Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Autor no autoriza el acceso completo de su documento

La colusión es un delito de infracción de deber tipificado en el artículo 384° del Código Penal peruano que ha sido interpretado de diversas maneras por los operadores de justicia, así como por la doctrina. Sin embargo, pese a su estudio constante no se ha logrado uniformizar la interpretación sobre sus alcances. Tal es el caso de la Casación N° 542-2017 Lambayeque, en la cual los magistrados no llegaron a un consenso sobre la delimitación e interpretación del tipo penal, por ello la aplicación a los hechos resulta discutible, ya que con diversas posturas se puede llegar a soluciones disímiles. Por lo tanto, dado el análisis respectivo se llega a la conclusión de que el bien jurídico aplicable al delito de colusión es la imparcialidad en la actividad contractual del Estado. Asimismo, los supuestos del artículo 384° de la citada norma constituyen dos modalidades, una colusión simple y otra agravada. De lo cual, para configurar la primera se requiere de una concertación donde existe un peligro potencial al patrimonio del Estado, mientras que, para la colusión agravada, se requiere de un resultado que implica el perjuicio patrimonial efectivo y cuantificable. Así, en el caso debió probarse la sobrevaloración económica o perjuicio patrimonial para imputar a los procesados el delito de colusión agravada. / Collusion is a crime of infringement of duty typified in Article 384 of the Peruvian Penal Code, which has been interpreted in various ways by justice operators, as well as by doctrine. However, despite its constant study, it has not been possible to standardize the interpretation of its scope. Such is the case of Cassation No. 542-2017 Lambayeque, in which the magistrates didn’t reach a consensus on the delimitation and interpretation of the criminal type, therefore the application to the facts is debatable, since with different positions it is possible come up with dissimilar solutions. Therefore, given the respective analysis, it has concluded that the legal good applicable to the crime of collusion is impartiality in the contractual activity of the State. Likewise, the cases of article 384 of the aforementioned rule constitute two modalities, a simple collusion and an aggravated one. From which, to configure the first, a concertation is required where there is a potential danger to the State's assets, while, for aggravated collusion, a result that implies effective and quantifiable patrimonial damage is required. Thus, in the case, the economic overvaluation or patrimonial damage had to be proven to charge the defendants with the crime of aggravated collusion.

El presente Informe tiene como objetivo analizar los argumentos esgrimidos por la autoridad jurisdiccional en la Casación Laboral N°4936-2014-Callao. En dicha resolución, la autoridad explora la posibilidad de que, frente a la desnaturalización de los contratos de trabajo sujetos a modalidad por servicio específico -suscritos entre la parte demandante y Lima Airport Partners S.R.L.-; y, la suscripción posterior de contratos de trabajo innominados -al amparo del artículo 82° de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral-, en donde se incluyó una condición resolutoria como causal de extinción del vínculo laboral, ésta surta efectos sobre la relación laboral ya desnaturalizada. El método para llevar a cabo el análisis de la resolución se basará en el desarrollo de los hechos señalados en cada una de las instancias procesales, con la finalidad de poder aplicar la normativa pertinente y de esa forma demostrar que, en el presente caso, el fallo brindado por la autoridad no fue el adecuado. Así pues, como conclusión principal se tiene que la condición resolutoria pactada entre LAP y los demandantes no cumplió con los elementos copulativos del acto jurídico, a pesar de ser una modalidad del acto jurídico. / The objective of this Report is to analyze the arguments provided by the jurisdictional authority in Labor Cassation No. 4936-2014-Callao. In the ruling, the authority explores the possibility that, in the face of the denaturalization of the employment contracts subject to a specific service modality -signed between the plaintiff and Lima Airport Partners S.R.L.-; and, the subsequent signing of innominate employment contracts -under the article 82 of the Labor Productivity and Competitiveness Law-, where a resolutive condition was included as a cause for termination of the employment relationship, this has effects on the employment relationship already denaturalized. The method to carry out the analysis of the resolution will be based on the development of the facts indicated in each of the procedural instances, in order to be able to apply the pertinent regulations and thus demonstrate that, in the present case, the ruling provided by the authority was not adequate. Thus, the main conclusion is that the resolutive condition agreed between LAP and the plaintiffs did not comply with the copulative elements of the legal act, despite being a modality of the legal act.

En el presente trabajo académico se analizan dos problemas jurídico penales identificados en la Casación 160-2014-Áncash. El primero de ellos tiene que ver con la clarificación del contenido del elemento normativo “razón de cargo” previsto en el tipo penal de peculado a la luz de los conceptos deber general y deber específico del cargo, propuestos por un sector de la doctrina y recogidos en la indicada resolución judicial. En esa dirección, luego de ensayar una definición de ambos conceptos, el autor propone un solo y único concepto de deber que permita comprender y aplicar de una mejor manera el artículo 387 del Código Penal. De otra parte, el segundo problema jurídico que se aborda se centra en la aplicación del principio de confianza en los casos en que se imputa la comisión de un delito de corrupción al más alto funcionario de una entidad pública. Al respecto, con base en lo establecido por la doctrina y jurisprudencia, el autor identifica que en tales supuestos la operatividad de este filtro de imputación objetiva está sujeta a la observancia de deberes de vigilancia, control y supervisión por parte del superior jearáquico respecto a la conducta de sus subordinados. Finalmente, antes que constiruirse en un aporte netamente teórico, el tratamiento de ambos problemas jurídicos apunta a contribuir a que la resolución de casos prácticos en materia anticorrupción sea lo más sustentada y lograda posible. / In this academic work, two legal-criminal problems identified in Cassation 160-2014-Áncash are analyzed. The first of them has to do with the clarification of the content of the normative element "reason for the charge" provided for in the criminal type of embezzlement in light of the concepts of general duty and specific duty of the position, proposed by a sector of the doctrine and collected in the aforementioned judicial resolution. In this direction, after testing a definition of both concepts, the author proposes a single and unique concept of duty that allows for a better understanding and application of article 387 of the Penal Code. On the other hand, the second legal problem that is addressed focuses on the application of the principle of trust in cases in which the commission of a crime of corruption is imputed to the highest official of a public entity. In this regard, based on what is established by doctrine and jurisprudence, the author identifies that the operation of said objective imputation filter in such cases is not unconditional, but subject to the observance of surveillance, control and supervision duties by the superior hierarchical with respect to the behavior of his subordinates. Finally, rather than constituting a purely theoretical contribution, the treatment of both legal problems aims to contribute to making the resolution of practical cases in anti-corruption matters as supported and successful as possible.

El estudio de la presente Casación N.°1059-2018-Huánuco tiene por objetivo determinar si es posible sancionar la participación del extraneus en el delito de negociación incompatible, en tanto que hay posiciones doctrinarias divididas. Así, se ha analizado las diferentes teorías existentes en torno a la interpretación de la autoría y participación en delitos especiales y delitos de infracción de deber: la teoría de la ruptura del título de imputación y la teoría de la unificación del título de imputación. Asimismo, se ha analizado el elemento de interés indebido como conducta típica en la negociación incompatible para luego determinar cuál es el bien jurídico protegido. Para ello, se ha recurrido a la normativa, legislación y jurisprudencia nacional relevante en el tema materia de discusión. En tal sentido, se ha concluido que el extraneus sí puede responder penalmente, en calidad de partícipe o cómplice, sin que haya una ruptura del título de imputación. Ello no significa que estemos ante un delito de colusión, por la diferente naturaleza del hecho ilícito. Finalmente, el interés indebido será aquellos actos o conductas que deben analizarse en conjunto y no de manera aislada y representan conductas objetivas que contravienen el bien jurídico de la imparcialidad en la actividad contractual del Estado, mas no el Patrimonio Estatal como erróneamente el recurrente de la Sentencia de Casación había señalado. / The study of the present Cassation No. 1059-2018-Huánuco aims to determine if it is possible to sanction the participation of the extraneus in the crime of incompatible negotiation, while there are divided doctrinal positions. Thus, the different existing theories regarding the interpretation of authorship and participation in special crimes and crimes of infringement of duty have been analyzed: the theory of the rupture of the imputation title and the theory of the unification of the imputation title. Likewise, the element of undue interest has been analyzed as a typical conduct in the incompatible negotiation to later determine which is the protected legal right. For this, the national regulations, legislation and jurisprudence relevant to the subject matter of discussion have been used. In this sense, it has been concluded that the extraneus can respond criminally, as a participant or accomplice, without there being a breach of the imputation title. This does not mean that we are dealing with a crime of collusion, due to the different nature of the illegal act. Finally, the undue interest will be those acts or conducts that must be analyzed together and not in isolation and represent objective conducts that contravene the legal right of impartiality in the contractual activity of the State, but not the State Assets as erroneously the appellant of the Judgment of Cassation had indicated.

El presente trabajo busca cuestionar los argumentos utilizados por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema en la Sentencia Casatoria N° 1888-2012- CUSCO para impedir que una hipoteca sea transferida vía cesión de derechos junto con la no caducidad adquirida en su constitución. La postura que adopta la Sala Suprema se basa esencialmente en que el cesionario no es una empresa del Sistema Financiero y en que la no caducidad es una facultad de las empresas del Sistema Financiero y no un privilegio de la hipoteca. Sobre los argumentos planteados por la Sala Suprema, en el trabajo se desarrollan contraargumentos sólidos, en los que se sustenta la relevancia de la situación jurídica de crédito por sobre la persona posicionada y la nula razón jurídica para denominar facultad a algo que técnicamente no lo es. Asimismo, se explora la posibilidad de actualizar el concepto de privilegio dentro del ordenamiento peruano a fin de que esta institución no se limite al orden de prelación de cobro. En suma, la conclusión principal es que los argumentos dados por la Sala Suprema carecen de justificación externa en las premisas normativas correspondientes a la cesión de derechos, por lo que la Sentencia Casatoria N° 1888-2012-CUSCO vulnera el derecho fundamental a la debida motivación judicial

La presente investigación se desarrolla a partir del contraste entre los postulados, en materia de complicidad en el delito de colusión, de la Casación N.° 661-2016/Piura con los de la teoría de los delitos de infracción de deber desde las perspectivas de Jakobs, Roxin y sus respectivos seguidores. En el transcurso del trabajo se identifican -a partir de la casuística sometida a la justicia penal peruana- dos “supuestos de sujetos” -distintos a los autores de colusión y los “terceros interesados”- que podrían dar un aporte a hechos de colusión y que, según la Casación N.° 661-2016/Piura, no podrían responder a título de cómplices de colusión. Sin embargo, tales “supuestos de sujetos” son evaluados por el autor del trabajo de investigación, desde su perspectiva de la teoría de los delitos de infracción de deber y concluye que ambos “supuestos de sujetos” sí pueden responder a título de cómplices de colusión; además de que identifica que los postulados de la Casación N.° 661-2016/Piura contravienen los principales lineamientos de la teoría de infracción de deber desde las perspectivas de Jakobs, Roxin y sus respectivos seguidores.

El presente Informe tiene por finalidad analizar lo resuelto por la Corte Suprema en la Casación Laboral No. 16329-2015, Casación que versa sobre la discusión del reconocimiento del tiempo de periodos de inactividad como prestación efectiva de laborales en el caso de los trabajadores conductores interprovinciales. Para ello, se analiza los conceptos de jornada laboral de los conductores interprovinciales, si estos se encuentran fiscalizados, y si estos periodos de inactividad que tiene los conductores entre tiempo máximos continuos de conducción del vehículo deberían ser considerados como descanso o como parte de la jornada laboral. Asimismo, se sostiene la aplicación y reconocimiento del Convenio 67 de la OIT en nuestro ordenamiento ya que regula las horas de trabajo y descanso de los trabajadores que prestan servicios de transporte en carretera. En ese sentido, después de dicho análisis se concluye que los trabajadores conductores interprovinciales no cumplen una jornada intermitente ya que dichos períodos de inactividad no son para el disfrute del mismo sino que se encuentran a disposición y en constante fiscalización del empleador, por lo que se evidencia que los conductores interprovinciales no deberían ser considerados dentro de la excepción de jornada máxima legal, por lo tanto, los lapsos de inactividad deberían ser considerados como trabajo efectivo y por ende, ser remunerados. Palabras clave: Trabajadores conductores interprovinciales, jornada intermitente, periodos de inactividad, descanso, Convenio 67 de la OIT.

La Casación Laboral N° 25646-2017-Arequipa se focaliza en el conflicto que surge entre el empleador (Minera Cerro Verde) y el trabajador (Zenón Mujica) quien es sancionado por no haber prestado sus servicios el 8 y 9 de abril de 2016, fecha en la que decidió ejercer su derecho a la huelga junto con otros trabajadores del sindicato al que pertenece. Este caso es considerado como uno de los muchos casos en los que se declara la improcedencia e ilegalidad de la huelga. La improcedencia e ilegalidad están sujetas al cumplimiento estricto de requisitos señalados en el T.U.O de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo y de su reglamento a fin de obtener una decisión que declare la procedencia por parte de la Autoridad Administrativa del Trabajo. A través de una metodología teórica e histórica, en el presente trabajo cuestionamos la exigencia de tales requisitos desde el ámbito del derecho constitucional y sus métodos de interpretación. / The judicial review N° 25646-2017-Arequipa focuses on the conflict between an employer (Cerro Verde Mining Corp) and its employee (Zenon Mujica). Zenon Mujica is sanctioned for not working on April 8th and 9th, 2016, when he was exercising his right to riot with other workers from the labor union that he is associated with. This case is considered to be one of the many cases in which the right to strike has been limited based on inadmissibility and illegality. These two classifications can be avoided once the labor organization accomplishes the fulfillment of all the requirements set forth in the strict regulation of the national labor law (LRCT). However, if the labor union fails to accomplish every requirement, the organization is not allowed to execute their right to strike. The following academic work uses a theorical and historical methodology to question the inflexibility of the requirements to practice the right to strike from a constitutional law perspective and its interpretation methods.

El presente informe jurídico tiene como finalidad hacer un análisis crítico de la casación laboral N° 4542-2017-Del Santa; mediante la cual, la Corte Suprema asume un criterio lesivo y arbitrario, respecto a los trabajadores que cumplen los 70 años, en el marco de la aplicación del último párrafo del artículo 21 del T.U.O. del D.L. 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral. De esta manera, se analizará si es que la renovación contractual generada en el caso materia de análisis, constituye – o no – un pacto en contrario; si es que la facultad de extinción del vínculo laboral, por parte del empleador, puede extenderse más allá del cumplimiento de los 70 años; y, por último, si es que los jueces podrían modificar una norma mediante su ejercicio de interpretación. En tal sentido, los problemas jurídicos identificados serán desarrollados a la luz de lo que nuestra Constitución – y los instrumentos internacionales – ha establecido con respecto al derecho al trabajo, la igualdad y no discriminación y el principio de progresividad y no regresividad de los derechos sociales.