La sociedad en busca de seguridad frente al crimen, así como la estigmación social, ha invertido el fundamento del derecho a la presunción de inocencia. En la actualidad muchas veces el investigado y el acusado son quienes deben de probar su inocencia, vulnerándose así también su derecho al silencio. Es decir, la carga de la prueba se ha invertido, lo cual es contrario a los enunciados constitucionales. Por otro lado, es el imputado quien tendrá únicamente la carga de la argumentación de la duda razonable, es decir, la sustentación de que existe otra hipótesis razonable en su defensa que explique los hechos del caso. Por último, señala el autor que, la solución no es rebajar el estándar de prueba, criterio decisor para condenar, sino mejorar los mecanismos de investigación de los delitos y otorgar mayores recursos a los órganos de investigación.

La presente investigación tiene por finalidad analizar la relevancia de fundamentar la duración de la prisión preventiva y su relación con los derechos al plazo razonable, motivación de la resoluciones judiciales y presunción de inocencia, a través de la creación de pautas que permitan sustentar este extremo, ya que no fueron desarrolladas por la Casación N° 626-2013- Moquegua, emitido por la Corte Suprema del Perú. Es decir, dicho pronunciamiento si bien desarrolló los presupuestos de la prisión preventiva, omitió explicar cómo se debe desarrollar y sustentar la duración de la misma. No fundamentar la duración de la prisión preventiva, afecta los derechos antes mencionados, por lo que en esta investigación analizamos la relevancia de este punto y proponemos una pauta recogida en una resolución que podría aplicarse perfectamente por el juez de investigación preparatoria al momento de dictar las prisiones preventivas para casos no complejos.

Un Estado al celebrar un tratado internacional acepta implícitamente la aplicación de esta norma en su ordenamiento jurídico, y si este versa sobre materia de Derechos Humanos se convierte en una norma de carácter universal. En consecuencia, se deben respetar y no limitarse, dando las condiciones necesarias para su correcto ejercicio; y así, no se vulneren los derechos ya reconocidos en los instrumentos jurídicos internacionales. Tras la promulgación de la Ley N.° 31042, el Estado peruano se estaría apartando de algunos de los tratados internacionales que ha ratificado. En razón de ello, la presente investigación, tiene por objetivo general determinar la constitucionalidad de la Ley N.° 31042 frente al principio-derecho de presunción de inocencia. Además, este trabajo corresponde a una investigación cualitativa, bajo la metodología de tipo analítica e interpretativa. Por consiguiente, se hizo una revisión bibliográfica sobre los temas de la presunción de inocencia, la participación política y los principios de interpretación constitucional. Luego de haber revisado las instituciones jurídicas y mecanismos constitucionales, se puede afirmar que la Ley N.° 31042 es inconstitucional, pues vulnera el derecho - principio de presunción de inocencia.

Actualmente, la prisión preventiva, se usa y utiliza irracionalmente, vislumbrándose en las audiencias, un escenario de reproche político, azuzando a diferentes grupos sociales, a fin de generar presión en las decisiones judiciales, lesionando la presunción de inocencia del imputado, a tal grado que estas repercusiones sociales y mediáticas terminan influyendo en las decisiones de los encargados de administrar justicia, muchas veces apartadas de motivación. El presente artículo, se aborda a partir de la injerencia en la libertad personal de un individuo que se presupone que mantiene la calidad de inocente, mientras no haya sido declarada su responsabilidad penal; su estudio y análisis está dentro del ámbito de las ciencias penales y procesal penal y del derecho Constitucional, las cuales constituyen la razón de ser de su enfoque. El requerimiento de prisión preventiva, mediante el principio rogatorio, que el Ministerio Público realiza al Juez de garantías, todas en su mayoría tiene matices irracionalidad, y el otorgamiento de la prisión preventiva con motivaciones aparentes, conlleva a la vulneración de la presunción de inocencia, lo cual se corrobora con la sentencia del Tribunal Constitucional en el Exp. N° 02534-2019-HC/TC, y la sentencia de la Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional Permanente Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, en el Exp. 00029-2017-33-5005-JR-PE-03. Los otorgamientos de la prisión preventiva por parte de los administradores de justicia, presentan rasgos de irracionalidad sin la motivación debida, y la proporcionalidad que justifique su otorgamiento. / Currently, it is being observed that, in the field of criminal law, the procedural institution of preventive detention, it is being used and used irrationally, illustrating that they were glaring at the hearings, requesting preventive detention, a scenario of political reproach, inciting different social groups, in order to generate pressure on judicial decisions, damaging the presumption of innocence of the accused, to such a degree that these social and media repercussions end up influencing the decisions of those in charge of administering justice, concretized in the granting of prisons preventive, often separated from motivation. The present article is approached starting from the interference in the personal freedom of an individual that is supposed to maintain the quality of innocent, while his criminal responsibility has not been declared; Its study and analysis is within the scope of the criminal sciences and criminal procedure and Constitutional law, which constitute the raison d'être of its approach. The requirement of preventive detention, through the rogatory principle, that the Public Ministry makes to the Judge of guarantees, all of them mostly have irrational nuances, and the granting of preventive detention with apparent motivations, leads to the violation of the presumption of innocence, which is corroborated with the ruling of the Constitutional Court in Exp. No. 02534-2019-HC / TC, and the ruling of the First Permanent National Criminal Court of Appeals Specialized in Crimes of Corruption of Officials, in Exp. 00029- 2017-33-5005-JR-PE-03. The grants of preventive detention by the administrators of justice, show features of irrationality without due motivation, and the proportionality that justifies its granting.

El expediente a analizar expone como problemática jurídica principal, el uso de una garantía de acción popular para cuestionar una norma infralegal, cuyo contenido deroga otra norma del mismo rango, trayendo como consecuencia la permisión de la exposición de detenidos por la Policía Nacional del Perú por la presunta comisión de actos delictivos. Es así que, la presente investigación se justifica en dos razones motivo de análisis: la afectación de derechos fundamentales como la presunción de inocencia a partir de la concepción errónea del concepto de eficacia preventiva y punitiva amparado en la medida estatal en cuestión; y la verificación de la eficacia de la norma constitucional y de los derechos fundamentales mediante procesos constitucionales, tal como se realiza en un Estado Constitucional de Derecho. Asimismo, resulta importante resaltar el notorio aporte jurisprudencial de este caso, como es la observancia de la presunción de inocencia como límite a actuaciones procesales. En ese sentido, se sustenta como hipótesis que sí es posible tutelar el derecho a la presunción de inocencia y otros derechos constitucionales a través del proceso de acción popular. A pesar de que la norma impugnada sea de contenido derogatorio de otra norma del mismo rango, siempre y cuando se demuestre que la existencia de la norma en mención genere la afectación de principios constitucionales, en este caso, la presunción de inocencia y la supremacía de la constitución. Para efectos de sustentar lo anterior, se empleó como metodología la revisión de jurisprudencia y doctrina relacionada, empleando el método dogmático-jurídico. Finalmente, se concluye que los derechos fundamentales pueden ser tutelados a través de la acción popular, independientemente del contenido de la norma infralegal, siempre y cuando existan motivos fundados que puedan advertir el peligro de la afectación de los mismos.

Memoria para Optar al Grado Académico de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El artículo 16 numeral 2° de la Constitución Política de la República dispone la suspensión del derecho de sufragio respecto de la persona acusada por delito que merezca pena aflictiva. A partir de lo anterior, nuestra hipótesis consiste en que dicha suspensión, al imponerse antes de que la persona sea condenada por sentencia firme dictada en proceso penal, constituye una pena anticipada vulneratoria de la presunción de inocencia, principio que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico al encontrarse consagrado en tratados internacionales ratificados por el Estado de Chile y que se encuentran vigentes. Será en este contexto que el objeto del presente trabajo, una vez determinado el carácter de derecho fundamental que reviste el sufragio, se centra en un análisis tanto histórico como semántico del artículo 16 numeral 2°, así como también en las consecuencias que su redacción genera en el trato de inocente que debe recibir el imputado.

Memoria para optar al grado de Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales / El presente trabajo consiste en un análisis de los fallos de la Corte Suprema respecto de las causas reenviadas por la Corte de Apelaciones de Santiago, en cuanto a la fundamentación de recursos de nulidad en materia penal, por no estar de acuerdo a la causal del articulo 373 A), sino al 373 E), con el objeto de extraer el criterio utilizado por el máximo tribunal de nuestro país. Para ello, en esta tesis se realizara una exhaustiva descripción del debido proceso y sus garantías, tal y como fueron invocadas por los recurrentes en los diversos casos, para proseguir con un análisis de las sentencias del año 2016 y finalizar con las conclusiones que de ello deriven

[pt] O presente trabalho tem por objeto o estudo a cerca da vedação da liberdade provisória em absoluto pelo legislador ordinário. Busca-se analisar a tensão entre o direito à liberdade provisória e a viabilidade da imposição do cerceamento da liberdade de locomoção em momento anterior à sentença penal condenatória irrecorrível, isto é, o propósito da pesquisa concentra-se na discussão em torno da validade da vedação da liberdade provisória em absoluto pelo legislador ordinário em face do direito à liberdade provisória assegurado no art. 5º, inciso LXVI, da Carta Política/88. A pesquisa apresentará como interlocutor a Teoria do Garantismo Penal elaborada pelo professor italiano Luigi Ferrajoli que permeará o desenvolvimento de todo o trabalho. Para a compreensão do tema proposto, necessário se faz abordar, inicialmente, o instituto jurídico da prisão processual, buscando a legitimidade da restrição da liberdade de locomoção do acusado anteriormente à sentença penal condenatória definitiva em face do postulado constitucional da presunção de inocência, bem como, analisar as singularidades das diversas modalidades de prisão processual previstas no ordenamento jurídico. Em seguida, discorre-se sobre a liberdade provisória, partindo do Código de Processo Penal de 1941 – ainda em vigor –, passando, logo após, para as considerações sobre as alterações realizadas pela Lei 6.416/77, até se chegar à nova ordem constitucional instalada pela Carta Política/88. Por fim, examina-se a relação entre a vedação da liberdade provisória em absoluto pelo legislador ordinário e o discurso de emergência no processo penal. Será abordada também a vedação da liberdade provisória em absoluto na legislação infraconstitucional, especificamente nas Leis n.º 8.072/90 – Lei dos Crimes Hediondos –, n.º 10.826/03 – Estatuto do Desarmamento – e, n.º 11.343/06 – Lei anti-Drogas. / [en] The present work has for object the about the prohibition of free on parole in absolute for the ordinary legislator. One searchs to analyze the tension enters the right to the free on parole and the viability of the imposition of the method of clipping of the freedom of locomotion at previous moment to the unappealable condemnatory criminal sentence, that is, the intention of the research is concentrated in the quarrel around the validity of the prohibition of absolute the free on parole in for the ordinary legislator in face of the right the assured free on parole in art. 5º, item LXVI, Charter Politics/88. The research will present as interlocutor the Theory of the Criminal Garantismo elaborated by Italian professor Luigi Ferrajoli who will all permeate the development of all the work. For the understanding of the considered subject, necessary if it makes to approach, initially, the legal institute of the procedural arrest, searching the legitimacy of the restriction of the freedom of locomotion of the defendant previously to the definitive condemnatory criminal sentence in face of the constitutional postulate of the innocence swaggerer, as well as, to analyze the singularities of the diverse foreseen modalities of procedural arrest in the legal system. After that, it is discoursed on the free on parole, leaving of the Code of Criminal Procedure of 1941 – still in vigor –, passing, then after, for the consideration on the alterations carried through for Law 6.416/77, until if arriving at the new constitutional order installed by the Charter Politics/88. Finally, it is examined relation enters the prohibition of absolute the free on parole in for the ordinary legislator and the discourse of emergency in criminal proceeding. The prohibition of the free on parole in absolute will be boarded also infra-constitutional legislation, specifically in the Laws n.º 8.072/90 – Law of the Hideous Crimes –, n.º 10.826/03 – The Disarmament Statute – and n.º 11.343/06 – Anti-Drug Law.

La presunción de inocencia es un derecho fundamental que le es inherente a toda persona humana, y como tal corresponde ser ejercida en todo ámbito, así sea en un procedimiento administrativo. Sin embargo, en la Policía Nacional del Perú, se estaría prescindiendo de la aplicación de este derecho-principio en los procedimientos administrativos disciplinarios por infracción leve. En la tramitación de estos procedimientos, luego de haber notificado la Orden de Sanción al administrado, el superior que sanciona debe de remitirlo dentro del plazo de 3 días hábiles a la Dirección de Recursos Humanos, para que sea codificada, sistematizada, y archivada en el legajo del presunto infractor, puesto que, así lo prescribe la Ley Nº 30714. Dentro de este mismo plazo podemos encontrar al presunto infractor ejerciendo su derecho de contradicción, que después de haber presentado su recurso de apelación tiene que estar a espera de lo resuelto por la Oficina de Disciplina, quien actúa en segunda instancia resolviendo las apelaciones por infracción leve. Por lo tanto, el objetivo general de este trabajo es demostrar la imprescindible aplicación del principio presunción de inocencia en los procedimientos administrativos por infracción leve, en la Policía Nacional del Perú, investigación que fue realizada durante el año 2020 y 2021, asimismo, se aplicó como instrumento de recolección de datos, la entrevista, que fue aplicada a los suboficiales de dicha institución. Por lo que, se ha concluido que con la publicación de manera inmediata de la orden de sanción se viene conculcando el Principio de Presunción de inocencia, es por ello, que en los procedimientos administrativos es necesaria su aplicación efectiva, considerando que el proceder de todo administrado se ha efectuado en observancia del cumplimiento de sus deberes y, por lo tanto, no tendría responsabilidad hasta que se evidencie lo contrario y quede decidido mediante acto firme. / The presumption of innocence is a fundamental right that is inherent to every human person, and as such it must be exercised in all areas, even in an administrative procedure. However, in the National Police of Peru, the application of this right-principle is being dispensed with in disciplinary administrative procedures for minor offenses. In the processing of these procedures, after having notified the Sanction Order to the administrator, the superior who sanctions must send it within a period of 3 working days to the Human Resources Directorate, so that it is codified, systematized, and filed in the file of the alleged offender, since, as prescribed by Law No. 30714. Within this same period we can find the alleged offender exercising his right of contradiction, which after having submitted his appeal must be awaiting the resolution by the Discipline Office, which acts in the second instance resolving appeals for minor infractions. Therefore, the general objective of this work is to demonstrate the essential application of the principle of presumption of innocence in administrative procedures for minor offenses, in the National Police of Peru, an investigation that was carried out during 2020 and 2021, likewise, it was applied as a data collection instrument, the interview, which was applied to the NCOs of said institution. Therefore, it has been concluded that with the immediate publication of the sanction order, the Principle of Presumption of innocence has been violated, which is why, in administrative procedures, its effective application is necessary, considering that the proceeding of all administered has been carried out in observance of the fulfillment of its duties and, therefore, it would not have responsibility until the opposite is proven and it is decided by a firm act.