En un Estado Constitucional de Derecho, donde los derechos fundamentales son el núcleo central del sistema se cuestiona que en materia de infracciones y sanciones tributarias se mantenga la responsabilidad objetiva, es decir que no se considere en la configuración de la infracción el dolo o culpa sino tan solo el incumplimiento de la norma, por lo que se sostiene que se vulneran los derechos fundamentales de presunción de inocencia y debido proceso. En este contexto el presente trabajo se avoca a evaluar la constitucionalidad del sistema de infracciones y sanciones tributarias buscando de esta manera legitimar la actuación de la Administración Tributaria. La hipótesis que se sostiene es que los derechos fundamentales a la presunción de inocencia y debido proceso no están siendo vulnerados, sino que se encuentran restringidos en cierto grado pues la Administración Tributaria estaría dando prioridad al deber de contribuir al sostenimiento del Estado. En este orden, se produce una colisión entre los derechos fundamentales de presunción de inocencia y debido proceso frente al deber de contribuir por lo que para resolver este conflicto se recurre al Test de Proporcionalidad. En lo que respecta a la proporcionalidad en sentido estricto, se aplica la metodología de Robert Alexy, la cual permite representar en forma numérica los argumentos mediante la fórmula del peso, facilitando la evaluación, haciéndola más racional y ordenada. Es así como el deber de contribuir obtiene un peso concreto de 4 frente a los derechos de presunción de inocencia y debido proceso con un peso concreto de 0.25 cada uno, prevaleciendo sobre ambos derechos, siendo un principio vital y fundamental para el sostenimiento del Estado en la medida que comprende el bienestar general de la sociedad. En este orden, la determinación objetiva de las infracciones tributarias deviene en constitucional.

La presente investigación versa sobre la problemática respecto a la imputación del extraño en un delito especial, de infracción de deber y conexo. El Perú ha optado por asumir la tesis que plantea la unidad del título de imputación, en ese sentido corresponde punir la conducta del particular en calidad de cómplice del delito que se le impute al sujeto cualificado, empero aquello que llama la atención es el trabajo del legislador al tipificar las conductas de los sujetos en el delito de cohecho, pues prevé tipos penales autónomos que le otorgan el estatus de autor tanto al intraneus como al extraneus. En virtud de ello, resulta necesario analizar la técnica legislativa mediante la cual de manera individual el legislador pune la conducta de los sujetos, dicha técnica encuentra sus bases en la correspondencia delictual existente entre ambos tipos de cohecho (activo y pasivo), correspondencia que deriva de un escenario donde la regla es la conexidad. Ahora, la conexidad supone el uso de técnicas legislativas de correspondencia, las que en el delito de cohecho siguen la dinámica: cohechante y cohechado, aforismos que permiten evidenciar la vinculación entre los citados delitos y que a su vez marcan la pauta para determinar el tipo de injusto que le es atribuido a cada agente criminal. No obstante, el legislador ha inadvertido las reglas de la conexidad al reprimir solo la conducta del sujeto público, en el tipo penal de cohecho pasivo propio subsecuente, y no positivizar supuesto de hecho que corresponde a dicha modalidad delictual en el cohecho activo genérico, generando impunidad en ese extremo.

La presente investigación se basa en analizar la existencia de un uso excesivo de la privación de la libertad como sanción aplicada al delito de difamación cometido por lo periodistas al ejercer el derecho a la libertad de expresión al momento de expresar sus ideas o noticias en cualquier medio de comunicación sobre un tema de interés social, por lo tanto, surge un enfrentamiento entre el derecho al honor y el derecho a la libertad de expresión. También, se ha identificado cual es el conflicto que surge al colisionar ambos derechos, a su vez, se determinó su tratamiento en la legislación peruana como en el derecho comparado. En la vida real, este conflicto el cual necesita una solución que básicamente se plantea por la ponderación que debe realizar el juez para determinar a qué derecho le da preferencia respecto al otro. Sin embargo, en muchos casos esta ponderación no es entendida por el justiciable, ya que no son claros los argumentos establecidos por el juez. Esta falta de claridad se refleja al momento de analizar cuatro sentencias en las cuales se dejan entrever que muchos argumentos varían según la calidad de la persona, en algunas casos son personas mediáticas, personas que ocupan u ocuparon algún cargo público y otros, ciudadanos comunes. Finalmente, se ha elaborado una propuesta legislativa modificando el artículo 132° del Código Penal Peruano.

El presente trabajo académico analiza tres problemas jurídicos que han sido identificados en la Casación N° 49 – 2019 Ayacucho. El primer problema es referente a establecer cuál es el bien jurídico general y específico del delito de negociación incompatible en base a las propuestas establecidas por la doctrina y la jurisprudencia peruana. Luego de esbozar un concepto del bien jurídico y su finalidad del mismo, la autora propone una interpretación constitucional del bien jurídico que permitirá comprender el artículo 399 del código penal. De otra parte, el segundo problema jurídico que se aborda se centra en la aplicación de la connotación económica del interés indebido y si este debe ser únicamente patrimonial. Al respecto la autora concuerda con lo señalado con la casación en análisis para establecer que este, no es un requisito. Finalmente, se desarrolla una diferenciación entre los delitos de peligro abstracto y concreto, para concluir que el delito de negociación incompatible es uno de peligro abstracto. / This academic work analyzes three legal problems that have been identified in Cassation No. 49 - 2019 Ayacucho. The first problem is related to establishing what is the general and specific legal interest of the crime of incompatible negotiation based on the proposals established by the Peruvian doctrine and jurisprudence. After outlining a concept of the legal interest and its purpose, the author proposes a constitutional interpretation of the legal interest that may include article 399 of the penal code. On the other hand, the second legal problem addressed focuses on the application of the economic connotation of undue interest and whether it should be solely patrimonial. In this regard, the author agrees with what was indicated with the cassation under analysis to establish that this is not a requirement. Finally, a differentiation between the crimes of abstract and concrete danger is developed, to conclude that the crime of incompatible negotiation is one of abstract danger.

Actualmente se viene sancionado la conducta del solicitante por el delito de tráfico de influencias en calidad de instigador, por cuanto es quien determina y refuerza la conducta del traficante para interceder ante el funcionario o servidor público; tal y como lo señala el Acuerdo Plenario 03-2015/116-CIJ; no obstante, la conducta del mismo no se adecua a las exigencias de la figura de la instigación, generando un debate a nivel doctrinario, dado que algunos autores consideran al comprador de influencias como cómplice y también como víctima de dicho ilícito penal. Siendo así y en aras de generar seguridad jurídica, debe incorporarse en el Código Penal, el artículo 400°-A, el cual sancione la conducta del comprador de influencias en un tipo penal independiente, con la finalidad de generar seguridad jurídica y evitar interpretaciones erradas.

La presente investigación tiene por finalidad establecer cuál es el contenido del elemento normativo caso judicial y caso administrativo en el delito del tráfico de influencias, a partir del análisis del principio de legalidad. Para la comprensión de la problemática planteada y el planteamiento de las posibles soluciones, el trabajo se divide en cuatro capítulos: el primero, desarrolla el bien jurídico protegido en el delito de tráfico de influencias a través de las diferentes posturas asentadas en la doctrina; el segundo capítulo analiza el principio de legalidad y las diferentes formas de interpretación; el tercer capítulo, establece el contenido del elemento normativo “caso judicial y caso administrative” en el tráfico de influencias. A partir de dicho análisis se sugiere una propuesta lege ferenda y las conclusiones del trabajo realizado.

Los delitos de corrupción de funcionarios o delitos contra la Administración Pública en el derecho penal peruano, en los úlitmos, años, han cobrado especial interés, tanto de parte de la comunidad jurídica, así como de los medios de comunicación y la población en general. Sin embargo, al ser una herramienta relativamente nueva para nuestro sistema penal, existen situaciones donde no contamos con una doctrina mayoritaria; así como también existen casos donde contamos con diversas resoluciones judiciales que no establecen una interpretación clara respecto de cómo resolver determinados casos respecto de algún delito. Así pues, el presente trabajo toma como base la Casación No 023- 2016-ICA, Caso Wilfredo Oscorima. Denunciado, en un primer momento por colusión y posteriormente procesado por negociación incompatible. La citada Casación, entre otros temas materia de otros trabajos, nos plantea una interpretación respecto de la responsabilidad de un funcionario público, que a su vez es un superior jerárquico y la inexistencia de un deber de garante de los funcionarios públicos. Esta Resolución establece que el funcionario público únicamente tiene la obligación de cumplir con lo que está señalado en normas administrativas aplicables a su cargo. Contrario a lo planteado por la Casación, el presente trabajo lo que busca es plantear la teoría de la existencia de un deber de garante propio de los funcionarios públicos, el cual surge en razon de su cargo. El presente artículo plantea la teoría que todo funcionario público ostenta un deber de garante, ya sea de protección del bien jurídico o de protección de una fuente de riesgo; ello dependerá del caso en concreto.

El presente artículo gira alrededor del elemento “por razón del cargo” del delito de peculado. Sobre él, el autor define sus alcances e implicancias a partir de los aportes realizados por la doctrina y la jurisprudencia nacionales, no sin antes presentar un panorama general acerca de cada uno de los componentes objetivos y subjetivos que estructuran la tipicidad de dicho injusto. Es precisamente en ese trayecto que se traslucen las razones por la que este elemento normativo es considerado, sino como el más, como uno de los más importantes del delito de peculado. A continuación, se comentan dos sentencias expedidas por la Corte Suprema de Justicia en relación con los procesos seguidos contra el expresidente Alberto Fujimori como presunto autor del delito de peculado doloso por apropiación en los sonados casos “Quince Millones” y “Diarios Chicha”. Sin embargo, como subraya el autor, la forma en que el elemento “por razón del cargo” fue aplicado en uno y otro caso fue disímil, cuando no contradictoria, pese a la similitud de la imputación fáctica. Sobre esa base, el autor argumenta su adhesión a la sentencia que resolvió condenar al exmandatario y su discrepancia respecto a la que lo absolvió. Con todo, el presente trabajo demuestra el decisivo papel que juega este complejo elemento normativo a la hora de definir la responsabilidad jurídico-penal de una persona. / This article revolves around the element "by reason of the charge" of the crime of embezzlement. About it, the author defines its scope and implications based on the contributions made by national doctrine and jurisprudence, but not before presenting a general panorama about each of the objective and subjective components that structure the typicality of said unfair. It is precisely in this path that the reasons why this normative element is considered, if not the most, as one of the most important of the crime of embezzlement, emerge. Next, two judgments issued by the Supreme Court of Justice are discussed in relation to the proceedings against former President Alberto Fujimori as the alleged perpetrator of the crime of intentional embezzlement by appropriation in the socalled “Quince Millones” and “Diarios Chicha” cases. However, as the author emphasizes, the way in which the element "by reason of the position" was applied in both cases was dissimilar, if not contradictory, despite the similarity of the factual accusation. On that basis, the author argues his adherence to the sentence that decided to convict the former president and his discrepancy with respect to which he acquitted him. However, the present work demonstrates the decisive role that this complex normative element plays when defining the legal-criminal responsibility of a person.

¿Qué es lo que regula el delito de tráfico de influencias? Como es sabido los diferentes delitos que se presentan en el ámbito penal están destinados a proteger bienes jurídicos. Siguiendo esta línea, para poder responder a la interrogante planteada debemos definir cuál es el bien jurídico que se protege en este tipo de delito. Distintos autores han expresado distintas interpretaciones sobre la cuestión planteada, incluso nuestros legisladores al momento de tratar de concretizar la definición de este bien jurídico han generado más dudas que respuestas. Sumado a esto, se presenta otra problemática en este delito que trata sobre si las influencias que el sujeto activo realiza, ya se reales o simuladas, afectan a un solo bien jurídico o si cada una de manera independiente afecta a distintos bienes jurídicos. Bajo este contexto de muchas interrogantes, el presente trabajo de investigación analiza de manera critica los distintos criterios que utilizaron nuestros legisladores para poder determinar el bien jurídico del delito de tráfico de influencias. Asimismo, se realiza un análisis de las distintas posturas esbozadas por los diferentes autores, para así, poder extraer una definición concreta sobre la definición del bien jurídico en el delito de tráfico de influencias. Por último, esta definición ofrecida tiene que englobar los dos tipos de influencias que presenta el tipo penal, es decir, las influencias reales y simuladas.

La relevancia del estudio de la aplicación del principio de confianza en los delitos de corrupción de funcionarios dentro de estructuras complejas de las organizaciones estatales es relevante. En ese sentido, los deberes de garantía o deberes de cuidado secundarios sobre las conductas ajenas del funcionario o servidor público dependerán del alto, medio o bajo cargo que desempeñen. / The relevance of the research about the application of the principle of trust in corruption crimes of public servers within complex structures of State entities is relevant. To this effect, the secondary diligence safeguards or duties in external behaviours of public servers or public officials shall depend of the high, medium or low position carried out. / Trabajo académico