El presente Informe Jurídico abordará el tema de la Vacancia Presidencial por Permanente Incapacidad Moral, a raíz de la Sentencia emitida por el Pleno del Tribunal Constitucional N° 778/2020 (Expediente 00002-2020-CC/TC). El problema principal que se plantea en este trabajo académico es si cabía la posibilidad de que el Pleno del Tribunal Constitucional se pronunciara acerca del problema de fondo en su Sentencia (más allá de los votos singulares que cada uno de los magistrados emitió), que es la interpretación de este “mecanismo de control institucional”, teniendo en consideración el contexto político y social en el cual se encontraba el país en noviembre de 2020; un período de conflicto institucional bastante álgido y complejo entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, dentro de una crisis política y sanitaria. Y si fuera así -que el Tribunal se hubiera encontrado en el deber de interpretar la Permanente Incapacidad Moral- cómo es que debería haber resuelto el presente caso. En ese sentido, a través del crítico análisis normativo, doctrinal y jurisprudencial del problema principal y de los problemas secundarios, se llegó a concluir que nos encontramos ante una figura de características sumamente complejas y abstractas en demasía. No solo por la amplia tipificación del Art. 113.2 de la Constitución Política del Perú, que da salida a una interpretación subjetiva del parlamentario, sino también por el sistema presidencial atenuado en el que nos encontramos. Del mismo modo, se concluirán posibles lineamientos que el Tribunal debió tomar en cuenta para resolver el caso. / This Legal Report will address the issue of the Presidential Vacancy due to the Permanent Moral Incapacity, as a result of the Judgment issued by the Plenary of the Constitutional Court No. 778/2020 (File 00002-2020-CC/TC). The main problem that arises in this academic work is whether it was possible for the Plenary of the Constitutional Court to rule on the substantive problem in its Judgment (beyond the singular votes that each of the magistrates issued), which is the interpretation of this "institutional control mechanism", taking into account the political and social context in which the country found itself in November 2020; a period of quite acute and complex institutional conflict between the Executive and Legislative powers, within a political and health crisis. And if that were the case - that the Court had found itself in the duty of interpreting the Permanent Moral Incapacity - how is it that it should have resolved the present case. In this sense, through the critical normative, doctrinal and jurisprudential analysis of the main problem and the secondary problems, it was concluded that we are facing a figure with extremely complex and excessively abstract characteristics. Not only because of the broad classification of Art. 113.2 of the Political Constitution of Peru, which gives a way to a subjective interpretation of the parliamentarian, but also because of the attenuated presidential system in which we find ourselves. In the same way, possible guidelines that the Court should have taken into account to resolve the case will be concluded.

El presente Informe tiene por objeto analizar la sentencia del Tribunal Constitucional recaída sobre el expediente N° 03066-2019-PA/TC, en el proceso seguido por las Comunidades Chila Chambilla y Chila Pucará, a través de la cual dicho órgano colegiado afirma que el derecho a la consulta previa no es un derecho fundamental en el ordenamiento jurídico peruano, y, en consecuencia, declara la improcedencia de la demanda. Para tal efecto, a fin de determinar si la decisión adoptada por dicho Tribunal vulnera el derecho a la consulta previa alegado, se analizará, por un lado, las causales de improcedencia de la demanda de amparo reguladas en el Código Procesal Constitucional, y, por otro lado, la correspondencia de la aplicación del derecho a la consulta previa para las Comunidades demandantes, ello, teniendo en cuenta tanto la norma constitucional, como los tratados, jurisprudencia y opiniones vinculantes de organismos internacionales, que son de observancia obligatoria para el Perú. Así pues, del análisis de las herramientas jurídicas antes señaladas, se demostrará que el caso abordado por el Tribunal Constitucional no se encontraba en ningún supuesto de improcedencia procesal, así como que el mismo debió ser declarado fundado, ya que, de acuerdo con el ordenamiento jurídico peruano, en concordancia con los estándares internacionales aplicables, el derecho a la consulta previa de las Comunidades demandantes debió ser garantizado / The purpose of this Report is to analyze the judgment of the Constitutional Court handed down on file N° 03066-2019-PA/TC, in the process followed by the Chila Chambilla and Chila Pucará Communities, through which said collegiate body affirms that the right to prior consultation is not a fundamental right in the Peruvian legal system, and, consequently, declares the claim inadmissible. For this purpose, in order to determine if the decision adopted by the Constitutional Court violates the alleged right to prior consultation, it will analyze, on the one hand, the grounds for inadmissibility of the amparo claim regulated in the Constitutional Procedure Code, and, on the other hand, the correspondence of the application of the right to prior consultation for the claimant Communities, taking into account both the constitutional norm, as well as the treaties, jurisprudence and binding opinions of international organizations, which are mandatory for Peru. Thus, from the analysis of the aforementioned legal tools, it will be demonstrated that the case addressed by the Constitutional Court was not in any case of procedural inadmissibility, as well as that it should have been declared wellfounded, since, according to the law In Peruvian law, in accordance with applicable international standards, the right to prior consultation of the claimant Communities should have been guaranteed

El presente trabajo tiene por finalidad analizar la sentencia recaída en el expediente 01126-2011-HC/TC “Caso Tres Islas”, la cual analiza la afectación a la propiedad del territorio comunal, y la vulneración de la autonomía comunal. Se estudian los problemas surgidos, tanto en la parte procesal, como en la parte sustancial, y así se propone una visión con un enfoque pluricultural que tienda a brindar una mayor protección a las comunidades. En ese sentido, se critica la falta de argumentación que pueden incurrir en graves vicios que nos pueden llevar a entender un razonamiento arbitrario del Tribunal Constitucional. Se cuestiona el avance “retórico” que hace este respecto a la protección de la propiedad del territorio indígena. Asimismo, se analiza por qué existe una afectación a la jurisdicción indígena y a la autonomía comunal. Finalmente, se brinda el alcance de un análisis que incluya el contexto concreto del caso, la importancia del mismo para generar una igualdad sustancial, dejando de la lado la igualdad formal, y por lo tanto brindar mejores respuestas que eviten vulneraciones futuras sobre los mismos derechos. / The purpose of this paper is to analyze the sentence issued in file 01126-2011-HC/TC "Caso Tres Islas", which analyzes the affectation of the property of the communal territory, and the violation of communal autonomy. The problems that have arisen will be studied, both in the procedural part and in the substantive part, and thus a vision will be proposed with a multicultural approach that tends to provide greater protection to the communities. In this sense, the lack of argumentation that can incur in serious vices that can lead us to understand an arbitrary reasoning of the Constitutional Court will be criticized, likewise, the "rhetorical" advance made by the Constitutional Court regarding the protection of property will be questioned. of the indigenous territory. In the last place, it will be analyzed why there is an affectation to the indigenous jurisdiction and in this way the affectation to the communal autonomy. And finally, a scope of an analysis will be provided that includes the specific context of the case, the importance of it to generate substantial equality, leaving formal equality aside, and therefore provide better responses that avoid future violations of the same rights.

El artículo 20 del Código Civil de 1984 señala que “al hijo le corresponden el primer apellido del padre y el primero de la madre”. Como puede apreciarse, dicho enunciado no establece orden de prelación alguno de los apellidos de los progenitores (entiéndase, padre y madre). No obstante, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), siguiendo un modelo patriarcal, estableció un criterio de interpretación de dicha norma legal mediante el cual se consideraba, sin que medie justificación alguna, que el orden de los apellidos con los cuales se inscribía a una persona debería ser el siguiente: en primer lugar, el apellido paterno y, en segundo lugar, el materno. Dicha posición de la RENIEC tuvo mayor relevancia cuando Marcelina Rudas Valer (la madre) y Jhojana Rudas Guedes (la hija en calidad de agraviada), interpusieron una demanda de Habeas Corpus a favor de la última a fin de que la RENIEC pueda emitir el DNI con el orden de los apellidos que la agraviada tenía al momento de solicitar el DNI, es decir, el apellido de su madre, en primer lugar, seguido del apellido de su padre. Como se podrá apreciar, esta demanda llegó al Pleno del Tribunal Constitucional, el cual estableció que se debe interpretar el artículo 20 del Código Civil de acuerdo con la Constitución, en el sentido de que no establece un orden de prelación en los apellidos de los progenitores. En este contexto, en base a los hechos del caso, la legislación y la doctrina, el presente informe analizará la fundamentación jurídica y doctrinaria de la sentencia del Tribunal Constitucional que acreditó la vulneración del derecho a la identidad de Jhojana Rudas Guedes, así como la vulneración del principio-derecho de igualdad y no discriminación debido al sexo.

Este ensayo busca identificar la permanencia de la ideología capacitista en el razonamiento del Tribunal Constitucional peruano a partir del análisis de cuatro sentencias que versan sobre las personas con discapacidad psicosocial y la restricción de su libertad. A partir de las obligaciones que establece la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de las Naciones Unidas respecto a la igualdad y autonomía de las personas con discapacidad, hacemos un análisis de cómo a través del razonamiento del Tribunal Constitucional, si bien estas obligaciones han sido adaptadas de manera normativa, aún persiste un sesgo capacitista que pone en una situación de desventaja a las personas con discapacidad. El reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad no solo responde a un cambio normativo ya que su negación significa que las personas con discapacidad no pueden ejercer sus demás derechos fundamentales en igualdad de condiciones. Consideramos importante este ensayo porque la lucha por el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad está aún vigente y requiere no solo de avances legales sino también sociales. / This essay aims to identify the presence of an ableist ideology in the reasoning of the Peruvian Constitutional Court by carrying an analysis of four sentences that deal with people with mental disabilities and the violation of their freedom. Based on the obligations established by the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities regarding their equality and autonomy, we study how, through the reasoning of the Constitutional Court, although these obligations have been adapted in a formal way, there is still a bias identifies people with disabilities as different and not worthy of recognition as a legal person. The recognition of the legal capacity of people with disabilities does not end with a regulatory change. Its denial means they cannot exercise their other fundamental rights under equal conditions. We consider this essay important because the struggle for the recognition of the rights of people with disabilities is still ongoing and requires not only legal but also social changes.

El presente artículo jurídico se analiza la figura de la queja tributaria, a la luz de dos casos emblemáticos recaídos en los Expedientes Nos. 04084-2019-PA/TC (caso Supermercados Peruanos S.A) y 0222-2017-PA/TC (Caso Scotiabank Perú S.A.A.), en donde se han identificado posturas distintas entre sí, evidenciando la falta de consenso entre los magistrados del Tribunal Constitucional, en torno a esta figura jurídica. Por un lado, se sostiene que la queja, como remedio procedimental, no brinda una respuesta idónea a la vulneración de derechos constitucionales, ante la dilación excesiva incurrida por los entes administrativos, tal como el derecho al plazo razonable; y, por otro lado, se señala que su no interposición implica que el contribuyente ha consentido el transcurso del tiempo, por lo que no podrá acceder a la tutela constitucional, solicitando la suspensión de intereses moratorios generados fuera del plazo legal que tienen para resolver la SUNAT y el Tribunal Fiscal. Justamente, el estudio de la divergencia de criterios se realiza con el objetivo de determinar si resulta adecuado sustentar que la no utilización de la queja tributaria impide que el contribuyente puedar solicitar la referida suspensión en la vía de amparo. A partir del análisis de las citadas sentencias, se concluye en un sentido opuesto al criterio contenido en el caso Scotiabank, es decir, que la no interposición de la queja tributaria no imposibilita, en absoluto, que el contribuyente acceda a la tutela constitucional, debido a su naturaleza optativa. / This legal article analyzes the tax complaint figure, in focus of two emblematic sentences reported in Files Nos. 04084-2019-PA/TC (Supermercados Peruanos S.A case) and 0222-2017-PA/TC (Scotiabank Peru S.A.A. case), where different positions have been identified, evidencing the lack of consensus among the magistrates of the Constitutional Court, around this legal figure. On the one hand, it is argued that the tax complaint, as a procedural remedy, does not provide an appropriate response to constitutional rights violation, given undue delays incurred by administrative entities, such as the right to a reasonable time; and, on the other hand, it is pointed out that its non-filing implies that the taxpayer has consented to the passage of time, for which reason they will not be able to access constitutional protection, requesting the suspension of default interest generated outside the legal term that they have to resolve the SUNAT and the Tax Court. Precisely, the study of the divergence of criteria is carried out with the objective of determining if it is appropriate to sustain that the non-use of the tax complaint prevents the taxpayer from requesting the mentioned suspension in the amparo proceedings. Based on the analysis of the aforementioned sentences, it is concluded in a sense opposite to the criterion contained in the Scotiabank case, that is, that the non-filing of the tax complaint does not make it impossible, at all, for the taxpayer to access constitutional protection, due to its optional nature

El presente caso se trata de una demanda de amparo contra resolución judicial, específicamente, una resolución emitida por nuestra Corte Suprema en el ejercicio de sus competencias. A partir de la Sentencia surgen varias discusiones en torno a la procedencia de la demanda de amparo, el conflicto de competencias entre el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema, el rol del Tribunal Constitucional en el control de constitucionalidad, la participación de la parte vencedora en el proceso ordinario. Adicionalmente, se suman las diversas críticas que ha realizado un sector de la doctrina sobre el amparo contra resolución judicial que generan cuestionamientos sobre ciertos aspectos que caracterizan a este proceso. Debido a ello, este trabajo propone analizar y responder, con base a fuentes normativas y doctrinarias, a la problemática sobre el conflicto de competencias que surge cuando el Tribunal Constitucional revisa el fondo de una resolución judicial emitida por un órgano jurisdiccional en el ejercicio de sus competencias, así como reflexionar sobre el límite al control constitucional de una resolución judicial, a fin de destacar la importancia de dicha actividad en salvaguardia de los derechos fundamentales y la vigencia del Estado Constitucional de Derecho. Por otro lado, se analizará la posición de la parte que obtuvo una pronunciamiento a su favor en sede ordinaria, pero debido al amparo interpuesto, verá posiblemente afectado su derecho a la cosa juzgada y la ejecutabilidad de las resoluciones judiciales. A partir de ello, propondremos algunas disposiciones cuyo propósito será proporcionar de mayor protagonista. / This case is about a judicial protection against a judicial decision, specifically, a decision issued by Supreme Court in the exercise of its powers. As from the judgment, several discussions have arisen regarding the admissibility of the amparo claim, the conflict of competence between the Constitutional Court and the Supreme Court, the role of the Constitutional Court in the control of constitutionality, the participation of the winning party in the ordinary proceeding. In addition, there are several criticisms made by a sector of the doctrine on the amparo against judicial decision that generate questions on certain aspects that characterize this process. Therefore, this paper proposes to analyze and respond, based on normative and doctrinal sources, to the problem of the conflict of competences that arises when the Constitutional Court reviews the merits of a judicial resolution issued by a jurisdictional body in the exercise of its competences, as well as to reflect on the limit to the constitutional control of a judicial resolution, in order to highlight the importance of such activity in safeguarding fundamental rights and the validity of the Constitutional Rule of Law. On the other hand, we will analyze the position of the party that obtained a ruling in its favor in the ordinary courts, but due to the amparo filed, will possibly see its right to res judicata and the enforceability of judicial decisions affected. Based on this, we will propose some provisions whose purpose will be to provide a greater protagonist.

En el presente informe se analiza como deben ser aplicados los intereses moratorios durante el trámite del proceso contencioso administrativo utilizando como base el derecho al plazo razonable y la finalidad de los intereses moratorios. De ese modo, inicialmente se abordarán los conceptos de derecho al plazo razonable e intereses moratorios tributarios al amparo de los diversos pronunciamientos por parte del Tribunal Constitucional. En concordancia con ello y teniendo en cuenta los conceptos desarrollados inicialmente se analizará la liquidación de intereses moratorios propuesta por el Tribunal Fiscal en la Resolución No. 1975-2-2021. / This report analyzes how late payment interest should be applied during the administrative litigation process based on the right to reasonable time and the purpose of late payment interest. Thus, initially, the concepts of the right to reasonable time and tax interest in arrears will be addressed under the protection of the various pronouncements made by the Constitutional Court. In accordance with this and taking into account the concepts initially developed, the liquidation of delinquent interest proposed by the Tax Court in Resolution No. 1975-2-2021 will be analyzed.

El presente trabajo, analiza la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el artículo 19º de la “Ley Nº 30230” (2014). El mencionado artículo modificó de manera sustancial y temporal la tramitación del procedimiento administrativo sancionador, convirtiéndose en una medida excepcional, con el afán de privilegiar un enfoque correctivo en materia ambiental. Al respecto, el objetivo principal del presente trabajo académico es evidenciar los problemas que trae consigo la sentencia, en términos de administración ambiental y el debilitamiento de la institucionalidad ambiental en el Perú. Ciertamente, durante la vigencia de la norma se evidenció un incremento del incumplimiento de las obligaciones ambientales por parte de los administrados. Nuestra hipótesis de investigación sostiene que, el artículo en mención de la Ley Nº 30230 elevó el número de infracciones, debido a que el OEFA ya no contaba con instrumentos disuasivos. En ese propósito, analizaremos los argumentos presentados tanto por los demandantes como por el Tribunal Constitucional, para lo cual resulta importante el estudio de normativa nacional así como la internacional en materia ambiental y constitucional. Asimismo, reflexionaremos sobre el análisis de la sentencia a la luz de los principios del Buen Gobierno y sus principales consecuencias. / The present research work is based on the analysis of the sentence of the Constitutional Court on article 19 of Law No. 30230. The mentioned article substantially and temporarily modified the processing of the administrative sanctioning procedure, turning it into an exceptional measure, with the purpose of favoring actions oriented to the prevention and correction of the infringing conduct in environmental matters. In this respect, the main objective of this academic work is to show the problems brought about by the sentence, in terms of environmental management and the weakening of environmental institutions in Peru. Certainly, during the enforcement of the rule, there was an increase in the non-compliance of environmental obligations by the administered parties. Our hypothesis of investigation sustains that article 19 of Law No. 30230 increased the number of infractions, due to the fact that the OEFA no longer had the dissuasive effect that the sanction itself has. For this purpose, we will analyze the arguments presented both by the plaintiffs and by the Constitutional Court, for which the study of national and international environmental and constitutional regulations is important. Likewise, we will reflect on the analysis of the sentence in the light of the principles of Good Governance and its main consequences.

En el presente informe jurídico se analizará la sentencia del Tribunal Constitucional del EXP N.° 01587-2018-PHC/TC, la cual versa sobre el interés superior del niño en el marco de una investigación penal. En tal sentencia, el Tribunal Constitucional declara fundada en parte la demanda. El problema jurídico principal se centra en determinar si se debe declarar fundada o no la demanda interpuesta ante el Tribunal Constitucional a favor de las hijas de Ollanta Humala y Nadine Heredia en contra del fiscal Germán Juárez Atoche, quien ordenó, por medio de la providencia 204-2017, que fiscales adjuntos provinciales se apersonaran al colegio de las niñas. Para llegar a resolver de manera idónea el problema jurídico antes mencionado, es necesario incluir en la argumentación otros temas relevantes tales como la procedencia o reconversión del habeas corpus y el derecho a la libertad individual, sus derechos conexos y el interés superior del niño. Si bien nos encontramos conformes con el resultado de la sentencia del Tribunal Constitucional, no compartimos en su totalidad la argumentación presentada por el Tribunal Constitucional en sus fundamentos. Ello no solo se hace notorio por los votos singulares y fundamentos de votos de cuatro magistrados, sino también por generalidades y omisiones en la sentencia, lo cual podría generar inseguridad jurídica e incluso mayor desprotección al sector vulnerable de la niñez y adolescencia.