La presente investigación se propone analizar tres casos de financiamiento electoral de fuente dudosa a Fuerza Popular en la campaña general del 2016 que generaron influencias por medio de diversas acciones legislativas en el Congreso de la República a partir del ingreso del financiamiento y otros vínculos como el lobby. Los tres casos para analizar son diversos, pero tienen en común ser de financiamiento dudoso y registrar influencias en el partido receptor. El sistemático involucramiento de dinero dudoso y su influencia política se da por la interacción de tres principales factores: (1) la existencia de un marco normativo deficiente y falta capacidad de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) respecto al monitoreo del financiamiento, y del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en la exclusión de candidaturas con investigaciones abiertas o con sentencias relacionadas a corrupción (2) partidos políticos porosos como Fuerza Popular, dispuestos a aceptar fondos de cualquier tipo de grupo de interés con el fin de financiar su campaña (3) efectividad del poder instrumental de estos grupos (financiamiento y lobby) para insertarse en la política nacional. A partir del estudio de tres casos importantes de grupos de presión: universidades privadas, iglesias evangélicas, y minería ilícita, -todos con rastros importantes de aportes a Fuerza Popular en las elecciones del 2016 y con investigaciones por lavado de activos- busco demostrar que existe un vínculo detectable y rastreable entre los intereses de quienes cubrieron gastos de la campaña, y que posteriormente realizaron acciones de lobby, y la toma de decisiones de los legisladores de esta bancada durante el 2016 al 2018.

Debido a la realidad observada respecto a las conductas o inconductas congresales, la presente investigación, desarrolla una sistematización sobre una muestra representativa de 36 casos sobre acusaciones contra congresistas que fueron vistos y resueltos en su gran mayoría por la Comisión de Ética que fue creada por el Congreso de la República. Al realizarse dicha sistematización, se han identificado factores que se repiten y se aprecian en diferentes periodos legislativos estos últimos 16 años. Los factores encontrados son los siguientes: el constante incumplimiento legal y antiético al ejercer su cargo, el uso abusivo de sus privilegios y el involucramiento en actos de corrupción. Nuestra hipótesis central de investigación determina que estos factores observados en las conductas y/o inconductas congresales reiterados a lo largo de diferentes periodos legislativos son, por su gravedad e impunidad, sustento valedero para evaluar la posibilidad de una reforma constitucional sobre el mecanismo de revocatoria. La metodología que utiliza esta tesis es la cualitativa, el método de investigación es la sistematización y estudio socio-jurídico del Derecho. Al realizarse los análisis y reflexiones críticas sobre dichos factores, se ha logrado establecer los siguientes elementos: la conducta de los congresistas ante la sociedad y la Comisión de Ética, el desenvolvimiento de la Comisión de Ética sobre los casos presentados ante ella y la normativa ética del Congreso que aplica la Comisión de Ética. La conclusión principal de esta investigación es la establecida y demostrada ineficacia de dicha Comisión en el cumplimiento de sus funciones. Al estar determinada dicha conclusión, se procederá a presentar experiencias internacionales valiosas sobre el mecanismo de revocatoria congresal o parlamentaria que se viene aplicando en otros países. Se desarrollará finalmente el sustento sobre una reforma constitucional peruana a favor de permitir al ciudadano revocar a sus representantes al congreso que, en su gran mayoría, vienen denigrando con sus inconductas el cargo y la representación que les otorgó el ciudadano al elegirlos.

La región de América Latina se ha caracterizado por su continua inestabilidad política, especialmente durante la década de 1990 donde las relaciones Ejecutivo-Legislativo eran frágiles, débiles y obstruccionistas. Esta última situación, fue presenciada tres veces durante los gobiernos de Alberto Fujimori (1990-2000), Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) y Martín Vizcarra (2018-2020) desencadenando crisis políticas que podían socavar la democracia. Ante estos enfrentamientos, ocurrieron dos disoluciones y una renuncia, las cuales utilizaron como justificación la gobernabilidad democrática. Tal es así que este trabajo se enfoca en los dos casos que involucraron el cierre del Congreso: el autogolpe de 1992 y la disolución de 2019. En ese sentido, el objetivo de esta investigación es demostrar el factor predominante que desencadenó las acciones políticas de ambos mandatarios en 1992 y 2019. De manera que se han identificado cinco variables que explican estos acontecimientos: el diseño institucional del sistema de gobierno que es un presidencialismo parlamentarizado, la ausencia de mayoría o falta de pertenencia a un partido político, el liderazgo y la voluntad política del mandatario, y desconfianza en los partidos políticos. De ese modo, esta investigación sienta las bases para futuros estudios y actualización de la literatura acerca de las relaciones Ejecutivo-Legislativo en América Latina. En adición, la metodología involucra el process tracing, el cual permite reconocer las variables intermedias que permitieron la realización de los acontecimientos. Por ende, esta investigación demuestra que la disolución de un Parlamento obstruccionista no siempre garantiza gobernabilidad ni estabilidad democrática en un país.

Los evangélicos han estado presentes en el Congreso de la República desde los inicios del siglo XX hasta la actualidad. No obstante, el año 2016 mostraron una mayor presencia dentro de dicha institución y en las calles, al posicionarse en contra del nuevo Currículo Nacional de la Educación Básica, debido al enfoque de igualdad de género que contiene. Esto se evidenció en las múltiples manifestaciones por parte del colectivo “Con Mis Hijos No Te Metas”, el cual se encuentra conformado por las facciones más conservadora de las iglesias evangélicas y la iglesia católica, y, al mismo tiempo, por miembros del Congreso de la República. Así, se desarrolló una investigación cualitativa que plantea la pregunta ¿De qué forma los evangélicos políticos, miembros del colectivo Con Mis Hijos No Te Metas, han participado políticamente en contra del enfoque de igualdad de género en el Congreso?, y evidencia que los evangélicos políticos, representantes del colectivo Con Mis Hijos No Te Metas en el Congreso de la República, se han opuesto al enfoque de igualdad de género, influyendo en la labor parlamentaria haciendo uso de sus recursos parlamentarios: en primer lugar, conformando alianzas con otros congresistas; en segundo lugar, legislando y fiscalizando de forma reactiva; y, en tercer lugar, representando de forma institucional y no institucional al colectivo. Así, se muestra el vínculo existente entre dicho colectivo y el Parlamento, a través de evangélicos políticos.

En los últimos cuatro años, las plataformas digitales en diversos sectores han ingresado al mercado peruano, siendo en los sectores de transporte y reparto a domicilio donde han ganado mayor presencia, logrando así posicionarse entre los ciudadanos. En una ciudad como Lima donde no se cuenta con un sistema de transporte integrado y eficiente, los ciudadanos gastan muchas horas en movilizarse. Por ello, buscan nuevas estrategias para disminuir dicho tiempo y los taxis por aplicación parecen ser parte de la respuesta. Asimismo, una manera de generar trabajo y facilitar las transacciones entre los ciudadanos, se da a través de las aplicaciones de reparto a domicilio pues, estas recogen y entregan desde un documento, una hamburguesa del restaurante de moda hasta las medicinas recetadas por el doctor. No obstante, el surgimiento de las plataformas digitales en el contexto actual, donde prima el neoliberalismo, invita a reflexionar las consecuencias que se generan, el futuro del trabajo dentro de la cuarta revolución tecnológica y el papel que debe asumir el Estado. La presente investigación se pregunta por cómo se configura la respuesta del Estado a la necesidad de regulación de las plataformas digitales en los últimos cuatro años, a partir del análisis de las iniciativas legislativas tomadas por tres congresistas de diferentes grupos parlamentarios dentro del Congreso de la República. La hipótesis que se demuestra en esta investigación es que los factores que configuraron las respuestas de los congresistas de tres grupos parlamentarios distintos frente a la regulación de las plataformas digitales son: la presencia y características de los eventos de enfoque que pusieron la atención sobre estas plataformas, las características de los emprendedores de políticas que la impulsan (los congresistas) entendidas en términos de ideologías , incentivos y/o motivaciones políticas o personales que los impulsan a actuar y la forma como entienden el papel de la economía colaborativa, concretamente en el caso de las plataformas digitales objeto de este estudio Uber taxi y Glovo.

Esta investigación tiene como objetivo analizar las ideas, organización y acciones políticas de los apristas durante el gobierno de José Luis Bustamante y Rivero, periodo conocido como la Primavera Democrática (1945-1948). En primer lugar, se estudia a la Célula Parlamentaria Aprista como un órgano partidario, la relación de sus integrantes con las bases provincianas y su creciente conflicto con el Ejecutivo y otras bancadas. En segundo lugar, la polarización que provocó diversas iniciativas apristas dentro y fuera del Parlamento: el indulto para los delitos políticos y el castigo de las autoridades antiapristas de gobiernos pasados, la regulación de la actividad comercial e informativa de la prensa, y las expropiaciones de latifundios costeños y la regulación de las relaciones laborales en el agro. En tercer lugar, la defensa de la «revolución» aprista en tres áreas: el uso propagandístico de los espacios públicos, la politización de las aulas escolares y universidades y la actuación burocrática y de las fuerzas de choque en el escenario de la crisis de subsistencias. Por último, la lucha ideológica y callejera de los apristas contra el PCP, la UR y la Alianza Nacional, así como los conflictos dentro del PAP que concluirán con el levantamiento fallido del Callao del 3 de octubre de 1948 y el retorno de la ilegalidad aprista.

La representación política de las mujeres implica una serie de retos, que ha conllevado a producir un estancamiento del porcentaje de mujeres en el órgano legislativo, tanto a nivel global como nacional. El Perú es un caso particular en relación a la participación parlamentaria, pues si bien es cierto que cuenta con una amplia oferta de candidaturas femeninas, nunca se ha superado el 30% de escaños conformado por mujeres, tal como lo establece la cuota de género. Esto se hace evidente en las Elecciones Congresales Extraordinarias del 2020, en el cual solo 34 mujeres lograron ocupar escaños en el Congreso de la República. Esta situación demuestra que el electorado peruano continúa manteniendo una posición patriarcal y machista frente al incremento de mujeres en cargos de representación. Además, se debe tener en cuenta que existen ciertas barreras, mayoritariamente invisibles para la ciudadanía, que impiden que las mujeres puedan competir en igualdad de condiciones con sus pares masculinos. Diversas investigaciones señalan que las mujeres deben enfrentar distintos obstáculos durante las tres etapas de acceso al Parlamento. La primera etapa es cuando las mujeres son aspirantes a la política, donde deben superar sus motivaciones personales y contar con el respaldo familiar. Luego, en la segunda etapa, las mujeres se encuentran como candidatas al Congreso, debiendo desafiar los obstáculos más complicados durante la carrera política, es decir, las barreras partidarias, el respaldo del electorado y la violencia política. En la tercera etapa, las mujeres que logran superar los retos de las etapas anteriores, acceden como congresistas electas. Aún habiendo cumplido con el objetivo de llegar al Parlamento, las mujeres siguen presenciando dificultades como la violencia política y la conciliación familiar. Cabe mencionar que, aunque ya se ha realizado una gran variedad de estudios en torno a este tema, hay una ausencia de literatura en relación a los obstáculos enfrentados por las congresistas peruanas. De este modo, el presente trabajo de investigación busca identificar los obstáculos que han debido enfrentar las mujeres que postularon al Parlamento por Lima durante el periodo legislativo 2020-2021.

El presente trabajo busca encontrar la relación que existe entre los grupos conservadores de la “nueva derecha” en el Perú y la promulgación de leyes conservadoras, como la Ley 31498. Todo ello, debido al impacto que tienen las iniciativas sobre educación con respecto a la reacción de grupos conservadores. Esta investigación buscará desarrollar el estado de la cuestión con respecto a los temas en torno a la educación, política y conservadurismo. Por ello, el presente trabajo plantea como pregunta de investigación ¿Cuáles son los factores que explican que se pudiera promulgar la Ley 31498?, en esa misma línea, presenta tres hipótesis con respecto a si los grupos conservadores de derecha en el Congreso peruano logran tener un acuerdo con las bancadas de izquierda; en segundo lugar, se plantea si este apoyo se logró debido a la persuasión de los grupos conservadores en el congreso; por último, se plantea si existe un conservadurismo de izquierda que confluye con los valores planteados por la derecha política peruana.

La Superintendencia Nacional de Tributos y Administración Tributaria (SUNAT) es el organismo encargado de administrar los tributos del gobierno nacional en el Perú, proporcionando los recursos necesarios para la solvencia y estabilidad económica. Como trabajadora en la Intendencia Nacional de Estrategias y Riesgos, una de sus funciones es la elaboración de opiniones técnicas relacionadas a propuestas normativas formuladas por el Congreso de la República. Este análisis tiene como finalidad determinar la cantidad de recursos monetarios que deben considerarse como efecto, sobre la administración tributaria y por ende el Estado, de dar cumplimiento al instrumento normativo. Este es esencial, al considerar que los recursos del fisco son limitados. Si bien existe literatura que señala el procedimiento a seguir para evaluar una iniciativa legislativa, esta suele utilizar la metodología del Análisis Costo-Beneficio, la cual no resulta apropiada para el objetivo que se desea alcanzar. De esta forma, en el presente trabajo de sistematización se expondrá cómo se determina el impacto de la implementación de un proyecto de ley en la recaudación tributaria.

The objective of this paper is to analyze the causes and antecedents that have contributed to the fact that, in Argentina, the office of Ombudsman remains vacant. Likewise, the normative origins of the organ are reviewed, in order to understand its value and democratic mission. In the ruling entitled Center for Studies for the Promotion of Equality and Solidarity and Others and the Ministry of Energy and Mining under Collective Protection (Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad y otros c/ Ministerio de Energía y Minería s/ amparo colectivo), issued on August 18, 2016, the Supreme Court of Justice of the Nation exhorted the Congress of the Nation to appoint an Ombudsman in accordance with the provisions conferred on it by article 86 of the National Constitution. The Court’s decision exposed a long-standing legal problem: the absence of an Ombudsman. / El presente trabajo tiene como objetivo analizar las causas y antecedentes que han contribuido a que, en Argentina, el cargo de Defensor del Pueblo permanezca vacante. Asimismo, repasa los orígenes normativos del órgano, a fin de comprender su valor y misión democrática. En el fallo caratulado Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad y otros c/ Ministerio de Energía y Minería s/ amparo colectivo, emitido el 18 de agosto de 2016, la Corte Suprema de Justicia de la Nación exhortó al Congreso de la Nación a nombrar un Defensor del Pueblo con arreglo a las disposiciones que le ha conferido el artículo 86 de la Constitución Nacional. La decisión de la Corte expuso una problemática jurídica de larga data: la ausencia de un Defensor del Pueblo.