad para cumplir con ambas obligaciones. En ese sentido, se desarrollarán las características de la modalidad concurso oferta, el concepto propuesto por la doctrina sobre el principio valor por dinero y el marco normativo que recoge dicho principio en el ordenamiento peruano; así como la interpretación propuesta por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado al respecto. Finalmente, se plantean algunas alternativas que las Entidades Públicas podrían tomar en cuenta al elaborar las Bases del procedimiento; específicamente, al establecer los Factores de Evaluación, de forma que se garantice que la selección del postor se ha realizado de forma informada, diligente y de acuerdo al principio valor por dinero

A propósito de la Ley N° 30424 – la cual regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, la misma que ha sido modificada por el Decreto Legislativo N° 1352 y la Ley N° 30835, los cuales amplían los delitos por los cuales puede ser sancionada la persona jurídica, entre ellos y para efectos del presente trabajo, el soborno – el Estado ha promovido la implementación de programas de prevención por parte de las empresas, otorgando el beneficio de atenuación o exención de responsabilidad penal en el caso de que la empresa asuma un modelo de prevención ante la eventual comisión de un delito. Por otro lado, tenemos que, dadas las características propias del desarrollo de sus actividades, las empresas del rubro de la construcción son las más propensas a actos de corrupción y están más expuestas al riesgo del soborno. Ahora bien, la forma como está planteado este incentivo pervierte su finalidad, que es preventiva, toda vez que, en realidad se fomenta el uso de compliance paper o makeup compliance, esto es, las empresas adoptan un modelo de prevención únicamente para verse beneficiadas, ya sea con la atenuación o exención de responsabilidad penal, dado que sólo se exige el cumplimiento de ciertos requisitos, sin que se mida su eficacia ni verifique su operatividad. Es por ello que, en el presente trabajo de investigación analizamos los incentivos que podría crear el Estado para que las empresas constructoras implementen protocolos eficaces de prevención del delito de colusión. Para tal efecto hemos distinguido los incentivos de manera externa, esto es, por parte de Estado, e interna, por parte de la misma empresa

Este trabajo busca reflexionar respecto al rol que ocupa el principio de buena administración en el ejercicio del control gubernamental, el Sistema Nacional de Control y la Contraloría General. Como dicho principio se encuentra presente en el desarrollo de la función de control, entendido su ejercicio en el marco de la interpretación de los artículos 39 y 82 de la Constitución Política del Perú. De tal manera que se pueda entender el papel que cumple en el adecuado funcionamiento de la administración pública bajo parámetros de legalidad y resultados en la gestión, a través de la supervisión que la Contraloría General de la República hace de los actos de las entidades públicas. Permitiendo el desarrollo del contenido del principio de buena administración y la conexión con sus subprincipios. A la vez esta función de supervisión consolida el cumplimiento de los fines que la buena administración propugna en el desarrollo de la actividad estatal, los cuales no son otros que la consolidación de un Estado social y democrático de Derecho, que no es otra cosa que el bienestar general.

En el presente informe se analiza el laudo arbitral contenido en la Resolución N° 92 que resuelve la controversia surgida entre SERPAR y Consorcio Som Lima Norte. La primera parte servirá para identificar los hechos relevantes del caso, los problemas jurídicos y la posición preliminar del candidato. La segunda parte desarrolla las categorías jurídicas como potestad administrativa, intervención económica y resolución contractual con el respectivo detalle del caso en particular. Al final se ofrecen conclusiones y recomendaciones. / This report analyzes the arbitration award contained in Resolution No. 92 that resolves the controversy that arose between SERPAR and Consorcio Som Lima Norte. The first part will serve to identify the relevant facts of the case, the legal problems and the preliminary position of the candidate. The second part develops the legal categories such as administrative power, economic intervention and contractual resolution with the respective detail of the particular case. Finally, conclusions and recommendations are offered.

El objetivo general establecer el impacto de la ausencia de catálogo de infracciones por responsabilidad administrativa funcional en la corrupción de funcionarios, 2019 a 2021. La metodología utilizada fue cualitativa. Se concluye que hubo un impacto social pues la ciudadanía percibió la normalización de la corrupción e incluso el inadecuado actuar del TC, así como mermo la iniciativa a denunciar estos hechos. Es decir, existió una percepción negativa de la ciudadanía respecto a la imposibilidad de procesar y sancionar a funcionarios que no actúan conforme a ley. Así también impactó en la ineficacia de los informes de control pues no conllevarían a la identificación de sanciones. Así mismo, conllevó a que únicamente a través del procedimiento disciplinario se determinaron sanciones por conductas sancionadas en función a la potestad disciplinaria de las entidades como empleadores, pero no permitió excluir a funcionarios corruptos de la administración pública. Finalmente se afirma que ocasionó un impacto institucional en la corrupción de funcionarios, pues no se pudo cumplir con los fines del control gubernamental. / The general objective was to establish the impact of the absence of a catalogue of offences for functional administrative responsibility on the corruption of civil servants, 2019 to 2021. The methodology used was qualitative. It is concluded that there was a social impact as citizens perceived the normalisation of corruption and even the inadequate action of the TC, as well as a decrease in the initiative to denounce these facts. In other words, there was a negative perception among citizens regarding the impossibility of prosecuting and sanctioning officials who do not act in accordance with the law. It also had an impact on the ineffectiveness of control reports, as they would not lead to the identification of sanctions. It also meant that only through the disciplinary procedure were sanctions determined for conduct sanctioned in accordance with the disciplinary powers of the entities as employers, but it did not allow corrupt officials to be excluded from the public administration. Finally, it is affirmed that it had an institutional impact on the corruption of civil servants, as it was not possible to fulfil the purposes of governmental control. / Trabajo académico

El presente trabajo trata de un procedimiento administrativo sancionador iniciado por la denuncia de un tercero ante el Tribunal de Contratación del Estado contra la empresa Tesacom Perú S.A.C, por la presunta presentación de documentación falsa y/o inexacta en el proceso de selección de menor cuantía N°016-2010-MGP/DIRTEL, convocada por la Marina de Guerra del Perú. La investigación se justifica en el problema persistente que atraviesan los postores, proveedores y contratistas por el supuesto de hecho relacionada a la presentación de información falsa y/o inexacta, toda vez que se encuentra impedimento para contratar con el Estado. Para el presente Expediente E-2488, en la redacción final del literal d) del artículo 10 de la Ley de Contrataciones, Decreto Legislativo N°1017, establece que están impedidos de contratar “...los funcionarios públicos, empleados de confianza y servidores públicos, según la ley especial de la materia”, supuesto de hecho al parecer aplicable al oficial en situación de disponibilidad señor Jorge Adrián Dorrego Arias. El objetivo del trabajo es mostrar la existencia de una falta de motivación de la Sala del Tribunal de Contrataciones, así como la vulneración al principio de tipicidad del procedimiento administrativo. Del mismo modo, analizar respecto de la vinculatoriedad de las opiniones emitidas por la Dirección Técnico Normativa del OSCE, y la naturaleza jurídica del militar en situación de disponibilidad. Con todo ello, abarcamos tres ramas del derecho: derecho administrativo, derecho constitucional y derecho laboral. Así, con este trabajo concluimos que no se le debió sancionador a la Empresa TESACOM PERU S.AC., pues el supuesto de hecho no calza realmente con el administrado, pero notamos que esta falta de redacción puede ser perverso con miras la transparencia y eficiencia en las contrataciones del Estado. / This work deals with an administrative sanctioning procedure initiated by the complaint of a third party before the State Contracting Court against the company Tesacom Perú S.A.C, for the alleged presentation of false and/or inaccurate documentation in the selection process for a minor amount N °016-2010- MGP/DIRTEL, summoned by the Peruvian Navy. The investigation is justified by the persistent problem that bidders, suppliers and contractors are going through due to the alleged fact related to the presentation of false and/or inaccurate information, since there is an impediment to contracting with the State. For this File E-2488, in the final wording of literal d) of article 10 of the Contracting Law, Legislative Decree No. 1017, it establishes that “... public officials, trusted employees and servants are prohibited from contracting public, according to the special law of the matter”, a factual assumption that appears to apply to the officer on duty, Mr. Jorge Adrian Dorrego Arias. The objective of the work is to show the existence of a lack of motivation of the Chamber of the Contracting Court, as well as the violation of the principle of typicality of the administrative procedure. Likewise, analyze the binding nature of the opinions issued by the OSCE Technical Regulatory Directorate, and the legal nature of the military personnel in a situation of availability. With all this, we cover three branches of law: administrative law, constitutional law and labor law. Thus, with this work we conclude that no sanction should have been imposed on the Company TESACOM PERU S.A.C., since the factual assumption does not really fit with the administration, but we note that this lack of wording can be perverse with a view to transparency and efficiency in state contracting.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente investigación tiene como propósito efectuar un análisis normativo, dogmático y jurisprudencial sobre la manera en que el ordenamiento jurídico chileno responde al problema de la extinción de la responsabilidad administrativa por la muerte del regulado, en el contexto del Derecho Administrativo Sancionador. En efecto, es un problema que ha suscitado diversas interpretaciones doctrinales y jurisprudenciales que han intentado resolverlo. Para ello, analizaremos cuál ha sido el origen de la discusión, las posturas doctrinales en cada caso, las diferencias e implicancias prácticas de cada una y qué ha dicho la jurisprudencia a partir de la regulación administrativa para este problema. Al respecto, comenzaré explicando los aspectos relevantes de la discusión que se ha dado en torno a la relación entre Derecho Penal y Derecho Administrativo Sancionador. En este punto, se van a señalar las principales posturas doctrinales además de realizar un análisis crítico de las mismas a efectos de mostrar los aspectos prácticos y jurídicos sobre los que tiene incidencia la discusión. Otro aspecto a analizar es la fundamentación y fines de la sanción administrativa, lo cual nos dará aún más luces para determinar qué ocurre con la responsabilidad administrativa. Posteriormente, a partir de lo expuesto en el punto anterior, se entrará de lleno en la discusión jurídica acerca de la extinción de la responsabilidad administrativa por la muerte del regulado. Al efecto, se revisará doctrina y la respuesta que nuestro ordenamiento jurídico entrega a la luz de esta investigación. Así, se analizará, principalmente, lo dispuesto en la Constitución Política de la República, El Código Penal y la Ley N° 19.880, entre otras. Finalmente, se analizará lo resuelto por la jurisprudencia nacional, específicamente la Corte Suprema respecto de los únicos tres casos en que se ha referido al problema de la extinción de responsabilidad administrativa por muerte del regulado.

El estudio abarca diferentes aspectos jurídicos de las sociedades cooperativas que desarrollan sus actividades económicas en el ámbito del transporte de mercancías por carretera. Como entidades cooperativas, participan de las características inherentes a este tipo societario, quedando sometidas a la normativa cooperativa aplicable en función de la distribución competencial entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Como empresas que realizan actividades de transporte o auxiliares y complementarias del mismo, les es de aplicación, por un lado, la normativa de ordenación de los transportes terrestres y, por otro, el régimen del contrato de transporte terrestre de mercancías. Desde ambas perspectivas, surgen cuestiones variadas acerca de distintos aspectos de estas cooperativas, en sus diferentes modalidades: entre otras, respecto de la problemática resultante de la aplicación de la normativa cooperativa autonómica y la normativa estatal de transportes; de los requisitos previos para el ejercicio de las actividades de transporte; de la contratación del transporte en nombre propio y la asunción de la condición de porteador; de las relaciones jurídicas internas y de la actividad típica cooperativa desarrollada entre la entidad y sus socios; de las operaciones con terceros no socios; y de la responsabilidad jurídico privada y administrativa tanto de la entidad cooperativa como de sus miembros.

This article analyzes the essential obligations arising on safety and health at work with regard to the parent company in a scheme of productive decentralization, which is characterized in our midst by the widespread use of labor intermediation and outsourcing services both modalities recognized and regulated by Peruvian law. / El presente artículo analizará las obligaciones esenciales que surgen en materia de seguridad y salud en el trabajo respecto de la empresa principal en un esquema de descentralización productiva, el cual se caracteriza en nuestro medio por el empleo difundido de la intermediación laboral y la tercerización de servicios, ambas modalidades reconocidas y reguladas por la legislación peruana.

Constitutional doctrine has little addressed on the General Comptroller of the Republic and its controlling function of public resources execution and management. Efforts have been made to explain this situation in other realities, regarding high budgetary, accounting and auditing content needed to carry out auditing activities constitutionally assigned to this kind of entities. Nevertheless, identifying competences of the General Comptroller of the Republic and its nature of autonomous constitutional body shapes an important expression of Constitutional State and the principle of powers division. This entity controls State’s Public Budget execution contributing to constitutional property protection, legality of budget implementation and the appropriate management of public resources, also the «efficiency» of social needs, proper functioning of public administration and prevention of corruption, among others duties. This article analyzes the constitutional mission of the General Comptroller in a Constitutional State promoting the process of given a constitutional status to the legal system in its area of influence, also optimizing constitutional properties protected. For such purpose, the 29622 recent law («Law that modifies the 27785 Organic Law of National Control System and the General Comptroller of the Republic extending powers in order to sanction in accordance of functional administrative responsibility») shall be used as object of constitutional analysis. / La doctrina constitucional se ha ocupado poco de la Contraloría General de la República y de su función de control sobre la ejecución y gestiónde recursos públicos en el Estado. Esta situación se ha tratado de explicar enotras realidades en función del alto contenido presupuestario, contable y de auditoría de la actividad fiscalizadora atribuida constitucionalmente a esta clase de entidades. No obstante, la delimitación competencial de la Contraloría General de la República y su condición de organismo constitucional autónomo configuran una manifestación importante del Estado constitucional y su principio de división de poderes. Dicho organismo controla la ejecución del presupuesto público del Estado y contribuye a la protección de bienes constitucionales, como la legalidad de la ejecución presupuestal y la adecuada gestión de recursos públicos, la «eficiencia de las necesidades sociales», el buen funcionamiento de la administración estatal y la prevención de la corrupción, entre otros. El presente artículo se propone analizar la misión constitucional de la Contraloría General de la República en el Estado constitucional, con el fin de contribuir a la promoción del proceso de «constitucionalización del ordenamiento jurídico» en el ámbito de la actuación e influencia de dicha entidad y la optimización de los bienes constitucionales que protege. Para tal efecto, se utilizará como objeto de análisis constitucional la reciente ley 29622, «Ley que modifica la ley 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, y amplía las facultades en el proceso para sancionar en materia de responsabilidad administrativa funcional».