El presente informe jurídico se orienta a analizar las instituciones del personal calificado de confianza, así como las implicancias de las modificaciones del contrato de trabajo y los actos de hostilidad en nuestro ordenamiento jurídico, en virtud del poder de dirección del empleador regulado en el artículo 9° del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo No.728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo No. 003-97-TR (en adelante, la LPCL), el cual se encuentra sujeto a determinados límites como son la razonabilidad y las necesidades empresariales. Sin embargo, se explicará que no en todos los casos, el empleador se encuentra obligado a motivar las razones objetivas y razonables de tal decisión, dado que, podrán existir excepciones (como es el caso de las modificaciones que derivan del retiro de confianza). En ese escenario, el objetivo del informe es demostrar que la Corte Suprema de Justicia de la República (en adelante, la CSJR), en la emisión de la Casación Laboral No. 16973-2017-Tacna, no advirtió las consecuencias de la calificación de personal de confianza de la demandante, pues, partiendo de la situación especial y naturaleza subjetiva de dicho vínculo laboral, ya no sería necesario justificar la reducción de categoría profesional (en razón a la movilidad funcional descendente) ante un eventual retiro de confianza, dado que calificaría como motivo y/o sustento suficiente y, por ende, no configuraría un acto de hostilidad. Para dicho fin, se tomarán en consideración los pronunciamientos del Tribunal Constitucional, la Corte Suprema de Justicia de la República, así como el Informe No. 145-2019-MTPE/2/14.1 de la Dirección General del Trabajo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y doctrina comparada, los cuales desarrollan el elemento subjetivo del retiro de confianza

El presente trabajo se centra en el estudio y análisis de la Casación Laboral N° 4258-2016-Lima, de 30 de setiembre de 2016, emitida por la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, y tiene como objetivo principal determinar si la interpretación que dicho Supremo Tribunal hace al artículo 53° de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo -que regula la indemnización por daños a la salud en el trabajo-, es compatible con la normativa nacional vigente. Como hipótesis de la investigación, se plantea que la Corte Suprema, al objetivizar la responsabilidad civil del empleador –asumiendo que, probada la existencia del daño sufrido por el trabajador por un accidente de trabajo, debe atribuirse el mismo al incumplimiento del deber de prevención del empleador–, desincentiva a la empresa a fortalecer sus medidas de prevención y, por tanto, va en contra del objeto de la citada Ley, que es promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el país. En ese sentido, a partir de la revisión principalmente, de jurisprudencia de tribunales peruanos, así como doctrina en materia civil, laboral, de seguridad y salud y constitucional, se concluye que la responsabilidad civil del empleador deber ser estudiada teniendo como base la responsabilidad contractual (inejecución de obligaciones), y considerando su carácter subjetivo, así como los supuestos de exoneración de responsabilidad, lo que generará incentivos al empleador para mejorar sus políticas de prevención de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, siendo responsable solo si incumple su deber de prevención. La justificación del presente trabajo crítico radica en que la resolución analizada proviene de la Corte Suprema, y refleja cómo se viene interpretando la figura de la responsabilidad civil del empleador, motivo por el cual se proponen nuevas ideas y mejoras a partir del debate académico.

El presente trabajo tiene por objetivo ofrecer un análisis del Recurso de Casación N° 1243-2011-Piura recaído en el expediente N° 00889-2009-0-2001-JR-CI-04 por la demanda interpuesta por Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Piura S.A.C. contra Jessenia Jacqueline Coveñas Allemant, en su condición de obligada principal, así como sucesión de Asunción Coveñas Velarde (integrada por Jesenia Jacqueline, Jessica Cecilia, Manuel Ricardo y Liliana Vanessa Coveñas Allemant; así como Mercedes Betty Allemant Vásquez) en materia de ejecución de garantías. El método empleado para el presente análisis fue un estudio de las posiciones en la doctrina, método históricodogmático y estudio de la jurisprudencia nacional, tanto del Tribunal Constitucional como las de las Cortes Supremas. Sucintamente, las conclusiones giran en torno al énfasis en la importancia de la debida motivación de las resoluciones judiciales como una de las garantía dentro de la gama que el derecho al debido proceso proporciona, la importancia de seguir reflexionando entorno al proceso único de ejecución y la importancia de que nuestros jueces tengan claros y presentes sus facultades y deberes como operadores de justicia y miembros de la Administración Pública.

El presente informe jurídico versa sobre el análisis de la sentencia emitida por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia (la Sentencia), respecto del recurso de casación N° 4419-2009. Dicho recurso de casación se interpuesto por la Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN), en el marco del proceso de nulidad de acto jurídico seguido por dicha entidad contra varios particulares y Puerta de Tierra S.A. (PDT S.A.), debido a que dichos particulares inscribieron su derecho de propiedad, respecto de un bien estatal de dominio público, en virtud de documentos públicos falsificados. El objetivo del informe es determinar si el principio de Fe Pública Registral ampara el derecho de propiedad de PDT S.A., pese a los vicios existentes en el origen de las transferencias; en ese sentido, el informe busca analizar la validez de la transferencia a favor de PDT S.A. La presente investigación resulta útil, a efectos de entender el alcance del principio de Fe Pública Registral en el tráfico de bienes inmuebles, a partir de la naturaleza, función y las condiciones que deben darse para que se aplique el mencionado principio. El informe jurídico tiene como hipótesis que el principio de Fe Pública Registral no debe aplicarse de manera literal, sino que debe ser aplicado, tomando en consideración su aspecto objetivo y su función de garantizar la seguridad jurídica. Por último, la conclusión del informe jurídico confirma la hipótesis planteada para la investigación: existen supuestos, como el presente caso, en los que el principio de Fe Pública Registral debe ser inaplicable por ser inválida la adquisición a non domino del tercero adquirente sobre un bien de dominio público, debido a la ausencia de manifestación de voluntad del verdadero propietario e imposibilidad jurídica.

Con la entrada en vigencia del Código Procesal Civil, se introdujo en el sistema jurídico peruano una nueva técnica de uniformización jurisprudencial: la “doctrina jurisprudencial”, luego denominada “precedente vinculante” (artículo 400). A la luz de dicha disposición normativa, las Salas Civiles de la Corte Suprema han encontrado respaldada su facultad para emitir, en el marco de los plenos casatorios, sentencias plenarias que consagran reglas jurisprudenciales vinculantes. En la presente investigación se busca demostrar que el “modelo” de emisión de enunciados jurisprudenciales vinculantes (manipulativos de la legislación), no es respetuoso de nuestro ordenamiento constitucional toda vez que los jueces civiles de la Corte Suprema asumen un rol equiparable a la de un legislador positivo lo cual quebranta el principio de separación de poderes, rasgo de identidad de nuestro ordenamiento constitucional. En atención a ello, se ofrece una propuesta interpretativa del artículo 400 del Código Procesal Civil que insta a la adopción de un trabajo con precedentes basado en hechos compatibilizando, de esta manera, la praxis de las Salas Civiles de la Corte Suprema con el principio de separación de poderes. / With the enactment of the Civil Procedure Code, a new technique for standardizing jurisprudence was introduced into the Peruvian legal system: “consolidated case law doctrine” later called “binding precedents” (Article 400). In light of this normative provision, the Civil Chambers of the Supreme Court have felt empowered to issue, in the framework of the cassation hearings, plenary judgments that enshrines binding jurisprudential rules. The present work shows that the “model” of issuing binding jurisprudential rules (manipulation of legislation) is not respectful of our constitutional order, since the civil judges of the Supreme Court assume a role comparable to that of a positive legislator, which violates the principle of separation of powers, a significant feature of our constitutional order. In response to this, an interpretative proposal is offered for article 400 of the of the Civil Procedure Code, which advocates for the adoption of a work with factual precedents, thus making the practice of the Civil Chambers of the Supreme Court compatible with the principle of separation of powers.

En el presente informe, se realiza un análisis respecto a la iniciativa probatoria del juez; es decir, la prueba de oficio. Dicho estudio, se efectúa a la luz de la Casación N° 1242-2017-Lima Este, emitida por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, la cual dio origen al X Pleno Casatorio Civil. En ese sentido, se determinará si lo desarrollado en ciertas reglas vinculantes del X Pleno Casatorio Civil es una interpretación acorde a derecho, manteniendo como límite lo establecido en el artículo 194° del Código Civil, así como respecto a otros artículos y principios del proceso civil / In this report, an analysis is conducted regarding the judge's evidentiary initiative: the ex officio evidence. This study is carried out in light of Cassation N° 1242-2017-Lima Este, issued by the Civil Court of the Supreme Court of Justice of the Republic of Peru, which gave rise to the Xth Civil Precedent. In this regard, it will be determined whether what was developed in certain binding rules of the X Plenary Civil Cassation is an interpretation in accordance with the law, while maintaining the limits established in Article 194 of the Civil Procedure Code, as well as with respect to other articles and principles of civil procedure

En el presente informe jurídico analizaremos la Casación N°2976-2016 Arequipa, que versa sobre un proceso de desalojo por ocupación precaria de suegra a nuera con hijos menores de edad. En primera instancia, se resolvió como un simple caso de desalojo sin tomar en cuenta los derechos de los menores y su protección constitucional especial. En segunda instancia, se resolvió no desalojar a la demandada por la protección de sus hijos menores y de la familia. Sin embargo, la Corte Suprema señaló que solo debía discutirse el derecho de posesión de las partes, por lo cual casó la apelada. En este sentido, el problema principal a resolver será si era correcta la casación dada por la Corte Suprema. Para ello, identificaremos problemas de infracción procesal y material en la sentencia de vista. Y a partir de una interpretación sistemática, extensiva y analógica de nuestra legislación, jurisprudencia y doctrina pertinente demostraremos que sí es posible la discusión de temas de derecho de familia y, por consiguiente, el de vivienda en la parte considerativa. Así, consideramos que se podrá emitir una sentencia conforme a un Estado constitucional de derecho donde se garantice el Interés Superior del Niño a partir del análisis de la situación de necesidad de los menores en el caso por caso. Finalmente, el análisis realizado en el presente informe podrá servir de reflexión para los vocales y que la Corte Suprema considere dejar establecida doctrina jurisprudencial y se evite la vulneración de derechos de los menores en futuros casos similares. / In the present legal report, we will analyze the Civil Cassation N°2976-2016 Arequipa, which concerns an eviction process due to precarious occupation by a mother-in-law against her daughter-in-law with minor children involved in this case. In the first instance, this case was evaluated as a simple eviction case without considering the rights of the minors and their special constitutional protection. In the second instance, this case was resolved not to evict the defendant for the protection of the minor children and her family. However, the Supreme Court indicated that only the right to possession of the parties should be discussed, for which reason the appellee was dismissed. In this regard, the main problem to be resolved is whether the appeal given by the Supreme Court was correct. To do this, we will identify problems of procedural and substantive infringement in the hearing sentence. Through a systematic, extensive, and analogical interpretation of our legislation, jurisprudence and relevant doctrine, we will demonstrate that it is possible to discuss family law issues and, consequently, housing in the ratio decidendi of a judgment. As a result, we consider that a sentence can be issued in accordance with a constitutional state of law, where the best interest of the child is guaranteed based on the analysis of the situation of necessity of the minors on a case-by-case basis. Finally, the analysis conducted in this legal report can serve as a reflection for the vocals and that the Supreme Court consider establishing jurisprudential doctrine and prevent the violation of the minors’ rights in future similar cases.

A través de la Sentencia recaída en el Expediente 976-2011-AA/TC se determinó que un despido fraudulento se configurará cuando se impute al trabajador una falta no prevista legalmente. Sin embargo, la Casación 6428-2019 tiene como primer eje principal la imputación de un despido a una trabajadora fundamentada en una ley española. Tal sentencia nos trae a colación las siguientes interrogantes ¿todas las faltas no previstas legalmente constituyen un despido fraudulento? ¿qué tipos de faltas no previstas legalmente que pueden imputarse? ¿varía en algo si en nuestro país existe una falta grave igual o similar a la que no se encuentra prevista legalmente? De igual manera, la Casación 6428-2019 guarda como uno de sus ejes centrales los tipos de procedimiento de despido, ya sea por conducta o por capacidad, y cómo cada uno de estos se materializa frente a la existencia de un rendimiento deficiente o una disminución en el rendimiento. ¿Por cuál procedimiento deberá optar el empleador frente a dichos casos? ¿Qué metodología de evaluación se necesita para comparar el rendimiento de los trabajadores y para acreditarlo en un despido? Por último, a partir de los hechos narrados en la Casación 6428 también surgen diferentes cuestiones ¿el principio de igualdad de trato en la extinción de labores también debe aplicarse frente a casos de trabajadores con deficiencias en su capacidad? ¿Puede condicionarse la renovación de un contrato de trabajo a la mejoría del rendimiento del trabajador? A partir del siguiente Informe se dilucidará sobre todas las cuestiones formuladas. / Through the Judgment handed down in File 976-2011-AA/TC, it will be limited that a fraudulent dismissal will be configured when the worker is charged with an serious misconduct not legally provided for. However, Cassation 6428-2019 has as its first main axis the imputation of a dismissal to a fundamental worker in a Spanish law. Such sentence brings us a collation of the following questions: all the misdemeanors not legally foreseen constitute a fraudulent dismissal? What types of offenses not legally foreseen that can be imputed? Does it vary somewhat if in our country there is a serious fault equal or similar to that which is not legally provided for? Similarly, Cassation 6428-2019 keeps as one of its central axes the types of dismissal procedures, either for conduct or capacity, and how each of these materializes in the face of poor performance or a decrease in performance. Which procedure should the employer opt for in such cases? What evaluation methodology is needed to compare the performance of workers and to accredit it in a dismissal? Finally, based on the facts narrated in Cassation 6428, different questions also arise. Should the principle of equal treatment in job termination also be applied to cases of workers with deficiencies in their capacity? Can the renewal of an employment contract be conditioned on the improvement of the worker's performance? From the next Report, all the questions raised will be elucidated.

El presente informe realiza un análisis respecto a la Casación N° 2720-2019 emitida por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de Lima, la cual resuelve un recurso de casación interpuesto por la infracción normativa de los numerales 3 y 5 del artículo 139° de la Constitución Política del Perú, concordante específicamente con el numeral 2 del artículo 688° del Código Procesal Civil. El análisis se centra en lo resuelto por las instancias judiciales y lo que finalmente terminó por decidir la Corte Suprema sobre las actuaciones del juez y de las partes durante un proceso de ejecución laudo frente, a su vez, la tramitación de una acción de nulidad. Asimismo, se analizarán las defensas que la parte ejecutada puede realizar frente a un mandato ejecutivo que tiene por objeto el cumplimiento de las obligaciones contenidas en un laudo arbitral. Por último, se analizará los supuestos en que un laudo arbitral cuenta con la calidad de firme y si ello resulta necesario para ejecutar un laudo arbitral, conforme a las normas de nuestro ordenamiento jurídico. / This report analyzes Cassation No. 2720-2019 issued by the Permanent Civil Chamber of the Supreme Court of Justice of Lima, which resolves a cassation appeal filed for the normative violation of numerals 3 and 5 of article 139° of the Constitution of Peru, specifically consistent with numeral 2 of article 688° of the Civil Procedure Code. The analysis focuses on what was resolved by the judicial instances and what the Supreme Court finally ended up deciding on the actions of the judge and the parties during an award enforcement process against, in turn, the processing of an annulment action. Likewise, the defenses that the executed party can carry out against an executive order that has as its objective the fulfillment of the obligations contained in an arbitral award will be analyzed. Finally, the cases in which an arbitral award has the final quality will be analyzed and if this is necessary to execute an arbitral award, in accordance with the rules of our legal system.

Este informe se centra en el análisis jurídico de la Casación Nº 2689-2019 DEL SANTA emitido por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema, en el cual se resuelve la problemática entorno a la infracción normativa de los artículos 139 incisos 3 y 5 de la Constitución Política del Perú, y del artículo 950 del Código Civil. Para ello, se tomará en cuenta lo resuelto por las sentencias de primera y segunda instancia, y en la casación, con el propósito de poder identificar problemas jurídicos, los cuales pasarán a ser resueltos con posterioridad. De acuerdo a lo señalado, el análisis gira entorno a dilucidar si se ha infringido el derecho al debido proceso, a la prueba y a la debida motivación de sus resoluciones, lo cual conllevará a que se invalide el derecho de una de las partes. En el caso en concreto, se alega que la sentencia de segunda instancia solo se ha basado en presunciones para considerar que el demandante cumple con los requisitos establecidos en el artículo 950 del Código Civil, por ello, se pide que la Sala Superior valore en forma objetiva si el demandante cumplió a cabalidad con cada uno de los requisitos de los artículos ya señalados