El presente informe jurídico tiene como objetivo analizar, en primer lugar, la naturaleza de las sanciones y medidas administrativas impuestas por el Ministerio de Energía y Minas a la empresa Compañía Minera San Nicolás S.A., a partir de los hallazgos de las acciones de fiscalización llevadas a cabo en la cuenca del Río Tingo Maygasbamba. Específicamente, si es que la medida de paralización temporal de las operaciones impuesta en el marco de la referida fiscalización tiene el carácter de una sanción. Esto permitirá concluir si es que la interposición de una demanda contencioso administrativa por parte de la empresa minera contra lo resuelto por el Ministerio de Energía y Minas, así como la suspensión del procedimiento de ejecución coactiva respectivo, podrían eventualmente suponer la suspensión de la ejecución de la medida de paralización temporal. En segundo lugar, se analizará si el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería-OSINERGMIN, se encontraba facultado a realizar una diligencia de supervisión en las instalaciones de la empresa minera referida anteriormente. Dicha diligencia tenía como finalidad comprobar la ejecución de la medida de paralización temporal impuesta meses atrás por el Ministerio de Energía y Minas, como consecuencia de los resultados obtenidos en las acciones de fiscalización detalladas anteriormente.

En nuestra realidad nacional se puede apreciar que no existe una aplicación correcta del principio de mínima Intervención en función a la determinación de conductas ambientales penalmente relevante, en donde se puede afirmar que como bien jurídico protegido se busca garantizar la estabilidad de los ecosistemas, a través de diseñar una propuesta legislativa en función a la problemática existente con criterios constitucionales y buscando la aplicación del principio de fragmentariedad frente a las conductas ilícitas ambientales recogidas en el ordenamiento penal peruano, delimitando aspectos en función al derecho penal ambiental pues este no debe criminalizar cualquier conducta que vulnere el entorno, sino aquellas perjudiciales al ambiente o a la salud ambiental, mediante su lesión o puesta en peligro grave, teniendo en cuenta los altos índices de incidencia que ocurren no solo la región materia de estudio sino en todo el territorio nacional.

El presente informe jurídico tiene objetivo general realizar un análisis de la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente N° 03343-2007-PA/TC, en el que se resolvió la demanda de amparo interpuesta por el señor Jaime Hans Bustamante contra Occidental Petrolera del Perú; LLC, Sucursal del Perú, Repsol Exploración Perú, Sucursal del Perú, Petrobras Energía Perú S.A y el Ministerio de Energía y Minas. En ese sentido, en el presente informe se realiza una revisión doctrinaria, jurisprudencial y legislativa con la finalidad de repensar la controversia discutida en dicha sentencia. Al respecto, en el presente documento se concluye que la demanda de amparo interpuesta debió ser declarada improcedente por la configuración de la sustracción de la materia; sin perjuicio de la evaluación a cargo del juez constitucional sobre la necesidad de emitir un pronunciamiento en atención al carácter objetivo del proceso de Amparo. Asimismo, también se concluye que a la controversia bajo análisis le subyace un conflicto constitucional entre la libertad de empresa y el derecho a gozar de un medio ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida; de tal manera que, su conciliación debe realizarse en el marco del principio constitucional de desarrollo sostenible. Finalmente, en el presente informe se concluye que la inexistencia del Plan Maestro del ACR Cordillera escalera no es un impedimento para el desarrollo de las actividades de hidrocarburos al interior de esta área; de modo que, los derechos preexistentes de los titulares debían ser respetados

El delito de contaminación ambiental con presencia del daño al medio ambiente, se deben establecer de manera primordial formas de reparación in natura, ya que solamente de esta manera se logrará una efectiva reparación al medio ambiente lamentablemente en diversos pronunciamientos de la Procuraduría Publica Especializada en Delitos Ambientales no se han pronunciado al respecto, teniendo en cuenta que nuestra finalidad está basada en el objetivo principal el cual expresa en plantear la propuesta legislativa en función a la problemática planteada con criterios constitucionales y garantizando que se tenga en cuenta la reparación in natura cuando se fije la reparación civil, durante la investigación fiscal y asimismo se realice la adecuada valoración del daño, en los procesos penales sobre delitos ambientales.

En la presente investigación se analiza la viabilidad jurídica, de gestión pública y ambiental de la implementación de instrumentos de gestión ambiental (IGA) colectivos en proyectos acuícolas de categoría de micro y pequeña empresa (AMYPE) ubicados de forma contigua en zonas marítimocosteras del litoral peruano, analizando de forma particular el caso de la Bahía de Sechura, en el departamento de Piura. De esta forma, en la redacción del trabajo se demuestra la significativa contribución que ofrece este tipo de esquema de evaluación del impacto ambiental para una gestión ambiental eficiente de la maricultura AMYPE en el país, así como la necesidad de reformas institucionales y de fortalecimiento de las condiciones competitivas de los productores acuícolas para el desarrollo sostenible de las economías locales y el logro de objetivos de política ambiental a nivel nacional e internacional. En base a ello, se realiza una revisión de los alcances de la elaboración de IGA colectivos en el proceso de evaluación del impacto ambiental de proyectos de maricultura AMYPE según la normativa peruana, tomando en cuenta propuestas de regulación extranjeras y de organizaciones internacionales especializadas. Cabe advertir entonces que en esta investigación no será materia de estudio (al menos de forma pormenorizada) (i) el ejercicio de las competencias de evaluación, supervisión, fiscalización y sanción ambientales en proyectos de maricultura ejercidos a través de IGA colectivos, (ii) la regulación de lineamientos para la elaboración de IGA colectivos en maricultura u otras actividades productivas o (iii) un análisis integrado de los cambios institucionales y de incentivos para el correcto funcionamiento de los IGA colectivos en el subsector en mención. / This paperwork contains an analysis for the legal, public and environmental management viability applied in the implementation of the collective environmental management instruments in agricultural projects for the micro and small companies located contiguously in maritime-coastal areas of the peruvian coast, at the case of Sechura Bay, department of Piura. As a result, the next pages demonstrate the significant contribution offered by this type of environmental impact assessment for an efficient environmental management of the micro and small mariculture in our country, as the necessity of institutional reforms and the enforcement of the competitiveness of the aquacultural developers, in order to promote the sustainable development of the local economies and the achievement of the environmental policy objectives at the national and international level. In that sense, this paperwork is also a review for the scope of the promotion of collective environmental management instruments out in the process of the environmental impact assessment in the micro and small mariculture projects according to the peruvian regulations, taking into account foreign regulation and specialized international organizations proposals. It must be warned that in this research will not be analyzed (at least in detail) (i) the environmental supervision, control and sanction in mariculture projects organized through collective environmental management instruments, (ii) the guidelines for the collective environmental management instruments in mariculture or other activities or (iii) an integrated analysis of institutional changes and incentives for the proper functioning of collective environmental management instruments in the aquaculture subsector. / Trabajo académico

La contaminación atmosférica, es un problema ambiental que vive nuestro país, y que la ciudad de Chiclayo no es ajena a esta coyuntura, pues las unidades móviles que circulan prestando el servicio de transporte público tienen una antigüedad mayor a los 15 años, generando con ello, la afectación de los derechos a la salud, y a un ambiente equilibrado y adecuado. Por ende, la presente investigación, permitió acercarnos a dicha realidad, a través de una metodología de encuesta basada en la identificación de los años de antigüedad del vehículo de empresas que presta el servicio de transporte público. Metodología que, contribuyó al análisis de la problemática real y actual del Parque Automotor de la ciudad de Chiclayo, para luego confirmar que efectivamente al presentarse el Parque Automotor de dicha ciudad, con un nivel de obsolescencia y antigüedad, emiten a la atmósfera sustancias tóxicas que, originan enfermedades perjudiciales para las personas, e imposibilitan el disfrute de una calidad ambiental óptima.

Es sabido que nuestro territorio nacional está cubierto por bosques, la cual se ubica en costa, sierra y selva. Sin embargo, los bosques de nuestro país, por el contrario, cada año se destruyen en cantidades considerables, debido a que la misma ocurre de manera ilegal. Sin embargo, pese a que en nuestra legislación contamos con normas penales y administrativas que están diseñados para reprimir las conductas que estén referidos al tráfico ilegal de productos forestales maderables, previstas en el artículo 310-A del Código Penal y artículo 207.3.i) del Reglamento para la Gestión Forestal. Pues, ninguna de las normas citadas refiere sobre la cantidad trasportada de productos o especímenes forestales maderables que delimiten cuándo nos encontramos frente a un delito y cuándo frente a una infracción administrativa. Si bien en la norma administrativa precisa como infracción a la guía de transporte, sin embargo, a ello se debe añadir la cantidad del producto maderable, para con ello precisar hasta que cantidad será considerado una sanción administrativa y cuando una sanción penal. El objetivo planteado es la propuesta de modificación del art 207.3.i) del Reglamento para la Gestión Forestal de la Ley Nº 29763, para una buena aplicación de la norma administrativa y penal. Por otro lado, el objetivo de la presente es precisar las ideas que permitan una adecuada y efectiva sanciona penal y administrativa del problema citado. En cuanto a la metodología empleada para el trabajo desarrollado fue de la encuesta directa realizada al personal Fiscal de la Fiscalía Especializada en materia Ambiental del departamento de Huánuco, quien tiene a su cargo el control de procesos en el ámbito ambiental. El procedimiento empleado es el analítico; llegando a la conclusión de la necesidad de modificar el art. 207.3. i) del Reglamento Forestal con el fin de contribuir a evitar la continua depredación de los bosques.

El presente trabajo académico aborda la cuestión controvertida referente a la competencia de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) para sancionar ante eventuales afectaciones que pudieran generarse sobre la laguna Shanshococha, debido a que dicho organismo ejerce jurisdicción administrativa exclusiva en materia de aguas. Abordé este tema debido a que considero que resulta necesario establecer cuáles son las competencias que ejerce la OEFA y la ANA en la fiscalización de la calidad del recurso hídrico en el desarrollo de las actividades de hidrocarburos. La hipótesis que planteo es que no existe superposición de funciones entre ambas entidades, y que el inicio de procedimientos administrativos sancionadores independientes por parte de OEFA y ANA no estaría vulnerando el principio Non bis ídem. Cabe señalar que en la presente investigación haré la revisión de un caso específico relacionado al impacto de la laguna Shanshococha por parte de la empresa Pluspetrol Norte, teniendo en cuenta la posición del Tribunal de Fiscalización Ambiental de la OEFA, y haciendo una crítica de esta. En ese sentido, con este trabajo podré determinar las competencias de fiscalización que tiene la ANA y la OEFA en la fiscalización de la calidad del recurso hídrico, y que la actuación de ambas entidades no vulnera el principio Non Bis Idem.

En el presente informe se analiza la Resolución N° 006-2013-OEFA/TFA, el mismo que confirma la Resolución de sanción emitida por la Dirección de Fiscalización, Sanción y Aplicación de Incentivos (DFSAI) del OEFA contra la empresa Pluspetrol Norte S.A. por el incumplimiento de los compromisos asumidos en el Instrumento de Gestión Ambiental. Al respecto, tanto el Tribunal de Fiscalización Ambiental (TFA) y la DFSAI concluyeron que la empresa no culminó, en el plazo establecido en el cronograma del Plan Ambiental Complementario (PAC) del Lote 8, con las actividades de remediación de suelos y lagunas del yacimiento Yanayacu. Este yacimiento se encuentra ubicado dentro del área de la Reserva Nacional Pacaya Samiria, departamento de Loreto. En el procedimiento administrativo sancionador se advierte que ambas instancias no desarrollan adecuadamente figuras jurídicas relevantes que justifican su decisión. Así, no se ha explicado por qué se la aplicación de la responsabilidad objetiva, la naturaleza jurídica de la opinión emitida por Sernanp y la aplicación de los principios de razonabilidad y debida motivación cuando se procede a calcular la multa. En ese sentido, el objetivo del informe es abordar y explicar estos problemas jurídicos, partiendo de la base normativa empleada al momento de ocurridos los hechos (años del 2009 al 2013) y la normativa vigente; así como jurisprudencia del Tribunal Constitucional peruano; y doctrina peruana y comparada. El empleo de estas fuentes del derecho será fundamental para proporcionar una postura coherente y sólida respecto a la decisión del OEFA. / This legal report analyses Resolution N° 006-2013-OEFA/TFA, which confirms the sanction resolution issued by the "Dirección de Fiscalización, Sanción y Aplicación de Incentivos" (DFSAI) of the OEFA against the company Pluspetrol Norte S.A. for non-compliance with the commitments assumed in the Environmental Management Instrument. In this regard, both the "Tribunal de Fiscalización Ambiental" (TFA) and the DFSAI concluded that the company did not complete the soil and lagoon remediation activities at the Yanayacu field within the timeframe established in the schedule of the Complementary Environmental Plan (PAC) for Lot 8. This oilfield is located within the Pacaya Samiria National Reserve, department of Loreto. In the present administrative sanctioning procedure, it is noted that both instances do not adequately develop relevant legal figures that justify their decision. Such is the case of the application of objective responsibility, the legal nature of the opinion issued by Sernanp and the application of the principles of reasonableness and due motivation when calculating the fine. In this sense, the objective of the report is to address and explain the legal problems that arise in the case, based on the normative basis used at the time of the events (years from 2009 to 2013) and the current regulations; as well as jurisprudence of the peruvian Constitutional Court; and peruvian and foreign doctrine. The use of these sources of law will be essential to provide a coherent and solid position on the OEFA decision.

El fenómeno del cambio climático se distingue por las elevadas temperaturas y la modificación en las condiciones climáticas, lo cual está ocasionando múltiples repercusiones ecológicas, incluyendo la escasez de agua. Ante esta situación urgente, las Naciones Unidas insta a los paises miembros a gestionar adecuadamente este recurso. En este sentido, países como Perú, que se ha visto fuertemente afectado por la escasez de agua potable y de calidad, ha implementado diversas estrategias, entre ellas, una herramienta financiera llamada Mecanismo de Retribución por Servicios Ecosistémicos - MERESE. Mediante esta herramienta, se busca preservar el agua en sus fuentes naturales como ríos, lagos y lagunas, a través de acuerdos voluntarios entre los que contribuyen y los que reciben los beneficios de este servicio. Desde el año 2014, este mecanismo está regulado por la Ley 30215 - Ley de mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos y su reglamento. Sin embargo, hasta el momento, su aplicación a nivel nacional no es amplia debido a obstáculos institucionales. Además, en el caso específico de los MERESE aplicados por las empresas prestadoras de servicios de saneamiento - EPS, surgen problemas relacionados con el cálculo de las tarifas, la identificación de los contribuyentes y beneficiarios de dicho servicio, y la contratación a través de los mecanismos establecidos por el Estado. Estos mecanismos no contemplan la necesidad de un sistema especial para invertir los fondos del MERESE y contratar directamente con las comunidades campesinas, que son los principales contribuyentes. En conclusión, si se resuelven estos obstáculos, existen oportunidades para una aplicación más eficiente de los MERESE hidricos en nuestro país. / The phenomenon of climate change is distinguished by high temperatures and the modification of climatic conditions, which is causing multiple ecological repercussions, including water scarcity. In the face of this urgent situation, the United Nations urges member countries to manage this resource properly. In this sense, countries such as Peru, which has been heavily affected by the shortage of clean and quality water, have implemented various strategies, including a financial tool called the Ecosystem Services Remuneration Mechanism (MERESE). Through this tool, the aim is to preserve water in its natural sources such as rivers, lakes, and lagoons, through voluntary agreements between those who contribute and those who receive the benefits of this service. Since 2014, this mechanism has been regulated by Law 30215 - Law on mechanisms for remunerating ecosystem services and its regulation. However, at the national level, its implementation is not extensive due to institutional obstacles. Furthermore, in the specific case of MERESE applied by water service providers (EPS), problems arise in relation to tariff calculation, identifying contributors and beneficiaries of this service, and contracting through mechanisms established by the State. These mechanisms do not consider the need for a special system to invest MERESE funds and directly contract with peasant communities, who are the main contributors. In conclusion, if these obstacles are resolved, there are opportunities for a more efficient implementation of water-related MERESE in our country. / Trabajo académico