El presente trabajo busca determinar si el proceso de Hábeas Corpus interpuesto por Jorge Bracamonte y Ana Vidal en contra del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Superintendencia de migraciones, debió haber sido declarado fundado en todos sus extremos por el Tribunal Constitucional. En ese sentido, la investigación parte de la hipótesis principal de que efectivamente este proceso cumple con los requisitos para ser fundado por completo, en tanto, los oficios emitidos por el MINREE mediante los cuales se solicitaba el pasaporte en vigencia como requisito a todo ciudadano venezolano a excepción de aquellos que fuesen mayores de 70 años, mujeres embarazadas y niños o niñas sin partida de nacimiento, resultaron ser no sólo una burocratización del proceso migratorio sino un arbitrariedad que afectó la libertad de tránsito y derechos conexos de los migrantes venezolanos. Por ello, para su corroboración, se han evaluado el expediente tanto en su parte procesal como de fondo, apoyado en la sistematización de una serie de instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos, en jurisprudencia nacional y doctrina en la materia. Para de ese modo concluir que, en el proceso efectivamente se han afectado derechos como, el derecho a la libertad de tránsito y derechos conexos como el derecho de solicitar refugio y el derecho igualdad y no discriminación. Por lo que, el proceso debió ser declarado fundado en todos sus extremos efectivamente. Al ser esa nuestra perspectiva nos parece criticable el razonamiento del TC en este caso en varios de sus extremos, ya que desconocen parte de sus obligaciones estatales, han descuidado la oportunidad de mencionarse alrededor de temas tan vigentes como la migración en el Perú y no ha cumplido con la efectividad que una garantía como el Habeas Corpus exige en materia de protección de derechos. / This paper seeks to determine whether the Habeas Corpus process filed by Jorge Bracamonte and Ana Vidal against the Ministry of Foreign Affairs and the Superintendence of Migration should have been declared founded in all its aspects by the Constitutional Chamber. In this sense, the investigation is based on the main hypothesis that this process effectively meets the requirements to be founded in its entirety, since the official letters issued by the Ministry of Foreign Affairs requesting a valid passport as a requirement for all Venezuelan citizens except for those over 70 years of age, pregnant women and children without birth certificates, turned out to be not only a bureaucratization of the migratory process but an arbitrariness that affected the freedom of transit and the related rights of Venezuelan migrants. Therefore, for its corroboration, the file has been evaluated both in its procedural and substantive part, supported by the systematization of a series of international instruments on Human Rights, in the national jurisprudence and in the doctrine on the matter. To conclude that the process has effectively affected rights such as the right to freedom of transit and related rights such as the right to seek refuge and the right to equality and non-discrimination. Therefore, the process should have been declared effectively founded in all its extremes. This being our perspective, the reasoning of the Constitutional Court in this case seems to us criticized in several of its extremes, since it ignores part of its state obligations, it has left aside the opportunity to mention current issues such as migration in Peru, and it has not complied with the effectiveness that a guarantee such as Habeas Corpus requires in terms of protection of rights.

Entendido el precedente vinculante como materialización del Principio de Seguridad Jurídica, la presente investigación busca demostrar la importancia de seguir y cumplir los precedentes judiciales por parte de la administración pública, comprobando para ello su eficacia vinculante —sea judicial o constitucional— afirmando que tal eficacia alcanza a todo el ordenamiento jurídico, incluido los tribunales administrativos. Es por ello que luego de investigar sobre el tema señalaremos los fundamentos positivos para la eficacia vinculante del precedente, comprobando con ello que los tres poderes del Estado —en específico los tribunales administrativos— se encuentran sujetos a la eficacia vinculante de tal norma de origen jurisprudencial. La hipótesis de trabajo identificada y que sirve de base para la presente investigación es que el criterio —señalado expresamente en la resolución como precedente vinculante—emitido por la Corte Suprema a través de la Casación N° 4392-2013 LIMA no ha sido seguido por diferentes fallos emitidos por el Tribunal Fiscal, pues mediante Resolución N° 11970-4-2015, por ejemplo, los vocales realizaron una singular interpretación del precedente para concluir que el caso desarrollado no era sustancialmente igual al desarrollado en la referida Casación, y, por ello, no podría aplicarse el criterio. Sin embargo, creemos que los precedentes vinculantes al aludir a los fallos de los máximos tribunales que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de las leyes, deberán ser observados por los tribunales de inferior jerarquía – incluidos los tribunales administrativos- al resolver casos idénticos o análogos a los que inspiraron los primeros; y esto debido a que los precedentes tienen como función principal asegurar la coherencia y predictibilidad dentro del ordenamiento jurídico

En este trabajo examino diversas controversias suscitadas dentro un proceso constitucional de hábeas corpus promovido contra la formalización de denuncia penal ejercida por un Fiscal contra un árbitro por actos ejercidos durante el desempeño de su cargo. La relevancia jurídica apreciada en los diversos actuados del presente expediente – el cual culmina con una sentencia del Tribunal Constitucional – nos permite abordar un abanico de aspectos relacionados al Arbitraje, Derecho Penal, Derecho Procesal Penal y Derecho Procesal Constitucional. Al haber identificado cuatro problemas jurídicos, en primer lugar, analizo cuáles son los derechos del investigado que le asisten en la etapa prejurisdiccional y los mecanismos de tutela con los que cuenta frente a una eventual transgresión del Fiscal en dicha fase. Asimismo, abordo el caso en concreto para determinar si el hecho denunciado contra el árbitro era lícito o no, y si durante la investigación fiscal se afectó el debido proceso del investigado. En tercer lugar, planteo que en el presente caso no correspondía amparar la demanda de hábeas corpus, partiendo de una evaluación previa en cuanto a la posibilidad de procedencia de dicha garantía constitucional contra los actos del representante Ministerio Público. Finalmente, procedo a valorar si es trascendente la teoría sobre la naturaleza del arbitraje que sea adoptada en nuestro ordenamiento para determinar la procedencia de una demanda de amparo contra un laudo arbitral. La conclusión alcanzada en este último punto es que la teoría que sea recogida no tiene repercusión respecto a la posibilidad de que un laudo pueda ser sometido a control constitucional.

El presente trabajo de investigación versa en exponer cuál ha sido el tratamiento, criterios y lineamientos que han llevado a cabo el Tribunal del Servicio Civil respecto a la aplicación del principio de irretroactividad principalmente en la manifestación de retroactividad benigna sobre la norma que regula la prescripción, concretamente en los casos de responsabilidad administrativa disciplinaria. Asimismo, se ha tomado como punto de partida la importancia que tiene la naturaleza jurídica de la prescripción, un tema que resulta controvertido para el sector de la doctrina, pues dada su naturaleza no posee la calidad de norma sancionadora y por tanto inaplicable el principio de retroactividad benigna. Sobre estas premisas es que el presente trabajo de académico tiene como objetivos el dar a conocer el tratamiento actual de la prescripción en relación a su naturaleza jurídica y aplicación en el tiempo en los criterios aplicados por el Tribunal de Servir. De igual manera, se pretenden analizar las posiciones doctrinarias acerca de las teorías sustantiva y procesal respecto al fundamento de la prescripción; y las consecuencias jurídicas de aplicar el principio de irretroactividad en la norma que establece los plazos de prescripción y en los administrados como principales destinatarios de la misma.

La Sentencia N°437/2020 del Tribunal Constitucional sobre el caso de la constitucionalidad de la prestación de los “servicios policiales extraordinarios” es materia de análisis del presente informe y aborda el cuestionamiento a la regulación de este tipo de servicio policial, específicamente del Decreto Legislativo Nº 1267, Ley de la Policía Nacional del Perú y el Decreto Legislativo Nº 1213, Decreto Legislativo que regula los Servicios de Seguridad Privada. El estudio de la referida sentencia inicia con la revisión de los antecedentes, el contexto y los hechos de la demanda para finalmente decantar en el análisis de los principales problemas jurídicos. Este análisis contempla un desarrollo doctrinario, alcances de la postura del Tribunal Constitucional y una postura crítica frente a los temas abordados.

En el presente informe jurídico se tiene como objeto de estudio el precedente vinculante del EXP. N.° 03525-2021-PA/TC, la validez de su emisión y de sus criterios. Por lo cual, se analizará constitucionalmente y tributariamente los aspectos más importantes del expediente, referido a la validez de emisión del precedente vinculante. Asimismo, se analizará las dos interpretaciones del Tribunal Constitucional sobre la naturaleza del interés moratorio tributario, indemnizatorio o sancionatorio. Por último, se abordarán los conceptos del derecho de propiedad, derecho de petición y el principio de no confiscatoriedad, señalados en esta sentencia y en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional / In this legal report, the binding precedent of the EXP is the object of study. No. 03525-2021-PA/TC, the validity of its issuance and its criteria. Therefore, the most important aspects of the file will be analyzed constitutionally and tax, referring to the validity of issuance of the binding precedent. Likewise, the two interpretations of the Constitutional Court on the nature of the late tax, compensatory or penalizing interest will be analyzed. Finally, the concepts of the right to property, the right of petition and the principle of non-confiscation will be addressed, indicated in this sentence and in the jurisprudence of the Constitutional Court

La problemática del análisis de la motivación de los laudos arbitrales en los recursos de anulación ha conllevado a innumerables debates al respecto. Estando a lo mencionado, en el presente informe jurídico se procederá a analizar la procedencia del recurso de anulación por motivación inexistente atendiendo a la causal recaída en el literal b) del inciso 1 del artículo 63° de la Ley de Arbitraje, la cual fue invocada por Provias Nacional en el recurso de anulación recaído en la Resolución N° 7 del Expediente N° 00581-2019-0-1817-SP-CO-02. Para dicho efecto, se determinará el estándar de la motivación en el arbitraje a partir de un examen exhaustivo de la jurisprudencia nacional, la normativa aplicable y la doctrina calificada. / The problem of the analysis of the motivation of the arbitral awards in the annulment appeals has led to innumerable debates in this regard. Given the above, in this legal report we will proceed to analyze the admissibility of the appeal for annulment due to non-existent reasons, taking into account the grounds relapsed in subparagraph b) of subsection 1 of article 63 of the Arbitration Law, which was invoked by Provias Nacional in the appeal for annulment filed in Resolution No. 7 of File No. 00581-2019- 0-1817-SP-CO-02. For this purpose, the standard of motivation in the arbitration will be determined based on an exhaustive examination of the national jurisprudence, the applicable regulations and the qualified doctrine.

En el presente informe se analiza uno de los casos más emblemáticos y controvertidos de amparo contra amparo: el amparo interpuesto por Agrícola Cerro Prieto S.A.C. contra una sentencia emitida por el Tribunal Constitucional. Los jueces y el Tribunal Constitucional tuvieron distintas posturas respecto a la procedencia de la demanda y la aplicabilidad o no de un precedente vinculante, abriendo un debate jurídico que se extiende hasta la actualidad: la posibilidad que un amparo proceda contra una sentencia del máximo intérprete de la Constitución. Asimismo, el Tribunal Constitucional deja un claro mensaje respecto a su posición sobre la protección del derecho de propiedad del tercero de buena fe registral. Sin embargo, el debate sobre cuando se considera la existencia de un tercero de buena fe se encuentra vigente hasta hoy en día y parece nunca terminará. El objetivo del presente informe es brindar una opinión sustentada respecto a la aplicación del derecho por parte de los jueces y el Tribunal Constitucional al resolver el caso y con ello incentivar el debate jurídico. La metodología que se emplea es analizar cada problema planteado a partir de la normativa aplicable, la jurisprudencia y la doctrina para arribar a principales conclusiones que permitan, luego de ello, tomar una postura sobre lo resuelto por dichas estancias decisoras, así como, de ser el caso, de la demanda planteada. Finalmente, la conclusión principal del presente informe es que, si bien correspondía restituir la plena vigencia de los derechos de ACP, era necesario que el Tribunal Constitucional sustente correctamente su decisión tanto a nivel procedimental, y -en tanto entró a resolver el fondo- como a nivel sustantivo, para así librarla de cualquier cuestionamiento.

El presente trabajo pretende proporcionar a los operadores jurídicos, sean las autoridades administrativas, a los mismos administrados o a los órganos jurisdiccionales que ejercen el control sobre las decisiones administrativas, una herramienta que permita, tanto evaluar la razonabilidad de una medida administrativa ex ante, como controlarla ex post. Para ello, presentaremos una metodología analítica y escalonada basada en el test de proporcionalidad empleado por nuestro y diversos Tribunales Constitucionales a lo largo del mundo. De esa manera, utilizaremos el método histórica-descriptivo y analítica, comenzando por comprender los antecedentes del antes mencionado examen y la forma en cómo se emplea en diversos ordenamientos jurídicos; para, luego, delimitar el problema y explicar nuestra metodología. De esa manera, y para poner bajo escrutinio la propuesta que contiene esta investigación, la analizaremos desde un caso concreto que fue conocido por la Comisión de Libre Competencia y, en grado, por la Sala de Defensa de la Competencia del INDECOPI. Luego, finalizaremos el presente trabajo con nuestras conclusiones y recomendaciones, a fin de poder encontrar una fórmula discursiva que nos permita elevar el estándar argumentativo actualmente empleado para el empleo del principio de razonabilidad en sede administrativo y facilitar tanto su análisis ex ante como su control ex post. / The purpose of this research is to provide legal operators, whether they are governmental authorities, the citizens or the courts that exercise control over administrative decisions (judicial review), with a method that allows them to assess the reasonableness of an administrative measure ex ante, as well as to control it ex post. To do so, we will present an analytical and step-by-step methodology based on the balancing test used by our and various Constitutional Courts throughout the world. In doing so, we will use ahistorical-descriptive and analytical method, beginning by understanding the background of the aforementioned test and how it is used in various legal systems, and then defining the problem and explaining our methodology to resolve it. In this way, and in order to scrutinise the proposal contained in this research, we will analyse it from a specific case that was decided by the Free Competition Commission and by the Competition Defence Chamber of INDECOPI. Finally, we will end this research with our conclusions and recommendations, in the hope of finding a discursive formula that will allow us to raise the argumentative standard currently used for the use of the principle of reasonableness in administrative proceedings and facilitate both its ex ante analysis and its ex post control

A raíz de 1) la problemática en el plano empírico sobre el alarmante incremento y recurrencia de la criminalización de los defensores de los derechos de los pueblos indígenas que ha generado una crisis mundial, regional y nacional; junto a 2) la problemática en el plano jurídico-conceptual en el SIDH respecto a la ceguera conceptual de la Corte IDH sobre los casos de criminalización de defensores de los derechos de los pueblos indígenas, se propone una herramienta conceptual para un análisis más completo de los casos de criminalización de estos defensores en la Corte IDH: el enfoque estructural. Se elabora esta herramienta conceptual como un marco de cinco elementos a seguir por los operadores jurídicos para la identificación y análisis de estos casos: 1) la identificación de aspectos comprendidos bajo el concepto interamericano de “criminalización”, 2) la pertenencia a uno de los grupos de defensores más afectados: defensores de DPI, 3) la identificación de los principales actores que ejercen o promueven la criminalización, 4) las principales formas de criminalización y 5) los efectos de la criminalización de defensores de DPI. Finalmente, se demuestra un análisis más completo de casos sobre la criminalización de estos defensores de usarse la herramienta conceptual propuesta mediante la ejemplificación de las ventajas de este enfoque en casos pasados analizados de forma incompleta por la Corte IDH. No obstante, esta respuesta conceptual a la doble problemática de la criminalización de los defensores de los derechos de los pueblos indígenas no pretende agotar la solución, asimismo, aun presenta conceptualmente oportunidades de desarrollo a futuro.