Con el presente estudio, se pretende reeducar de manera preventiva y desde la escuela a aquellos menores, que plantean comportamientos violentos y agresivos iniciando una carrera delictiva. Mediante este programa jurídico-educativo en el ámbito escolar, se prevé una mejora para el desarrollo diario de la función docente, la opción de que estos menores agresivos cesen en su actividad delincuencial optando por una vida normalizada, con el respaldo de un equipo especializado dentro del ámbito escolar y la comunidad educativa, junto a sus familias.

Esta investigación aborda el estudio del derecho de alimentos del heredero concebido y otros supuestos en que también podría gozar de tal derecho, dada su condición como sujeto de derecho para todo cuanto le favorece en el marco del ordenamiento peruano. Otro escenario de análisis es el relativo a la naturaleza del derecho alimentario, por cuanto, dependiendo de ello, su efectividad podría o no quedar supeditada a la condición legal del nacimiento con vida, prescrita por el Código Civil para la atribución de derechos patrimoniales al nasciturus. Para el desarrollo de la temática anterior se analizó la posición reconocida al concebido en el ordenamiento civil y constitucional peruano vigente, interpretando el alcance y contenido de la expresión de los efectos favorables que le son reservados, así como de la condición legal del nacimiento con vida prevista en el artículo 1 para la atribución de los derechos patrimoniales. Asimismo se estudió la definición y contenido del derecho a alimentos, haciéndose especial referencia a los alimentos del heredero concebido en el contexto del artículo 856 del Código Civil, para determinar quién es el titular y el beneficiario en el supuesto del mencionado artículo; de igual forma se analizó, si la atribución del derecho de alimentos al concebido está suspendida o no a su nacimiento con vida y se culminó con el desarrollo de otros supuestos del derecho de alimentos para el concebido. Del análisis realizado se concluye que el derecho de alimentos es de naturaleza extrapatrimonial, ya que el fin de este es la satisfacción de necesidades personales para la conservación de la vida, de tal manera el concebido puede gozar de este derecho desde el momento de la concepción, a través de su representante o beneficiaria directa que viene a ser la madre, tal como lo establece el artículo 856 del código civil.

A través de esta tesis de investigación se pretende determinar la validez jurídica del consentimiento del menor de edad en sus relaciones sexuales. Así, en el primer capítulo se desarrolla la situación problemática; en el segundo capítulo se explica los aspectos generales jurídicos sobre la sexualidad del menor; en el tercer capítulo se realiza el análisis comparativo con otras legislaciones extranjeras; finalmente, en el cuarto capítulo se analizan los acuerdos plenarios de las Salas Penales de la Corte Suprema de Justicia de la República, y los resultados de las encuestas aplicadas a operadores jurídicos y ciudadanía del distrito de José Leonardo Ortíz, así como la inconstitucionalidad de la Ley N°28704. Como idea central se señala la existencia de controversia en nuestro País sobre la determinación de la edad apropiada en que una persona debe ser protegida legalmente en las prácticas sexuales consentidas, específicamente determinar si el consentimiento del menor de edad es relevante, atendiendo a diversos factores emocionales, sociales, biológicos y culturales, respetando los límites del derecho penal “ius puniendi”. En consecuencia, los actos sexuales practicados con responsabilidad y consentidos, no constituirían violación sexual a menores de edad, por lo que la modificación al artículo 173 del Código Penal generada con la entrada en vigencia de la Ley 28704, era inconstitucional. La validez jurídica del consentimiento del menor en las relaciones sexuales consentidas, se analizará desde la doctrina y la jurisprudencia, considerando además que la determinación de la edad apropiada para que una persona acceda a las relaciones sexuales consentidas es en promedio 14 años.

La presente investigación versa sobre la situación de los menores de edad que se desempeñan como jugadores profesionales de fútbol en nuestro país. A lo largo de este estudio se explicará cual es la situación en la que se encuentra el menor de edad, asimismo se plantearán una serie de condiciones a tener en cuenta o que deberán incluirse de manera obligatoria en los contratos deportivos que tengan como uno de los sujetos intervinientes, al menor de edad. Siendo así, las condiciones que deberán tenerse en consideración para una buena regulación en los contratos de los menores de edad como jugadores profesionales de fútbol en el Perú, deberán ser: identificar a los sujetos contratantes, objeto del contrato, remuneración y la jornada de trabajo; es decir, se le dará una especial atención a todas las cláusulas contractuales y a las disposiciones legales vinculadas al ordenamiento de los órganos deportivos internacionales como es el caso de la FIFA, asociadas con el marco normativo referente a menores de edad en nuestro país.

La omisión impropia es aquella en la que mediante un no hacer se contribuye a la afectación de un bien jurídico, es decir, en virtud de una fuente surge la posición de garante, por la que, un sujeto se encuentre con el deber de salvaguardar, proteger y cuidar los bienes jurídico de otro, entonces los delitos por omisión impropia son aquellos en los cuales frente a una posible vulneración o puesta en peligro de un determinado bien jurídico el garante no evito la realización de ello, por lo tanto, con su comportamiento omisivo, quebranta su rol y contribuye a la vulneración de dicho bien jurídico. Es así que los comportamientos omisivos del garante generan responsabilidad penal la cual debe asumir, sin embargo, en nuestro ordenamiento penal no es posible calificar como omisión impropia a los actos de un padre o madre negligente que con su comportamiento omisivo contribuye a la realización de la violación sexual de su menor hijo, ello en razón a los criterios desarrollados por los entes jurisdiccionales, pues, tanto el Ministerio Público como el juez, no admiten la posibilidad de considerar el comportamiento omisivo como un ilícito penal sino más bien como un comportamiento social y moralmente reprochable. Por ello, al establecer el fundamento que hará posible la atribución de responsabilidad penal al garante se logrará evitar la impunidad que se ha venido suscitando, ya que por la manera en que han analizado y desarrollado los supuestos de la presente investigación se consideraba solo comportamientos atípicos mas no ilícitos, por ello, la presente tesis busca argumentar los fundamentos para atribuir responsabilidad penal al garante.

[pt] Desde o início do século XX, os países da União Europeia tem sido o destino de milhares de crianças e adolescentes que chegam desacompanhados, isto é, sem a proteção de um adulto responsável por elas. Eles vêm prioritariamente da África e do Oriente Médio, através de três rotas principais, que levam à Espanha, através do Estreito de Gibraltar (Mediterrânea Ocidental), à Itália (Mediterrânea Oriental), e à Grécia e Bálcãs (Fronteira Ocidental). O principal objetivo do presente estudo é analisar as políticas públicas de acolhimento e proteção de menores migrantes que chegam desacompanhados à Espanha e à França e sua conformidade com os principais instrumentos internacionais e europeus de proteção às crianças e aos imigrantes. Também é analisado o papel da sociedade civil tanto no suporte ao acolhimento e integração de menores imigrantes desacompanhados, como na defesa seus direitos através de campanhas de advocacy. / [en] Since the beginning of the 20th century, European Union countries have been the destination of thousands of children and adolescents who arrive unaccompanied without the protection of an adult. They come primarily from Africa and the Middle East through three main routes, which lead to Spain, across the Straits of Gibraltar (Western Mediterranean), Italy (Eastern Mediterranean), and Greece and the Balkans (Western Border). This study aims to analyse public policies for the reception and protection of migrant minors who arrive unaccompanied in Spain and France and their compliance with international and European principles for protecting children and immigrants. The role of civil society in supporting unaccompanied minors reception and integration and defending their rights through advocacy campaigns is also explored.

En el presente informe jurídico se analizará la sentencia del Tribunal Constitucional del EXP N.° 01587-2018-PHC/TC, la cual versa sobre el interés superior del niño en el marco de una investigación penal. En tal sentencia, el Tribunal Constitucional declara fundada en parte la demanda. El problema jurídico principal se centra en determinar si se debe declarar fundada o no la demanda interpuesta ante el Tribunal Constitucional a favor de las hijas de Ollanta Humala y Nadine Heredia en contra del fiscal Germán Juárez Atoche, quien ordenó, por medio de la providencia 204-2017, que fiscales adjuntos provinciales se apersonaran al colegio de las niñas. Para llegar a resolver de manera idónea el problema jurídico antes mencionado, es necesario incluir en la argumentación otros temas relevantes tales como la procedencia o reconversión del habeas corpus y el derecho a la libertad individual, sus derechos conexos y el interés superior del niño. Si bien nos encontramos conformes con el resultado de la sentencia del Tribunal Constitucional, no compartimos en su totalidad la argumentación presentada por el Tribunal Constitucional en sus fundamentos. Ello no solo se hace notorio por los votos singulares y fundamentos de votos de cuatro magistrados, sino también por generalidades y omisiones en la sentencia, lo cual podría generar inseguridad jurídica e incluso mayor desprotección al sector vulnerable de la niñez y adolescencia.

En el presente informe jurídico analizaremos la Casación N°2976-2016 Arequipa, que versa sobre un proceso de desalojo por ocupación precaria de suegra a nuera con hijos menores de edad. En primera instancia, se resolvió como un simple caso de desalojo sin tomar en cuenta los derechos de los menores y su protección constitucional especial. En segunda instancia, se resolvió no desalojar a la demandada por la protección de sus hijos menores y de la familia. Sin embargo, la Corte Suprema señaló que solo debía discutirse el derecho de posesión de las partes, por lo cual casó la apelada. En este sentido, el problema principal a resolver será si era correcta la casación dada por la Corte Suprema. Para ello, identificaremos problemas de infracción procesal y material en la sentencia de vista. Y a partir de una interpretación sistemática, extensiva y analógica de nuestra legislación, jurisprudencia y doctrina pertinente demostraremos que sí es posible la discusión de temas de derecho de familia y, por consiguiente, el de vivienda en la parte considerativa. Así, consideramos que se podrá emitir una sentencia conforme a un Estado constitucional de derecho donde se garantice el Interés Superior del Niño a partir del análisis de la situación de necesidad de los menores en el caso por caso. Finalmente, el análisis realizado en el presente informe podrá servir de reflexión para los vocales y que la Corte Suprema considere dejar establecida doctrina jurisprudencial y se evite la vulneración de derechos de los menores en futuros casos similares. / In the present legal report, we will analyze the Civil Cassation N°2976-2016 Arequipa, which concerns an eviction process due to precarious occupation by a mother-in-law against her daughter-in-law with minor children involved in this case. In the first instance, this case was evaluated as a simple eviction case without considering the rights of the minors and their special constitutional protection. In the second instance, this case was resolved not to evict the defendant for the protection of the minor children and her family. However, the Supreme Court indicated that only the right to possession of the parties should be discussed, for which reason the appellee was dismissed. In this regard, the main problem to be resolved is whether the appeal given by the Supreme Court was correct. To do this, we will identify problems of procedural and substantive infringement in the hearing sentence. Through a systematic, extensive, and analogical interpretation of our legislation, jurisprudence and relevant doctrine, we will demonstrate that it is possible to discuss family law issues and, consequently, housing in the ratio decidendi of a judgment. As a result, we consider that a sentence can be issued in accordance with a constitutional state of law, where the best interest of the child is guaranteed based on the analysis of the situation of necessity of the minors on a case-by-case basis. Finally, the analysis conducted in this legal report can serve as a reflection for the vocals and that the Supreme Court consider establishing jurisprudential doctrine and prevent the violation of the minors’ rights in future similar cases.

En este informe, analizaremos la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional respecto del derecho a la lactancia de una magistrada, nuestra hipótesis es que se ha generado una vulneración manifiesta a los derechos de la magistrada y de su menor hijo con la programación de audiencias en la hora de lactancia de la magistrada y además de otros derechos. Centraremos la investigación en el análisis de los problemas jurídicos, el principal vinculado a la imputabilidad de los demandados respecto a la vulneración del derecho a la lactancia, los secundarios referidos a los derechos fundamentales de la demandante y los derechos del menor. El objetivo de la presente investigación es verificar que el derecho a la lactancia, a pesar de no ser un derecho constitucional expresamente reconocido es un derecho vinculado a la maternidad, que cuando este derecho es desconocido genera una gran afectación en la esfera familiar y que puede tener efectos adversos al desincentivar el ejercicio de las responsabilidades familiares. Finalmente, concluiremos que, si bien se ha vulnerado el derecho a la lactancia y sus derechos vinculados, ello refleja algo un problema estructural mayor en las posiciones neurálgicas de la administración pública y el ejercicio de los derechos fundamentales.

En el año 2006, el Gobierno Nacional de Colombia, sancionó la ley 1098 correspondiente a la ley de infancia y adolescencia. La nueva ley de infancia, generó a su vez el diseño de la política de atención al adolescente en conflicto con la ley Sistema de Responsabilidad penal para Adolescentes (S.R.P.A), la cual contempla los lineamientos y rutas indicadas para la atención de los menores de edad que se ven involucrados en delitos. El sistema señala como principales sanciones, la amonestación, la imposición de reglas de conducta, prestación de servicios a la comunidad, libertad asistida, medio semi cerrado y privación de la libertad; todas ellas se han aplicado, pero no han sido suficientes para disminuir el índice de delincuencia en adolescentes y jóvenes, esto se evidencia en el incremento de adolescentes vinculados a SRPA, el cual presentó un aumento de 15,1% durante el periodo de 2011- 2012 según cifras del ICBF (2012). A parte de este marco normativo, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, desarrolló en el año 2011 un manual sobre la aplicación eficaz de las directrices para la prevención de delito, el cual sirve como carta de navegación en este tema. De acuerdo a lo anterior, se planteó una investigación de orden cuanti-cualitativo, para conocer la eficacia de la intervención del Centro de Formación Juvenil ACJ, en relación a su contratación con el Estado para la aplicación de la sanción de libertad vigilada en los adolescentes y jóvenes que fueron atendidos en el año 2012, para este fin se realizó un investigación mixta de carácter descriptivo, en la cual se aplicó la técnica cuantitativa de la encuesta a 119 jóvenes participantes de Centro de Atención y las técnicas cualitativas como la entrevista y el focus group fueron aplicadas a 8 directivos y profesionales del programa, 16 familias de los jóvenes y un funcionario del ICBF. Los resultados obtenidos, muestran que tanto los jóvenes, sus familias y funcionarios coinciden en que la medida de libertad vigilada si bien es cierto aporta elementos de socialización y contribuye a la reflexión de los jóvenes y familias frente a su problemática, no es suficiente para lograr un inclusión social efectiva y la garantía de no repetición o reincidencia, poniendo en relieve un una situación que va en ascenso, por lo cual se infiere que todos los actores involucrados, es decir, el Estado, la familia, el centro de atención y los mismos jóvenes son responsables de lo ocurrido; tendiendo que generar estrategias conjuntas desde esta mirada para reducir la problemática. De esta manera, el estudio concluye que no basta solo con crear estrategias de afrontamiento de la problemática de delincuencia juvenil, sino también el establecimiento de directrices que lleven hacia la prevención de estas conductas, al interior de las familias, las instituciones educativas, instituciones prestadoras de servicios sociales y sociedad en general. Este tema debe ser abordado desde todas las miradas y no le compete solo a una parte de la sociedad, sino a toda en general, de esta manera, el Estado debe liderar la concentración de diferentes actores sociales que analicen la situación actual de delincuencia juvenil en Colombia y facilite la atención, pero sobre todo la prevención. / In the year 2006, the National Government of Colombia, sanctioned the law 1098 corresponding to the law of childhood and adolescence. The new childhood law, in turn, generated the design of the adolescent care policy in conflict with the Criminal Responsibility System for Adolescents (SRPA), which includes the guidelines and routes indicated for the care of minors. Who are involved in crimes. The system indicates as main sanctions, the admonition, the imposition of rules of conduct, provision of services to the community, assisted freedom, semi-closed means and deprivation of liberty; all of them have been applied, but they have not been enough to reduce the delinquency rate in adolescents and young people, this is evidenced in the increase of adolescents linked to PACS, which presented an increase of 15.1% during the period of 2011- 2012 according to ICBF figures (2012). Apart from this normative framework, the United Nations Office on Drugs and Crime, developed in 2011 a manual on the effective application of the guidelines for the prevention of crime, which serves as a navigation card in this subject. In accordance with the above, a quantitative-qualitative research was proposed, to know the effectiveness of the intervention of the Youth Training Center ACJ, in relation to its contracting with the State for the application of the probation sanction in adolescents and young people who were attended in 2012, for this purpose a mixed investigation of a descriptive nature was carried out, in which the quantitative technique of the survey was applied to 119 young participants of the Care Center and the qualitative techniques such as the interview and the focus group were applied to 8 managers and professionals of the program, 16 families of the youth and an official of the ICBF. The results obtained show that both young people, their families and officials agree that the measure of supervised freedom, although it is true, contributes elements of socialization and contributes to the reflection of young people and families in the face of their problems, it is not enough to achieve an effective social inclusion and the guarantee of non-repetition or recidivism, highlighting a situation that is on the rise, for which it is inferred that all the actors involved, that is, the State, the family, the center of attention and the young people themselves are responsible for what happened; tending to generate joint strategies from this perspective to reduce the problem. In this way, the study concludes that it is not enough just to create strategies to address the problem of juvenile delinquency, but also the establishment of guidelines that lead to the prevention of these behaviors, within families, educational institutions, lending institutions of social services and society in general. This issue must be approached from all perspectives and not only a part of society, but the whole in general, and in this way, the State must lead the concentration of different social actors that analyze the current situation of juvenile delinquency in Colombia and facilitate the attention, but especially the prevention.