Una de las manifestaciones del status privilegiado del que goza el crédito laboral es su carácter persecutorio sobre los bienes del negocio (del empleador), el cual en su aplicación judicial ha llevado a que se afecte la propiedad de un tercero que adquirió de buena fe tales bienes, por la sola razón de que éstos en algún momento pertenecieron al empleador deudor. La presente investigación ha buscado exponer con detalle la problemática así generada y, en su parte final, sugerir la introducción de ciertos correctivos en la legislación vigente que procuren una solución. / One of the signs of the privileged status granted to workers claims (credits) is the attribute to persecute the employer assets. However, its implementation affects the rights of the good faith acquirer of those assets, just because they previously belonged to the employer. The purpose of this research has been to address the aforementioned problem, and, at the end, to suggest some amendments to the current related legislation in order to get a solution.

El empleo de los riders por parte de las empresas por aplicativos digitales o apps en el Perú busca como objetivo inmediato cubrir las necesidades empresariales de reparto o entrega de bienes o productos a los clientes finales de los mismos. Esta actividad da lugar a una prestación de servicios sobre la cual se busca determinar si existe una relación laboral como resultado de comprobar la posición que ocupan cada una de las partes dentro de la vinculación económica que ambas partes sostienen sea en calidad de empleador por parte de la empresa por aplicativos digitales o apps y del otro lado con relación a cada uno de los riders quienes realizan la actividad en tiempo real de la prestación del servicio de delivery en calidad de trabajadores a través del uso tecnológico de un algoritmo empleado por la empresa de aplicativos digitales a través del cual se ejerce el respectivo poder de dirección y al cual se encuentra el rider subordinado digitalmente en cada acto de reparto. Con respecto a este modelo empresarial usado por parte de las empresas por aplicativos digitales lo que se busca es desentrañar como contribuyen a la determinación de quien es el que dirige las actividades de los denominados prestadores de servicios por aplicativos digitales al interior de la puesta en práctica de una economía colaborativa entre dos o más empresas a través del uso de los algoritmos por medio de los aplicativos digitales. Por consiguiente; la interrogante que surge es la siguiente si los riders son trabajadores de las empresas por aplicativos digitales se les aplicaría en el Perú la ley laboral correspondiente a los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada.

En el presente artículo se pretende analizar la figura de la perdida de la confianza en el régimen privado laboral, con una visión crítica frente a la manera en la que se viene abordando esta problemática a nivel jurisdiccional en nuestro país. Partiremos analizando la doctrina clásica del derecho del trabajo con la finalidad de tener un concepto claro de trabajador de confianza, continuaremos analizando el concepto de trabajador de confianza en nuestra legislación remontándonos a los primeros dispositivos que regulaban esta figura. Posteriormente revisaremos la legislación actual que regula el régimen privado laboral para analizar cómo se encuentra actualmente regulada la figura del trabajador de confianza y al mismo tiempo revisaremos la ley general de sociedad en el extremo que autoriza la extinción del vínculo laboral con el gerente mediante la aplicación de la remoción. Asimismo, tendremos en cuenta el contenido de las resoluciones que consideran a la pérdida de confianza como una causal válida de la extinción de la relación laboral lo cual nos permitirá sustentar nuestra postura, para finalmente arribar a nuestras conclusiones

El presente artículo parte de un análisis de las fórmulas de reparación civil que han sido empleadas para resarcir la afectación a los derechos laborales individuales, para luego analizar las distintas propuestas de resarcimiento a los derechos colectivos haciendo uso también de la responsabilidad civil. Se hace énfasis en el deber de indemnizar la afectación al derecho a la libertad sindical en el caso de los locadores de servicios con vínculo desnaturalizado. Para concluir lo anterior, se realiza un análisis crítico de lo propuesto por el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema a partir de sus fallos y lo postulado en el VIII Pleno Jurisdiccional Supremo Laboral, de reciente publicación. Acto seguido, se explica el porqué se considera que las propuestas de reparación de los operadores de justicia antes mencionados necesitan ser matizadas para generar una solución más razonable y proporcional que tutele el derecho a la libertad sindical del trabajador sin afectar los derechos del sindicato. Finalmente, realizamos propuestas de reparación al derecho a la libertad sindical desde los conceptos de daño moral, perdida de oportunidad y lucro cesante y proponemos cuales serían los conceptos aplicables de acuerdo a cada supuesto, haciendo la salvedad de que resulta vital analizar cada caso concreto para que la reparación al derecho a la libertad sindical no sea ni insuficiente, ni desproporcionada.

El presente trabajo de investigación tiene como propósito informar de la situación estadística actual de los trabajadores con discapacidad en el sector privado y cuál es el procedimiento vigente para implementar los ajustes razonables en este sector. En atención a esta información se analiza si, luego de los cambios legislativos que propician mejoras y facilidades para los trabajadores con discapacidad, se ha evidenciado en la realidad un aumento en la contratación de estos trabajadores y de sus salarios, siendo la respuesta negativa en ambos escenarios. Siendo esto así, la investigación realiza una revisión detallada de los derechos y especial protección de las personas con discapacidad y del procedimiento de ajustes razonables con el fin de evidenciar que es necesario la existencia de un tercero que determine la carga indebida de los ajustes razonables, concluyendo que es crucial que sea la autoridad administrativa la encargada de fiscalizar dicho procedimiento, toda vez que la revisión de los documentos y estados financieros que acreditarían la supuesta carga indebida no debe ser de evaluada únicamente por una de las partes involucradas.

A efectos de imputar la impuntualidad como falta grave, causa justa de despido, el legislador peruano ha previsto que deben concurrir dos elementos: (i) la reiterencia en el tiempo del incumplimiento al horario de trabajo por parte del trabajador; y (ii) la imposición de sanciones, entiéndase amonestaciones escritas y suspensiones, previas al despido por la misma conducta infractora. Sin embargo, en este supuesto se ha omitido brindar un parámetro objetivo para delimitar cuando estamos ante una conducta infractora reiterada, a diferencia de la causal referida al ausentismo laboral, lo que a mi consideración no es equiparable a la existencia de sanciones previas al despido. En tal sentido, el presente trabajo pretende demostrar que, si bien los elementos para configurar la falta grave referida a la impuntualidad reiterada, contenida en el inciso h) del artículo 25° del Texto Único Ordenado de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR, se encuentran relacionados entre sí, estos son independientes en cuanto a su valoración y comprobación fáctica, siendo que el primero de ellos se encuentra sujeta a la discrecionalidad del empleador dado un problema de vaguedad en la enunciación del supuesto de hecho.

Las organizaciones públicas, para poder cumplir con sus funciones, cuenta con distintitas potestades, entre ellas la discrecionalidad, que lo facultad a emitir actos sin la necesidad de previamente exista un procedimiento como son los actos de administración que están relacionados con las acciones del personal, pueden acarrear la vulneración de los derechos de su personal, como pueden ser: Derecho a la unión familiar, Derecho a los estudios, Derecho de residencia habitual, entre otros. En ese sentido, el presente trabajo tiene como finalidad demostrar la importancia de motivar los actos de administración, relacionado a las acciones de personal. Para lo cual se realiza un análisis teórico y dogmático sobre la importancia de las acciones de personal, los actos emitidos por las organizaciones administrativas, su debida motivación y los derechos vulnerados al no configurarse dicha circunstancia. Asimismo, se efectuó un análisis exegético de la normativa que regula los actos de la administración. Llegando a las conclusiones: a) Que los actos de administración, relacionados a la asignación de personal deben estar debidamente motivados; b) Deberían ser impugnables los actos de administración, relacionados a la asignación de personal; c) Una regulación idónea debería buscar un equilibro entre la protección de los derechos individuales y los intereses públicos.

El presente informe tiene como punto de partida el caso de un banco (Banco Sur del Perú) que denuncia, a través de su representante, a sus extrabajadores por los delitos de hurto, estafa, apropiación ilícita y peculado; todo ello por haber participado en dos operaciones irregulares que terminaron con la sustracción de más de un millón de soles de la bóveda bancaria. Luego de cinco años de proceso penal, la Quinta Sala Penal de la Corte Superior de Lima absolvió a los imputados de todos los delitos denunciados. Su decisión estuvo fundamentada en la supuesta inexistencia de elementos probatorios objetivos suficientes para establecer la comisión de los delitos. Al año siguiente de culminado el proceso penal, uno de los imputados absueltos, el señor Miguel Óscar Saavedra Díaz, quien se desempeñaba como Jefe de Bóveda del banco, decidió demandar a su antiguo centro de labores invocando la figura de indemnización por denuncia calumniosa, contemplada en el artículo 1982° del Código Civil, y exigió una indemnización civil de $ 3’000,000.00 (tres millones de dólares), alegando que lo denunciaron de manera maliciosa, a sabiendas de la falsedad de sus imputaciones, ocasionándole daños y perjuicios a él y a su familia. La Tercera Sala Civil de Lima, en la sentencia de diciembre del año 2001, decidió declarar fundada la demanda fijando una reparación civil de $ 35,000.00 (treinta y cinco mil dólares) a favor del señor Saavedra Díaz. El presente informe tiene como objetivo realizar un análisis de los equívocos y aciertos que realizan las salas penales al momento de absolver a los imputados, particularmente al señor Miguel Óscar Saavedra Díaz y a su jefe directo, el señor Leonidas Yabar Bedregal. Además, se estudiarán los equívocos de la Tercera Sala Civil de Lima, al pronunciarse a favor del señor Saavedra Díaz y otorgarle un monto indemnizatorio.

El objetivo del presente trabajo es analizar si el empleador, en ejercicio de su potestad sancionadora, puede sancionar a un trabajador designado como indispensable que acató una huelga que aún no ha sido declara improcedente o ilegal. Asimismo, si se configura un incumplimiento de las obligaciones laborales o si, por el contrario, se afecta el derecho de huelga del trabajador. / The objective of this work is to analyze whether the employer, in the exercise of its sanctioning power, can sanction a worker designated as indispensable who complied with a strike that has not been declared inadmissible or illegal. Likewise, if a breach of work obligations is configured or if, on the contrary, the worker’s right to strike is affected.

El Derecho a la Igualdad supone que el Estado tiene la obligación de tratar en forma igual a todos los ciudadanos. Ello se encuentra establecido desde la Declaración universal de los Derechos del Hombre y del ciudadano, así como en la Declaración de Filadelfia, en el Convenio sobre Igualdad de Remuneración (C 100), en el Convenio relativo a la Discriminación en materia de Empleo y Ocupación (C 111), en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Recomendación 182 de la Organización Internacional del Trabajo, en la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, etc. hasta llegar a nuestra Carta Magna. La constitución Política del Perú vigente desde 1993, establece en su artículo 2 inciso 2 que toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley1, por lo cual nadie debe ser discriminado; sin embargo, en nuestra propia legislación encontramos normas limitativas de derechos hacia algunos trabajadores, dejando ver que en nuestro país existe una discriminación legal al no cumplir cabalmente con resguardar el Derecho a la Igualdad de todos los hombres. La diferencia de jornada de trabajo no es una razón objetiva que pueda sustentar la exclusión de un beneficio que protege al trabajador; por lo que, privar a los trabajadores a tiempo parcial de los beneficios sociales de compensación por tiempo de servicios, indemnización por despido arbitrario y vacaciones, iría en contra del derecho antes mencionado. Atendiendo a ello este trabajo tratará sobre “El derecho a la igualdad y la no discriminación de los trabajadores a tiempo parcial en el Perú.”