El presente trabajo analiza la regulación existente en nuestro país respecto a la legitimación para plantear procesos que tutelan derechos supraindividuales, haciendo énfasis en el artículo 82 del Código Procesal Civil y el artículo 843 del Proyecto de Reforma de dicho Código. Ante la legitimación limitada a un número específico de instituciones que plantean las normas mencionadas, el objetivo de esta investigación radica en plantear una propuesta distinta, donde se busque otorgar una legitimidad amplia para este tipo de procesos en los que el juez en cada caso en concreto deberá analizar la “representatividad adecuada” de la persona o institución que plantee la demanda colectiva. Para lograr este objetivo, además de realizar un breve marco conceptual respecto a la legitimidad para obrar, los derechos difusos, derechos colectivos, los derechos individuales homogéneos y la representatividad adecuada, analizaremos nuestra propuesta planteada a partir de un caso real: la indemnización solicitad por INDECOPI a distintas farmacias por vulnerar derechos de consumidores al concertar precios de sus productos.

Las organizaciones públicas, para poder cumplir con sus funciones, cuenta con distintitas potestades, entre ellas la discrecionalidad, que lo facultad a emitir actos sin la necesidad de previamente exista un procedimiento como son los actos de administración que están relacionados con las acciones del personal, pueden acarrear la vulneración de los derechos de su personal, como pueden ser: Derecho a la unión familiar, Derecho a los estudios, Derecho de residencia habitual, entre otros. En ese sentido, el presente trabajo tiene como finalidad demostrar la importancia de motivar los actos de administración, relacionado a las acciones de personal. Para lo cual se realiza un análisis teórico y dogmático sobre la importancia de las acciones de personal, los actos emitidos por las organizaciones administrativas, su debida motivación y los derechos vulnerados al no configurarse dicha circunstancia. Asimismo, se efectuó un análisis exegético de la normativa que regula los actos de la administración. Llegando a las conclusiones: a) Que los actos de administración, relacionados a la asignación de personal deben estar debidamente motivados; b) Deberían ser impugnables los actos de administración, relacionados a la asignación de personal; c) Una regulación idónea debería buscar un equilibro entre la protección de los derechos individuales y los intereses públicos.

El presente informe jurídico analiza la decisión del Tribunal Constitucional recaída en el Pleno Sentencia N° 676/2020 (EXP. N° 01739-2018-PA/TC) que declara la improcedencia de la demanda de amparo presentada por Óscar Ugarteche Galarza. En este caso, el ciudadano alegó la vulneración a sus derechos fundamentales a la igualdad y no discriminación y al libre desarrollo de la personalidad frente a las resoluciones denegatorias del RENIEC para inscribir su matrimonio igualitario celebrado en el extranjero. En ese sentido, cuestionamos la decisión del Tribunal Constitucional al no pronunciarse sobre el fondo de la controversia en un caso de especial relevancia constitucional y sobre el que poseía plenas facultades. Asimismo, sostenemos que la inscripción del matrimonio del recurrente no supone una violación al orden público internacional. También defendemos la posición de que existe protección de rango constitucional en el Perú para el matrimonio entre personas del mismo sexo, al aplicar el estándar de protección internacional de derechos humanos para la comunidad LGBTIQ+, así como los métodos de interpretación sistemática y evolutiva. Por último, concluimos que, en efecto, los derechos fundamentales del recurrente fueron vulnerados. Cabe decir que la presente investigación fue realizada en base a la investigación de las más recientes fuentes doctrinales sobre la materia, así como de la legislación y jurisprudencia internacional para el estándar de protección de derechos humanos. / This legal report analyzes the decision of the Constitutional Court handed down in the Plenary Sentence No. 676/2020 (EXP. No. 01739-2018-PA/TC) which declares the inadmissibility of the amparo claim filed by Oscar Ugarteche Galarza. In this case, the citizen alleged the violation of his fundamental rights to equality and non-discrimination and to the free development of personality in the face of the refusal resolutions of the RENIEC to register his equal marriage celebrated abroad. In this sense, we question the decision of the Constitutional Court by not ruling on the merits of the controversy in a case of special constitutional relevance and over which it had full powers. Likewise, we maintain that the registration of the appellant's marriage does not constitute a violation of international public order. We also defend the position that there is constitutional protection in Peru for marriage between people of the same sex, by applying the standard of international protection of human rights for the LGBTIQ+ community, as well as the methods of systematic and evolutionary interpretation. Finally, we conclude that, indeed, the fundamental rights of the appellant were violated. It should be said that the present investigation was carried out based on the investigation of the most recent doctrinal sources on the matter, as well as international legislation and jurisprudence for the standard of protection of human rights.

El presente estudio reseña y analiza el proceso de reconocimiento de los derechos territoriales de la Comunidad Nativa Shawi San José, ubicada en el departamento de San Martín. La metodología consistió en una revisión bibliográfica sobre el pueblo Shawi y los procesos de demandas territoriales en la región San Martín, además de un análisis espacio temporal de la comunidad nativa a partir de la revisión de su expediente técnico y del análisis de su información espacial. Se concluye que, aunque el reconocimiento de los derechos territoriales no asegura el bienestar de la comunidad y del territorio, ha traído beneficios para esta, como el acceso a servicios educativos y la participación en proyectos de desarrollo. Aún con los desafíos que presentan este tipo de procesos, es necesario seguir en la lucha por el reconocimiento de los derechos territoriales de los pueblos indígenas. Se recomienda considerar una visión integral del territorio y otras dimensiones como la espiritual y la cultural. Además, es necesario que el Estado, en el marco de un trabajo articulado con las entidades interesadas en apoyar estos procesos, planifique el reconocimiento y la titulación para atender la totalidad de demandas territoriales.

El presente trabajo hace un análisis jurídico de la sentencia de vista emitida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Cusco, sobre la demanda de amparo presentada por Edwin Romel Béjar Rojas contra el Consejo Nacional de la Magistratura ante su exclusión del concurso público de méritos en el que postulaba para el cargo de Fiscal Provincial Adjunto, debido a su discapacidad visual permanente, vulnerando sus derechos a la igualdad y no discriminación y al acceso en igualdad de condiciones a un cargo público, entre otros. La sentencia elegida es relevante en tanto permite visibilizar las barreras que existían –y aún persisten- en nuestro sistema de justicia para el acceso a la magistratura de personas con discapacidad, así como los prejuicios y representaciones erradas que se mantienen sobre las personas con discapacidad en el ámbito del derecho. Asimismo, a través del análisis de las argumentaciones de las partes y de los jueces, se aprecia la necesidad de definir criterios que permitan una mejor identificación de las situaciones de discriminación y los ajustes razonables requeridos para permitir una mayor igualdad de las personas con discapacidad en el acceso y ejercicio de la magistratura. Finalmente, el trabajo apunta a promover la aplicación debida de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad en el sistema de justicia, así como de otras normas supranacionales y nacionales que promueven los derechos de las personas con discapacidad en el país.

Someter a un proceso penal a personas jurídicas en el estado en que se encuentra el derecho penal hoy en día es ilegítimo pues, ante una actuación desmedida por parte de quienes ejercen la facultad punitiva del Estado, estos entes fictos no pueden accionar jurídicamente como sí lo puede hacer un individuo (persona natural) procesado y ello en razón de que el reconocimiento de los derechos fundamentales, entendidos como derechos humanos, se encuentra condicionado a que les puedan ser aplicables determinados derechos subjetivos concebidos específicamente para el ser humano, siempre que les puedan ser aplicables según su naturaleza, conforme lo establece el propio Tribunal Constitucional. En el presente trabajo se ofrece una reinterpretación de lo que debe ser entendido por derechos fundamentales, a fin de que dicho concepto pueda calzarle a todo sujeto de derechos que participa en la sociedad y, a partir de ahí, se analiza si es posible inferir la responsabilidad penal de personas jurídicas dentro del marco de un derecho penal legítimamente funcionalizado, no solo al individuo, como responsable de un determinado hecho punible, sino a todo sujeto de derechos.

En este trabajo se analizará el concepto denominado lawfare, perteneciente a las ciencias políticas, a partir de enfoque de derechos humanos. En la primera sección, se abordará su naturaleza y matices a partir del desarrollo de casos emblemáticos en el sistema interamericano. En la segunda sección, se abordará otra forma de manifestación de estte fenómeno: la criminalización de la protesta. En esta parte, se desarrollarán los límites sobre la criminalización de la protesta como derecho absoluto, continuando la criminalización de la protesta en Latinoamérica. Para culminar, se abordará de qué manera el lawfare es empleado en el país como medio de criminalización en las protestas, centrándonos específicamente en el análisis de la represión empleada frente a las manifestaciones de diciembre de 2022. / This paper will analyze the concept of lawfare, which belongs to political science, from a human rights perspective. In the first section, its nature and nuances will be discussed based on the development of emblematic cases in the Inter-American system. The second section will deal with another form of manifestation of this phenomenon: the criminalization of protest. In this part, the limits on the criminalization of protest as an absolute right will be developed, continuing with historical data and regulations at the national and international level. Finally, we will address how lawfare is used in the country as a means of criminalization of protests, focusing specifically on the analysis of the repression used against the demonstrations of December 2022. / Trabajo académico

El conflicto armado interno acontecido en el Perú entre los años 1980 y 2000, generó graves secuelas, tanto físicas, psicológicas y sociales, en las víctimas del mismo. Ante ello y atendiendo las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, el Estado peruano puso en marcha, desde el 2005, el Plan Integral de Reparaciones, mediante la Ley N° 28592, con el objetivo de generar las condiciones para garantizar el derecho a la reparación de las víctimas del conflicto. Más de una década después, persiste un Estado que no ha sido capaz de responder a las necesidades específicas de las víctimas y que ha invisibilizado la salud mental como problema. Por ello, el presente proyecto de innovación busca mejorar el acceso de las víctimas en Ayacucho a los servicios de salud mental, reconociendo que su derecho a la reparación no ha sido plenamente garantizado. La propuesta está orientada a la incorporación del enfoque intercultural en la intervención, hecho fundamental para poder acercarnos al discurso de las víctimas del conflicto armado interno y poder comprender sus pesares y su manera particular de entender el mundo, con la finalidad de construir una sociedad donde todas las personas nos reconozcamos como ciudadanos/as y podamos ejercer plenamente nuestros derechos. / Trabajo de investigación

Si bien actualmente se encuentran vigentes la Ley y el Reglamento del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios (abril – 2012), normas que tienen como sustento el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales ratificado por el Perú (febrero - 1995), éstas no fueron promulgadas oportunamente ni establecieron cómo deberá proceder el Estado – a través de la entidad competente - con relación a las actividades mineras autorizadas durante el período comprendido entre la ratificación del referido Convenio y la aprobación de ambas normas (1995 – 2012). En ese sentido, este documento analiza el marco normativo aplicable y propone un procedimiento para permitir a la entidad competente verificar que se cumplió con proteger los derechos colectivos de los pueblos indígenas u originarios a pesar de no haberse realizado el procedimiento de consulta previa.

El presente trabajo aborda la problemática existente en el Perú que surgió a partir de febrero de 1995, en que el Convenio N° 169 se incorporó a su legislación. Ello, por cuanto numerosos proyectos hidrocarburíferos fueron adjudicados desde dicha fecha hasta mediados de 2011, en que el Estado peruano promulgó la primera norma relacionada con la implementación del derecho a la consulta previa, habiendo transcurrido un extenso periodo de dieciséis (16) años, al que hemos denominado “gris”, dentro del cual, la aplicación de la consulta previa en dichos proyectos permaneció en un estado de incertidumbre. Así, para resolver dicha incertidumbre, armonizando el derecho a la consulta con la seguridad jurídica de la que gozan los proyectos adjudicados en el “periodo gris”, hemos partido del estudio de los fundamentos conceptuales y antecedentes históricos relevantes del Derecho a la Consulta Previa y de la manera en que éste se insertó en el ordenamiento peruano, en el marco de una economía de mercado, sustentada en los enormes réditos de la industria extractiva. Asimismo, elaboramos los criterios para evaluar el cumplimiento del Convenio 169 en el “periodo gris” y de qué forma se debe entender el principio de flexibilidad. Para ello, hemos efectuado un estudio exhaustivo de la jurisprudencia nacional, doctrina doméstica, la legislación peruana y la jurisprudencia internacional, que nos permitió entender la insuficiencia de desarrollo a nivel local y, por tanto, la necesidad de acudir a los criterios de jurisprudencia internacional para desarrollar la propuesta de adecuación que presentamos, respecto de las actividades efectuadas en el “periodo gris”. En ese sentido, formulamos un procedimiento riguroso, en virtud del cual se podrá identificar qué proyectos se encuentran afectados por la incertidumbre del “periodo gris”, y así proceder con la validación y adecuación de los mismos bajo el Convenio 169.