Tesis (para optar al grado de Magíster en derecho, mención en contratación comparada e internacional) / La hipótesis que servirá como guía para este trabajo es que la ejecución de los laudos anulados, es de carácter excepcional y que esta solo procede cuando se verifican determinadas condiciones, como por ejemplo la ausencia de un tribunal nacional imparcial e independiente que conozca de la nulidad. El trabajo se ha organizado en cinco capítulos. En el primer capítulo se analizará la acción de nulidad como también la procedencia y posible renuncia de los recursos, con el fin de revisar como los principales Estados regulan la materia. En el segundo capítulo se analizarán conceptos básicos para la etapa de ejecución y reconocimiento tales como jurisdicción primaria, secundaria, lex arbitri, para luego analizar cuál es el vínculo que tiene el laudo con la legislación de la sede del arbitraje. El capítulo tercero se dedicará exclusivamente al análisis de la jurisprudencia comparada acerca de la materia, analizando un total de diez casos relevantes para la comprensión de los 6 argumentos esgrimidos por los tribunales para permitir la ejecución de laudos que han sido previamente anulados en la sede del arbitraje. El cuarto capítulo abordará la situación en el ordenamiento jurídico chileno. El último capítulo plantea algunas observaciones finales. Finalmente, debo expresar mi agradecimiento a dos personas que colaboraron en el desarrollo de este trabajo. Al abogado José María Eyzaguirre García de la Huerta, quien tuvo la amabilidad de recibirme permitiéndome tener una interesante entrevista que me ayudó a clarificar algunos aspectos de los temas que he tratado. A mi profesora guía, agradezco la lectura a borradores de este texto que fueron importantes para la ordenación final de las partes del documento y, sobre todo, sus sugerencias para hacer más claros algunos argumentos

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo de investigación tiene como objeto analizar la labor de cooperación internacional para el desarrollo llevada a cabo por organismos internacionales y los países, con énfasis en los paradigmas que estructuran estas acciones desde el enfoque del derecho internacional. Para esto, se realiza un estudio de caso de la labor del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDP). La tesis sostiene que se ha producido un cambio en el paradigma de cooperación para el desarrollo de esta agencia en Chile, vinculado a cambios propios a la manera en la que estas organizaciones abordan la cooperación para el desarrollo, junto a las transformaciones experimentadas por el país desde mediados de siglo XX. La primera parte examina la historia de la cooperación para el desarrollo en Chile en términos de sus bases conceptuales y jurídicas de esta. Luego, se aborda la labor de UNDP como agencia de Naciones Unidas en específico. Por último, el tercer capítulo trata con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Chile.

Los estudios sobre la fragilidad estatal han sido promovidos predominantemente desde otras áreas de estudio diferentes al derecho internacional. Esta tesis explora cuál ha sido la respuesta del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas frente a este paradigma y cuáles pueden ser los riesgos que supondría su reconocimiento en el marco de su mandato de preservar la paz y la seguridad internacionales. Las investigaciones académicas usualmente se han enfocado en determinar el alcance del concepto de fragilidad estatal, sus causas y repercusiones. Sin embargo, no existe literatura suficiente que aborde el discurso jurídico que se ha creado alrededor de los Estados que se encuentran en situación de fragilidad ni mucho menos la respuesta institucional de órganos que forman parte del sistema de Naciones Unidas. Esta es una discusión a la que esta tesis pretende contribuir. El principal argumento es que el reconocimiento de la fragilidad estatal por parte del Consejo de Seguridad engloba el riesgo de trasladar al discurso jurídico la idea de que existen Estados que cumplen sus obligaciones internacionales de manera adecuada y otros que no tienen la capacidad suficiente para hacerlo. Esto supone que se institucionalice la percepción de que existen algunos Estados que están en ventaja y otros en desventaja, lo que podría conllevar a la violación de principios del derecho internacional. Para ello, esta investigación estudia la construcción de la fragilidad estatal desde una perspectiva jurídica que permite comprender su significado en el derecho internacional. Se pregunta sobre la relación entre la fragilidad estatal y la personalidad jurídica internacional, y hasta qué punto este paradigma permitiría replantear el estándar de estatalidad en el derecho internacional. Luego de ello, analiza la respuesta del Consejo de Seguridad en Estados en situaciones de fragilidad a partir de la revisión de las resoluciones adoptadas en estos contextos, en particular en los casos de Somalia y Yemen. La tesis concluye que el Consejo de Seguridad ha tenido un viraje institucional, desde una completa falta de respuesta al reconocimiento de la fragilidad como un asunto de preocupación en el marco de su mandato hasta un involucramiento más decidido en la consolidación del paradigma de fragilidad estatal.

El presente trabajo versa, fundamentalmente, sobre los problemas jurídicos y políticos de la aplicación de la Doctrina de la Responsabilidad de Proteger (R2P). Preliminarmente se realiza una breve reseña histórica de la Doctrina y se analizan los principales elementos teóricos y normativos que la componen. Con dicha base jurídica la investigación se avoca a determinar si la Responsabilidad de Proteger puede fundamentar el uso de la fuerza unilateral por parte de un Estado en respuesta a violaciones graves y sistemáticas de Derechos Humanos en otro Estado. Con este objetivo central, se analizan los tres ejes problemáticos que enfrenta la Responsabilidad de Proteger, esto es, el jurídico, el político y el práctico. Para dicho análisis se contrastan las dos posturas enfrentadas más importantes sobre la R2P: a favor (o la primacía de los Derechos Humanos) y en contra (o de rechazo al intervencionismo). / This paper focuses mainly on the legal and political problems of the application of the Responsibility to Protect (RtoP) doctrine. A brief historical review of the doctrine is made in advance and the main theoretical and normative elements that compose it are analyzed. With this legal foundation, the investigations seeks to determine whether the Responsibility to Protect can be used as a basis for the unilateral use of force by a State in response to serious and systematic human rights violations in another State. With this central objective in mind, the three problematic lines that the Responsibility to Protect faces are examined: the legal one, the political one and the practical one. In this analysis, the two most important conflicting positions on the issue are contrasted: in favor (or the primacy of the defense of human rights above everything else) and against (or the rejection of interventionism).

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El objetivo de este trabajo es analizar las diferentes interpretaciones de la equidad, en el contexto del régimen jurídico establecido a través de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. El primer capítulo examina las principales líneas interpretativas del concepto, esto es como principio equidad internacional o bien como equidad intergeneracional. En dicha labor se exhiben las complejidades e incongruencias de una concepción de la equidad como un principio ya sea de derecho internacional público o derecho internacional ambiental. El segundo capítulo explora las posibilidades que ofrece una interpretación que combine la equidad y el principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas y respectivas capacidades, en un enfoque holístico del artículo 3.1 de la Convención en el cual ambas se contienen. A este propósito contribuye el análisis de la equidad en materia internacional realizada por Thomas Franck. La conclusión de esta investigación es que la equidad en materia de cambio climático no es un principio del modo que estos generalmente son concebidos en el derecho internacional ya sea público o ambiental, sino un elemento fundacional del régimen de cambio climático que es materializado a través del principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas y respectivas capacidades. Como consecuencia de lo anterior, se sugiere la revisión de los Anexos que concretan el principio de responsabilidades comunes pero diferenciada

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)

Memoria de título para optar al grado de licenciado en ciencias jurídicas y sociales. / El presente trabajo estudia el contrato de volumen, consagrado por primera vez en un convenio internacional en las Reglas de Rotterdam elaborado por la CNUDMI. Se desarrolla el concepto, requisitos y efectos del contrato de volumen en el convenio mencionado. En base a la historia de la ley de las Reglas de Rotterdam se determinan las fuentes utilizadas en la redacción de este instrumento internacional. Las fuentes legales que emanan del estudio de los trabajos de redacción de las Reglas de Rotterdam son el derecho estadounidense, derecho francés, derecho escandinavo, formatos tipo y derecho alemán. Además tenemos presente la doctrina nacional. Como método de estudio se han contrastado las fuentes entre ellas. Se encontraron dos enfoques ante el contrato de volumen, primero, su tratamiento en el derecho estadounidense como contrato de servicio y, segundo, las demás fuentes utilizan el paradigma de los contratos de explotación de naves para establecer su contenido, resolver controversias judiciales y/o consagrarlo en sus legislaciones nacionales. Al presentar el segundo enfoque, planteamos los elementos, naturaleza jurídica y características de este contrato. Ya determinado el contenido del contrato de volumen, se concluye analizando si la regulación del contrato de volumen en la Reglas de Rotterdam es apropiada o no

Memoria para optar al grado de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales / La reivindicación indígena a mediados del siglo XX, permitió el florecimiento de los primeros instrumentos internacionales de tutela indígena, el primero de ellos fue el Convenio 107 de la OIT, seguido por el actual Convenio 169 de la OIT que logra la protección a la identidad cultural a través del derecho propio y el derecho a la tierra, entre otros. Por su parte, las constituciones latinoamericanas se enmarcaron en el Nuevo Constitucionalismo Latinoamericano, plasmando en su articulado la traslación fiel a la voluntad constituyente debido “al producto de las luchas de movimientos sociales y populares,”1 estableciendo mecanismos en favor de los pueblos indígenas. Es así, que las constituciones colombiana, boliviana y ecuatoriana – éstas dos últimas encuadradas bajo la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los pueblos indígenas- plasmaron en sus cartas magnas, las propuestas sociales que venían originándose, detallando los derechos individuales y colectivos “fijando estándares mínimos al respecto, concentrándose y garantizando su derecho a la diferencia y a su desarrollo económico, social y cultural.”2 Los dieciséis Estados Latinoamericanos que tienen presencia indígena contemplan algún tipo de protección constitucional, con excepción de Chile. Sin embargo, durante la última década en Chile ha logrado avanzar mediante la ratificación del Convenio 169 de la OIT en el año 2008, y a través del reconocimiento de los derechos indígenas en el nuevo proyecto de reforma constitucional

Memoria para optar al Grado Académico de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales / La necesidad de estudios relacionados con los mecanismos de financiamiento al terrorismo está relacionada con la relevancia que ha adquirido el fenómeno en los últimos años. En ese sentido, es el atentado contra las torres gemelas, el hito que visibilizó internacionalmente los alcances y el poder con el cual cuentan las células terroristas para llevar a cabo sus acciones. La posterior respuesta de la comunidad internacional se enfocó en la creación y adopción de un sinnúmero de legislaciones y políticas destinadas a prevenir y combatir el fenómeno, lo que se plasmó en diversos instrumentos internacionales como el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, la resolución 1373 –que hace exigibles a los Estados parte el cumplimiento de las disposiciones del Convenio-, y las recomendaciones del GAFI. El presente trabajo se estructuró de forma tal que comenzamos mencionando algunos de los distintos mecanismos de financiamiento, continuando con el estudio de las fuentes de nuestra legislación nacional -ya referidas-, además del análisis de la Historia de la Ley 18.314 y de la Ley 20.393. Finalmente, en el último capítulo, se analizó la legislación chilena pertinente (artículo 8 principalmente), contrastada con los mecanismos ya expuestos para determinar si efectivamente los mismos quedan contemplados dentro de la figura analizada, para de esta forma concluir que se requiere de una postura escéptica y crítica respecto de la regulación del fenómeno en cuestión, y que esto en definitiva, nos lleva a confirmar la hipótesis postulada que señala que la normativa nacional actual, no da cuenta de la naturaleza del delito de financiamiento al terrorismo, ni de la complejidad de los métodos en los que puede configurarse la financiación de organizaciones terroristas, y por tanto, no es posible asegurar que la misma sea eficaz al momento de regular, y mucho menos prevenir el fenómeno.

La investigación describe y analiza la relación entre la ONU y Ruanda entre 1990 y 1996, desde los aportes teóricos del constructivismo y la psicología política. Ruanda había alcanzado notoriedad en la esfera internacional por ser escenario de una de las peores masacres en la humanidad. El genocidio de 1994 duró 100 días y acabó con la vida de 800 mil personas. La Comunidad Internacional fracasó y UNAMIR, la misión de paz de las Naciones Unidas para Ruanda, se vio totalmente atada de manos. El genocidio siguió su rumbo, mientras la ONU abandonaba al país. El Frente Patriótico Ruandés (FPR), un movimiento guerrillero tutsi, le puso fin a la masacre y logró instaurar un nuevo gobierno en el país. Bajo este panorama, esta investigación examina las ideas que la ONU y Ruanda se generaron luego del genocidio, tanto de sí mismos como del otro. Se define la identidad, imagen e intereses de cada actor; y se analiza el efecto que tienen en el desarrollo de las relaciones postgenocidio. Se estudia la involución de las mismas, las cuales fueron al principio cooperativas, pero que culminarían con la salida del país de UNAMIR. De julio de 1994 hasta fines de año, la relación era positiva. Pronto, cuando las acciones ya no iban de la mano con las expectativas de comportamiento, las relaciones fueron cambiando. Ruanda se daría cuenta que la ONU no estaba en el país para ayudar en su reconstrucción. Primero, con UNAMIR, cuya prioridad fue atender a los refugiados y desplazados, los cuales habían participado directa o indirectamente en el genocidio. Segundo, con el Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR), acusado de mala gestión y lentitud. Desde fines de 1994, Ruanda empezó a mostrarse crítico con ambas iniciativas. Para la ONU, sin el interés de las grandes potencias para iniciar una misión de reconstrucción y ahora sin el consenso de Ruanda, la mejor opción era retirarse. En marzo de 1996, esta misión abandonaría el país. Las ideas, de este modo, tuvieron un efecto importante en la forma cómo actuaron y se relacionaron los actores involucrados, hasta su ruptura definitiva.