El presente trabajo de investigación pretende analizar la eficacia de dos mecanismos de simplificación administrativa empleados en los procedimientos de otorgamiento de licencias de edificación tramitados ante la Municipalidad Metropolitana de Lima; estos son: la aprobación automática y el silencio administrativo positivo. Se parte de la hipótesis que dicha municipalidad desnaturaliza los referidos mecanismos de simplificación administrativa puesto que desconoce y/o obstaculiza los efectos de estos en los procedimientos administrativos sobre licencia de edificación de su competencia. Este tema resulta relevante ya que la actuación de las municipalidades en los procedimientos sobre autorizaciones administrativas para edificar es un factor determinante para contar con un desarrollo urbano ordenado y con los estándares de seguridad suficientes, así como para tutelar los intereses de los administrados sin generar inseguridad jurídica para los mismos. La investigación se sustenta en el análisis de la doctrina sobre las técnicas de la aprobación automática y del silencio administrativo positivo; en el análisis de la regulación de los procedimientos administrativos sobre licencias de edificación; sobre el análisis de pronunciamientos del Tribunal Constitucional y; sobre el análisis de resoluciones administrativas emitidas por la Municipalidad Metropolitana de Lima. Se concluye que los servidores encargados de la tramitación de los procedimientos y/o de realizar las acciones de verificación administrativa con posterioridad a la emisión de la licencia de edificación realizan una serie de actuaciones propias de un procedimiento administrativo en trámite, desconociendo la existencia de una resolución ficta que otorga la licencia de edificación ya sea por aprobación automática o por silencio administrativo positivo, quitándole vigencia a dichos mecanismos; lo que implica vulnerar el principio de seguridad jurídica y el principio de legalidad. / Trabajo de investigación

el año 2014 el número de las medidas correctivas ambientales ordenadas por el OEFA ha aumentado, de 28 medidas ordenadas en el periodo 2009- julio 2014 hasta 1227 medidas ordenadas en el periodo julio 2014- julio 2016. Al respecto, el TFA ha anulado un número muy pequeño de medidas correctivas en el sector de hidrocarburos1 mientras que en el sector minería el TFA confirmó un gran número de medidas apeladas. Sumado a ello, en abril de 2016, el OEFA publicó una metodología para la aplicación de las medidas correctivas la cual velaba porque cumplan con la finalidad de revertir el impacto ambiental negativo generado. Al respecto, los datos señalados mostrarían que la DFSAI habría ordenado medidas correctivas proporcionales a los administrados, por ello la interrogante en la presente investigación es ¿la metodología para la aplicación de las medidas correctivas de adecuación en el OEFA logró que las mismas reviertan el impacto ambiental negativo? La hipótesis consiste en que la aplicación de las medidas correctivas no fue proporcional para revertir el impacto ambiental negativo que la conducta infractora hubiera podido producir. Las conclusiones de la presente investigación consisten en que la metodología del OEFA cumple con los criterios establecidos por el Tribunal Constitucional; sin embargo, la aplicación de dicha metodología en dos resoluciones del TFA / Trabajo académico

El autor intenta caracterizar jurídicamente el procedimiento administrativo de protección al consumidor, de esta forma identificar sus falencias, permitiendo, de esta forma plantear una propuesta de migración de procedimientos, siendo el ideal un procedimiento especial trilateral, sin perjuicio de conservar la potestad sancionadora como vía residual / Trabajo académico

El presente trabajo académico busca analizar la motivación de los actos administrativos en el marco de los procedimientos administrativos sancionadores de la Autoridad Nacional del Agua, para lo cual, primeramente se realiza una labor dogmática, de carácter más puramente intelectual de la categoría jurídica de la motivación, posteriormente da a conocer el marco institucional en el cual se enmarca nuestro objeto de estudio, para finalmente hacer un análisis de la aplicación práctica que se viene haciendo de esta categoría en materia de procedimiento administrativo sancionador por transgresión a la legislación de recursos hídricos. Para ésta última parte, se empleó la metodología funcional-inductiva, considerando que una investigación jurídica que opte por la metódica funcionalista partirá siempre del trato directo con la realidad concreta, que es la materia de su análisis hasta lograr una generalización. El trabajo académico considera como población a la totalidad de las resoluciones emitidas por el TNRCH de la ANA en materia de PAS el año 2017 y la muestra comprende las resoluciones emitidas por el TNRCH de la ANA en materia de PAS durante el primer cuatrimestre del año 2017. Se concluye, entre otros, que en el 10% de las resoluciones emitidas por TNRCH, éste determinó que las resoluciones impugnadas fueron emitidas sin la debida motivación durante el primer cuatrimestre, lo cual hace resaltar la importancia de la motivación elemento sustancial y deber jurídico de la Administración Pública. / Trabajo académico

En la tramitación de los procedimientos administrativos sancionadores, los funcionarios afrontan dificultades para notificar los actos administrativos, las cuales no solo se limitan a la determinación del domicilio correcto del administrado en el cual se harán llegar los actos, sino además en el hecho de que, una vez determinado dicho domicilio, se presentan supuestos de diligencias de notificación infructuosas, ya sea porque la dirección resulta inexistente o porque el administrado ya no reside en dicho lugar, ello debido a que el domicilio declarado por el administrado ante el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil es incorrecto o no se encuentra actualizado, siendo que dicha situación, sumado a una legislación que pretende ser muy garantista, ha llevado a que las entidades de la Administración Pública destinen recursos significativos en la notificación de actos a través de la publicación de edictos. Usando el método de investigación descriptiva con enfoque cualitativo, en la presente investigación se demostrará que la aplicación del régimen de notificación establecido en la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, viene siendo ineficiente, generando costos innecesarios a la Administración. Ante dicha situación, se concluye que se deben ejecutar una serie de acciones, que no solo implican la modificación de la citada Ley, y de la Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, Ley N° 26497, sino que además implican dotar al procedimiento de expedición del Documento Nacional de Identidad y al procedimiento del cambio del dato domiciliario, del uso del Sistema Georeferenciado para mejorar la confiabilidad de los datos declarados por los ciudadanos, desarrollar una campaña de concientización respecto de la importancia de actualizar el domicilio en el Documento Nacional de Identidad, y optimizar las acciones de fiscalización del RENIEC respecto del cumplimiento de la obligación de actualizar el domicilio. / In the processing of administrative sanctions procedures, officials face difficulties in notifying administrative acts, which are not only limited to the determination of the correct domicile of the petitioner to which the documents will be sent, but also in the fact that, once this domicile is determined, there are cases of unsuccessful notification diligences. This may happen because the address is non-existent, the petitioner no longer resides in that location, or because the domicile declared by the petitioner before the National Registry of Identification and Marital Status is incorrect or is not updated. This situation, added to a legislation that seeks to provide all possible guarantees, has led to the Public Administration entities allocate significant resources in the notification of acts through the publication of legal notices. The descriptive research method involving a qualitative approach has been applied to conduct this research study, which will demonstrate that the application of the notification regime established in the General Administrative Procedure Act, Law No. 27444, is inefficient, and creates unnecessary administrative costs. It, therefore, follows that a series of actions must be executed, which do not only imply the modification of the Law mentioned above, and the Organic Law of the National Registry of Identification and Marital Status, Law No. 26497, but also the implementation of the Georeferenced System to improve the reliability of the data declared by citizens in their Identity Cards. This action will be critical to carry out an awareness campaign regarding the importance of updating the domicile in the Peruvian Identity Card to optimize RENIEC's inspection actions regarding fulfillment with the obligation to update the domicile. / Trabajo de investigación

En el presente artículo, el autor realiza un análisis del fenómeno económico llamado recall, así como también de las consecuencias jurídicas que surgen de este. Para cumplir con dicha tarea, se nos presenta la posición que se ha tomado en el Derecho Comparado, para después hacer un parangón con la forma en la que el recall ha sido tratado por INDECOPI en el Perú. Finalmente, el autor emprende una propuesta sobre cómo debería estar regulado el recall en nuestro ordenamiento. In this paper, the author analyzes the economic phenomenon known as “recall”, as well as the legal consequences that arise from it. To fulfill this task, the author first introduces the stance accepted in Comparative Law, and then compares it with the way in which the “recall” has been dealt with by INDECOPI in Peru. Finally, the author presents a proposal as to how the “recall” should be regulated in our legal system.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo investigativo tiene por objeto indagar sobre el control jurisdiccional de los Tribunales Superiores de Justicia a los actos de la Administración del Estado enmarcados en el procedimiento disciplinario de sumario administrativo, por medio del estudio de los fallos de recursos de protección pronunciados por la Corte Suprema de Justicia durante el quinquenio 2010 – 2015, y de esta manera, determinar la eficacia de la acción constitucional como mecanismo de control del procedimiento administrativo. En el primer capítulo nos referiremos al marco teórico de la investigación, revisando de manera somera los tópicos fundamentales tanto de la acción de protección como del sumario administrativo, y como estas instituciones se relacionan en el marco del control jurisdiccional de los actos de la Administración. En el segundo capítulo presentaremos los antecedentes, el desarrollo y los resultados de la investigación, en donde se recopilaron, clasificaron y tabularon 258 fallos de apelaciones de recursos de protección conocidos por la Corte Suprema. En el tercer capítulo, representaremos el análisis de cada fallo estudiado a través de fichas resúmenes individuales que dan cuenta de los fundamentos de la decisión en cada caso. Para finalizar, presentaremos algunas consideraciones a modo de conclusión, a la luz de los resultados obtenidos a lo largo de esta investigación.

Tesis (magíster en derecho )

El análisis del inicio del procedimiento administrativo plantea una serie de interrogantes que no solo deben responder a las implicancias adjetivas que tiene esta etapa procedimental, sino a sus dos modos de plasmación —o, en un sentido más extenso, a su impacto directo sobre diversos términos y actuaciones posteriores que pueden surgir alrededor de la tramitación de este cauce formal—. Los argumentos y las respectivas conclusiones deben tratar de ubicarse más allá de la figura como una mera fase, a fin de presentarla como un acto que abre la puerta a un entramado de relaciones jurídico-administrativas entre dos sujetos de naturaleza distinta y que se encuentran en medio de un camino de diligencias y actuaciones normativamente predeterminadas. Por lo dicho, resulta claro que este acto permite revisar —de manera meridianamente clara— los estatutos conformados alrededor de los intervinientes en un procedimiento, quienes empezarían a desarrollarse con una serie de particularidades con la necesidad de ser resaltadas.

La ética debe impulsar, sostener, inspirar y complementar al Derecho, aunque lo exigible al poder público, bajo el Estado social y democrático de Derecho, es su plena sumisión a este. El deber de abstención de los servidores públicos cuando se encuentran en las situaciones que la ley determine por comportar riesgo de parcialidad o de servicio a algún interés particular y no a los fines públicos es solo una medida precautoria, que busca la mejor garantía de la efectiva sumisión de toda actuación del poder público al Derecho, así como también favorecer la confianza del ciudadano en las autoridades y en los empleados públicos. Esto ha sido construido en el siglo XX, a partir de la figura de la recusación, de gran arraigo histórico en el ámbito judicial, la cual ha pasado a ser incluida en la configuración institucional. La comparación de su regulación en el ámbito administrativo en los derechos peruano y español favorece un análisis de las particularidades de su régimen jurídico.