One of the most relevant powers available for the Public Administration so it is able to meet its objectives is the supervisory power. However, this is a matter insufficiently studied in the national legal ambit. In this article, the author conceptualizes the legal figure of supervision, proposing that it is a synonym of “inspection” and other similar concepts, and that it has wider purposes than the ones established in the Peruvian administrative legislation (that tends only to subsume it into the sanctioning power). With this theoretical framework, the author briefly analyses the phenomenon of the delegation of this power in the Peruvian power sector. / Una de las potestades más importantes con las que cuenta la Administración Pública para cumplir con sus fines es la de supervisión. Sin embargo este es un tema que ha sido poco estudiado en el ámbito jurídico nacional. En el presente artículo, el autor conceptualiza jurídicamente la figura de la supervisión, planteando que es un sinónimo de “fiscalización” y otros conceptos similares, y que tiene unos fines más amplios que los reconocidos por la legislación administrativa (que tiende sólo a subsumirla en la potestad sancionadora). Con este marco teórico, el autor analiza brevemente el fenómeno de la delegación de esta potestad en el sector eléctrico peruano.

Inside the field of Law, the usual question about the meaning of a determined concept or the question towards what it makes reference to has alwaysbeen complicated. In the last years, different events have produced that philosophical trends reconsider the understanding of the legal system.In the present article, the author does a presentation of what new constitutionalism means and its opinion towards it. The author also makes a critical analysis of the positivist and jusnaturalist visions, connecting them with the understandingof Law and the legal system, making an emphasis on Administrative Law. / En el campo del Derecho, la pregunta sobre qué significa o a qué hace referencia determinado concepto siempre ha sido complicada. En los últimos años diversos acontecimientos han ocasionado que corrientes filosóficas replanteen la forma de entender el orden jurídico.En el presente artículo, el autor hace una presentación de qué se entiende por nuevo constitucionalismo y su opinión sobre el mismo. Asimismo, realiza un análisis crítico de los planteamientos positivistas e iusnaturalistas, conectando los mismos con el entendimiento del Derecho y del orden jurídico, poniendo énfasis en la rama del Derecho Administrativo.

A lo largo de la elaboración del presente trabajo, hemos tomado como referencia determinados hechos históricos que fundamentan la evolución de las instituciones jurídicas estudiadas en esta investigación; sin embargo, somos conscientes que en simultáneo se han ido produciendo otros acontecimientos, que ya no los podremos incluir y que serán objeto de análisis de quien tome la posta en un ulterior intento de continuar con nuestra investigación. / Tesis

Tesis (magíster en derecho )

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / A través de esta investigación se busca presentar al lector una descripción panorámica de la situación actual de la contratación de personal a honorarios dentro del sector público. Para ello, paso indispensable es revisar previamente - como marco teórico- el concepto de función pública y los distintos sistemas existentes en cuanto a su organización. Se continúa luego con una sistematización de las normas positivas que regulan este particular contrato en nuestro ordenamiento jurídico y, a partir de ello, analizar su naturaleza jurídica. Por último, se expone la problemática asociada a la contratación de honorarios, considerando que estos últimos no tienen la calidad de funcionario público. Los problemas a tratar son de control de legalidad, probidad, responsabilidad y tutela de derechos fundamentales. Para finalizar, en este último apartado se hará una revisión de las críticas que desde la perspectiva de la seguridad social, se han hecho a esta forma de provisión de personal del Estado.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento / Esta tesis de grado tiene como objetivo principal el estudio de la meritoria trayectoria pública de Enrique Silva Cimma, representado por su valioso aporte en los distintos campos del servicio público de nuestro país. En el desarrollo de este trabajo se esquematiza, recopila y hace una reseña de parte de su vida, de las obras de mayor trascendencia sobre las distintas materias que escribía, con un enfoque centrado mayormente en el área del Derecho Administrativo, que es donde cobra mayor importancia para los estudiantes de derecho y abogados interesados en esta materia. También se abordan como parte de esta tesis de grado pero con menor profundidad, los cargos de mayor relevancia que desempeñó en el servicio público de este país a lo largo de su vida; como son el de Contralor General de la República, Presidente del Tribunal Constitucional, Ministro de Relaciones Exteriores y Senador Institucional. Y en la última parte de este trabajo, se trata su participación y contribución en el desarrollo de la política nacional, donde es posible rescatar su ardua y valiente lucha en contra del Gobierno Militar para el retorno de Chile a la democracia

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Históricamente las RSE muestran por lo menos tres problemas: la validez del principio de legalidad en las actuaciones de la Administración, la validez de los derechos fundamentales, y la cuestión de la protección jurídica . La categoría de las RSE me interesa abordarla para el caso chileno desde la óptica del segundo problema: el de los derechos fundamentales. Es aquí donde quizás tenga más fruto el análisis de las RSE, por cuanto los titulares de derechos fundamentales que se encuentran en una relación jurídica de este tipo, experimentan una tensión constante entre la función que deben cumplir exigida por la finalidad de cada RSE y los derechos fundamentales. Con este trabajo pretendo contribuir a esa labor que implica la construcción de una dogmática general de los derechos fundamentales en nuestro país. Aunque el concepto sea desconocido en la doctrina nacional, parafraseando a García Macho, sí existen en nuestro ordenamiento jurídico funcionarios públicos, soldados, estudiantes y presos sometidos al ámbito de la Administración, quienes ven restringidos sus derechos fundamentales . Además, aparte de estas RSE ‘clásicas’, con el advenimiento del Estado de Compromiso podríamos encontrar RSE ‘modernas’ como las relaciones hospitalarias, de seguridad social, y los colegios profesionales . Por ende, la relevancia práctica del asunto salta a la vista, y lo ilustra dicho autor de la siguiente forma: Conforme a esta lista no exhaustiva, se evidencia que el ciudadano a lo largo de su vida, de forma permanente, está vinculado a una institución sujeta a una relación de especial sujeción. En estas condiciones, si la Administración pudiese actuar con libertad en ese ámbito y ser autorresponsable, el administrado o ciudadano no gozaría de ninguna seguridad jurídica y no podría hablarse de la existencia de un Estado de Derecho. En las últimas décadas la Administración y el individuo se han aproximado progresivamente, de tal forma que en la actualidad la relación Estado-ciudadano se caracteriza por la dependencia de este último de las prestaciones estatales en sus diversas manifestaciones. Este trabajo será dividido de la siguiente manera. En primer lugar, se verá la evolución histórica de la categoría así como de los diversos escenarios jurídicos en que se ha desarrollado. En segundo lugar, se discutirá sobre la evaluación actual que existe sobre su utilidad como categoría dogmática y la posible relevancia de introducirla en nuestro derecho constitucional, dado que ha sido desarrollada en el derecho comparado y, por tanto, resulta ajena a nuestra tradición jurídica. Finalmente, bajo el alero de la Constitución chilena se intentará identificar aquellos supuestos en los cuales un titular de derechos fundamentales se encontraría sometido a una relación de sujeción especial, y en particular, se analizará la jurisprudencia y doctrina que resulte relevante en aquellas posibles hipótesis.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento / Esta memoria para optar al título de licenciado de ciencias jurídicas y sociales tiene como objeto la planificación como forma de intervención de la Administración. Su finalidad es sistematizar los distintos trabajos que se han desarrollado al respecto y así dar una comprensión global de esta forma de actuar. Durante el trascurso de la investigación se constató que la cuestión de la planificación como forma de intervención administrativa fue un tema muy tratado en la década de los 60 y 70 pero que luego fue dejado de lado. Actualmente, los autores se centran en estudiar expresiones particulares de la planificación, con un énfasis notable en la planificación territorial o urbanística. Ese es el aporte que busca entregar esta memoria: volver a estudiar la planificación como una de las formas en que la Administración actúa y configura la realidad, buscar sus características y elementos comunes, para entender la planificación como una forma de intervención autónoma e independiente. Para finalizar, se busca concretar las reflexiones y conclusiones de este trabajo en el ordenamiento jurídico nacional. Para lo anterior, se revisan algunas expresiones de planificación en nuestro sistema jurídico.

Tesis (para obtener el grado de magíster en derecho con mención en derecho público) / Atendido el objeto de la presente tesis, esto es, el análisis crítico del sistema nacional de intervenciones públicas de promoción del deporte, es que la primera materia abordada corresponde a los mecanismos utilizados por la Administración para intervenir en la actuación de los particulares, partiendo por los títulos de intervención administrativa, seguido por las formas y por las técnicas con que los Poderes Públicos injieren en la actuación privada. Para ello se ha seguido a las principales doctrinas que tratan la materia, recurriendo a doctrinas tanto nacionales como internacionales. En una segunda parte se ofrecen lineamientos generales de relevancia jurídica acerca del fenómeno deportivo, como lo son las tesis más reconocidas acerca del origen del deporte, ofreciendo, además, diversos conceptos de deporte, tanto desde la perspectiva jurídica como aquellas que lo definen como una actividad humana. Seguidamente, se analizará el modelo deportivo chileno, para lo cual, en primer lugar, abordaré la pregunta de si el deporte resulta de interés para los Poderes Públicos, partiendo con el análisis de nuestra Constitución. Después, examinaré la Política Nacional Deportiva, incluyendo aquellas materias privativas de la actuación pública y, por otro lado, aquellos aspectos en los cuales ha optado por contar con la colaboración de los particulares, todo a la luz de las diversas formas de intervención administrativas y las técnicas más relevantes utilizadas. Además de ello, me referiré a las entidades cuyas actuaciones tienen efectos importantes en la materia en estudio, no sólo en el ámbito 7 institucional público, sino también en el privado. A su turno, examinaré la clasificación de deporte ofrecida por la ley del ramo, debido a sus consecuencias en materia de actuaciones públicas. Finalmente, habiendo analizada todas estas materias, elaboraré algunas sugerencias acerca del actual modelo nacional

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / Nuestro estudio ha preferido ceñirse a la organización que de la materia hizo la presente ley. Por lo tanto se estructura en base a los mismos nueve capítulos, a saber: Capítulo I: "Disposiciones Generales". En él se analizarán lo relativo al derecho de asociación de los trabajadores de la Administración del Estado, es decir, ¿quienes pueden asociarse? Luego se establecerá que las Asociaciones tendrán carácter nacional, regional, provincial y comunal, como también que se pueden constituir federaciones y confederaciones, es decir, el ¿cómo pueden asociarse? Se analizarán también las normas que señalan que la afiliación a una asociación de funcionarios es voluntaria, personal e indelegable, como también su carácter de libre. También las que señalan las finalidades y objetivos que podrán tener estas asociaciones de funcionarios. Capítulo II: "De la Constitución de las asociaciones". En él se analizarán las normas relativas a la forma en que se constituyen estas asociaciones, es decir, en una asamblea y mediante el deposito de las actas constitutivas en la Inspección del Trabajo. También aquí, se analizará el fuero de los dirigentes contemplado en el artículo 11, como un importante efecto de la asamblea constitutiva. Capítulo III: "De los estatutos".Se determinará que estas asociaciones de funcionarios se rigen por la ley objeto de este estudio y por sus reglamentos y estatutos. Capítulo IV: "Del Directorio". En este se observará la regulación de este importante órgano de las asociaciones, sus atribuciones, elecciones y los derechos que se reconocen a los dirigentes de las asociaciones, en los artículos 20, 25, 31 y 34 principalmente. Así, se analizará el derecho a fuero de los dirigentes, su inamovilidad en el cargo y en la función, el derecho a solicitar información, el derecho a los permisos etc. Capítulo V: "De las asambleas". Estará dedicado al estudio de este órgano resolutivo superior de las asociaciones; de las asambleas ordinarias y extraordinarias, como también su desarrollo fuera de la jornada de trabajo. Capítulo VI: "Del patrimonio". En él se establece la forma en que se constituye, su administración, su naturaleza, destino en caso de disolución, y el deber de descontar las cuotas sindicales por planilla. Capítulo VII: "De las federaciones y confederaciones o agrupaciones". En este capítulo, se analizará la facultad de constituir federaciones y confederaciones. Capítulo VIII: "De la disolución de las asociaciones de funcionarios".Trataremos aquí, las causales de disolución, quienes pueden solicitarla, declararla y sus efectos. Capítulo IX: "De la fiscalización de las asociaciones de funcionarios y de las sanciones".Al respecto cabe hacer presente que el proyecto de ley establecía que el organismo destinado a registrar los estatutos y actas constitutivas, como a desarrollar todas las tareas de inspección y fiscalización de funcionamiento de la Asociaciones de Funcionarios de la Administración del Estado, sería la Contraloría General de la República (de acuerdo a la natural competencia que en el ámbito público ella posee), pero, debido básicamente a que este organismo no poseía una infraestructura y organización adecuada para desarrollar tal labor (como lo señaló la propia Contraloría General de la República en informe enviado al Senado), estas fueron entregadas a la Dirección del Trabajo. A este organismo público que poseía conocimiento en el ámbito privado se le encomendaron tales tareas, lo que no presenta dificultades prácticas, ya que esta ley presenta una estructura similar a la que rige el sector privado, no obstante tener en cuenta las características propias de la función pública. Así también, lo señala el mensaje del Presidente de la República.