Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El propósito del presente trabajo consiste en el análisis del sistema probatorio a la luz del Código de Procedimiento Civil vigente en nuestro país, el cual se remonta al año 1902 y que hasta el día de hoy no ha tenido importantes modificaciones. Al respecto, nos avocaremos específicamente al tratamiento de la confesión como medio de prueba. Con este objetivo, analizaremos el tratamiento de la confesión en nuestro actual procedimiento civil y en otros procedimientos, como los de familia y laboral, para terminar, particularizando en los sistemas de valoración que rigen a cada uno. Lo anterior, aportará elementos importantes a la discusión a propósito de la relación que existe entre la confesión y su transformación en una declaración de parte, considerando si el sistema de valoración que rige al procedimiento es el de prueba legal o tasada o sana crítica. Analizaremos cuál ha sido la regulación de este medio de prueba en legislaciones de otros países para dar cuenta de la evolución de la confesión a una declaración de parte sustentada en procedimientos orales, donde rige el principio de la inmediación y en los cuales la prueba se valora conforme a las normas de sana crítica como un sistema racional y que busca la mayor certeza para alcanzar una decisión justa del juez. En base a lo anterior, nos detendremos en el procedimiento laboral, realizando un estudio de su normativa y a la vez un análisis jurisprudencial para comentar algunas de las problemáticas que lleva consigo la confesión y ix por lo tanto, dar cuenta de las críticas que pueden verificarse respecto de este medio de prueba. Finalizaremos la investigación con ciertas consideraciones respecto al Proyecto de Nuevo Código Procesal Civil en Chile que se encuentra en el Congreso Nacional desde el año 2012. Analizaremos brevemente los cambios que conllevará para el procedimiento civil y los nuevos principios que lo regirán, deteniéndonos a la vez, en la consagración de la declaración de parte como medio de prueba: una declaración voluntaria, oral, valorada conforme a la sana crítica y donde no solo se considerarán los hechos perjudiciales declarados por la parte para la valoración de la prueba, sino también aquellos que le favorezcan, apartándose de esta forma, de la anacrónica confesión.

En este trabajo se aborda la nueva Ley de Jurisdicción Voluntaria desde el enfoque de la intervención de los Letrados de la Administración de Justicia, tanto en cuanto a su labor de impulsor de la tramitación como en su función, en ciertos casos, de decisor; con todos los interrogantes doctrinales que tal atribución plantea y el análisis de los aciertos y cuestiones mejorables que contiene. La LJV regula propiamente en su texto los expedientes tramitados por Jueces o Letrados de la Administración de Justicia y atiende en sus disposiciones finales aquellos otros asuntos que pasan a ser expedientes notariales y registrales, recogiéndose su regulación en otras leyes, y siendo competencia de Notarios y Registradores de la Propiedad y Mercantiles. La LJV pretende la modernización de una parte del “sistema positivo de tutela del Derecho Privado”, ofreciendo mayor coherencia a nuestro sistema procesal, para lo cual es imprescindible conocer los antecedentes prelegislativos y doctrinales de la actual Ley. Se analiza el concepto de jurisdicción y su alcance en la actuación del Letrado de la Administración de Justicia en este tipo de expedientes. Para ello, se estudia la parte general de la LJV, donde se analizan los aspectos procesales de la tramitación general del procedimiento. Seguidamente, se abordan los expedientes que son competencia exclusiva del Letrado de la Administración de Justicia y, por último, los que tramita y decide de manera concurrente con otros operadores jurídicos.

En el Perú la familia y el matrimonio son institutos naturales y fundamentales de la sociedad, por ende, el Estado siempre velará por que se mantenga en el tiempo, pero actualmente se evidencia un aumento por no decir excesivo de divorcios, esto por diferentes causales, lográndose finalmente la disolución del vínculo matrimonial. Es por ello que una de las causales de divorcio es por separación de hecho, esto se puede dar cuando ha pasado dos años si no tienen hijos, pero si los tuvieran a los cuatro años. Respecto de la causal de separación de hecho para que se disuelva el divorcio, el juez debe evidenciar quién es el cónyuge más perjudicado y por ende determinar una indemnización, aplicando para ello solo la discrecionalidad de acuerdo al grado de perjuicio; sin embargo, en la investigación realizada se propone que para dicha indemnización debe aplicarse en base a los elementos de la responsabilidad civil extracontractual. Para esta investigación se tiene como objetivo general que, la teoría de la responsabilidad civil extracontractual debe aplicarse en los casos de indemnización en el divorcio por separación de hecho, frente a la posición estrictamente objetiva de obligación en el III pleno casatorio civil. Se ha utilizado el método descriptivo explicativo, así como el análisis de sentencias, obteniendo con ello conclusiones, recomendaciones y la propuesta respectiva.

El principal objetivo del presente trabajo de investigación fue determinar la forma en que la reserva de los actos de investigación recabados en la fase de corroboración del proceso por colaboración eficaz vulnera el derecho de defensa del coimputado sindicado. El estudio se realizó en función a la legislación nacional, esto es, conforme al Nuevo Código Procesal Penal y a las modificaciones introducidas por el Decreto Legislativo N° 1301, que dota de eficacia al proceso por colaboración eficaz, en concordancia con el Decreto Supremo N° 007-2017-JUS, que aprueba su reglamento. Además, se examinó la doctrina nacional y extranjera, que tratan sobre el referido proceso y la importancia del derecho defensa que le asiste al imputado en el proceso penal. Los resultados más relevantes que se obtuvieron con el estudio fueron, en primer lugar, que el proceso por colaboración eficaz lleva a cabo actos de investigación en contra de una persona sin que esta tenga la posibilidad de conocer ni intervenir en ellos; en segundo lugar, que el derecho de defensa es la garantía procesal por excelencia para asegurar el debido proceso y; finalmente, que existen serios cuestionamientos a la constitucionalidad del proceso por colaboración eficaz. Como conclusiones, se advierte que, producto de la reserva de los actos de investigación recabados en la fase de corroboración del proceso por colaboración eficaz, se vulnera flagrantemente el derecho de defensa del coimputado sindicado, al no permitirle tener conocimiento ni participar en los mismos a fin de que pueda oportunamente contradecirlos, como normalmente sucede en el proceso penal común.

El presente trabajo de investigación se enfoca en explicar porque deberá normarse la prórroga de prisión preventiva aplicada en la práctica por los operadores del derecho resultando más favorable al preso preventivo. Por lo que en el primer capítulo abordaremos la prisión preventiva como medida de coerción personal, así como los presupuestos y principios en la doctrina y nuestra legislación. En el segundo capítulo, analizaremos la prolongación de la prisión preventiva y sus diversas modificatorias, el cual permite dejar en conocimiento que dicha figura es autónoma y pues ser requerida únicamente en atención a sus presupuestos establecidos cuando concurra especial dificultad. Por ultimo en el tercer capítulo afianzaremos todo lo desarrollado en la investigación bajo una nueva figura - prórroga, la cual se propone adoptar una posición en la doctrina nacional, teniendo en cuenta lo más favorable para el imputado y para el proceso.

El proceso de alimentos ha sido diseñado legalmente como un proceso célere y eficaz que tiene como finalidad que los beneficiarios en esta caso, los menores en estado de necesidad obtengan lo indispensable para cubrir sus necesidades básicas como alimentación, salud, vivienda y educación dentro de la sociedad sin que se vulnere ninguno de sus derechos, por tal razón, este proceso es tomado además como un mecanismo de defensa rápido que le permite al menor alimentado, que uno de sus padres en representación del menor en estado de necesidad acuda ante el órgano competente para solicitar una pensión alimenticia que le permita solventar sus necesidades económicas de manera rápida, debido a que este proceso esta categorizado como un procedimiento rápido y ágil que trabaja conjuntamente con los principios de celeridad y tutela rápida a favor del menor o el sujeto en estado de necesidad. No obstante, en base al estudio generado en la presente investigación se ha logrado determinar que el proceso de alimentos no está cumpliendo con la objetivo de brindar un pensión rápida y proporcional al menor en estado de necesidad por la falta viabilidad en el procedimiento por parte de los jueces; Lo que ha generado un que en la práctica no se cumpla con los plazos cortos que brinda este proceso, generando así una grave vulneración al menor en estado de necesidad. Por ello, es importante precisar que este problema se ha generado por la sobrecarga procesal que existe en los juzgados de paz letrado, afectando notable al Principio del interés superior del niño, es decir, del menor alimentado por lo que es necesario crear lineamientos mínimos de solución normativo en base a una Simplificación del Proceso de Alimentos, en base al principio de oralidad en el Proceso procesal civil en la Audiencia Única, el formado de Conciliación y la Unificación de la Audiencia Única en el Traslado de la Demanda del Artículo 168° código del niño y del adolecente, con la finalidad de disminuir la carga procesal de los juzgados Paz Letrado y evitar que se siga vulnerado el Principio del interés superior del niño.

La colaboración eficaz, es aquel instrumento que permite coadyuvar en las investigaciones para la desarticulación de organizaciones criminales y que tiene como fin la búsqueda de la verdad en el trascurso de todo el proceso, ya que el testimonio del colaborador puede incurrir en falsedades por diversos factores, por ello nos hemos propuesto como objetivo general. Determinar los fundamentos para la modificación que amerite la revocación de los beneficios del colaborador eficaz ante la falsedad de su versión conforme el artículo 409 del Código Penal. A fin de lograr el objetivo general, establecimos dos objetivos específicos: Analizar la figura de Colaboración Eficaz y Delito de Falso Testimonio en Juicio; fundamentar la propuesta de modificación legislativa del artículo 409 del Código Penal ante la comprobación del falso testimonio del Colaborador Eficaz. Para ello, se ha seguido una metodología de investigación cualitativa, conjuntamente con un diseño de investigación bibliográfico, utilizando el método analítico para el estudio de los elementos constitutivos y términos básicos. Puesto que en la actualidad esta figura procesal debe privilegiar la verdad del testimonio otorgado por el Colaborador Eficaz, pudiendo comprobarlo de manera total con pruebas externas, para que no se incurra en sentencias erróneas e injusticias, recordando que la declaración del colaborador puede ser trastocada o manipulada para beneficios propio, venganza y otros factores, siendo necesario la modificación del mencionado artículo para contar con una normativa que sancione al Colaborador eficaz que proporciona testimonio falso.

Consiste en un análisis crítico de las normas de interpretación principalmente en el procedimiento contencioso tributario contenido en el LIBRO TERCERO - TITULO III - CAPITULOS del I al V del Texto Único Ordenado del Código Tributario vigente aprobado por Decreto Supremo N° 133-2013-EF, publicado en el diario oficial El Peruano el 22 de junio de 2013, por los tributos que son administrados por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria y, de los pronunciamientos del Tribunal Fiscal vinculados con la interpretación de la aplicación de las normas legales que establecen criterios que debe seguir la referida administración así como de los pronunciamientos del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional. / Tesis

El plazo razonable se encuentra ligado al concepto del debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva, a razón de que todo ser humano tiene derecho a ser oído por un tribunal competente, con las garantías mínimas y dentro de un tiempo que no denote la configuración de una victoria pírrica. El objetivo de la presente investigación es responder si en el caso de la NLPT, los juzgados y salas superiores de la CSJLIMA cumplen con el derecho al plazo razonable, durante el periodo 2017-2021. El análisis de la investigación utiliza los criterios jurisprudenciales establecidos por la Corte IDH, los dos parámetros propuestos (el carácter alimentario del proceso laboral y la seguridad jurídica) y data obtenida del ETII NLPT adscrita al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial del Perú, la Secretaría Técnica del ETII NLPT de la CSJLIMA y el Área de Administración de las Salas Laborales – NLPT de la CSJLIMA. Estos elementos han permitido identificar la vulneración del derecho al plazo razonable en dichas instancias jurisdiccionales y dentro del periodo estudiado. / The reasonable term is linked to the concept of due process and effective jurisdictional protection, because every human being has the right to be heard by a competent court, with the minimum guarantees and within a time that does not denote the configuration of a Pyrrhic victory. The objective of the present research is to answer whether in the case of the NLPT, the courts and superior chambers of the CSJLIMA comply with the right to reasonable time, during the period 2017-2021. The analysis of the research uses the jurisprudential criteria established by the IACHR Court, the two proposed parameters (the alimentary nature of the labor process and legal certainty) and data obtained from the ETII NLPT attached to the Executive Council of the Judiciary of Peru, the Technical Secretariat of the ETII NLPT of the CSJLIMA and the Area of Administration of the Labor Chambers - NLPT of the CSJLIMA. These elements have made it possible to identify the violation of the right to reasonable time in these jurisdictional instances and within the period studied. / Trabajo académico

En el presente trabajo se realiza un análisis de la sentencia contenida en la Casación N° 11978-2020 LIMA ESTE desde la perspectiva del principio de congruencia procesal. Comenzamos por realizar un análisis sobre la declaración de rebeldía y si la misma pudiera implicar una vulneración al derecho a la defensa. Posteriormente, se procede con el análisis de la sentencia de vista que dio origen a la casación, siendo que, durante el desarrollo de todo el proceso, se presentaron diversas patologías de carácter procesal que dieron lugar a una de las figuras más controvertidas en la actualidad: un pronunciamiento inhibitorio contenido en sentencia. Además, nos referiremos a si, en el caso concreto, la revocación de la sentencia de primera instancia mediante la sentencia de vista fue adecuada o si, en todo caso, debió declararse nula. Posteriormente, se realiza un análisis de la sentencia de casación en concreto, el cual nos permite referirnos al alcance del principio de congruencia procesal, para luego referirnos a los alcances del principio iura novit curia y cuáles son las reglas vinculadas a su aplicación. Finamente, se realiza un contraste entre ambos principios para así poder determinar si son excluyentes entre sí o sí pueden coexistir en un proceso, siendo la tarea en cuestión establecer si el principio de congruencia procesal es factible de ser flexibilizado. / The present paper contains an analysis of the sentence contained in Cassation No. 11978-2020 LIMA ESTE from the perspective of the principle of procedural congruence. We begin by analyzing the declaration of default and whether it could imply a violation of the right to defense. Subsequently, we proceed with the analysis of the appellate judgment that originated the cassation, given that throughout the entire process, various procedural irregularities occurred, giving rise to one of the most controversial figures nowadays: an inhibitory pronouncement contained in the sentence. Furthermore, we will address whether, in the specific case, the revocation of the initial judgment by the appellate judgment was appropriate, or if, in any case, it should have been declared null. Later, a specific analysis of the cassation sentence is carried out, which allows us to refer to the scope of the principle of procedural congruence, and then discuss the scope of the principle of iura novit curia and the rules associated with its application. Finally, a comparison between both principles is made in order to determine if they are mutually exclusive or if they can coexist during the process, with the task at hand being to establish whether the principle of procedural congruence can be flexibilized or not