Publicación a texto completo no autorizada por el autor / El documento digital no refiere asesor / Estudia, identifica y describe los factores que determinan y condicionan lo que se considera una equivocada política criminal y una deficiente técnica legislativa en la protección del bien jurídico patrimonio, que se ve vulnerada por comportamientos lesivos que se manifiestan actualmente como sumamente violentos y que incrementan el riesgo social, en el marco de la inseguridad ciudadana, con miras al mejoramiento del sistema punitivo peruano, por lo que atenderemos a las modificaciones legislativas integradas en el proyecto de Código Penal 2015. / Tesis

(Magíster en derecho con mención en derecho penal) / El presente trabajo pretende analizar la naturaleza concursal a que puede dar lugar la comisión de delitos de fraude masivo. La solución que se ofrezca incide significativamente en la penalidad aplicable a dicha realidad delictual. En particular, se pretende determinar si la calificación de reiteración de delitos o concurso real otorgada por la judicatura al caso “Fermex” o “quesitos mágicos” es la solución que mejor se adecua a su naturaleza jurídica. Se exponen brevemente algunos casos emblemáticos, características y tratamiento del delito masa en algunas legislaciones. Se explora la posibilidad de calificarlos como caso de unidad de acción, delito continuado y pluralidad de acciones. Se analiza el tratamiento penal de los delitos masivos en Chile y especialmente el otorgado por la sentencia condenatoria en el caso conocido como “Fermex” o “quesitos mágicos”

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / El presente trabajo tiene por objeto contrastar dos áreas que, hasta el momento, se han desarrollado en forma paralela, pero sin vincularse entre sí, como son el ámbito de las sociedades y el Derecho Penal. En efecto, en nuestro país el mundo societario ha sido tradicionalmente regulado desde las legislaciones civil y mercantil, asumiendo que el aforismo “societas delinquere non potest” impide la intervención del derecho penal en esta área. Sin embargo, los hechos demuestran que las sociedades sí pueden delinquir. Es más, dado el tamaño y la interacción que poseen las sociedades en el desarrollo económico actual, no es extraño ver cómo la intervención de una sociedad determinada en la comisión de uno o varios delitos, no sólo afectaba la cotización bursátil de esa compañía, sino que “contaminaba” a todo el rubro en el que participaba, o incluso a la economía nacional en su conjunto. Por ende, a nivel de derecho comparado, se asume como una realidad el que el Derecho penal deba intervenir en el ámbito societario, ante la falta de efectividad de los actuales instrumentos regulatorios para prevenir los ataques más graves y potencialmente lesivos para los bienes jurídicos posiblemente afectados, atendida, además, la separación entre propiedad y control que existe en el ámbito societario. Considerando lo expuesto, el propósito manifiesto de la presente investigación es iniciar la discusión doctrinaria en torno a los delitos societarios, como un paso previo a su consagración en el texto legal de un hipotético nuevo Código Penal, el que sin duda alguna, en líneas generales, constituye una clamorosa necesidad.

Memoria para optar al grado de Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales / La presente tesis tiene como objetivo hacer una revisión sucinta de los Movimientos Anarquistas a través de la historia y de tal forma relacionarlo con el Derecho Penal. ¿Existe algún punto de encuentro entre ambos términos? Esta pregunta pretende ser contestada analizando la historia del Movimiento a través de los siglos, y en los países que, a nuestro parecer, el Movimiento tuvo mayor trascendencia e importancia, así como los autores más destacados. En una sociedad que no está alejada de la comisión de ilícitos, ¿cuál va a ser la forma de sancionarlos en una sociedad que pregona los principios base del Anarquismo? ¿El catálogo de delitos va a ser el mismo por cual nuestra legislación se rige? Estas son sólo algunas de las interrogantes que este trabajo pretende responder. Por lo tanto, a través del análisis de los principios del Movimiento Anarquista y el Derecho Penal, nos permitirán determinar si existe algún punto conciliador entre dos términos que, en un primer momento, parecen incompatibles

Memoria para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales / El presente trabajo analiza el régimen de determinación de la pena y las instituciones jurídicas de la reiteración delictiva, el concurso de delitos y la unificación de condenas en el marco del derecho penal de adolescentes y la evolución que las mismas han tenido en nuestra legislación. Se examina primeramente dichas instituciones a la luz del derecho penal general, para luego observar su tratamiento en la Ley N° 20.084 de Responsabilidad Penal Adolescente, reparando en las falencias y críticas que se han realizado a la misma, las cuales han servido de fundamento y base para la presentación de un proyecto de ley que propone la creación del nuevo Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil y modificaciones a la actual LRPA. Se hace especial énfasis en aquellos casos en los que deba sancionarse a una misma persona por delitos cometidos como adolescente y como adulto (el llamado concurso de delitos de regímenes diversos), contrastando la nueva regulación presentada con los principios y objetivos que la justicia penal adolescente debe perseguir, con el objetivo de determinar si la normativa propuesta significa o no una mejora sustancial al modelo en dichas materias. El resultado de este trabajo procura contribuir al debate en torno al mejoramiento de los derechos y garantías de los que debiesen ser titulares los adolescentes infractores de ley en nuestro país

Si bien no es posible dar con un concepto de corrupción, ello debido a la complejidad y extensión de este fenómeno, sí se puede afirmar que, en toda sociedad, la corrupción pública se traduce en el desgobierno, el nepotismo, la anarquía y el trasvase de los caudales públicos a bolsillos privados, entre otras funestas consecuencias. Una de las formas para combatir este fenómeno es la tipificación penal de conductas lesivas a la administración pública. No obstante, desde los medios de comunicación, que a su vez influyen notablemente en la actuación del legislador y del poder judicial, a menudo se plantea que este fenómeno criminal debe ser combatido sin restricción alguna. Se parte de la premisa de que el fin justifica los medios y, por ende, es del todo justificable el alejamiento de los derechos fundamentales, así como de los principios y garantías del Derecho Penal (entre ellos el principio de legalidad) si se trata de combatir este y más problemas que perturban el orden político-social. En tal sentido, resulta necesario tratar de definir, así como analizar a fondo, a uno de los protagonistas de los delitos contra la administración pública y que justamente es uno de los partícipes en los actos de corrupción, nos referimos al funcionario público. En este orden de ideas, se destaca que uno de los problemas que existe en la conceptualización de dicho sujeto es la asunción de la noción de funcionario de hecho en el ámbito penal, figura de origen administrativo y que ha sido acogido por la jurisprudencia en el ámbito penal, la cual plantea, tal y como estudiaremos a lo largo de la presente tesis, un cúmulo de problemas para el Derecho Penal.

De la Ley N° 28008, Ley de los Delitos Aduaneros, se pueden decir muchas cosas, quizás más malas que buenas, a raíz de que en su análisis se evidencia un ánimo del legislador de querer ofrecer protección penal dentro de este ámbito del Derecho Penal Económico sin tener en cuenta, en primer lugar, las consecuencias que se pueden suscitar en el litigio diario -debido a una draconiana redacción que generará distintas formas de interpretar y aplicar la norma-; y en segundo lugar, que los diversos pronunciamientos que se emitan podrían generar afectaciones que contravengan un proceso penal con arreglo a ley.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El delito de peculado o malversación de caudales públicos del art. 233 del Código Penal, constituye un delito que protege atentados contra la función pública. Este delito cometido por un funcionario público, infringe el principio de probidad administrativa, y lesiona el aspecto patrimonial del Estado. El injusto de esta figura delictiva, se caracteriza por que el funcionario a cargo de los fondos, y que se encuentra en una posición jurídica de conservación respecto de éstos, infringe este deber cuando los sustrae o consiente en que otro los sustraiga. La doctrina ha considerado que este delito constituiría un delito especial, ya que restringe el círculo de autores a los sujetos que posean una cualificación especial de empleados o funcionarios públicos. Sin embargo, se discute si esta cualificación especial constituye un elemento fundante del delito o sólo es una circunstancia agravante del injusto. Una posición reciente en la literatura nacional, adopta la doctrina de los delitos de infracción de deber, y señala que este delito se caracterizaría por ser de tipo. Se plantea por la doctrina nacional la discusión sobre el tratamiento penal de la participación de terceros extraneus en este delito, en cuanto al título de imputación penal aplicable, y el grado de participación imputable. El Código Penal no contiene una norma expresa al respecto, por lo que la doctrina se ha dividido frente a este tema, ofreciendo tres posiciones definibles. La primera sostiene que la calidad especial del sujeto activo se comunica al extraneus, otra postura mayoritaria señala que el sujeto no cualificado será autor del delito común o residual del delito de peculado, y una tercera postura señala que no puede castigarse al sujeto no cualificado como autor del delito especial. La postura de este trabajo, de acuerdo a una revisión de las soluciones que ofrece la doctrina nacional, apoya la tesis de la intervención del extraneus en delitos especiales, sólo bajo la hipótesis de participación accesoria. / 29/05/2018

Introducción La violencia de género (VG) y la violencia doméstica no de género (VD) son un grave problema de salud pública contra el que el sistema sanitario debe jugar un papel fundamental en la detección precoz, la asistencia a las víctimas y la colaboración con la gestión eficaz del conflicto y la salida de la violencia, donde la actuación médico-legal mediante la elaboración de los Partes de Lesiones (PL) cobra gran importancia. Objetivos Objetivo principal Determinar las características de los casos de violencia doméstica atendidos en un servicio de urgencias hospitalario, la respuesta sanitaria ante aquellos en la atención a la salud de las víctimas y la posible facilitación de su salida de la violencia mediante la correcta elaboración de los Partes de Lesiones (PL). Objetivos específicos Estudiar los casos atendidos en un servicio de urgencias por VG, VD y otros tipos de violencia en domicilio (OVD), determinando las características sociodemográficas y clínicas de las víctimas, los perfiles lesionales y la gravedad de las agresiones y las asistencias prestadas, la frecuentación, la existencia de factores de riesgo de VG y la calidad de los PL elaborados. Material y Método Estudio transversal, observacional, retrospectivo y descriptivo, de pacientes atendidos por violencia en el ámbito doméstico, de noviembre 2011 a mayo 2015, en un servicio de urgencias hospitalario de área de 270.000 habitantes, en los que se había realizado PL. Se definieron variables acordes con los objetivos pretendidos, que se analizaron estadísticamente mediante tablas de contingencia y pruebas de chi-cuadrado de Pearson y Anova para contraste de proporciones y medias, así como regresiones logísticas binarias univariantes y multivariantes para determinar factores de riesgo de VG. Se estudió la cumplimentación de los PL y se aplicó un baremo para medir su calidad. Resultados Se detectaron 525 asistencias por violencia en el ámbito doméstico (465 pacientes), El 68% de la violencia familiar fue VG, 48 casos por cada 100.000 asistencias. La víctima de VG fue de 35 años, española (10,2% magrebíe, 9,3% sudamericana), con nivel socioeconómico medio (32% bajo y 70% no trabaja), que suele referir VG previa y más del 60% presenta asistencias previas sospechosas de VG no declarada. Las víctimas de VD fueron mayoritariamente hombres, menores de edad, españoles (6,2% sudamericanos, 2,7% magrebíes), de clase media, descendientes de sus agresores (hijos agredidos por sus padres y en proporción 5 veces mayor por padrastros) y madres menores de 60 años agredidas por sus hijos. Las agresiones por VG fueron físicas y psicológicas, de severidad moderada y lesiones menos graves de múltiples localizaciones. Las de VD fueron más severas y graves, localizadas en EESS, precisando 7 veces más ingresos. Ambos grupos hiperfrecuentaron a Urgencias. En VG son factores de riesgo de reincidencia, violencia severa y lesiones graves tener entre 30 y 39 años, un nivel socioeconómico bajo, antecedentes personales de alcoholismo y/o consumo de drogas y no haber tenido previamente alguna solicitud de asistencia en Urgencias sospechosa de VG. Los PL fueron de alta calidad cuando se utilizó el formulario específico de VG (72% en casos de VG), siendo de baja calidad el 90% de los PL genéricos. Conclusiones Es posible y necesario conocer la dimensión particular en cada medio del problema de la violencia doméstica para poder plantear eficazmente nuestra actuación contra ella. Existen muchas oportunidades en un servicio de urgencias hospitalario de intervenir en la detección, asistencia y ayuda a la víctima en la posible salida de la violencia. Cumplimentar correctamente los PL de VG y utilizarlos en VD, podría mejorar su calidad y la atención a las víctimas. El trabajo conjunto de responsables y profesionales debe ir encaminado hacia ello. / Introduction Intimate partner violence (IPV) and domestic violence (DV) are a serious public health problem where the health system must play a key role in the early detection, victim assistance and collaboration with the effective conflict management and the way out of violence, and where medicolegal action by developing Injury Reports (IR) may be essential. Objetives Main objetive Determine the characteristics of domestic violence cases treated at a hospital emergency department (ED), the health response to those in the health care of victims and facilitating their possible output of violence by correctly reporting the IR. Specific objectives Study IPV, DV and other violence in the home cases assisted in an ED and determining the sociodemographic and clinical characteristics of the victims, the injury patterns and severity of aggression and injuries, the attendance in emergency department, the risk factors of IPV and the quality of the IR. Methods It was designed a transversal, observational, retrospective and descriptive studio, of patients treated for domestic violence, when an IR form was filled in, from November 2011 to May 2015, in a hospital ED from area of 270,000 inhabitants. Variables were defined according to the objectives, which were statistically analyzed using contingency tables and chi-square test and ANOVA to contrast proportions and means and binary logistic regression univariate and multivariate analysis to determine IPV risk factors. IR cumplimentation was studied and a scale was applied to measure quality. Results 525 assists were detected by violence in the home (465 patients), 68% of family violence was IPV, 48 assists per 100,000. The IPV victim was 35 years old, Spanish (10.2% North African, 9.3% South American), with middle socioeconomic status (32% low, 70% does not work), often referred prior IPV and over 60% have suspected previous unreported IPV assists. VD victims were mostly men, minors, Spanish (6.2% South America, 2.7% North Africans), middle class, descendants of their aggressors (children abused by their parents and in proportion 5 times greater for stepfathers) and mothers under 60´s assaulted by their children. Violence in IPV were physical and psychological, of moderate severity and less serious injuries from multiple locations. The DV aggressions were more severe and serious, located at upper extremities, and 7 times more hospital admissions. Both groups had increased attendance to the ED. To be between 30 and 39 years old, low socioeconomic status, personal history of alcohol and/or drugs of abuse consumption and not having suspected previous unreported IPV assists, were risk factors in IPV for recurrence, severe violence and serious injuries. The IR were of high quality when the specific form of IPV IR was used (72% of IPV cases), but were of low quality in the 90% of generic IR form used. Conclusions It is possible and important to know the particular dimension of the problem of domestic violence in each environment in order to combat it effectively. There are many opportunities in a hospital ED to intervene in the detection, assistance and support to the victim on the way out of violence. Correctly fill IPV IR form and use them in DV cases, could improve its quality and attention to victims. The joint work of health managers and practitioners should be directed towards it.

La investigación se ha desarrollado con metodología cualitativa, realizándose veinticinco entrevistas en profundidad a mujeres mayores de edad, residentes en la Región de Murcia, de nacionalidad española, que han sufrido maltrato de alguna de sus parejas, y que han aceptado participar. El objetivo general era conocer el proceso de salida de la violencia de pareja. Los objetivos específicos eran: 1) identificar actitudes de la mujer e hitos en el proceso, 2) identificar actitudes de las personas significativas para ella, 3) identificar qué instituciones o profesionales han intervenido en el proceso y cómo contribuyó esa intervención al mismo. Se han tenido en cuenta las recomendaciones de la OMS, en materia de ética y seguridad para las investigaciones sobre violencia contra la mujer. Las entrevistas fueron recogidas previo consentimiento informado. En el momento de la entrevista, el rango de edad, fue de 19 a 64 años. Veintitrés de las mujeres se habían separado de su agresor, mientras dos de ellas mantenían la relación afectiva con él. La mayoría tenían descendencia. La muestra incluía desde mujeres que no habían superado la enseñanza obligatoria hasta otras con estudios universitarios. Unas pocas eran amas de casa y la mayoría tenían además trabajo remunerado. Unas vivían en un entorno urbano y otras, rural. El maltratador ha sido en la mayoría de los casos el marido, en otros ha existido convivencia y en cuatro era su novio. Las mujeres maltratadas siempre intentaron evitar las agresiones de sus parejas pero por el aprendizaje de su rol de género las respuestas que daban no eran eficaces. Como consecuencia del maltrato se presentaron intentos de suicidio. Todas las mujeres entrevistadas llegaron a una situación límite y perdieron la esperanza en la relación, por lo que decidieron separarse. El miedo, el duelo de sus propios ideales tradicionales, la opinión de familiares y allegados, religiosos, familia política, y los hijos pequeños fueron obstáculos importantes del proceso. Reconocer cambios negativos en ellas, establecer relaciones con personas que las aprecian, aprender de sus experiencias, poner límites a los demás, hijos en edades cercanas a la adolescencia, y solicitar ayuda profesional impulsaron la ruptura de la pareja. La familia propia y la familia política han resultado fundamentales para todas las mujeres entrevistadas, tanto por lo que hicieron como por lo que omitieron. Muchas lo ocultaron a su familia de origen, por lo que no pudieron servir de apoyo antes de la ruptura. Sí fueron de gran ayuda durante la separación y en el proceso posterior, momentos de peligro para la mujer. La participación de la familia política, cuando ha habido, fue negativa casi siempre. También las personas del entorno, sus opiniones y actuaciones resultaron claves. Si su opinión es favorable a mantener la relación, la mujer prolonga su silencio y sufrimiento, aumenta el aislamiento y la culpa. Si sus allegados, son críticos con el abuso, le permiten tomar conciencia antes de su situación, disminuye la culpa, le otorga el reconocimiento como persona con valor propio y digna de ser creída. La mayoría de las mujeres refieren haber tenido problemas con los servicios públicos, aunque reconocen que necesitan hablar con algún/a profesional. Cuando son ellas las que toman la decisión de qué servicio utilizar y cuándo, sí les son de mucha utilidad. Salir del maltrato implica un cambio en la mujer, un cambio en las relaciones consigo misma, con los demás, es decir una desidentificación con el rol de género hegemónico. Las mujeres estudiadas comprenden, al final del proceso, la estrategia del maltratador y que la violencia de género era la causa de su malestar. / The research was developed using qualitative methodology, carrying out twenty five in-depth interviews with adult females, residents of the Murcia region, of Spanish nationality, who have been victims of domestic abuse at the hands of a partner, and who have agreed to participate. The overall objective was to understand the process of leaving the abusive relationship. The specific objectives were: 1) To identify the attitudes and aims of the women in the process, 2) To identify attitudes of the people close to her, 3) Identify which institutions or professionals took part in the process and how this intervention contributed to the same. The WHO recommendations on ethics and safety for research on violence against women have been taken into account. The interviews were collected with prior informed consent. At the time of interview, the ages of the women ranged from 19 to 64 years of age. Twenty three of the women had separated from their aggressors, while two of them maintained the affected relationship. The majority had offspring. The sample ranged from women who had not completed compulsory education to others who were university graduates. A small number were housewives and the majority were also in paid employment. Some lived in urban areas and others in rural. The abuser had been the husband in the majority of cases, in others it was a live-in partner and in four cases it was the victim’s boyfriend. The abused women always attempted to avoid the aggressions of their partner but because of their learned gender roles the answers they gave were never effective. Some of the women attempted suicide as a consequence of the abuse. All of the interviewed women eventually found themselves in a dangerous situation and lost faith in the relationship, which is why they decided to separate from their partner. Fear, the mourning of their own traditional ideals, the opinion of relatives and friends, the religious community, in-laws, and young children were major obstacles to the process. Recognizing negative changes in themselves, building relationships with people who appreciate them, learning from their experiences, putting boundaries on others, children close to adolescence age, and seeking professional help were factors that contributed to the breakdown of the couple. The immediate family as well as the in-laws were fundamental for all of the women interviewed, as much for what they did, as for what they did not do. Many of them hid it from their immediate family, so they could not be of support to them before the breakdown of the couple. However, they did provide a great amount of support during the separation and in the aftermath, a dangerous time for women. The involvement of the in-law family, when there, was almost always negative. Also the people in the environment, their opinions and actions proved decisive. If their opinion was in favour of maintaining the relationship, the woman prolonged her silence and suffering, increasing the isolation and blame. If her relatives are critical of the abuse, it allows her become aware of her situation sooner, decreases guilt, gives recognition as a person with self worth and who deserves to be believed. Most women report having had problems with public services, while recognizing that they need to speak with some professional. When they are the ones who decide which service to use and when, the services prove very useful. Leaving the abusive relationship involves a change in the woman, a change in the relationship with oneself, with others, that is, a disidentification with the hegemonic role of gender. The women studied understand, at the end of the process, the strategy of the abuser and that domestic violence was the cause of their hardship.