Debido a la declaración del Estado de Emergencia Nacional y Sanitaria por parte del gobierno central, y el establecimiento de una situación de cuarentena total en el país, primero, y luego focalizada, en determinadas provincias y departamentos, se suspendieron todo tipo de actividades públicas y privadas. Esto evidentemente tuvo impacto importante en el desarrollo y cumplimiento de las funciones administrativas de las entidades públicas, en los diversos niveles de gobierno, cuyos procedimientos están sujetos al cumplimiento de plazos y a la atribución de responsabilidades para los servidores públicos. Si bien se dictaron, en forma poco ordenada, normas que establecieron la suspensión de los plazos de tramitación, en teoría de todo tipo de procedimiento administrativo, existen plazos, como los de prescripción, especialmente en el caso del Procedimiento Administrativo Disciplinario (en adelante PAD) que, por su naturaleza, están sujetos al cumplimiento de principios y garantías constitucionales, que tutelan, entre otros, intereses del servidor o trabajador público. El presente trabajo cuestiona si los plazos de prescripción del PAD han sido objeto de suspensión expresa por norma legal en sentido estricto, dictada durante el estado de emergencia, y, de no ser ese el caso, si puede interpretarse que dichos plazos se suspendieron, atendiendo a las circunstancias excepcionales de dicho contexto. Finalmente, se analiza si, el Tribunal del Servicio Civil (en adelante TSC), puede suspender dichos plazos de prescripción, a través de los llamados precedentes administrativos vinculantes, en vía de interpretación o incluso de creación normativa administrativa, concluyéndose que ello es incompatible con las garantías y principios antes indicados.

El presente artículo tiene por objetivo evaluar dos instituciones concretas del derecho administrativo que tienen como principal finalidad evitar que la entidad administrativa impute responsabilidad y sancione al administrado por la comisión de una conducta infractora: la prescripción y la subsanación voluntaria, analizando así su regulación tanto en la normativa general como también en la normativa especial dependiendo del sector correspondiente. Este análisis permitirá demostrar que, efectivamente, existen determinados procedimientos administrativos sancionadores correspondientes a sectores especiales como por ejemplo, la normativa de INDECOPI – en relación a la prescripción – y la normativa de OSINERGMIN – en relación a la subsanación voluntaria como un supuesto que permite al administrado exonerarse de responsabilidad – que incumplen con lo regulado en la normativa común, esto es, la Ley del Procedimiento Administrativo General, incumpliendo así con respetar y adecuarse a las garantías mínimas que reconoce esta normativa común y que deben ser cumplidos – necesariamente – por la normativa especial. En ese sentido, cualquier regulación especial dictada en los distintos sectores especiales deben ser dictados de conformidad con las garantías mínimas reconocidas en la Ley del Procedimiento Administrativo General, sin que se establezcan condiciones menos favorables en perjuicio del administrado; lo contrario significaría una contravención, principalmente, al principio de legalidad. Es por eso que, en estos casos, resulta necesario que la normativa especial realice una interpretación conforme a la normativa común. / The purpose of this article is to analyze two specific institutions of administrative law whose main purpose is to prevent the administration from imposing a sanction on the administered for the commission of an infringing conduct: the statute of limitations and voluntary correction, thus analyzing their regulation both in the general regulations and in the special regulations depending on the corresponding sector. This analysis will make it possible to demonstrate that there are indeed certain administrative sanctioning procedures corresponding to special sectors such as, for example, INDECOPI's regulations - in relation to the statute of limitations - and OSINERGMIN's regulations - in relation to the voluntary correction as an assumption that allows the party administered to exonerate itself from liability - that do not comply with the provisions of the common regulations, that is, the General Administrative Procedure Law, thus failing to respect and adapt to the minimum guarantees that this common regulation recognizes and that must be complied with - necessarily - by the special regulations. In this sense, any special regulation issued in the different special sectors must be issued in accordance with the minimum guarantees recognized in the General Administrative Procedure Law, without establishing less favorable conditions to the detriment of the administered party; otherwise, it would mean a contravention, mainly, of the principle of legality. That is why, in these cases, it is necessary for the special regulations to be interpreted in accordance with the common regulations. / Trabajo académico

El presente informe recae sobre el proceso arbitral interpuesto por las empresas Desarrollo Forestal S.A.C. y DEFORSA INC. contra el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), cuyo objeto es la declaración de extinción o inejecutabilidad de la hipoteca, registrada a favor del MEF; así como el levantamiento de la misma, pedido que los demandantes sustenta en virtud a la prescripción extintiva de las obligaciones y por la indebida cesión de la garantía. El expediente analizado contiene materias jurídicas relevantes, tales como la prescripción extintiva, principios del derecho arbitral, laudo arbitral, recusación, vigencia de la hipoteca, caducidad del asiento registral de la hipoteca, entre otros, para lo cual se llevó a cabo la revisión de normas y doctrina del Derecho Civil, Procesal Civil, Arbitraje y Registral, del mismo modo, la revisión de derechos reconocidos por nuestra Constitución, relacionados a efectiva tutela jurisdiccional y debido proceso; cuya inobservancia jurídica no solo tiene consecuencias entre las partes sino que adicional a ello, tiene efectos en el desarrollo económico del país. Por otro lado, el objetivo de analizar el expediente consiste en revisar si las actuaciones de las partes y el Tribunal Arbitral a lo largo del proceso se ajustan al derecho; así como, evaluar la adecuada aplicación de los conceptos jurídicos antes mencionados. De lo señalado concluimos que, la obligación de los operadores jurídicos es ejercer de forma adecuada el derecho, no se debe confundir la eficiencia con la sobrecarga de pedidos ante autoridad jurisdiccional que puede conllevar a decisiones contradictorias, ni mucho menos confundir conceptos jurídicos, que puedan mellar las pretensiones de las partes; por otro lado, la labor de las autoridades no solo se debe limitar a la actuación de las etapas procesales, como un mero trámite, debe buscarse la eficiencia de los procesos con debidas motivaciones y dándole la relevancia necesaria a todas las etapas del proceso.

El presente trabajo se desarrolla a raíz del pronunciamiento del Tribunal Fiscal, en la resolución N° 10495-3-2012; donde se analiza la interrupción de la prescripción de cada una de las acciones de la Administración Tributaria, como consecuencia del inicio del procedimiento de fiscalización, que tiene lugar, con la notificación de la Carta de Presentación y el Primer Requerimiento. El análisis de la referida resolución me permitió cuestionarme respecto del origen de la prescripción, como figura jurídica propia del Derecho Civil, y su incorporación en el Derecho Tributario; siendo necesario para ello analizar el principio constitucional que justifica la prescripción, la seguridad jurídica, y los principios constitucionales del derecho tributario, tales como, el principio de solidaridad e igualdad. Este análisis me condujo a centrar esta investigación en el estudio de la imprescriptibilidad de la acción para exigir el cobro de la obligación tributaria, la cual es comparada con la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad.

El presente trabajo de investigación versa en exponer cuál ha sido el tratamiento, criterios y lineamientos que han llevado a cabo el Tribunal del Servicio Civil respecto a la aplicación del principio de irretroactividad principalmente en la manifestación de retroactividad benigna sobre la norma que regula la prescripción, concretamente en los casos de responsabilidad administrativa disciplinaria. Asimismo, se ha tomado como punto de partida la importancia que tiene la naturaleza jurídica de la prescripción, un tema que resulta controvertido para el sector de la doctrina, pues dada su naturaleza no posee la calidad de norma sancionadora y por tanto inaplicable el principio de retroactividad benigna. Sobre estas premisas es que el presente trabajo de académico tiene como objetivos el dar a conocer el tratamiento actual de la prescripción en relación a su naturaleza jurídica y aplicación en el tiempo en los criterios aplicados por el Tribunal de Servir. De igual manera, se pretenden analizar las posiciones doctrinarias acerca de las teorías sustantiva y procesal respecto al fundamento de la prescripción; y las consecuencias jurídicas de aplicar el principio de irretroactividad en la norma que establece los plazos de prescripción y en los administrados como principales destinatarios de la misma.

El presente trabajo tiene como objetivo general determinar la materialización de la imprescriptibilidad en los delitos contra la administración pública, busca establecer si en nuestro ordenamiento jurídico nacional se determinan de manera clara, precisa y rigurosa los lineamientos jurídicos que fundamentan la imprescriptibilidad de los delitos contra la administración pública, y de ser así, identificar los criterios que la sostienen y si éstas guardan relación con los principios esenciales del Derecho Penal. La investigación iniciará con los fundamentos que sostienen la figura de la imprescriptibilidad propiamente dicha, cuyo análisis tendrá el objeto de entender las circunstancias, razones y motivos que originaron la institución jurídica señalada y si éstas se sostienen bajo los preceptos de un Estado Democrático de Derecho. Luego de identificar los fundamentos de la institución jurídica bajo mención se establecerán los preceptos que incorporaron dicha figura a nuestra legislación nacional, analizando su regulación en el Código Penal Peruano y una descripción de su regulación en el Derecho Comparado. Luego de analizar la referida institución en la legislación peruana, se planteará los fundamentos de su vinculación con los delitos de Lesa Humanidad comprendidas en la Corte Penal Internacional y su conectividad con el ordenamiento jurídico internacional referidos a los Derechos Humanos, para así determinar con mayor precisión la viabilidad de la aplicación de la imprescriptibilidad a los delitos contra la Administración Pública establecidas en nuestro ordenamiento jurídico. De manera posterior, se identificarán las razones que, de acuerdo a la doctrina y la jurisprudencia, justificarían la imprescriptibilidad de los delitos contra la administración pública y su posterior materialización en nuestro Código Penal. Se realizará un análisis crítico de cada uno de sus fundamentos y se procurarán establecer prístinamente los delitos que estarían sujetos a la institución jurídica en mención. En la actualidad existen razones que cuestionan dicha institución jurídica las cuales en épocas de desbordante y grave corrupción crean espacios de impunidad, lesionando bienes jurídicos que afectan a la colectividad, los cuales se pretenden aminorar y prevenir con el presente planteamiento. Como resultado de la investigación se concluirá que la imprescriptibilidad de la acción penal y su materialización en nuestro ordenamiento sancionador contienen una razón de ser, la de aminorar y prevenir la comisión de delitos de grave corrupción que impliquen la lesión de bienes jurídicos colectivos y más aún si estos contienen una estrecha relación con delitos que involucren la lesión de derechos fundamentales. / The present objective of the present work is to determine the materialization of imprescriptibility in crimes against public administration, it seeks to establish whether in our national legal system the legal guidelines that base the imprescriptibility of crimes against crimes are clearly, precisely and rigorously determined. public administration, and if so, identify the criteria that support it and whether they are related to the essential principles of Criminal Law. The investigation will begin with the foundations that sustain the figure of the prescription and the imprescriptibility itself, whose analysis will aim to understand the circumstances, reasons and motives that originated the legal institution indicated and if these are sustained under the precepts of a Democratic State. of Law. After identifying the foundations of the legal institution under mention, the precepts that incorporated this figure into our national legislation will be established, analyzing its regulation in the Peruvian Penal Code and a description of its regulation in Comparative Law After analyzing the aforementioned institution in Peruvian legislation, the rationale for its connection with crimes against Humanity included in the International Criminal Court and its connectivity with the international legal system referring to Human Rights will be considered, in order to determine with greater precision the feasibility of applying imprescriptibility to crimes against the Public Administration established in our legal system. Subsequently, the reasons that, according to doctrine and jurisprudence, would justify the imprescriptibility of crimes against the public administration and their subsequent materialization in our Penal Code will be identified. A critical analysis of each of its foundations will be made and an effort will be made to establish pristinely the crimes that would be subject to the legal institution in question. Currently there are reasons that question this legal institution which in times of overflowing and serious corruption create huge spaces of impunity, damaging legal assets that affect a community which are intended to lessen and prevent with this approach. As a result of the investigation, it will be concluded that the imprescriptibility of the criminal action and its materialization in our sanctioning order contain a reason for being, that of reducing and preventing the commission of crimes of serious corruption that involve the injury of collective legal assets and even more if these contain a close relationship with crimes that involve the injury of fundamental Rights of the people.

En el presente informe se identifica que el problema jurídico que surge a partir de la Resolución del Tribunal Fiscal No. 05179-2-2004 es dilucidar cuál es el correcto tratamiento jurídico que se le debe otorgar a la solicitud de prescripción tributaria. En dicha Resolución, el Tribunal Fiscal concluyó que al momento que el contribuyente solicitó la prescripción de la deuda tributaria por concepto de arbitrios municipales del ejercicio 1998, esta deuda aún no había prescrito debido a que se habían dado actos que suspendían e interrumpían la prescripción tributaria. Entre los actos de interrupción, el Tribunal Fiscal consideró a la solicitud de prescripción, pues, según su criterio, ésta es un reconocimiento expreso de la obligación tributaria y, por tanto, la prescripción tributaria se había interrumpido. Para solucionar el problema jurídico, se ha analizado los fundamentos jurídicos de la prescripción en el derecho constitucional, civil y tributario. Asimismo, se ha revisado la regulación y efectos jurídicos del reconocimiento expreso de la obligación tributaria, así como la naturaleza jurídica de la solicitud de prescripción a fin entender si ésta califica o no como un supuesto de reconocimiento expreso de la obligación tributaria y, por ende, un acto de interrupción de la prescripción, tal como lo establece el artículo 45 del Código Tributario. / In this report, it is identified that the legal problem that arises from the Tax Court Resolution No. 05179-2-2004 is to elucidate what is the correct legal treatment that should be granted to the request for tax prescription. In said Resolution, the Tax Court concluded that at the time that the taxpayer requested the prescription of the tax debt for municipal excise taxes for the fiscal year 1998, this debt had not yet expired due to the fact that there had been acts that suspended and interrupted the tax prescription. Among the acts of interruption, the Tax Court considered the prescription request, since, according to its criteria, this is an express recognition of the tax obligation and, therefore, the tax prescription had been interrupted. To solve the legal problem, the legal bases of prescription in constitutional, civil and tax law have been analyzed. Likewise, the regulation and legal effects of the express recognition of the tax obligation have been reviewed, as well as the legal nature of the prescription request in order to understand whether or not it qualifies as a case of express recognition of the tax obligation and, therefore, an act of interruption of the prescription, as established in article 45 of the Tax Code.

Introducción: La transfusión de hemocomponentes constituye una práctica médica importante y frecuente a nivel mundial. El uso apropiado de transfusión de hemocomponentes salva millones de vidas; sin embargo, la prescripción inadecuada de estas transfusiones expone al paciente a riesgos transfusionales y disminuye su disponibilidad para quienes realmente lo necesitan, y más en un hospital de mediana complejidad como el Santa María de Cutervo, donde solo se transfunde concentrado de hematíes. Objetivo: Describir las prescripciones inadecuadas de transfusión de concentrado de hematíes en el hospital del MINSA nivel II-1 Santa María de Cutervo – periodo 2019-2020. Materiales y Métodos: Estudio observacional descriptivo transversal retrospectivo. Se evaluaron 168 solicitudes transfusionales, realizadas entre 2019 y 2020, seleccionadas de manera aleatoria simple. Todas las fichas de la muestra cumplieron con el criterio de inclusión de contar con los datos necesarios para su valoración Se valoraron como inadecuadas aquellas prescripciones que no cumplieron con los criterios establecidos en el “Compendio para el uso clínico de Sangre y Componentes” del Programa Nacional de Hemoterapia y Bancos de Sangre (PRONAHEBAS) – MINSA. Mediante estadística descriptiva se calcularon frecuencias y porcentajes de las prescripciones de transfusión inadecuadas. Resultados: 30,4% de las solicitudes fueron valoradas como inadecuadas. El promedio de hemoglobina de los pacientes transfundidos fue de 7,63 g/dl, el de hematocrito de 23,9%. Gíneco-obstetricia tuvo la mayor frecuencia de prescripciones inadecuadas (30/79). El diagnóstico de mayor frecuencia de prescripción inadecuada fue politraumatismo con un 70,0% (7/10). Los médicos no especialistas fueron los que prescribieron inadecuadamente con más frecuencia. / Introduction: Blood transfusion is an important and frequent medical practice worldwide. The appropriate use of blood component transfusion saves millions of lives. However, the inappropriate prescription of these transfusions exposes the patient to transfusion risks and decreases availability for those who truly need it, especially in a medium-complexity hospital like Santa María de Cutervo, where only packed red blood cells are transfused. Objective: To describe the inappropriate prescriptions of Packed Red Blood Cell transfusion in the MINSA level II-1 Santa María de Cutervo hospital - period 2019-2020. Materials and Methods: A retrospective descriptive cross-sectional observational study was conducted. A total of 168 transfusion requests made between 2019 and 2020 were randomly selected. All the records in the sample met the inclusion criteria of having the necessary data for evaluation. Prescriptions that did not meet the criteria established in the "Compendium for the Clinical Use of Blood and Components" of the National Hemotherapy and Blood Banks Program (PRONAHEBAS) - MINSA were considered inappropriate. Descriptive statistics were used to calculate the frequencies and percentages of inappropriate transfusion prescriptions. Results: 30.4% of the requests were evaluated as inappropriate. The average hemoglobin level of transfused patients was 7.63 g/dl, and the average hematocrit level was 23.9%. Gynecology and obstetrics had the highest frequency of inappropriate prescriptions (30/79). The most frequent diagnosis associated with inappropriate prescription was polytrauma with a rate of 70.0% (7/10). Non-specialist doctors were the ones who prescribed inappropriately most frequently.

La prescripción de la acción penal es una institución que limita el Ius puniendi del Estado. Cuando opera esta figura, se extingue la posibilidad de que la autoridad competente se pronuncie respecto a un hecho de relevancia penal. Esta es una regla que ha estado presente en todos los códigos penales peruanos; sin embargo, ni la doctrina especializada ni la jurisprudencia ofrecen una explicación satisfactoria acerca de cuáles son los fundamentos que justifican su aplicación. En atención a ello, el objetivo de la presente investigación consiste en determinar si, en la actualidad, la regulación de la prescripción de la acción penal en el ordenamiento jurídico peruano se encuentra justificada. La tesis inicia con un breve recorrido histórico sobre el origen de la prescripción de la acción penal. Se describe cómo se dio su incorporación en la legislación peruana y se analiza su regulación en cada Código Penal, incluido un repaso de cómo funciona en Derecho comparado. De manera posterior se realiza un análisis crítico de cada una de las razones que, de acuerdo con la doctrina y jurisprudencia, fundamentan la prescripción. Se determina que ninguna de las razones brindadas logra justificar que la referida institución se encuentre regulada en el ordenamiento jurídico peruano. Los argumentos señalados pudieron funcionar siglos atrás; no obstante, resultan insuficientes en la actualidad. Al ser descartadas las referidas razones, se apuesta por una nueva justificación. Se considera que la prescripción de la acción penal sí tiene una razón de ser; sin embargo, lejos de cumplir una función tuitiva, como señalaban la mayoría de las razones alegadas históricamente, se trata de una regla que se fundamenta en razones de política criminal. La prescripción responde a la necesidad de aligerar la carga procesal con el fin de permitir que el sistema de persecución penal funcione de la manera más eficiente posible y con ello, evitar que el sistema de administración de justicia colapse.

Se pone en manifiesto que algunas empresas utilizan figuras legales, como, por ejemplo, reorganizaciones societarias bajo un esquema de planeamiento tributario, que les ha permitido de manera indirecta obtener los beneficios tributarios que estaban orientados a incentivar la inversión o facilitar las estrategias empresariales, sin pretender lograr dicho objetivo económico. Situación que distorsiona la equidad del impuesto que debe aplicarse sobre la capacidad contributiva y genera brechas en la recaudación. Muy poco se hizo con la Norma VIII del Título Preliminar del Código Tributario que tuvo problemas en su aplicación para intentar calificar operaciones en Fraude de Ley, por lo que en el 2012 fue necesario introducir la Cláusula Antielusiva General en el Perú, dentro de la Norma XVI en el Título Preliminar del Código Tributario, acarreando oposiciones en el sector privado, suspendiéndose con otra Ley, su aplicación, con excepción del primero y último párrafo de la misma, tan solo a los 2 años de su introducción sin haberse incluso aplicado. En el contexto actual, debido a que a finales del 2018 se levantó la suspensión de la Cláusula Antielusiva General incorporada en los párrafos del 2 al 5 de la Norma XVI, nos encontramos con los posibles inconvenientes que podría generar su aplicación en el Perú, por parte de la SUNAT, a aquellas operaciones que se hubieran realizado en períodos prescritos y que aun así sus efectos se evidencien en uno o varios ejercicios futuros, que al no estar prescritos, estén siendo fiscalizados o podrían ser sujetos a fiscalización por parte de la Administración Tributaria. En el desarrollo de la presente investigación, se evidencia las diversas interpretaciones por parte de la doctrina y la jurisprudencia, respecto a qué facultades de la Administración se sujetan al plazo de prescripción que establece el artículo 43° del Código Tributario, lo que podría generar una posición discordante entre los órganos administrativos y judiciales cuando se discutan los casos de calificación de las operaciones descritas en el párrafo previo. Finalmente, en el presente trabajo se analiza el problema en cuestión con la exposición de jurisprudencia de casos similares para plantear una tentativa solución a la contingencia que se pueda generar a futuro, así como para solucionar el problema interpretativo del artículo 43° del Código Tributario.