La participación de las niñas, niños, niñes y adolescentes en su salud sexual y reproductiva es un derecho que encuentra la base de su obligación en múltiples instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos y también en el derecho interno peruano. La obligación del Estado de reconocer y garantizar el derecho de participación en función de la autonomía progresiva de la niñez y adolescencia debe desarrollarse en concordancia con la Convención sobre los Derechos de la Niñez, en todo lo relacionado con su salud sexual y reproductiva en los distintos aspectos en los que se desenvuelven, como los hogares, las escuelas y las comunidades. El cumplimiento de estas obligaciones se hace estrictamente necesario en contextos como la Amazonía peruana, en donde distintos factores regionales (geográficos, económicos y socioculturales) deben ser tomados en cuenta por el Estado en el desarrollo de sus políticas públicas, específicamente la pertenencia indígena de la niñez y, consecuentemente, lo señalado por el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes. En ese orden de ideas, la presente tesis está orientada a estudiar el contenido jurídico en función de los derechos de la niñez indígena en el contexto de la región Loreto, siendo esta la región con mayor presencia de pueblos indígenas y preocupantes cifras relacionadas con el embarazo en niñas y adolescentes mujeres y violencia sexual. Para ello, se presentará una descripción interdisciplinaria y un análisis desde del enfoque de los derechos de la niñez y de los pueblos indígenas, con el objetivo de esbozar una propuesta de estándar de derecho humano, desafíos y recomendaciones a considerarse en el marco del diseño y ejecución de una política pública. / The obligation of the State to recognize and guarantee the right of participation based on the progressive autonomy of children and adolescents must be developed in accordance with the Convention on the Rights of the Child, in everything related to their sexual and reproductive health in the different aspects in which they operate, such as homes, schools and communities. Compliance with these obligations is strictly necessary in contexts such as the Peruvian Amazon, where different regional factors (geographical, economic and sociocultural) must be taken into account by the State in the development of its public policies, specifically, the indigenous membership of childhood and, consequently, the provisions of Convention 169 on Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries. In that order of ideas, this thesis is aimed at studying the legal content based on the rights of indigenous children in the context of the Loreto region, this being the region with the highest presence of indigenous peoples and worrying figures related to pregnancy in girls and adolescents and sexual violence. For this, an interdisciplinary description and analysis from the approach of the rights of children and indigenous peoples will be presented, with the aim of outlining a proposal for a human right standard, challenges and recommendations to be considered within the framework of the design and implementation. of a public policy.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento / La presente investigación busca determinar cuál es la compatibilidad del sistema jurídico chileno con las exigencias internacionales, en materia de Derechos sexuales y Derechos reproductivos (DSyR), respecto de las mujeres en situación de discapacidad. Para visibilizar la cuestión, he dividido el trabajo en dos partes. La primera trata los Derechos sexuales y Derechos reproductivos a modo general y la segunda, da cuenta de la situación particular de las mujeres en condición de discapacidad. El enfoque, si bien se sustenta principalmente en lo jurídico, a través de la revisión de los instrumentos nacionales e internacionales, también se apoya de investigaciones sociológicas, económicas, históricas, antropológicas, incluso psicológicas sobre los derechos de la ciudadanía de la mujer, especialmente de las mujeres con discapacidad. Las conclusiones arribadas muestran cómo se ha cambiado la mirada hacia la Discapacidad en la integración de un paradigma de DD.HH, y cómo las legislaciones locales lo incorporan. Sin embargo, el desafío más profundo y pendiente es la transformación de la visión que tiene la sociedad, incluidas las mujeres con discapacidad, en la concepción de sus derechos y cómo hacerlos valer

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Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En los últimos años se ha evidenciado en nuestro país una problemática específica que afecta a las mujeres en el contexto de la atención gineco-obstétrica que reciben tanto en el sistema público de salud como en el privado, situación que se deriva de la violencia de género, y que se conoce con el nombre de violencia obstétrica. Frente a esta situación, se hace necesaria la revisión de nuestro actual marco normativo, a efectos de comprobar si aquel es suficiente para asegurar las garantías fundamentales de las mujeres en sus atenciones de salud ginecoobstétricas, o por el contrario, se hace necesaria la creación de uno nuevo, que resguarde de manera adecuada estos derechos. Para ello, realizaremos una revisión del concepto de violencia obstétrica y sus principales manifestaciones, haciendo énfasis en que este tipo de violencia puede tener lugar a lo largo de diversas etapas en la vida de una mujer. Posteriormente, analizaremos nuestra actual legislación, enfocándonos en los principales cuerpos normativos que abordan esta temática, a efecto de contrastarlo con aquellos que establecen garantías fundamentales para las mujeres; finalmente, abordaremos la experiencia comparada en materia de violencia obstétrica, a fin de identificar aquellos elementos que nos permitirán configurar una normativa adecuada en Chile.

El presente informe analiza la Casación N.º 563-2011 LIMA, cuyo eje central gira en torno a una niña que nació como consecuencia de un acuerdo de gestación comercial y que, a los nueve días fue dada a los demandantes (esposos contratantes), en dicha Casación se determinó que debe prevalecer el interés superior de la niña, en tanto que arrancarla de su núcleo familiar sería perjudicial para ella. Por otro lado, mediante el método sistemático, se evaluará si la maternidad subrogada en nuestro país se encuentra debidamente regulada o no, en atención a lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley General de Salud. En caso de no estar permitido el uso de este método, se analizarán qué medidas corresponde tomar ante dicha práctica, cada vez más notoria, en la actualidad. Ello en resguardo de los derechos intrínsecos que se encuentran presentes ante su prohibición, con el objetivo de buscar igualdad de oportunidades y de trato para aquellas personas que padecen de esterilidad e infertilidad. Finalmente, se concluye que si bien la maternidad subrogada altruista, no se encuentra regulada expresamente en nuestra legislación, no resulta menos cierto que a nivel jurisprudencial se han resuelto casos en los que se involucra el uso de esta técnica de reproducción; por lo que, queda en manos del legislador el darle celeridad a la propuesta de modificación del Código Civil, en donde se reconoce que más allá de la posibilidad biológica de tener hijos se encuentra la voluntad procreacional

En 2016, se aprobó el Nuevo Currículo de Educación Básica que incluye Educación Sexual Integral (ESI). Esta junto con el enfoque de género generó oposición, sin embargo, la ESI no es nueva en el Perú. Más bien, lo que llama la atención es el nuevo enfoque que ha tomado la política debido a que su precedente- los Lineamientos y Orientaciones Pedagógica de la ESI que fueron aprobados en 2008- fue una política con enfoque conservador y alcance limitado. En ese sentido, resulta interesante preguntarse qué factores han permitido el cambio en la política de ESI porque existe poca investigación acerca de esta política en el Perú y, además, hay una agenda abierta sobre el tema en la región latinoamericana debido a la creciente oposición de grupos conservadores frente a estas políticas. La investigación utilizará la teoría de Campbell (2014) por lo cual cuatro de las hipótesis corresponden con los modelos propuestos por el autor- político, inercial, artifactual y cognitivo. También se testearán dos hipótesis más- una referida a la importancia de la argumentación y la otra al modelo de coalición promotora. El diseño que se utilizará es cualitativo de caso único y se utilizará la metodología de process tracing para poder contrastar adecuadamente las hipótesis y comprender a detalle cada momento del periodo 2007-2017. / In 2016, the New Basic Education Curriculum was approved, which includes Comprehensive Sex Education (ESI). This, together with the gender approach, generated opposition, however, ESI is not new in Peru. Rather, what is striking is the new approach that the policy has taken because its precedent - the ESI Pedagogical Guidelines and Orientations approved in 2008 - was a policy with a conservative approach and limited scope. In this sense, it is interesting to ask what factors have allowed the change in ESI policy because there is little research on this policy in Peru and, in addition, there is an open agenda on the subject in the Latin American region due to the growing opposition of conservative groups against these policies. The research will use Campbell's theory (2014), therefore, four of the hypotheses correspond to the models proposed by the author-politician, inertial, artifactual and cognitive. Two more hypotheses will also be tested - one referring to the importance of argumentation and the other to the advocacy coalition model. The design to be used is qualitative of a single case and the process tracing methodology will be used to adequately contrast the hypotheses and understand in detail each moment of the period 2007-2017.

En el presente informe se analizan las implicancias y posible afectación del derecho a la identidad de género del demandante A. en la Sentencia de Vista N° 384 -2018-2SC emitida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa. El caso versa sobre la solicitud de cambio de sexo en el Documento Nacional de Identidad del Demandante A., resuelto en primera instancia favorable y en segunda instancia se declaró la nulidad de esta. La autora realiza una revisión y análisis critico de los fundamentos de la sentencia en el marco de los estándares internacionales y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre el reconocimiento del derecho a la identidad de género y su contenido constitucionalmente protegido, con el objetivo de determinar si la resolución del caso vulnera el derecho a la identidad de género del demandante A., el desarrollo del informe incluye una crítica a la motivación de la resolución, la identificación del criterio erróneo sobre la valoración de los términos legales relevantes al caso y otros aspectos procesales. El informe concluye que la Sala resolutora no ha realizado una valoración y correcta aplicación de las fuentes y principios en el caso, lo que la ha llevado a una decisión errónea que vulnera el derecho a la identidad de género del demandante. / This report analyzes the implications and possible affectation of the right to gender identity of Plaintiff A. in the Sentence No. 384 -2018-2SC issued by the Second Civil Chamber of the Superior Court of Justice of Arequipa. The case deals with the request for a change of sex in the National Identity Card of Plaintiff A., resolved in first instance favorable and in second instance the nullity of this was declared. The author makes a review and critical analysis of the grounds of the judgment in the framework of international standards and the jurisprudence of the Constitutional Court on the recognition of the right to gender identity and its constitutionally protected content, with the objective of determining whether the resolution of the case violates the right to gender identity of the plaintiff A., the development of the report includes a critique of the motivation of the resolution, the identification of the erroneous criterion on the assessment of the legal terms relevant to the case and other procedural aspects. The report concludes that the ruling Chamber has not made a correct assessment and application of the sources and principles in the case, which has led to an erroneous decision that violates the right to gender identity of the plaintiff.

Made available in DSpace on 2015-05-07T14:27:28Z (GMT). No. of bitstreams: 1 arquivototal.pdf: 1064999 bytes, checksum: 89d19ad244a7f132c3e62a37d59a5341 (MD5) Previous issue date: 2008-12-20 / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES / Este estudio analiza el impacto de la criminalización del aborto en los derechos humanos de las mujeres, acentuando la desigualdad de género, la Morbilidad y mortalidad maternal y contribuí para prácticas punitivas e discriminatorias de violencia intitucional, particularmente en contra de las mujeres negras, pobres y excluidas económicamente. Estas prácticas de violencia institucional en el ámbito de la salud pública y de lo judiciario, son fundadas en estereotipos de género y de la maternidad.La legalización del aborto es defendida como una política de salud pública y como garantía de los derechos sexuales y reproductivos, como expresión de los derechos humanos de las mujeres e de la defensa e promoción del Estado Laico como escenario político esencial para el reconocimiento de la diversidad e de la autonomía de las mujeres. / Este estudo analisa o impacto da criminalização do aborto para os direitos humanos das mulheres, sua relação com a desigualdade de gênero, a morbimortalidade materna e práticas punitivas e discriminatórias de violência institucional, particularmente para as mulheres negras, pobres e excluídas economicamente. Estas práticas de violência institucional no âmbito da saúde pública e do judiciário estão fundamentadas em estereótipos de gênero e de maternidade. A legalização do aborto é defendida como uma política de saúde pública e como garantia dos direitos sexuais e reprodutivos como expressão dos direitos humanos das mulheres e da defesa e promoção do Estado Laico como cenário político essencial para o reconhecimento da diversidade e autonomia das mulheres.

Bioethics and law for what and whom? Discussions about the Regulation of assisted reproductive techniques in ColombiaThe recent concern for the normative regulation of assisted reproduction techniques (ART), raises discussions about how to manage the embryos, how many times to use a sample, how to define parenthood, and other issues. However, it has not been questioned who would be favouredwith these regulations and what is their contribution to social equity and development for an entire country. Considering that the urgency to guarantee the sexual and reproductive rights —theoretical framework invoked to require ART— should be aimed at reaching a fair society.The proposed analysis will be undertaken considering the case of applying the ART for surrogate mothers in Colombia. The paper presents the context in which it is intended to apply the normative regulation, alongside the review of some conceptual and empirical contributions by Michael Sandel concerning trends in surrogate motherhood among «developed» and «third world» countries. This should allow considering the profiles of fertility in Colombia as a sign of inequality in our country.Subsequently, we will approach the current legal discussion in Colombia concerning surrogate motherhood, from the only case of surrogate motherhood resolved by the Colombian Constitutional Court and the bill projects presented in the Colombian Congress to regulate this issue. Finally,we will present some reflections and discussion on the normative regulation of the ART and surrogate gestation, and the law as a transmission belt of varied interests, that is, that it ought to lead to common good, solidarity and cooperation, and not simply function as a regulator that ensures the fulfilment of contracts. / Las recientes preocupaciones por la regulación normativa de las técnicas de reproducción humana asistida (TRHA) suscitan especialmente discusiones sobre cómo administrar los embriones, cuántas veces usar una muestra, cómo definir la filiación, entre otros. Sin embargo, no se ha cuestionado directamente a quienes estaría amparándose con estas regulaciones y cuál sería su contribución a la equidad social y al desarrollo de todo un país, pues la urgencia de salvaguardar los derechos sexuales y reproductivos —marco teórico invocado para exigir la regulación de las TRHA— debe apuntar necesariamente a la consecución de una sociedad menos desigual.El análisis propuesto será abordado a partir del caso de la aplicación de las TRHA para la maternidad subrogada en Colombia. En el artículo se presenta inicialmente el contexto en el cual se pretende la regulación de la maternidad sustitutiva, revisando algunos aportes conceptuales y empíricos de Michael Sandel sobre las tendencias de la maternidad subrogada entre los países «desarrollados» y los del «tercer mundo», para luego ver los perfiles de fecundidad en Colombia, como una muestra de la inequidad existente en el país.Posteriormente, se hará una aproximación al debate jurídico existente en el país, a partir del único caso de maternidad sustitutiva resuelto por la Corte Constitucional Colombiana y los proyectos de ley que han sido presentados en el país como intentos de regulación de esta materia. Finalmente, se llevarán a cabo algunas reflexiones y discusiones sobre la regulación normativa de las TRHA y la gestación sustitutiva, para que el derecho opere como verdadera correa de transmisión de variados intereses sociales1, es decir, que conduzca más bien hacia el bien común, la solidaridad y la cooperación, y no actúe como un simple regulador que asegure el cumplimiento de los contratos.

En Abril del 2006 el Congreso de la República aprobó la Ley 28704 que modificó el artículo 173° del Código Penal, que tuvo por efecto la criminalización de todas las relaciones sexuales con adolescentes, incluyendo las ejercidas de manera libre y autónoma. En consecuencia, y sin proponérselo, la ley impuso graves obstáculos para la provisión de información sobre salud sexual y reproductiva y la atención médica de esta población vulnerable. En este contexto, cobra especial importancia el esfuerzo de un grupo de jóvenes que de manera organizada, tomaron la decisión de demandar ante el Tribunal Constitucional - TC, el reconocimiento de sus derechos sexuales y derechos reproductivos. Tras trece meses de movilización nacional, el 24 de enero de 2013 el Tribunal Constitucional publicó la sentencia que declara fundada la demanda y reconoce el derecho a la libertad sexual de los adolescentes. El fallo es un hito en materia de conquista de derechos sexuales; y el proceso, una muestra de la capacidad de agencia de los jóvenes en el uso de mecanismos de accountability para la defensa de los derechos sexuales y derechos reproductivos. La acción de inconstitucionalidad es una valiosa y exitosa experiencia de participación política ciudadana su análisis nos permite conocer los factores que determinan la capacidad de agencia de los jóvenes para el uso de mecanismos de accountability. La experiencia ha sido reconstruida a partir de la percepción y valoración de los entrevistados para este estudio, sus testimonios permitieron ahondar acerca del uso de la accountability vertical social y de su eficacia cuando participan las agencias estatales. Esta experiencia es una evidencia de que la articulación de los mecanismos de accountability vertical social y accountability horizontal permitió la solución de un problema público favoreciendo el ejercicio de la democracia. / In April 2006 the Peruvian Parliament passed the Law 28704, criminalizing sexual relations with adolescents. Consequently and also unintentionally, the law imposed serious obstacles to the availability of information concerning sexual and health education and care of this vulnerable sector of the population. In this context, the effort of a well-organized group of young people, who made the decision to claim their rights before the Constitutional Court - TC, is very important. After thirteen months of large groups of young people to go into the street and demand loudly their sexual rights, the Constitutional Court pronounced a judgement which declared the civic demand as justified and which recognized the right of adolescents to freedom of sexual relationships. This case represents a milestone in the history of the struggle of sexual rights and the process is an example of the political capability of the youth with respect to the use of the mechanisms of accountability in the defence of sexual and reproductive rights. The process has been reconstructed on the basis of the understanding and evaluation of those interviewed for this study. Their testimonies allow a deeper penetration into the use of vertical social accountability and its effectiveness when state agencies are involved. This experience is evidence that the articulation of vertical social accountability and horizontal accountability make way for the solution of a public problem and that its practice strengthens democracy.