El presente trabajo académico tiene como propósito realizar un análisis crítico y empírico sobre la falta de regulación de los procedimientos para imponer sanciones disciplinarias distintas al despido. Bajo este enfoque, se analiza la naturaleza de la amonestación escrita y la suspensión sin goce de haberes como principales medidas disciplinarias impuestas por el empleador para sancionar a los trabajadores, las cuales no cuentan con un procedimiento regulado por ley a diferencia del despido por causa justa. De esta manera, se evidencia una necesidad de regulación ante la posible afectación del derecho a la defensa, que se acredita toda vez que los empleadores no establecen un procedimiento para que los trabajadores emitan sus descargos luego de recibir una imputación por la presunta comisión de una infracción o falta que contraviene una obligación en el marco de la relación laboral. El presente trabajo resalta la necesidad de regular este vacío legislativo a partir de las experiencias de los trabajadores en el Perú, así como el tratamiento normativo en el Derecho Comparado. Por tales motivos, ante la ausencia de la regulación en el Perú, se propone una propuesta legislativa para garantizar el derecho a la defensa en los procedimientos de sanciones disciplinarias distintas al despido. / The purpose of this academic work is to make a critical and empirical analysis of the lack of regulation of procedures to impose disciplinary sanctions other than dismissal. Under this approach, the nature of written reprimands and suspension without pay are analyzed as the main disciplinary measures imposed by the employer to punish employees, which do not have a procedure regulated by law unlike dismissal for just cause. In this way, a need for regulation is evident in the face of the possible impact on the right to defense, which is proven every time that employers do not establish a procedure for employees to issue their defenses after receiving an accusation for the alleged commission of a crime. infraction or fault that contravenes an obligation within the framework of the employment relationship. This work highlights the need to regulate this legislative vacuum based on the experiences of employees in Peru, as well as the regulatory treatment in Comparative Law. For these reasons, in the absence of regulation in Peru, a legislative proposal is proposed to guarantee the right to defense in disciplinary sanction procedures other than dismissal. / Trabajo académico

El presente informe analiza si el mecanismo de protección otorgado por la Sala frente a un caso de nulidad de despido por embarazo cumple con los parámetros legales, constitucionales y convencionales dirigidos a proteger a la maternidad y sus efectos. Ello teniendo en cuenta que la Sala, a través del planteamiento de doctrina jurisprudencial y la aplicación modificada de un precedente usado para casos de despidos incausados (precedente Huatuco) pretende brindar dicha protección. En dicho análisis se ha tomado en consideración el marco de protección internacional que se otorga al fuero maternal, a fin de que –a través de desarrollos normativos avanzados– se pueda comprender la relevancia de dicha protección. Frente a ese hecho, se evidencia una falta de conciencia social respecto a una discriminación histórica y estructural que, dejando de lado también los estándares internacionales, no ha sido considerada en el análisis de la Sala, generando así una serie de afectaciones a los derechos fundamentales de la trabajadora afectada. Dicha situación se agrava al notar que es a través de las instituciones del Estado que se genera dicha vulneración, olvidando así el rol de garante del Estado frente al goce efectivo de los derechos fundamentales que tiene este y generando una carencia de tutela a la trabajadora afectada

Una diversidad normativa de los regímenes laborales que existe en el empleo público y las posturas asumidas en la jurisprudencia nacional, al resolver los casos de desnaturalización de las órdenes de servicio (locadores de servicios) e ineficacia de los contratos administrativos de servicio en el ámbito del empleo público vemos que los servidores públicos tienen menor protección laboral respecto a la reposición laboral (efecto restitutorio) que el ámbito privado sí reconoce. Como comentario crítico, presento algunos criterios empleados en nuestra justicia jurisdiccional con relación a la reposición laboral, a fin de analizar si los órganos jurisdiccionales, como garantes de la justicia, orientan sus decisiones hacia la protección del derecho al trabajo, en base al o primacía de la realidad, o de resguardar los intereses del Estado (en términos presupuestarios). Aquello se denota con mayor claridad con la Sentencia del TC recaído en el Expediente N.° 002-2010-PI/TC que declara al régimen CAS como un régimen laboral especial o el Precedente Huatuco, para pasar desapercibido la existente y evidente relación laboral, sin importar la necesidad de aplicar control difuso para administrar justicia, aspecto que limita la tutela jurisdiccional efectiva. Es decir, pareciera que el Estado tiene “patente de corso” para afectar derechos constitucionales, so pretexto del presupuesto público. Por tanto, el objetivo del presente artículo es focalizar la postura de la reposición laboral en el sector público, como consecuencia de la existencia de una estabilidad laboral que no debe perderse si planteamos la defensa del derecho del trabajo en aplicación de los principios laborales, en especial el principio de primacía de la realidad. / A normative diversity of labor regimes that exists in public employment and the positions assumed in national jurisprudence, when resolving cases of denaturalization of service orders (service providers) and ineffectiveness of administrative service contracts in the field of public employment we see that public servants have less labor protection with respect to job replacement (restitution effect) that the private sector does recognize. As a critical comment, I present some criteria used in our jurisdictional justice in relation to job replacement, in order to analyze whether the jurisdictional bodies, as guarantors of justice, orient their decisions towards the protection of the right to work, based on or primacy reality, or to protect the interests of the State (in budgetary terms). This is more clearly denoted by the Judgment of the TC relapsed in File No. 002- 2010-PI / TC that declares the CAS regime as a special labor regime or the Huatuco Precedent, to go unnoticed the existing and evident labor relationship, regardless of the need to apply diffuse control to administer justice, an aspect that limits effective judicial protection. In other words, it seems that the State has a "marque certificate" to affect constitutional rights, under the pretext of the public budget. Therefore, the objective of this article is to focus the position of job replacement in the public sector, as a consequence of the existence of a job stability that should not be lost if we propose the defense of labor law in application of labor principles, in special the principle of primacy of reality. / Trabajo académico

El presente artículo indaga respecto a la evaluación de desempeño en el contexto de los recursos humanos y las relaciones laborales al derecho laboral; ya que dicha evaluación, en esencia busca medir de forma objetiva y subjetiva las competencias, el rendimiento, cumplimiento de objetivos y el comportamiento de los trabajadores dentro de una organización, pero apartada de un marco legal que la acoja. Este artículo determina que resulta necesaria la inclusión de los antecedentes disciplinarios en el esquema de las evaluaciones de desempeño de las organizaciones, analizando la conducta y diligencia como variables obligatorias para poder analizar los aspectos positivo y negativos del trabajador, pues aplica un criterio de medición equitativo y justificado al momento de fijar pago de bonos por desempeño, ascensos tanto verticales como horizontales y en la incidencia efectiva de la medida justa de despido que una organización pueda aplicar a sus trabajadores sujetándose a lo brevemente señalado en la normativa, jurisprudencia y doctrina encontrada. / This article investigates performance evaluation in the context of human resources and labor relations to labor law; since this evaluation essentially seeks to objectively and subjectively measure the skills, performance, achievement of objectives and the behavior of workers within an organization, but apart from a legal framework that embraces it. This article determines that it is necessary to include disciplinary records in the performance evaluation scheme of organizations, analyzing conduct and diligence as mandatory variables to be able to analyze the positive and negative aspects of the worker, since it applies an equitable measurement criterion. and justified at the time of setting payment of bonuses for performance, both vertical and horizontal promotions and in the effective incidence of the fair measure of dismissal that an organization can apply to its workers subject to what is briefly indicated in the regulations, jurisprudence and doctrine found. / Trabajo académico

En el presente estudio nos aproximamos al Procedimiento administrativo de cese colectivo por motivos económicos a partir de una visión crítica de dicho procedimiento, el mismo que, a nuestro entender, adolece de garantías propias del derecho administrativo. Así, el estudio plantea como objetivo brindar alternativas de solución al curso del procedimiento antes señalado, a fin de brindar contenido y respeto a los derechos de los trabajadores que pudieran ser afectados al término del procedimiento, evitando así el tener que acudir a la judicatura para salvaguardar dichos derechos. En ese sentido, resulta vital que se desarrollen mecanismos jurídicos que permitan a los administrados (en este caso, a los empleadores), obtener un pronunciamiento por parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo que les genere la seguridad jurídica necesaria a partir de claridad en el mismo procedimiento. Por ello, resulta esencial recurrir a los principios del derecho administrativo a fin de que ilumine el procedimiento administrativo de cese colectivo por motivos económicos, pues el resultado de este va a repercutir no sólo en los empleadores sino, sobre todo, en los trabajadores. De esta manera, precisar plazos, otorgar contenido a lo requerido por la Autoridad Administrativa de Trabajo, y exigir un cabal cumplimiento de los pasos del procedimiento administrativo, nos permitirá tener las reglas claras en un escenario particularmente complejo como lo es la estabilidad laboral ante la inminente quiebra de una empresa.

El presente informe tiene como objetivo el analizar de manera critica la Casación Laboral Nº 8600-2022-Lima Sur. Esta casación trata sobre el despido de una trabajadora bajo la causal de falta grave contemplado en el inciso a) del artículo 25 del TUO del Decreto Legislativo Nº 728 de la LPCL. En base a ello, vamos a estudiar las características de los diferentes supuestos de faltas graves que encontramos en el mencionado inciso. Asimismo, vamos a analizar los diferentes supuestos de despidos contemplados en la legislación peruana y las consecuencias jurídicas de cada una de ellas, como también los alcances del ius variandi, el derecho de resistencia y sus implicancias en la relación laboral. Otro punto importante, es respecto a la formalidad exigida por ley en virtud al despido, así se observa de los hechos, que no se cumplieron en el presente caso, ya que en la carta de despido se le añadieron dos (2) causales más que no estaban contemplados en la carta de preaviso vulnerando el derecho de defensa de la trabajadora. Luego, pasaremos a reflexionar los diferentes criterios de los jueces tanto de la primera instancia como de la segunda instancia para compararlo luego con los criterios de los jueces supremos de la Corte Suprema de Justicia de la República. Lo antes mencionado, nos va permitir concluir que, el despido que sufrió la trabajadora devino en fraudulento. / This report deals with the critical analysis of Labor Cassation No. 8600-2022- Lima Sur. This cassation deals with dismissing a worker under the cause of serious misconduct contemplated in subsection a) of article 25 of the TUO of Legislative Decree No. 728 of the LPCL. Based on this, we will study the characteristics of the different cases of serious offenses that we find in the section above. Likewise, we are going to analyze the different cases of dismissal contemplated in Peruvian legislation and the legal consequences of each of them, as well as the scope of the ius variandi, the right of resistance and its implications in the employment relationship. Another important point is regarding the formality required by law by the dismissal, as can be seen from the facts, which were not met in the present case, since in the dismissal letter two (2) more causes were added than They were not contemplated in the notice letter, violating the worker's right to defense. Then, we will compare the different criteria of the judges of both the first and second instances to compare it with the criteria of the supreme judges of the Supreme Court of Justice of the Republic. The aforementioned will allow us to conclude that the dismissal suffered by the worker became fraudulent.

El presente informe tiene como finalidad resolver los principales problemas jurídicos generados a partir de la Casación Laboral N.° 26374-2019-Arequipa en el que se desarrolla el caso de un trabajador que fue despedido por asistir a su centro de trabajo en estado de embriaguez conforme al literal e) del artículo 25 del Texto Único Ordenado de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Al respecto, determinaremos si la falta grave por asistir al centro de trabajo en estado de embriaguez responde a una tolerancia cero de alcohol. Para ello, evaluaremos la relevancia del nivel de alcohol en la sangre de un trabajador que asiste a laborar en estado de embriaguez, la posibilidad de traslado de parámetros penales y/o administrativos al ámbito laboral para determinar si el trabajador se encuentra en estado de embriaguez y la relevancia de las funciones realizadas por el trabajador a efectos de aplicar el despido. A partir de tal análisis, concluimos que para sancionar a un trabajador por asistir al centro de trabajo en estado de embriaguez, es necesario comprender el significado de la misma y contar con parámetros objetivos que permitan demostrar si el trabajador se encontraba en tal estado. Por tanto, a diferencia de lo resuelto por la Corte Suprema, no se debió aplicar el despido como medida disciplinaria al trabajador. / The purpose of this investigation is solve the legal problems generated because of the Casación Laboral N.° 26374-2019-Arequipa. The judgment develops the case of a employee that was dismissal for attending to work drunkenness according to the subsection e) of article 25 of the Texto Único Ordenado de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. In that way, this investigation will determine if the serious misconduct of attending to work drunkenness means cero alcohol in the organism of the employee. In order to solve that problem, it is necessary to evaluate the relevance of the quantity of alcohol that an employee presents, the possibility of translation of the civil and/or criminal parameters to conclude if the employee is drunkenness and the relevance of the labors for applying the dismissal. As a result of the analysis, to apply a disciplinary action that sanctions an employee for attending drunkenness at work, it is necessary to understand the meaning of drunkenness and have objective parameters that demonstrate if the employee is in that state of drunk. On the whole, unlike what was decided by the Supreme Court, the dismissal should not have been applied as a disciplinary measure to the employee.

Los ceses colectivos se encuentran regulados desde inicios de los años noventa como una modalidad para concluir relaciones de trabajo siempre que existan causas objetivas. No obstante, en Perú existe escasa jurisprudencia en torno a este tipo de ceses, pues, en la práctica, los empleadores no recurren a esta modalidad de terminación de los contratos de trabajo aun cuando exista la causa objetiva señalada en la norma y cumpla con los requisitos legales. En el presente trabajo señalamos que la inviabilidad de los ceses colectivos se debe a razones asociadas al establecimiento de un procedimiento rígido y desfasado, que omite considerar que el modelo actual del mercado de trabajo es dinámico, pues la coyuntura en ocasiones exige a las empresas adaptarse a las nuevas necesidades a partir de la reestructuración de su planilla y/o de sus formas de producción para adaptarse a las exigencias del mercado. El objetivo de la tesis es proponer modificaciones legislativas que permitan a los empleadores emplear la normativa relacionada a ceses por causas objetivas, siempre que existan dichas causas y que puedan ser acreditadas; para lo cual hemos considerado necesario redefinir cada una de las causas objetivas, proponer pautas tanto para la realización del procedimiento de aprobación y recalcar la necesidad de la regulación de la situación post- cese colectivo. Para la elaboración de la tesis se llevó a cabo una investigación bibliográfica, sobre la base de fuente nacional y extranjera; así como una investigación sobre la base de los pronunciamientos emitidos por el Ministerio del Trabajo sobre la materia.

El VII Pleno Jurisdiccional Supremo en Materia Previsional y Laboral consideró que solo merecen protección de eficacia resarcitoria los trabajadores de dirección o de confianza de entidades y empresas del sector privado que desde su ingreso ocuparon una posición en la que ejercían funciones ordinarias o comunes, más no los que directamente ocuparon un puesto de confianza o de dirección. A pesar de que nuestra legislación ampara la protección ante despido arbitrario, en la práctica a los trabajadores de confianza se les retira de sus cargos bajo la premisa de “pérdida de confianza”, este ya es un serio problema, sin embargo, el mismo se agrava aún más en los tribunales, donde a nivel jurisprudencial y en base al Pleno mencionado, el cual no es vinculante, se les está privando, en algunos casos, a aquellos trabajadores de confianza que han superado un periodo de prueba de manera satisfactoria, de un derecho o beneficio laboral que les corresponde. Esto ha ocasionado una fuerte incertidumbre jurídica y una falta de criterio uniforme en cuanto al accionar justo, pues no todos obtienen lo que “les es debido”. La problemática sobre la cual se enfocará la presente investigación es de suma importancia para ventilar esta posición discriminatoria injustificada, así como para determinar los criterios para garantizar la protección resarcitoria frente al despido arbitrario de todos los trabajadores de confianza. De esta manera se busca argumentar una efectiva protección y consecución de estabilidad laboral, evitando así las posibles injusticias que, aunque hoy solo reciben algunos, resulta una amenaza para todos. / The Seventh Supreme Jurisdictional Plenum on Social Security and Labor Matters considered that only management workers or trusted workers of private sector companies and/or institutions who first entered a position in which they performed common or ordinary duties, deserved protection with the effect of compensation, but not those who directly held a position of trust or management. Despite the fact that our legislation provides protection against arbitrary dismissal, in practice, trusted workers are removed from their jobs because of “loss of confidence”. This is already a serious problem, however, the problem is even worse in the courts, in case law level, where on the basis of the above-mentioned plenum, which is not binding, trusted workers who have successfully passed a probationary period are in some cases deprived of a right or benefit to which they are entitled. This has led to considerable legal uncertainty and a lack of uniform standards of fairness, as not everyone gets what is “due to them”. The problem on which this investigation will focus is extremely important in order to clarify this unjustified discriminatory position, as well as to determine the criteria for guaranteeing compensatory protection of all management workers and trusted workers against arbitrary dismissal. In this way, it seeks to argue for effective protection and achievement of job stability, thus avoiding possible injustices that, although today only some receive, are a threat to all. Keywords: Reliance, indemnity,

Mediante la presente investigación se busca determinar si es que las indemnizaciones pagadas por las empresas a terceros por haber incumplido alguno de los términos contenidos en un contrato con su contraparte califican como gasto deducible para fines de la determinación del Impuesto a la Renta, incumplimiento que puede surgir en el devenir de las diversas operaciones económicas aquellas empresas realizan y que puede deberse a un sinnúmero de factores. Lo señalado obedece a la ausencia de un tratamiento tributario en la legislación tributaria, teniendo como consecuencia una dispersión de criterios ya sea en entre las mismas empresas o en los distintos estamentos administrativos y judiciales, que originan incertidumbre y un debido cumplimiento referente a la correcta determinación de aquel impuesto. Para determinar si aquel gasto es aceptado para fines del Impuesto a la Renta, se analiza qué criterios o condiciones debe cumplir un gasto, cualquiera este sea, para que sea deducido por las empresas. Asimismo, se analiza la legislación actual concerniente al incumplimiento contractual y los factores que lo propician. Adicionalmente, se recurre a la jurisprudencia nacional así como de otros países, con la finalidad de examinar cuáles son las posturas que adoptan respecto a la deducción de un gasto por las indemnizaciones antes descritas y cuáles son los fundamentos que las soportan. Como consecuencia de las acciones descrito, se determina que las indemnizaciones en las que se incurren como resultado de incumplimientos contractuales no son gastos deducibles (o no aceptados tributariamente) para el Impuesto a la Renta, salvo situaciones particulares que excedan a la voluntad y actos del contribuyente, por lo que las empresas deben adoptar medidas adecuadas y planificar concienzudamente, para de esta manera evitar incurrir en incumplimiento de sus obligaciones contractuales que conlleven a un desembolso de indemnizaciones a favor de terceros. / Trabajo de investigación