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Durante el gobierno de Alberto Fujimori, se implementó el Plan Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar (PNSRPF) entre los años 1996 hasta el 2000, fue entonces cuando alrededor de 300,000 mujeres indígenas quechuahablantes que vivían en condiciones de pobreza o pobreza extrema fueron esterilizadas en contra de su voluntad.   El objetivo de este ensayo es analizar desde una perspectiva interseccional, las causas por las que sigue impune el caso de las esterilizaciones forzadas en Perú a pesar de haberse presentado denuncias documentadas, testimonios y registros de víctimas mortales a la Defensoría del Pueblo.  Es importante estudiar este caso dado que, durante la historia del Perú se han cometido muchos abusos contra pueblos indígenas y como veremos se siguen cometiendo en la actualidad.    Esta investigación es un estudio cualitativo, basado en recopilación de literatura secundaria y artículos periodísticos que han añadido una visión más actual sobre este emblemático caso de las Anticoncepciones Quirúrgicas Voluntarias ocurridas en los departamentos de Cusco y Huancavelica.   Los resultados de esta tesis indican que existen varias hipótesis sobre las causas de impunidad de este caso. Desde la perspectiva interseccional se evidencia en este trabajo que este grupo de mujeres fueron discriminadas por ser indígenas, quechuahablantes, pobres, analfabetas y por provenir de zonas rurales. La Fiscalía del Perú archivó el caso de las Anticoncepciones Quirúrgicas Voluntarias (AQV) por no haber encontrado pruebas suficientes que muestren la responsabilidad del expresidente Alberto Fujimori en los casos de las esterilizaciones forzadas. También, otro motivo es la falta de representantes dentro del gobierno peruano. Así como también, se suma a esto el indulto humanitario y la gracia presidencial otorgados al ex-dictador Alberto Fujimori, que disuelven todos los procesos judiciales pendientes.

This article is about a pair of factors that cause the distress that can be observed within the mexican society: the overflowed criminality and the impunity, by virtue of which the State is not fullfiling its essential historical duty: to provide an aceptable level of public security. This has two sources that complement each other. One is the sensation we get when we face an unpredictable threat. It is caused by crime. The other is defencelessness or knowing that we can only rely in our own strength because there is no one willing to protect or assist us. / El artículo versa sobre el par de factores que provocan el malestar que se advierte en la sociedad mexicana: la criminalidad desbordada y la impunidad, en virtud de las cuales el Estado no está cumpliendo con su deber histórico fundamental: brindar un nivel aceptable de seguridad pública. Ésta tiene dos fuentes que se complementan entre sí. Una es la sensación que nace al enfrentarnos a un peligro imprevisible. Es suscitada por el crimen. La otra es la indefensión, o sea, el saber que sólo se cuenta con las propias fuerzas porque no hay nadie más dispuesto a protegernos o auxiliarnos.

Este presente trabajo titulado Una sentencia con sabor a impunidad: La Sala de Apelaciones y las implicaciones del estándar (re)interpretativo del art. 28 en los conflictos armados contemporáneos analiza la absolución de Jean-Pierre Bemba Gombo por la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI) y sus implicaciones en la interpretación del art. 28 del Estatuto de Roma. Bemba, líder del Movimiento por la Liberación del Congo (MLC), fue inicialmente condenado en 2016 por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos por sus tropas en la República Centroafricana (RCA) entre 2002 y 2003. Sin embargo, en 2018, la Sala de Apelaciones de la CPI revocó esta condena, lo que generó un debate significativo sobre la jurisprudencia de la CPI y la interpretación de la responsabilidad de mando. El documento, se centra en cómo la Sala de Apelaciones introdujo una nueva distinción entre "control efectivo" y "control remoto", también reemplazó el concepto de "medidas necesarias y razonables" por el de "proporcionales, viables y discrecionales", todo ello podría hacer que el precepto de responsabilidad de mando sea inaplicable en muchos conflictos armados contemporáneos, fomentando así la impunidad. Finalmente, se concluye que la reinterpretación del art. 28 puede establecer un peligroso precedente que favorece la impunidad sistémica en los conflictos armados. El desconocimiento de los enfrentamientos armados contemporáneos por parte de la justicia penal internacional perpetúa la comisión de crímenes graves sin consecuencias legales, socavando la salvaguardia de las víctimas y justicia que requieren. / This present work, titled A Sentence with a Taste of Impunity: The Appeals Chamber and the Implications of the (Re)interpretative Standard of Article 28 in Contemporary Armed Conflicts, analyzes the acquittal of Jean-Pierre Bemba Gombo by the Appeals Chamber of the International Criminal Court (ICC) and its implications for the interpretation of Article 28 of the Rome Statute. Bemba, leader of the Movement for the Liberation of Congo (MLC), was initially convicted in 2016 for war crimes and crimes against humanity committed by his troops in the Central African Republic (CAR) between 2002 and 2003. However, in 2018, the ICC Appeals Chamber overturned this conviction, sparking significant debate about ICC jurisprudence and the interpretation of command responsibility. The document focuses on how the Appeals Chamber introduced a new distinction between "effective control" and "remote control," and replaced the concept of "necessary and reasonable measures" with "proportional, viable, and discretionary" measures. This shift could render the precept of command responsibility inapplicable in many contemporary armed conflicts, thus fostering impunity. Finally, it concludes that the reinterpretation of Article 28 may establish a dangerous precedent that favors systemic impunity in armed conflicts. The international criminal justice system's lack of understanding of contemporary armed confrontations perpetuates the commission of serious crimes without legal consequences, undermining the protection and justice that victims require.

The evolving relationship between international human rights law and criminal law is marked by a passage from a role of moderation to one of legitimization. While international human rights law was previously critical of criminal law as an instrument of state repression, the last few decades witnessed a shift towards a victim-centred conception of criminal law as a means to protect and enforce certain human rights. This contrasts with a liberal conception of human rights as a check on the power of the state through the use of its criminal law authority. This development manifests itself through what may be dubbed the "criminalization” of Inter-American human rights law. This contribution explores this phenomenon of “criminalization” and its various illustrations, particularly through the Inter-American Court of Human Rights’ discourse with respect to amnesty laws and prescription. / El desarrollo de las relaciones entre el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Penal está signado por una función de moderación hacia una de legitimación/ justificación de la aplicación del Derecho Penal. Mientras los Derechos Humanos inicialmente fueron críticos del Derecho Penal, como instrumento de represión estatal; las últimas décadas atestiguan un giro hacia una conceptualización del Derecho Penal centrado en la víctima, como medio para proteger y resguardar determinados derechos humanos. Este giro desafía la perspectiva liberal que concibe los derechos humanos como un mecanismo de control ante el poder estatal y que se ejerce mediante el Derecho Penal. Este desarrollo se manifiesta a través de lo que podría ser denominado la “penalización" de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este trabajo contribuye a la exploración del fenómeno de la “penalización” y sus diversas variantes. Particularmente, en el discurso de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, con especial énfasis en su postura ante las leyes de amnistía y la institución de la prescripción de la acción penal.

Après plusieurs réformes du Code pénal espagnol, de 1971 à 1995, confortées par la loi du 22 juin 2010, le législateur a voulu établir une distinction entre les drogues : les substances qui causent un grave danger à la santé et les autres. Parallèlement, la doctrine majoritaire et la jurisprudence ont poursuivi cette avancée en consacrant l'impunité du consommateur de "drogues toxiques, de stupéfiants ou de substances psychotropes". Cependant, s'il s'agit d'un drogodélinquant ou d'un consommateur qui diffuserait sa déviance et en particulier à l'encontre d'un mineur ou d'une personne dont les facultés physiques sont altérées, l'impunité est reconsidérée. De même, tout prosélytisme tendant à favoriser la consommation des drogues remet en cause la libéralisation voulue par les autorités espagnoles. Dès lors, certains auteurs prônent la légalisation pour que le principe de l'impunité du consommateur soit effectif. / Between 1971 and 1995, the Spanish code incurred several reforms. On June 22nd 2010, a new law confirmed those reforms, making a distinction between the drugs which jeopardize the public health and the other drugs. In the same time, the main doctrine and case law have gone a little further by asserting that consuming “toxic drugs, narcotics or psychotropic substances” was not unlawful anymore. However it remains unlawful to become a drug delinquent or spread one's deviancy among minors and mentally disturbed persons. Besides, proselytizing in favour of drug consuming goes against the Spanish authorities'will to liberalize the drug laws. Some authors now go so far as to advocate a legislation which would vouch for total consumer impunity. / Después de varias reformas del Código penal español, desde 1971 hasta 1995, confortadas por la ley del 22 junio de 2010, el legislator quiso establecer una distinción entre las drogas : las sustancias que causan grave daño a la salud y las otras. Al mismo tiempo, la doctrina mayoritaria y la jurisprudencia siguieron en esta vía, consagrando la impunidad del consumidor de "drogas tóxicas, de estupefacientes o de sustancias psicotrópicas". Sin embargo, si se trata de un drogodelincuente o de un consumidor que difunde su toxicomanía y particularmente en contra de un menor o de una persone con facultades psíquicas disminuidas, se vuelve a considerar la impunidad. Lo mismo, todo proselitismo que favorezca la consumición de drogas pone en peligro la liberalización deseada por las autoridades españolas. Desde entonces, algunos autores piensan que la legalización del consumo establecerá la efectividad del principio de la impunidad.