El tema de investigación de esta tesis es la respuesta institucional estatal para víctimas menores de edad de explotación sexual comercial, una problemática muy peligrosa para sus involucrados. En los últimos años, el Estado peruano ha demostrado grandes avances en la identificación y rescate de víctimas, no obstante, la libertad es el primer paso en un camino largo hacia la recuperación. Sin apoyo adecuado, una víctima puede caerse en las redes de la explotación nuevamente, y de ahí frecuentemente se observa este círculo vicioso de salida y reingreso. Los servicios estatales para víctimas menores de edad de explotación sexual comercial constituyen un aspecto crítico para combatir este problema que sigue contagiando nuestra sociedad. / Tesis

Los problemas que pueden presentarse respecto al inicio y al término de la vida humana siempre han resultado de gran interés para las disciplinas prácticas como la ética, la política y el derecho. Particularmente, en las últimas décadas, en medio del progreso de la técnica que hace posible tratamientos intensivos destinados a mantener con vida a pacientes terminales a costa de una pobre calidad de vida1 , ha surgido a nivel mundial el debate sobre la regulación de una “muerte digna”2 . Es así que las defensas más radicales de la autonomía de la persona para disponer de su propia vida se han concentrado en demandar la legalización de la eutanasia voluntaria y el suicidio asistido. / Tesis

¿Qué es aquello que da legitimidad a la intervención del Derecho Penal? Las respuestas a esta pregunta siguen generando debate en la actualidad. De un lado, se apuesta por la protección de bienes jurídicos, mientras que, por otro, se apuesta por la vigencia de la norma. Sin embargo, probablemente la respuesta correcta implique combinar ambas posturas, ya que existen delitos que no encuentran su legitimidad sino en medio de ambos caminos. Este es el caso de delitos como el tráfico de influencias simuladas, pues debido a la naturaleza aparente de las influencias que se invocan no parece afectar ningún bien jurídico concreto, y tampoco transgredir la vigencia de una norma específica. No obstante, el tráfico de influencias, ya sean reales o simuladas es el delito que abre la puerta a los casos de corrupción. En ese sentido, la invocación de influencias, aun simuladas, trastoca el sistema de bienes y servicios de la Administración Pública, pues esta conducta repetida y a gran escala genera la existencia de un mercado paralelo de bienes y servicios de la Administración Pública. Ello, ya que, a diferencia de lo que se cree, los vínculos de reciprocidad negativa (intercambios desiguales entre extraños), son los que sustentan y alimentan la mayor parte de las relaciones humanas. Así, esta situación puede tener cabida a nivel jurídico gracias al criterio de la desorganización de sistemas que permite incorporar las necesidades sociales en la visión tradicional de bien jurídico. En ese contexto, el presente trabajo de investigación analiza de manera crítica cómo el criterio de la desorganización de sistemas y las relaciones de reciprocidad negativa sustentan el bien jurídico del tráfico de influencias simuladas: la vigencia del carácter prestacional de la Administración Pública. / Trabajo académico

La terminación anticipada en los Delitos Aduaneros regulada en el Art. 20º de la Ley Nº 28008, no es manifestación de un Derecho penal reparador, pues en lugar de alcanzar la reparación, prima la justicia retributiva, la imposición de la pena, al no otorgar los beneficios de reducción del sexto de la pena, y el tercio por confesión sincera. En su lugar, se le otorga como beneficio el mínimo legal de la pena, condicionado al pago del doble del valor de la mercancía más la liquidación de los tributos aduaneros, y el comiso de los bienes, que ocasiona que el procesado se desista, pese a haber aceptado los cargos y manifestado su voluntad de acogerse a sus alcances; su aplicación ineficaz es reforzada por el A.P 5-2009, que le otorga plena vigencia, subsistiendo conjuntamente con la T, A regulada en los Arts. 468° al 471°del CPP. No obstante, el proceso de terminación anticipada en los delitos aduaneros, por mandato del principio de legalidad, debe ser desarrollado en virtud de lo establecido por los Arts. 468° al 471°del NCPP, en tanto han entrado en vigencia en todo el territorio peruano el 01.02.2006, y debe ser aplicada, no correspondiendo a los jueces determinar la validez temporal de las leyes mediante acuerdos plenarios, que de conformidad con el artículo 116° de la LOPJ, no constituyen precedentes vinculantes, puesto que cumplen un papel de orientación y de fijación de criterios, de allí, que se debe dejar sin efecto el AP 5-2009, y en consecuencia el Art. 20° de la Ley N° 28008, sustentado en la necesidad de una estricta observancia del principio de legalidad (irretroactividad y retroactividad favorable), en la idea de la seguridad jurídica y el respeto de la división de funciones del poder político. / Tesis

Para la presente investigación se ha tomado en cuenta como problema, ¿El diseño de un control interno basado en la auditoría operativa, disminuirá actos de estafas electrónicas, en las empresas que realizan operaciones mediante el comercio electrónico, en la ciudad de Chiclayo?, del que se formuló como objetivo; diseñar un sistema de control interno que contrarreste actos de estafas electrónicas en empresas dedicadas al comercio electrónico en la ciudad de Chiclayo. Así como establecer una propuesta que les posibilite a dichas empresas tener una alternativa de solución. El principal problema por la que estas empresas se ven afectadas y expuestas, es la existencia del riesgo latente y vinculado a hechos de estafas electrónicas. La poca preocupación por parte de estas organizaciones en la determinación de un sistema de control interno que le faculte de herramientas y medios que hagan posibles realizar un seguimiento, y evaluación de sus actividades que realiza, hace que se desarrollen cada vez más actos negativos a la hora de la realización de los pagos por parte de los usuarios, hacia los productos o servicios que se oferten. A su vez trae como consecuencia el incremento de actividades tales como: el uso de tarjetas caducadas o canceladas, alteradas o falsas; hurto informático; apropiación indebida informática; sustracciones de tarjetas; falsedad documental informática. / Tesis

Aborda los problemas que se presentan al momento de la calificación del tipo penal de delito informático, ya sea al formalizar la denuncia fiscal o al calificar dicha denuncia por el órgano jurisdiccional y su impunidad. Demuestra que las conductas que emplean, utilizan o se basan en sistemas informáticos se encuentran deficiente e insuficientemente tipificadas y el ordenamiento jurídico resulta inadecuado para abarcar las principales manifestaciones que afectan importantes bienes jurídicos. Busca determinar si existe una conducta a la que se pueda denominar en sentido estricto como “delito informático”; identificar cuáles son las limitaciones que existen en la tipificación del delito informático al momento de formalizar la denuncia fiscal y/o en su calificación judicial; demostrar que el delito informático se confunde en su calificación con otros tipos penales, de tal forma que se estaría afectando el principio de legalidad y seguridad jurídica; identificar cuáles son las manifestaciones de la criminalidad informática que no se encuentran tipificadas; demostrar que la Ley 27309 no tipifica correctamente las afectaciones del patrimonio individual con el uso de sistemas informáticos, pues éste se encuentra tipificado en el artículo 183.3 del Código Penal, entre otros. Como hipótesis general se ha planteado la siguiente: La inadecuada tipificación del delito informático y de las conductas que utilizan los sistemas informáticos, la existencia de conductas vinculadas a las nuevas tecnologías que teniendo relevancia penal no se encuentran tipificadas, y el uso de nueva tecnología en la comisión de los tipos penales tradicionales, son los factores que afectan la subsunción, formalización, procesamiento y eventual sanción –generando sensación de impunidad- de conductas que hacen uso de medios informáticos en la comisión de delitos en el distrito judicial de Lima, durante el período 2009-2010. / Tesis

Magíster en Economía Aplicada. Ingeniero Civil Industrial / 16/04/2021

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En la actualidad existe consenso generalizado respecto a la necesidad de reprimir aquellas violaciones que atentan gravemente contra la comunidad internacional toda y sus valores fundamentales, los llamados crímenes internacionales. El genocidio, los crímenes de guerra y los crímenes lesa humanidad, son tipos penales que a pesar de desarrollarse íntegramente dentro de un país determinado, sobrepasan ampliamente las fronteras del mismo, y de ahí los innumerables esfuerzos que se han desplegado en el último siglo con el objeto de legitimar su persecución y sanción a la luz del derecho internacional. Dentro las múltiples fórmulas que se han creado con estos fines, buscando evitar finalmente la impunidad de estos graves ilícitos, tenemos una que ha sido bastante controvertida en la práctica jurídica y cuya procedencia aún es resistida por algunos sectores debido a los ribetes políticos que implica su aplicación. Nos referimos al principio de jurisdicción universal, que autoriza a los tribunales internos de cualquier Estado perteneciente a la comunidad internacional a conocer de los crímenes internacionales aún cuando éstos se han perpetrado fuera de sus territorio. Respecto a este punto, materia central de la memoria, se analizará su contenido, su fuente, el fundamento para su reconocimiento por los distintos actores del concierto internacional, las IX problemáticas ligadas a su aplicación, entre otras aristas de importancia. También se darán luces sobre tres de los casos más relevantes a nivel internacional, donde se ha reconocido su procedencia o bien se han dado razones para su exclusión, finalizando con una reflexión crítica en torno a esta materia

Tesis (Magíster en derecho con mención en derecho penal)

El presente trabajo se basa en la metodología cualitativa, el mismo que obedece al análisis de los divergentes pronunciamientos jurisprudenciales de nuestros tribunales, en la evaluación y calificación de la gravedad de la falta de injuria y faltamiento de palabra para habilitar el despido del trabajador, teniendo como propósito unificar las peculiaridades que configuran a la injuria y faltamiento de palabra, como falta “grave” que justifique el despido del trabajador. Asimismo este análisis responde debido a que el despido por falta grave de injuria o faltamiento de palabra consagrado en el articulo 25 inciso f) de productividad y competitividad laboral, sólo refiere sí el trabajador incurre en injuria o faltamiento de palabra, el empleador en ejercicio de su potestad sancionadora lo despedirá, al volverse insostenible el vínculo laboral; ante ello, el mencionado artículo no establece la “gravedad” de la falta para facultar el despido, quedando una libre valoración de esta que podría transgredir los derechos fundamentales del trabajador.