Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente investigación tiene por objeto estudiar especialmente la relación de causalidad de la responsabilidad por daño ambiental tanto desde un punto de vista doctrinal como jurisprudencial. En un primer término, se pretende desentrañar este elemento a partir de lo señalado por las distintas teorías aplicables a los sistemas de responsabilidad, las cuales han construido diversos criterios a efectos de poder tenerla por acreditada, así como dar a conocer las particularidades que presenta el nexo causal en las acciones de reparación por daño ambiental y su consagración a nivel normativo en la legislación ambiental chilena. En segundo término, se pretende abordar y contestar la pregunta de cómo los nuevos tribunales ambientales han entendido la relación causal, luego de haber analizado exhaustivamente las sentencias en qué ha existido un pronunciamiento directo sobre ella.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La sana crítica como sistema de valoración de la prueba ha ido avanzando progresivamente en nuestro ordenamiento jurídico hasta tal punto que la próxima reforma procesal civil pretende que este método de ponderación sea la regla general, en desmedro del sistema de prueba legal tasada vigente en nuestro ordenamiento jurídico civil. Es debido a lo anterior que nos surge la siguiente pregunta: ¿Los tribunales de justicia nacionales estarán cumpliendo con todos los requisitos que establece la sana crítica? Por lo anterior, hemos decidido investigar de qué forma los tribunales nacionales han aplicado la sana crítica en diversos procedimientos, llegando a la conclusión de tales no cumplen con los requisitos pertinentes al sistema referido.

El presente trabajo se ha dividido en tres capítulos, varios acápites y un epílogo. En el primer capítulo, se esbozará un breve esquema de la justicia eclesiástica, poniéndose el énfasis en los vacíos historiográficos que han imposibilitado el avance en la profundización de este sistema judicial en específico y del sistema judicial colonial en general. En un segundo capítulo, se abordará las ‘relaciones interétnicas’ tal como han sido definidas arriba, teniendo como ejes los siguientes puntos: 1) los vínculos domésticos de la servidumbre en litigio; 2) la estructuración de una estrategia entre grupos o sujetos en complicidad; y, 3) la ‘red de apoyo’ en materia judicial que son el producto de estas vinculaciones complejas. En el tercer capítulo, se reconstruirán dos procesos muy similares pero en circunstancias temporales muy diferentes y con finales también distintos. El propósito de esta metodología es ejemplificar todo los aspectos que en los dos capítulos anteriores se trabajaron, relacionándolos con el accionar de la justicia eclesiástica y sus vinculaciones con el mundo colonial y por supuesto, con los grupos ‘subalternos’. Esto a su vez, permitirá articular una reflexión en torno a la sociedad de castas para el caso local; un diálogo que por supuesto se hará con otras realidades coloniales latinoamericanas. El resultado de esta reflexión lo contendrá el epílogo que concluirá este estudio.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El Capítulo I “La sociedad, el conflicto y sus formas de solución” brinda las nociones básicas para comprender cómo los conflictos inciden en el comportamiento de la sociedad. En este sentido, se hace indispensable determinar cuándo las controversias adquieren una relevancia tal que obligan al cuerpo social a adoptar medidas de solución que propendan al respeto de los derechos particulares y a la debida observancia del ordenamiento jurídico. Por ello, se estudian los tres métodos de solución de conflictos, a saber, la autotutela, la autocomposición y la heterocomposición. El Capítulo II “El Conflicto Ambiental” aborda el estudio de esta clase de controversias desde una perspectiva sociológica. Se trata entonces de una delimitación de su análisis a la generalidad de las controversias en que se suscitan en el seno de la sociedad, sin analizar su contenido desde el ámbito jurídico. De esta forma, se ve qué rol cumplen el Estado, la comunidad y los sectores productivos en la génesis, desarrollo y solución en lo que se denomina “conflictos socioambientales”. Finalmente, se analiza cómo el Sistema Normativo Ambiental vigente en nuestro país se hace cargo de estas controversias, determinando en qué momento éstas son jurídicamente trascendentes. El Capítulo III “El Litigio Ambiental” estudia los conflictos ambientales desde una perspectiva jurídica. El objetivo es establecer qué características lo diferencian de los conflictos ambientales, pues entre éstos y aquellos existe una relación de género a especie. En consecuencia, y valiéndome de la Ley 20.600 que crea los Tribunales Ambientales, se establece cuál es el objeto de la pretensión y quiénes son los sujetos activos y pasivos de estos litigios. Seguidamente, se proponen tres funciones que deberá ejercer la Judicatura Ambiental en el conocimiento de los litigios ambientales: la función revisora, la función contralora y la función instructora. Para cada una de ellas se presenta su forma de ejercicio, así como sus consecuencias en la tramitación de estos procedimientos. Finalmente, se analizan los mecanismos de solución de conflictos que prescribe la LTA. En lo que respecta a la conciliación en los procedimientos de reparación del medio ambiente dañado, se recurrirá a lo dispuesto ii en el Código de Procedimiento Civil, pues la naturaleza de esta institución procesal como trámite esencial de primera instancia en los juicios ordinarios de mayor cuantía le es aplicable a la conciliación tratada en la Ley 20.600, habida consideración del carácter general y supletorio del procedimiento contemplado en el Código Adjetivo. En cuanto a los demás procedimientos que estatuye la ley en comento, su estudio se aborda desde los Principios Formativos del Procedimiento, entregando al lector una visión acabada de las principales normas aplicables a la sustanciación de la litis. El Capítulo IV “La Independencia y la Imparcialidad de la Judicatura Ambiental” examina cómo la Ley 20.600 recoge los derechos y garantías que emanan del Debido Proceso. Para ello, se revisa el catálogo de facultades que propone la doctrina estableciendo cuál es el artículo que la recoge. Luego, se estudia la Independencia de los Tribunales Ambientales en su triple acepción, es decir, la independencia orgánica, funcional y personal de los órganos jurisdiccionales, con el objeto de determinar si la Ley que crea los Tribunales Ambientales tiene la aptitud suficiente para asegurar la independencia de esta judicatura especializada. Finalmente, se analiza la imparcialidad de los Tribunales Ambientales y qué actitud debiesen tomar sus Ministros en el conocimiento de los litigios ambientales. El Capítulo V “Los Ministros de la Judicatura Ambiental” pretende analizar desde una perspectiva práctica los estándares de independencia e imparcialidad contemplados en la Ley 20.600, y comprobar su aptitud para asegurar, en la labor jurisdiccional, los principios señalados. Para ello, se examinan los requisitos para acceder al cargo de Ministro, su sistema de nombramiento, las inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones que deben observar en su ejercicio, así como las causales de cesación en el cargo. En base a este estudio, se determinan los aciertos y las falencias del modelo regulatorio escogido

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo tiene como objetivo dilucidar si en nuestro país existe efectivamente en la actualidad, una judicialización de los proyectos de inversión en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, lo que a priori creemos que es correcto. Para comprobar nuestra hipótesis, hicimos una revisión de las distintas instituciones que participan en la evaluación ambiental, directa o indirectamente, dividiendo el trabajo en 4 grandes capítulos. En primer lugar revisamos someramente la historia de la legislación ambiental en nuestro país, ahondando específicamente en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. En segundo lugar, tratamos de la acción de protección en términos generales, y específicamente la garantía constitucional del artículo 19 nº 8 de la Constitución Política de la República. En tercer lugar, nos referimos al Tribunal Ambiental, repasando el proyecto de ley presentado, la discusión parlamentaria para llegar a la dictación de la Ley N° 20.600, y revisamos cada una de las competencias contenciosas administrativas respecto a los actos emanados del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental entregadas al Tribunal Ambiental. Finalmente, realizamos un análisis 9 comparativo entre la acción de protección y las acciones propuestas en la Ley N° 20.600. Concluimos que no nos parece hablar de una judicialización de proyectos de manera negativa, ya que ésta no ha aumentado de manera considerable. Por otro lado, sí se hace necesario contar con mecanismos de solución de controversias claros, determinados, y que les den garantías a todos los actores

Tesis (magíster en derecho de familia(s) derecho de la infancia y adolescencia) / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento

This paper analyzes the legal arguments that have been used toallow the gradual introduction of same-sex marriage and civil unions in some Latin American countries. The author makes a critical account of the contentious cases and legislative responses to claims for recognition and protection of human rights of people with a particular sexual orientation. The most representative Latin American countries are analyzed from the point of view of its relevance in comparative terms. / En el presente trabajo se exponen los argumentos jurídicos que han servido para permitir la introducción paulatina del matrimonio entre personas del mismo sexo y las uniones civiles en algunos países de Latinoamérica. El autor hace una descripción crítica de los casos contenciosos, así como las respuestas legislativas a las demandas de reconocimiento y protección de los derechos humanos de las personas con una orientación sexual determinada. Se analizan los países de Latinoamérica más representativos desde el punto de vista de relevancia comparada para efectos de extraer observaciones y argumentos que puedan servir para explicar la realidad en otros tantos países del mismo entorno geográfico.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / El Derecho del Trabajo y de Previsión Social es una rama del Derecho que regula las relaciones entre los individuos basadas en un contrato de trabajo, y que compromete al Estado para que éste, en virtud de tales convenios, asegure a los trabajadores la protección a ese vínculo y una adecuada y pronta previsión y seguridad social. Por ello es que nuestra Constitución Política considera la relación laboral dentro de las garantías constitucionales, en la que se asume como idea básica el rol protector que compete al Estado en esta materia. Dado lo anterior, resulta evidente que debe existir una preocupación por el conocimiento y juzgamiento de los conflictos que provengan de la aplicación o interpretación de las normas del trabajo y previsión social, y esta preocupación pasa naturalmente porque el Estado asegure a los intervinientes del conflicto la existencia de una jurisdicción especializada en la materia de que se trata, con un procedimiento sumario y concentrado, que otorgue las garantías de un justo y racional procedimiento. Por lo tanto, frente al conflicto laboral, se debe contar con una jurisdicción adecuada y con un procedimiento que asegure, de la mejor manera y con la rapidez necesaria, el mejor resultado del conflicto. Los tribunales del trabajo en nuestro país han tenido una historia bastante contradictoria y su incorporación al Poder Judicial se ha logrado después de varias modificaciones legales. No obstante, señalaremos que en la actualidad sólo existe jurisdicción especial laboral en primera instancia, con escaso número de tribunales, instalados en aquellas ciudades de mayor densidad poblacional; en las restantes, la competencia laboral continúa entregada a los Juzgados de Letras de competencia común. Es por ello la importancia de los Juzgados de Cobranza Laboral y Previsional creados por la Ley 20.022 de 2005, ya que tiende a otorgar especialización al conocimiento y juzgamiento de causas que dicen relación con una parte importante del Derecho del Trabajo: la seguridad social

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / “FUNDAMENTOS DE LA REFORMA AL PROCEDIMIENTO LABORAL” El viejo procedimiento laboral tenía ciertas características que hicieron necesario un proyecto de reforma. Nuestros juzgados laborales registran un ingreso anual de más de cien mil juicios, y eso involucra un gran número causas que hay que tramitar y administrar. Esta realidad fue lo que llevó en su oportunidad al gobierno, a examinar otras experiencias extranjeras para ver si esta situación podía tener una visión distinta.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No cabe duda que la situación del continente africano es sumamente compleja, en particular en lo que se refiere a las graves violaciones que se han cometido en contra del Derecho Internacional Humanitario. Es por ello que en el curso de este trabajo, aún cuando hicimos el tratamiento de las dos instancias jurisdiccionales creadas por el Consejo de Seguridad de la ONU en la década de los ’90, el TPIR y el TPIY, nos hemos centrado primordialmente en el caso ruandés, ya que es el que más aportes jurisprudenciales ha efectuado al Derecho Internacional Penal del último tiempo. Además, es aquel que ha sido objeto de menos estudio por parte de la doctrina, la cual se ha visto bastante más interesada en el caso yugoslavo que en el africano, según pudimos constatar al buscar información sobre el tema. La cruda realidad de lo que allí se sucede es una cuestión que a los ojos de occidente puede resultar no solo chocante sino que también muchas veces incomprensible. En África el respeto a la vida y a la integridad de las personas es algo que se encuentra lejos aún de transformarse en una prioridad, tanto de los gobiernos como de los habitantes de la región