La Corte Suprema es un órgano de vértice que considero trascendental y central en la administración de justicia de nuestro país por dos razones: la primera, porque es el órgano máximo en el que se definen las controversias de manera definitiva; y, segundo, porque tiene atribuciones que resultan fundamentales para el desarrollo y la construcción del derecho. Una de esas atribuciones es precisamente la que motivó la elaboración del presente trabajo: la aplicación del principio iura novit curia en sede casatoria. Para ello, he dividido el artículo en 3 partes: la primera, enfocada en los momentos en los que la Corte Suprema aplica el principio iura novit curia; la segunda, enfocada en los criterios para su aplicación; y, la tercera, centrada en los límites para su aplicación. Todo lo anterior, partiendo desde las hipótesis específicas de que la Corte Suprema sí aplica dicho principio, sí determina los momentos de su aplicación, sí establece criterios y sí fija límites, las cuales- han sido rebatidas o confirmadas en las conclusiones. En efecto, luego del análisis del problema y el desarrollo del presente trabajo, pude concluir que la Corte Suprema sí aplica el principio iura novit curia, sin embargo, no determina los momentos de su aplicación, no establece criterios ni mucho menos fija límites. / The Supreme Court is an apex body that I consider transcendental and central in the administration of justice in our country for two reasons: first, because it is the highest body in which disputes are defined; and second, because it has powers that are fundamental for the development and construction of law. One of these powers is precisely the one that motivated the preparation of this paper: the application of the iura novit curia mainly in cassation proceedings. For this purpose, I split the article into 3 parts: the first one, focused on the moments in which the Supreme Court applies the main iura novit curia; the second, focused on the criteria for its application; and the third, focused on the limits for its application. It is for all the above, starting from the specific hypothesis that the Supreme Court does apply said mainly, does determine the moments of its application, does establish criteria and does set limits, which have been refuted or confirmed in the conclusions. In effect, after the analysis of the problem and the development of this work, I was able to conclude that the Supreme Court does apply the main iura novit curia, however, it does not determine the moments of its application, it does not establish criteria, much less set limits. / Trabajo académico

El presente informe analiza la Sentencia N° 26707-2017 Lima Sur emitida por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema dentro de un proceso de prescripción adquisitiva de dominio. La elección de esta resolución judicial se justifica en que realiza un análisis particular y deficiente de la institución procesal de la excepción de cosa juzgada y con ello de la triple identidad. El objetivo fundamental propuesto es determinar si, independientemente del resultado, el análisis de la infracción normativa por interpretación errónea del artículo 452 del Código Procesal Civil fue el correcto a la luz del ordenamiento jurídico y de los antecedentes del caso. Asimismo, la hipótesis que se formula consiste en que, si bien debió declararse infundada la excepción, el análisis requirió de mayor profundidad. Esto porque sí existe una identidad jurídica en las partes, mas no en el pedido ni en interés para obrar. En ese sentido, se realiza un análisis doctrinario y jurisprudencial de la cosa juzgada y de los elementos de la triple identidad. Luego de la investigación -a partir de tres métodos jurídicos de investigación: dogmático, exegético y funcional- se concluye que la Sentencia examinada realiza un análisis deficiente de todos los elementos de la triple identidad al (i) no considerar la institución de la acumulación subjetiva de pretensiones, (ii) no precisar el pedido de ambos procesos y (iii) al realizar una evaluación deficiente del interés para obrar. / This report analyzes the Court Verdict No. 26707-2017-Lima Sur, issued by the Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente of the Supreme Court within an adverse possession process. The choice of this judicial resolution is justified because it carries out a deficient and particular analysis of the procedural institution of the exception of res judicata and, thus, the triple identity. The fundamental objective is to determine whether, regardless of the outcome, the analysis of the normative infringement by misinterpretation of article 452 of the Civil Procedure Code was correct in the light of the legal system and the background of the case. Furthermore, the hypothesis put into question is that, although the exception should have been declared unfounded, it is required a more depth analysis. This is because there is a legal identity of the parties, but not in the request or in the interest to act. In that sense, a doctrinal and jurisprudential analysis of res judicata and the elements of triple identity is carried out. Following the research, based on three legal methods of research: dogmatic, exegetical and functional, it is concluded that the examined court decision performs a deficient analysis of all the elements of the triple identity due to (i) not considering the institution of the subjective accumulation of claims; (ii) not specifying the request for both processes; and (iii) making a poor assessment of the interest in acting.

El presente informe jurídico tiene por finalidad realizar un análisis y dar respuesta a los problemas jurídicos identificados en la Casación N° 661-2016-PIURA. La Casación, permite abordar temas relevantes sobre los elementos típicos y la configuración del delito de colusión; así, se espera que el presente informe sea un aporte relevante a la doctrina. El informe aborda tres problemáticas. Primero, se cuestiona al patrimonio estatal como bien jurídico penalmente relevante para el delito de colusión. Por otro lado, se pone en tela de juicio el alcance de la responsabilidad penal en el delito de colusión que ha establecido la Corte en sus pronunciamientos. Finalmente, como problema jurídico complementario, se aborda si la pericia contable ha sido el medio idóneo para probar defraudación patrimonial en el caso concreto. Tras el análisis jurídico correspondiente, basado en doctrina y jurisprudencia actual, se ha llegado a las siguientes conclusiones: (i) el patrimonio estatal es el objeto del delito de colusión y la imparcialidad en las contrataciones con el Estado es el bien jurídico protegido por este, sin embargo, en su modalidad agravada nos encontramos ante un tipo pluriofensivo; (ii) ningún argumento dogmático estima la exclusión de responsabilidad penal de participes en el delito de colusión por no desprenderse del texto normativo del tipo penal, por tanto no son correctos los argumentos utilizados por la Corte para absolver a diversos funcionarios públicos; (iii) existen otros medios probatorios igual de idóneos que la pericia contable que habrían permitido agotar mayores estándares de identificación de perjuicio patrimonial. / The purpose of this legal report is to conduct an analysis and provide response to the legal issues identified in Cassation No. 661-2016-PIURA. The Cassation allows for the exploration of pertinent matters concerning the statutory elements and configuration of the crime of collusion; therefore, it is expected that the content developed herein will make a valuable contribution to the doctrine. The report addresses three problematic issues. Firstly, it questions the legal relevance of state assets as a protected legal asset within the offense of collusion. Secondly, it challenges the scope of criminal liability established by the Court in its pronouncements regarding the crime of collusion. Lastly, as a supplementary legal issue, it examines whether accounting expertise has been the appropriate means to prove patrimonial fraud in the specific case. Following the corresponding legal analysis based on current doctrine and jurisprudence, the following conclusions have been reached: (i) State assets constitute the object of the crime of collusion, and impartiality in contracts with the State is the protected legal asset; however, in the aggravated collusion, the offense encompasses multiple offenses; (ii) no doctrinal argument supports the exclusion of criminal responsibility as accomplices from the crime of collusion solely due to their absence in the normative text of the penal statute; therefore, the arguments used by the Court to absolve various public officials are incorrect; (iii) there are alternative means of evidence equally suitable as accounting expertise, which could have allowed for a higher standard in identifying patrimonial damage.

El presente Informe Jurídico tiene por objeto principal analizar la Sentencia de Casación N. 526-2022/CS. Esta Sentencia es importante a efectos jurídico-penales, debido a que resuelve temas como las conductas neutrales en los Delitos contra la Administración Pública y su tratamiento procesal en la excepción de improcedencia de acción. Así, la pregunta central que surge de su análisis es la siguiente: ¿Se le puede imputar al abogado Juan Doroteo Monroy Gálvez la condición de cómplice primario en el delito de colusión? Para ello, el presente informe jurídico se ha valido de distintos instrumentos para un adecuado análisis como la remisión a normas, jurisprudencia y doctrina. Después de la investigación rigurosa llevada a cabo, se concluyó que el abogado Juan Doroteo Monroy Gálvez no es cómplice primario en el delito de colusión, ya que su conducta se encuentra conforme a derecho. / The main purpose of this Legal Report is to analyze the Cassation Judgment No. 526- 2022/CS. This Judgment is important for legal-criminal purposes, because it resolves issues such as neutral conduct in Crimes against the Public Administration and its procedural treatment in the exception of inadmissibility of action. Thus, the central question that arises from his analysis is the following: Can lawyer Juan Doroteo Monroy Gálvez be accused of being a primary accomplice in the crime of collusion? For this, the present legal report has used different instruments for an adequate analysis such as the reference to norms, jurisprudence and doctrine. After the required investigation carried out, it was concluded that the lawyer Juan Doroteo Monroy Gálvez is not a primary accomplice in the crime of collusion, since his conduct is in accordance with the law.

El presente informe de relevancia jurídica tiene como objetivo realizar un análisis crítico de la Casación Nº 1609-2019/Moquegua, mediante la cual se anula la sentencia absolutoria del imputado Christian Mario Rospigliosi Mendoza. Al respecto, se han identificado dos problemas jurídicos: el primer problema referido al tratamiento del delito de peculado doloso por apropiación como un delito de infracción de deber y no como un delito de dominio de hecho, enfocándonos en aclarar el contenido del elemento típico “por razón de su cargo” desde la distinción entre los deberes generales y los deberes específicos. El segundo problema referido a la aplicación del principio de confianza en una entidad pública como organización estructurada jerárquicamente, abordado desde la figura del funcionario público superior con vínculo funcional, quien ostenta una posición de garante reforzada, al asumir el deber de controlar y vigilar el bien público y a sus subordinados, a partir de un deber específico establecido por el ordenamiento jurídico. En este sentido, con el desarrollo del trabajo, desde la doctrina y la jurisprudencia, se concluye que los magistrados de primera y segunda instancia aplicaron erróneamente la teoría del dominio del hecho, lo cual conlleva a la absolución del imputado. Asimismo, se evidencia que la Corte Suprema incurre en un defecto de motivación insuficiente en su pronunciamiento sobre la aplicación del principio de confianza. / The main objective of this report of legal relevance is to carry out a critical analysis of Cassation No. 1609-2019/Moquegua, which annulled the acquittal of the accused Christian Mario Rospigliosi Mendoza. In this regard, two legal problems have been identified. The first problem referred to the treatment of the crime of intentional embezzlement by appropriation as a crime of infraction of duty and not as a crime of de facto domain, focusing on clarifying the content of the typical element "by reason of the position", from the distinction between general duties and specific duties. The second problem relates to the application of the principle of trust in a public entity as a hierarchically structured organization, approached from the figure of the senior public official with functional link, who holds a position of reinforced guarantor, assuming the duty to control and monitor the public good and his subordinates, from a specific duty established by the legal system. In this regard, with the development of the work, from doctrine and jurisprudence, it is concluded that the judges of first and second instance misapplied the theory of the domain of fact, which led to the acquittal of the accused. In addition, it is evident that the Supreme Court incurs a defect of insufficient motivation in its pronouncement on the application of the principle of trust.

El presente trabajo presenta el análisis y la reflexión realizada en torno al criterio que ha venido adoptando la Corte Suprema de Justicia frente a la interposición de los recursos de casación en materia laboral, poniendo de manifiesto que, antes que ser una Corte de Casación apegada a la legalidad es una Alta Corte que se desenvuelve dentro de un modelo Constitucional por lo que su actuación debe ser siempre la de un juez garante de derechos fundamentales. Siendo así, es importante revisar cuál es la actuación de la Corte Suprema dentro del ordenamiento jurídico peruano en tanto existe una sujeción a los derechos fundamentales y en tanto existe por parte del estado una obligación de proteger y hacer respetar los derechos laborales, rol que influencia sobre las funciones de la Corte Suprema, toda vez que esta es una de las manifestaciones del poder público del Estado, el cual estará siempre sujeto al marco constitucional.

En el presente informe se analiza los problemas jurídicos derivados de la Casación 5710-2018 Pasco, en la que se declaró la improcedencia del recurso de casación interpuesto por EsSalud Pasco. Dicho recurso tuvo como fundamento que la sentencia de segunda instancia incurrió en un vicio de motivación por solo expresar como fundamento el criterio de magnitud del daño para confirmar la estimación del daño moral en S/ 3’500,000.00 establecida en la sentencia de primera instancia. Concretamente, se analiza si el recurso de casación debió haber sido declarado procedente y fundado. Para ello, se ha considerado los problemas sobre la posibilidad de que la motivación sobre los hechos puede ser objeto del recurso de casación y sobre los alcances del deber motivación para la estimación del daño moral. A partir de ello, se ha concluido que efectivamente existió un vicio de motivación y que el recurso de casación debió haber sido declarado fundado. Asimismo, producto de dicho análisis se han podido realizar las críticas correspondientes a los argumentos utilizados por la Corte Suprema. Por último, de forma complementaria, se ha analizado métodos de estimación del daño moral adoptados por la doctrina y jurisprudencia, y se ha propuesto un método propio de estimación de daño moral.

El presente informe tiene como objetivo llevar a cabo un análisis jurídico de la Sentencia de Casación N°525-2020/Nacional. Dicho análisis girará en torno a dos preguntas principales las cuales son las siguientes: ¿el abogado Luis Peschiera Rubini puede ser considerado autor del delito de colusión agravada en la fase de selección del Proceso de Contratación para el Proyecto Gasoducto Sur Peruano? ¿Se declaró fundado correctamente el recurso de casación interpuesto por la defensa técnica del abogado Luis Peschiera Rubini? Respecto de la primera pregunta podemos señalar que analizaremos si en efecto el abogado Luis Peschiera Rubini si puede ser considerado autor del delito de colusión agravada regulada en el artículo 384° de Código Penal. Para abordar dicha cuestión, revisaremos la teoría del acceso al dominio de protección sobre el bien jurídico vulnerable y puesto en peligro que nos propone el profesor alemán Shüneman. Sobre la segunda pregunta, debemos señalar que se analizará si es que Corte Suprema hizo bien en declarar fundado el recurso de casación que interpuso la defensa técnica del abogado. Adelantando nuestra posición, consideramos que no hizo bien ya que declaró como atípica una conducta típica, con lo cual no nos encontramos de acuerdo, más aún porque de esa forma la investigación del abogado Luis Peschiera Rubini quedó archivada. / The purpose of this report is to carry out a legal analysis of the Cassation Ruling N°525-2020/National. This analysis will focus on two main questions: can attorney Luis Peschiera Rubini be considered the author of the crime of aggravated collusion in the selection phase of the Procurement Process for the Southern Peruvian Gas Pipeline Project? Was the cassation appeal filed by the technical defense of attorney Luis Peschiera Rubini correctly declared well-founded? Regarding the first question, we will analyze whether in fact attorney Luis Peschiera Rubini can be considered the author of the crime of aggravated collusion regulated in article 384° of the Criminal Code. To address this question, we will review the theory of access to the domain of protection over the vulnerable and endangered legal property proposed by the German professor Shüneman. Regarding the second question, we must point out that we will analyze whether the Supreme Court was right in declaring the cassation appeal filed by the lawyer's technical defense to be well-founded. Advancing our position, we consider that it did not do well since it declared as atypical a typical conduct, with which we do not agree, even more so because in this way the investigation of attorney Luis Peschiera Rubini was archived.

El presente informe versa sobre la Casación Nº 3490-2022/Arequipa, en la cual surgen problemas en torno a la participación de dos sujetos intervinientes en la etapa de actos preparatorios de un proceso de contratación. Su participación estuvo vinculada a la elaboración del expediente técnico que fijó las características del proyecto. La imputación de dichas personas varió en más de una ocasión a lo largo del proceso. Esto se debe a que no existe claridad los límites entre ambas modalidades de colusión (es decir, simple y agravada) ni tampoco respecto de la relación entre las etapas del proceso de contratación y las fases del iter delictivo. No queda claro si es que es posible ser partícipe de un delito de colusión agravada sin haber intervenido en la fase de ejecución contractual, en la cual se habría producido la defraudación patrimonial. Sobre este aspecto, el presente informe postula que la intervención en cualquiera de las etapas de la contratación se ubica dentro de la fase de ejecución del delito de colusión agravada, mientras los actos tengan aptitud lesiva para generar la defraudación patrimonial exigida por el tipo. La participación de estas personas también plantea interrogantes respecto del título de imputación que merecen, pues el proyectista encargado de la elaboración del expediente de técnico obró como consultor, lo cual, en apariencia, lo excluiría de la función pública. Al respecto, el presente informe plantea que es posible atribuir autoría al proyectista, siempre y cuando este ejerza funciones públicas en virtud del servicio que brinda. / This report addresses Cassation No. 3490-2022/Arequipa, which raises issues regarding the participation of two individuals involved in the preparatory acts phase of a contracting process, specifically in the drafting of the technical dossier that outlines the project's characteristics. The charges against these individuals varied on multiple occasions throughout the process. This variability is due to a lack of clarity concerning the limits between the two types of collusion (i.e., simple and aggravated) and the relationship between the stages of the contracting process and the phases of the criminal act. Thus, the question was raised as to whether it is possible to be involved in an aggravated collusion offense without having participated in the phase of contractual execution, where the fraud occurred. On this matter, this report asserts that involvement in any stage of the contracting process falls within the execution phase of the aggravated collusion offense, as long as the committed acts have the potential to cause the required defraudation stipulated by the law, is it is descripted in the penal code. The involvement of these individuals also raises questions regarding the appropriate charge they deserve, as the project designer responsible for preparing the technical dossier acted as a consultant. In this regard, this report argues that it is possible to attribute authorship to the project designer, provided that they perform public functions by virtue of the service they render.

El presente informe aborda el análisis del recurso resuelto en la Casación Nº2817- 2009-LA LIBERTAD emitido por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de Lima, que aborda el tema de valoración de medios probatorios extemporáneos y la primacía del principio de búsqueda de verdad, bajo el argumento de cumplir con el fin del proceso. El desarrollo del informe permitirá analizar lo resuelto en primera y segunda instancia, así como en casación, identificando los problemas jurídicos existentes y emitir una opinión en base al análisis realizado. El análisis gira en torno a la vulneración del principio de preclusión en materia probatoria, con el fin de garantizar el principio de búsqueda de verdad durante el proceso, amparada en el numeral tercero del Título Preliminar del Código Procesal Civil, y si esta justificación es suficiente para que la Corte Suprema ordene la inaplicación tácita de la regla establecida en el artículo 374° del Código Procesal Civil, siendo una norma vigente y constitucional. El desarrollo del informe también permite analizar temas como la debida motivación de resoluciones judiciales, prueba de oficio y si la aplicación de sexta regla establecida en la Sentencia del X Pleno Casatorio Civil serviría como fundamento jurídico para argumentar la primacía de la búsqueda de verdad sobre toda regla establecida. / This report addresses the analysis of the appeal resolved in Cassation No. 2817- 2009-LA LIBERTAD issued by the Permanent Civil Chamber of the Supreme Court of Justice of Lima, which addresses the issue of assessment of extemporaneous evidence and the primacy of the principle of seeking the truth, under the argument of complying with the purpose of the process. The development of the report will allow analyzing what has been resolved in the first and second instance, as well as in cassation, identifying the existing legal problems and issuing an opinion based on the analysis made. The analysis revolves around the infraction of the principle of preclusion in evidentiary matters, in order to guarantee the principle of the search for truth during the process, protected in the third numeral of the Preliminary Title of the Code of Civil Procedure, and if this justification is sufficient for the Supreme Court to order the tacit inapplication of the rule established in article 374° of the Code of Civil Procedure, being a current and constitutional rule. The development of the report also allows analyzing issues such as the due motivation of judicial resolutions, ex officio evidence and whether the application of the sixth rule established in the X Plenary Civil Cassation Ruling would serve as a legal basis to argue the primacy of the search for truth over any established rule.