El sector minero en el Perú es de vital importancia debido a su participación en la economía peruana. Debido a esto, es importante el análisis de sus cuentas e información financiera para una correcta clasificación y medición de sus instrumentos financieros. En este sentido, la presente investigación de tesis tiene como objetivo principal analizar si la aplicación de la NIIF 9 Instrumentos Financieros tiene un impacto en la Clasificación y Medición de las Cuentas por cobrar comerciales en las empresas del sector minero peruano supervisadas por la SMV, donde se desarrollarán diversos casos prácticos de las principales empresas mineras en el Perú. Los objetivos específicos por desarrollar son analizar la transición de la NIC 39 a NIIF 9, el impacto en el estado de resultados y en otros resultados integrales en las empresas del sector minero en el Perú producto de la aplicación de la norma. Esta investigación es relevante en las mineras en el Perú ya que estas tienen constantes movimientos en las cuentas por cobrar los cuales, en su mayoría, son instrumentos financieros los cuales deben implementar la aplicación de la NIIF 9. Para la resolución del trabajo, se apoyará en el uso de información de la SMV, revistas académicas, publicaciones académicas, libros y tesis similares al tema a realizar. Finalmente, la metodología utilizada es de tipo cualitativa ya que se hace una descripción de forma específica del impacto contable de la NIIF 9 en los estados financieros de las principales empresas mineras

El presente trabajo de investigación analiza si la compensación de oficio de deudas tributarias no exigibles, efectuada por la Administración Tributaria durante un proceso de verificación y/o fiscalización, al amparo de lo establecido en los artículos 39 y 40 de nuestro Código Tributario; es consistente con los principios constitucionales de legalidad, igualdad, no confiscatoriedad y del debido procedimiento administrativo, en su vertiente relacionado al derecho de defensa. Para lo cual, se simula un test de ponderación en el cual se evalúa la razonabilidad y proporcionalidad; la idoneidad de la medida; la necesidad y la comparación entre el grado de realización u optimización del fin constitucional; y, la intensidad de la intervención en el derecho fundamental. A partir de este análisis se concluye que este tipo de compensación se fundamenta en los principios del deber de contribuir y de solidaridad, así como en los principios vinculados a la eficiencia del Estado; no vulnera el derecho de defensa de los deudores tributarios, al tener éstos la opción de impugnar el acto administrativo que contiene la compensación; así como, no vulnera el derecho de igualdad de los deudores, por cuanto la medida adoptada es idónea, necesaria y proporcionada con el fin constitucional que se pretende conseguir; constituyendo un trato legal diferenciado con base en justificaciones objetivas y razonables. El tema ha tenido un escaso desarrollo en la doctrina nacional, siendo la presente investigación una oportunidad para establecer una posición sustentada respecto a la procedencia de la compensación de oficio de deudas tributarias no exigibles.

El presente trabajo de investigación aborda a la queja desde su naturaleza como remedio procesal, a través de sus distintas características y tipos, hasta centrarnos en su ámbito de aplicación y como éste ha sido delimitado por el artículo 155° del Código Tributario. En esa línea, se analiza a la jurisprudencia emitida por el Tribunal Fiscal como herramienta complementaria a la labor reguladora efectuada por el legislador con relación al ámbito de aplicación de la queja, y sobre todo, si esta ha sido una solución eficiente al carácter general del que adolece dicho remedio procesal, o si de lo contrario es necesario un nuevo enfoque de su actividad resolutora para la implementación de modificaciones normativas que coadyuven a una mayor eficiencia administrativa. Finalmente, se ahonda en la estructura normativa del inciso a) del artículo 155° del Código Tributario para efecto de determinar cuales son los conceptos jurídicos indeterminados contenidos en dicha norma, y evaluar como se han propiciado los vacíos normativos que han tenido que ser suplidos por la jurisprudencia del Tribunal Fiscal, lo cual va en paralelo con la formulación de propuestas de reforma normativa tendientes a generar un escenario de mayor predictibilidad jurídica.

La economía peruana está creciendo a un ritmo lento, a pesar de los esfuerzos realizados por el Estado y los agentes económicos, es preciso continuar con políticas que logren el objetivo de disminuir la pobreza y brindar bienestar a la nación. Para ello el Estado desarrolla políticas económicas, entre ellas las tributarias que buscan coadyuvar al logro del objetivo mencionado, estas involucran no solamente a los agentes internos como los organismos estatales, las empresas y ciudadanos, sino también agentes extranjeros. Una de las formas de ejecutar políticas de mejoramiento de servicios públicos en beneficio de la nación, es la construcción de vías de comunicación, infraestructura para servicios de salud, infraestructura deportiva como en el caso de los Juegos Panamericanos Lima 2019, o asesoría especializada, entre otros. Es así que, a través de la construcción de importantes proyectos, se logra estimular el crecimiento de la economía y se genera bienestar, dada la envergadura de estas actividades, este tipo de proyectos pueden ejecutarse a través de Consorcios, en donde por lo general, participan empresas nacionales y extranjeras que cuentan con la experiencia requerida para este tipo de proyectos. El objetivo de este trabajo es dilucidar el tratamiento tributario que debe aplicarse a los partícipes no domiciliados de Consorcios sin contabilidad independiente en el Perú, a la luz de las normas peruanas vigentes a la fecha, teniendo en cuenta la entrada en vigencia de las últimas modificaciones tributarias de octubre del 2018, puesto que inclusive con la última modificación no se da por solucionados los problemas que pueden originarse en la falta de claridad en la aplicación de las normas en cuanto al impuesto a la renta, y por otro lado esta falta de claridad también alcanza al tratamiento del Impuesto General a las Ventas en lo que se refiere al principio de neutralidad del IGV. Al parecer, la legislación tributaria no permitiría la participación de sujetos no domiciliados en consorcios, si bien la norma no lo indica tácitamente, la aplicación de las normas actuales nos llevaría a esa conclusión de que existe un vacío legal en la normativa actual, la que ha sido diseñada por el legislador con un alcance limitado, es decir que las normas están diseñadas únicamente para sujetos domiciliados. Inclusive tomando en cuenta los últimos cambios en la definición del Establecimiento Permanente en la ley del Impuesto a la Renta, en cuya aplicación práctica tenemos que los todos los consorcios deberían configurar un establecimiento permanente y por lo tanto domiciliarse, sin embargo, este caso no sería general, con lo cual, nos encontramos frente al mismo vacío legal existente hasta el momento. Como veremos en el presente trabajo esta situación podría tener efectos negativos para el sujeto no domiciliado, y dependiente de la planificación tributaria que este pudiera aplicar, el efecto podría ser el aplazar el pago del impuesto a la renta a discreción del propio sujeto. En general, la fata de seguridad jurídica al respecto podría tener efectos negativos extrafiscales, tal como desincentivar la inversión extranjera tan necesaria para nuestro país. / Trabajo de investigación

Hoy en día, el interés de las compañías en retener a sus trabajadores más destacados ha ocasionado que éstas busquen distintos mecanismos de incentivos para conservarlos. Es así que en la actualidad muchas empresas – especialmente las multinacionales – ofrecen a sus trabajadores la posibilidad de participar en programas de incentivos en acciones– denominados “equity awards”-con la finalidad de retribuir a sus ejecutivos por su rendimiento y permanencia en la empresa y a su vez, generar una fidelización de los trabajadores con su empleador. Esta figura, si bien se presenta con mayor frecuencia en las grandes multinacionales a nivel mundial, no es ajena a la realidad en nuestro país, dado que en muchas de las filiales de estas compañías que se encuentran localizadas en el Perú, se ofrecen programas de incentivos a largo plazo en acciones a sus trabajadores. En efecto, compañías de los distintos rubros, como del sector minero y de construcción, informático, bancario y financiero, farmacéutico, entre otros, han adoptado estos planes de incentivos en el país, lo cual indica que su estudio es necesario.

Actualmente, existe una controversia jurídica respecto de cómo y a través de que instrumento legal, el Estado debe ejercer su poder tributario en lo que se refiere a la creación de derechos arancelarios (tributos aduaneros). Así, por un lado, tenemos resoluciones del Tribunal Constitucional que establecen que tal poder le corresponde originaria y exclusivamente al Poder Ejecutivo y, por el otro, resoluciones de la Corte Suprema en el sentido que el aludido poder le corresponde al Poder Legislativo. Cabe destacar que existen nuevas resoluciones emitidas por la citada Corte sobre el particular, empero, que pecan de una cuestionable falta de debida motivación. A nuestro entender, tal controversia jurídica obedece a la ambigüedad del artículo 74 de la Constitución de 1993 en lo que se refiere a los aranceles y, sin duda, a la forma en que el Estado ha ejercido el poder tributario respecto de tal clase de tributos basado en afanes meramente recaudatorios. En este sentido, es importante que la academia proponga conceptos para definir los alcances del principio de reserva de ley y la aplicación de este principio en el caso de los tributos que gravan las operaciones del comercio exterior. Sobre todo, si siempre está abierta la posibilidad que, ante escasez de recaudación, pueda pretenderse la creación de derechos arancelarios a las importaciones o exportaciones sin la intervención del Poder Legislativo.

En el Perú la determinación de la base imponible del impuesto a la renta sobre las rentas del trabajo se realiza de manera objetiva a partir del año 1994, pero ello no siempre fue así. Anteriormente ésta se efectuaba realizando una serie de deducciones que para algunos autores era un método que se acercaba más a los principios de justicia tributaria porque tenía en cuenta la verdadera capacidad de contribuir con los gastos públicos. Es por ello que en la presente investigación, analizamos si la forma de obtención de la base imponible de modo objetivo es violatoria de algún principio de justicia tributaria, tales como el de capacidad contributiva o el de no confiscatoriedad. Ello teniendo en cuenta un modelo de Estado Constitucional de Derecho, así como también determinar cuáles son los principios que justificarían tal intromisión al derecho a la propiedad y a otros principios consagrados Constitucionalmente como lo serían el deber de contribuir basado en el principio de solidaridad, y la lucha contra la evasión fiscal y la informalidad. En su defecto determinaremos hasta qué punto se puede permitir dicha vulneración al principio de no confiscatoriedad, en un caso en particular; y en general a los principios de justicia tributaria a través del análisis del test de proporcionalidad que ha sido adoptado por el Tribunal Constitucional cuando existe alguna controversia o conflicto entre principios o derechos constitucionales. En consecuencia al finalizar la presente tesis se efectuará un análisis de ponderación o proporcionalidad entre el deber de contribuir basado en el principio de solidaridad y los derechos fundamentales de las personas, a la salud y la educación, basados en el valor dignidad humana. / In Peru, the determination of the tax base of income tax on labor income is made objectively from 1994, but this was not always the case. Previously this was done by making a series of deductions that for some authors was a method that was closer to the principles of tax justice because it took into account the true ability to contribute to public spending. Consequently, in the present investigation, we analyze whether the basic way of obtaining base is in violation of some principle of tax justice, such as that of contributory capacity or non-confiscatory capacity, within a Constitutional State of Law, as well as To determine which are the principles that would justify such an intrusion on the right to property and other principles enshrined in the Constitution, such as the duty to contribute based on the principle of solidarity, and the fight against tax evasion and informality. In its absence, we determine the extent to which this violation can be allowed to the principle of non-confiscation in a particular case and generally to the principle of tax justice, through the technique of weighing constitutional principles that conflict.

El presente trabajo tiene como objetivo el analizar el Régimen MYPE Tributario (RMT) como herramienta para el desarrollo de las micro y pequeñas empresas, en un contexto tributario donde tiene como pilares de su creación, ampliar la base tributaria e incentivar la formalización. Se entiende que, a través de este régimen la Administración Tributaria estará en condiciones de mejorar sus acciones conducentes al cierre de brechas tributarias e incremento del cumplimiento de obligaciones tributarias. El tema se desarrolla utilizando herramientas de análisis económico, legal y procedimental, que tiene como finalidad validar la hipótesis principal del trabajo, la que plantea que el RMT no está alcanzado los objetivos para los que fue creado, ampliar la base tributaria e incentivar la formalización. Siendo la ampliación de base tributaria y la formalización elementos medulares del análisis, estos se desarrollan en términos conceptuales y operativos, teniendo claro que la ampliación de base tributaria es la medida del valor sobre el cual se grava un impuesto y en el caso de la informalidad está es definida como la actividad lícita que no cumple con requisitos procedimentales, como son los registros, pago impuestos, entre otros. Actualmente, existen opiniones que indican que las MYPES son empresas de baja productividad, por ende, de bajo aporte a la base tributaria. De otro lado, los diagnósticos de la informalidad se orientan a los costos para formal, entre ellos los impuestos, en este contexto, un estudio del Banco Mundial para Perú demuestra que estos costos para las MYPES equivalen a más de 10% de sus ventas, de manera que la solución estaría por el lado de la simplificación más que en la reducción de tasas, que es lo que ha hecho el Régimen MYPE Tributario. Los resultados que a la fecha se tienen, llevan a pensar que no se están alcanzando los objetivos que se plantearon como base para la creación del régimen.

La presente investigación describe la actual regulación normativa del establecimiento de exoneraciones, beneficios e incentivos tributarios, especies desgravatorias existentes en nuestro país. Este esfuerzo académico se justifica en el hecho de que estas especies son continuamente utilizadas por nuestros operadores jurídicos, para otorgar ventajas impositivas a los particulares. No obstante ello, consideramos que esta regulación tiende a ser farragosa, por lo que ha sido la jurisprudencia la que ha asumido el deber de dotar de cierta claridad a sus conceptos y contenidos. Ante ello, la hipótesis de este trabajo se centra en señalar que, ante la confusa y dispersa regulación jurídica, corresponde a los tribunales emitir jurisprudencia para la correcta utilización de estas figuras. A efectos de demostrar nuestra hipótesis, en primer lugar presentamos la evolución histórica de la regulación de las especies desgravatorias, así como su actual configuración normativa. En segundo lugar, presentamos las definiciones y alcances esbozados por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Fiscal. En tercer lugar, evaluamos la utilidad del establecimiento de estas especies, así como posibles soluciones ante lesiones al principio de igualdad o problemas en cuanto a su aplicación temporal. En ese sentido, el trabajo concluye que a lo largo de cincuenta años, la regulación en torno a la exoneración, el beneficio y el incentivo tributarios no ha variado en sustancia. Ante ese inmovilismo legislativo, ha sido la jurisprudencia la que ha establecido criterios para hacer operativa su aplicación. Finalmente, concluimos que a efectos de la futura aplicación de estas figuras los operadores jurídicos deben valerse del test de razonabilidad y/o del de proporcionalidad.

En la actualidad la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera) debe lidiar con un obstáculo constante e interminable en el cumplimiento de sus funciones, que es el acceso indirecto al secreto bancario y reserva tributaria, aspecto legal que se encuentra establecido en el art. 2 inc. 5 párrafo segundo de la Constitución Política del Perú de 1993, que establece la necesidad de autorización judicial que permita acceso al contenido total o parcial de la información relevante del secreto bancario y reserva tributaria, este acceso no permite que la UIF pueda actuar de forma eficiente y célere en la investigación o sospecha de casos relacionados a lavado de activos y financiamiento del terrorismo, esta deficiencia se sustenta en el tiempo excesivo que debe esperar la UIF para acceder a la información, tiempo que se desarrolla entre un mínimo de 2 y máximo de 32 días, por ello se exhorta al legislador a realizar una modificación y variación en el acceso al secreto bancario y reserva tributaria, para ello se recurre a dos enfoques metodológicos que son el constitucional y el método comparado, el enfoque constitucional ha permitido realizar una ponderación entre el derecho a la intimidad por el contenido íntimo de los derechos de secreto bancario y reserva tributaria en contraposición con la defensa de la persona humana y del Estado peruano, enfoque que ha demostrado la posibilidad de vencer el aspecto íntimo de ambos derechos (secreto bancario y reserva tributaria); el método comparado ha permitido analizar las realidad de 4 países como son Colombia, Chile, Argentina y Uruguay y las realidades de cada país en comparación a Perú, analizando la legislación vigente de cada país, ante una imposibilidad de modificación legislativa inmediata se opta por la continuidad de los MOUS (Memorándums de entendimiento internacionales) que realiza la UIF para acceder en el menor tiempo posible al secreto bancario y reserva tributaria.